la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com


Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.30 a 19 horas. Cuota social: $ 140.-




viernes, 14 de diciembre de 2018

Sábado 15: Justicia para los Fusilados de Soca!!





Para facilitar la participación en esta tradicional 

y tan importante actividad anual de Crysol, 

a la hora 8.30 (en punto) saldrán

dos buses (gratuitos) desde la sede social.


Recomendamos reservar lugar 

(de manera responsable)

con anticipación llamando a:

099 408 655 (Tito López)

ó al

099 389 956 (Borrón Olivera).

Hasta agotar stock.

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Muy importante paso adelante!!

El Estado uruguayo se comprometió ante ONU a reparar

de acuerdo a los estándares internacionales


Con fecha 22 de noviembre, el Estado uruguayo se comprometió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a reparar integralmente a las víctimas del terrorismo estatal de acuerdo a los estándares internacionales en la materia.

Respondiendo a la comunicación conjunta de la Relatora Especial sobre los Derechos de las personas con discapacidad y del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el gobierno reconoció  que las leyes aprobadas, fundamentalmente desde el año 2005, tienen insuficiencias y carencias.

Asume la obligación de reparar sin exclusiones, como señalaron los órganos de DDHH que son mencionados, y sin obligar a renunciar a otros legítimos derechos como jubilaciones y pensiones. 

Desde la aprobación de ambas leyes, es la primera vez que el Estado asume y reconoce esta realidad de la normativa.

Carlos López (Tesorero),  Ministro Rodolfo Nin Novoa, Enrique Chalar (Secretario)
y Gastón Grisoni (Presidente) en reciente entrevista en el Ministerio. 
Al respecto toma nota de las recomendaciones formuladas por el Relator Especial de las Naciones Unidas Pablo de Greiff en el año 2014 y por la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en diciembre de 2012.

Aunque el Estado no proporciona detalles acerca del modo en que procederá a cumplir efectivamente con su compromiso, es un enorme paso adelante y un logro de la movilización constante y permanente de nuestra organización.

Tal como lo menciona la comunicación gubernamental, el Poder Ejecutivo cuenta con una propuesta del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) que coordina el Dr. Felipe Michelini, para avanzar en tal sentido desde el año pasado.

A los efectos prácticos, Crysol ha presentado también al gobierno un proyecto de ley que es un insumo imprescindible para poder llevar adelante el compromiso gubernamental. La propuesta de Crysol, reescribe las leyes ya vigentes (18 033 y 18 596) tomando en cuenta las recomendaciones de los diferentes órganos de DDHH y las aspiraciones del colectivo de víctimas nucleadas en la propia organización.

Es importante apreciar que la respuesta oficial del gobierno uruguayo señala y tiene en cuenta los decretos 106/2007 y 297/2010 que reglamentan las leyes 18 033 y 18 596. 

Su modificación, muy importante y necesaria, tal como ya lo señaló Crysol al Ministro de Relaciones Exteriores Rodolfo Nin Novoa, no requiere trámite parlamentario.

Básicamente los decretos a modificar son: 


1)   El Decreto 106/2007

Reglamenta la ley 18 033 y regula, de una manera restrictiva,  el modo en que se trasmite la Pensión Especial Reparatoria (PER) cuando fallecen los presos políticos. En un colectivo mayoritariamente masculino, define las pensiones que van a percibir las viudas. Sin base legal, se establece que sólo pueden percibir el 66% de la misma y deben renunciar a sus propias jubilaciones o pensiones. Aspiramos a que ellas puedan optar: percibir el 100% o el 66% y sus propias jubilaciones. Lo que sea más beneficioso.

2)  El Decreto 297/2010

Reglamenta el Artículo 10 de la Ley 18 596 (atención en salud) para las víctimas del terrorismo de Estado. Lo hace de una manera, también restrictiva, negando el derecho a la libre opción del prestador de salud. Permitir que todos los beneficiarios accedan libremente al prestador de salud, tal como lo establece la norma, sería un gran avance.

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Lunes 17: Serpaj presenta informe anual



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miércoles, 12 de diciembre de 2018

Fallo histórico en la Argentina


Dos gerentes de Ford Argentina fueron 

condenados por delitos de lesa humanidad


La Diaria - 11 de diciembre de 2018 

| Internacional | Foto: Juan Mabromata


Es la primera vez que la Justicia sentencia a personal jerárquico considerándolos “partícipes necesarios”

Nora Cortinas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Carlos Gareis, ex trabajador de Ford y ex preso político, ayer, en Buenos Aires.
Un Tribunal Criminal Federal argentino condenó al ex gerente de la automotriz Ford, Pedro Müller y al ex jefe de seguridad de la empresa, Hector Sibilla, a 10 y 12 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 24 trabajadores -siete de los cuales se encuentran desaparecidos- que se desempeñaban en la empresa, ubicada en la localidad de General Pacheco, en la provincia de Buenos Aires. 

El otro imputado, el militar Santiago Omar Rivero, fue condenado a 15 años de prisión. Los civiles fueron hallados partícipes necesarios del secuestro y tortura de las 24 víctimas. El militar fue condenado como coautor.

Luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976 la planta de Ford fue utilizada como centro clandestino de detención y en ese marco personal de la empresa participó en torturas e interrogatorios, siendo éste uno de los casos emblemáticos de responsabilidad empresarial en los crímenes de terrorismo de Estado.

Según consignó el portal Tiempo Argentino, durante la lectura del veredicto estuvieron presentes en la sala la Madre de plaza de Mayo, Nora Cortiñas, el periodista y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales Horacio Verbitsky, el fiscal Felix Crous, así como también antiguos empleados de Ford e incluso algunas de las víctimas directas de la represión ejercida en dicho lugar de trabajo.

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Lunes 17: Fucvam se moviliza




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Museos en la Noche en el Mume




MUSEOS EN LA NOCHE 2018  

A 70 años de la declaración universal de los Derechos Humanos 


Viernes 14 de diciembre - Abierto de 18:00 a 24:00 hs.

Visitas asistidas a exposición permanente y exposiciones temporales: "Expectativas", instalación de Daniel Jorysz; "Ver, oir, hablar", dibujos de Rodolfo Lizarralde; "El entierro", instalación de Fernando Foglino; "Dibujos urgentes", dibujos de Eugenia Bekeris y María Paula Doberti; "Contra el olvido", fotografías de Mariana Greif.

Programación especial:

19:00 hs - Brindis por el décimo primer aniversario del Museo de la Memoria.

20:00 hs - Espectáculo de danza. Estudio Mu-Danza. Grupo adolescente. Coreografía y dirección Bárbara Ferrario.

20:30 hs - "Pérez Gomar #4392". Títeres, caja lambe-lambe. Valeria Poblete.

21:00 hs - "Hormigas en el alma del hombre árbol". Versión de "El alma del mundo" de Felipe Polleri. Dirección Graciela Suárez. Colectivo Manifiesto Teatro Físico.

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martes, 11 de diciembre de 2018

Faltó energía por Verdad y Justicia


El director de la INDDHH lamentó que el Estado no haya 

“metido toda la energía” por verdad y justicia


11 de diciembre de 2018 | Política | Foto: Andrés Cuenca


Ayer se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos.

María Bellizzi y Alba González, ayer, en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) abrió ayer su casa para celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos y conmemorar los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La presidenta de la institución, María Josefina Plá, hizo un breve discurso sobre la vigencia de la declaración y la necesidad de redoblar el compromiso por la promoción de los derechos humanos. 

Si bien destacó que se ha avanzado mucho, también afirmó que existen “nuevos reclamos” de distintos actores de la sociedad que “hacen sentir sus voces”, como las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas afrodescendientes y las personas con discapacidad. “Todas estas personas reclaman ser sujetos directos” y dejar de ser “objeto de derechos definidos por otros”, manifestó.

Luego remarcó el rol de una de las fundadoras de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Luisa Cuesta, recientemente fallecida, madre de Nebio Melo, desaparecido desde 1976. “Queremos honrar la memoria de Luisa, una persona que ha muerto sin saber el paradero de su hijo desaparecido por los crímenes de la dictadura, y que hoy nos obliga a reforzar esa búsqueda”, afirmó, para luego pedir un minuto de silencio al público.

Wilder Tyler y Josefina Plá, durante la Conmemoración 
del 70º aniversario de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, en la INDDHH.

Los pendientes

En diálogo con la diaria, el director de la INDDHH Wilder Tyler nombró algunos “faltantes notorios” en materia de derechos humanos. El principal: “La deuda con el pasado reciente”. Dijo que este país no ha sido “capaz de decirles a las madres, como Luisa Cuesta, qué es lo que ha pasado con sus hijos”, y eso “es algo que no nos vamos a poder sacar de arriba”. Para el director es un “error garrafal” que, a esta altura, el Estado uruguayo no haya “metido toda la energía en eso”.

También observó problemas en relación con la implementación de las leyes vinculadas a los derechos humanos. Se refirió a la Ley de Violencia hacia la Mujer Basada en Género y acotó que “si no hay plata, no se cumple la ley”. También habló sobre las demoras para empezar a aplicar la Ley de Salud Mental y advirtió que para cerrar los institutos monovalentes es necesario dar una serie de pasos previos: “A mí lo que me da miedo es que esperemos a 2025 y terminemos diciendo: ‘¿qué hacemos con todo esto?’”.

Tyler se mostró crítico con respecto a los “tremendos bolsones de arbitrariedad, sufrimiento y violaciones a los derechos humanos en los sistemas de encierro en nuestro país”. Según dijo, una tercera parte de los presos son sometidos a condiciones y tratos “crueles, inhumanos y degradantes”, y salen “solos, cargados de rencor, con menos derechos”. Así, la reiteración del delito se hace casi “inevitable”, y “estamos lejos de que la cárcel sea un elemento integrador a la sociedad”, explicó.

Actividad convocada por Familiares en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, en el marco 
del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Finalmente, el director de la INDDHH advirtió sobre algunas “señales” complicadas que dio el gobierno en materia de libertad de expresión. En particular, se refirió al altercado entre el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y los manifestantes en Artigas, así como la publicación de los antecedentes penales de una de las personas que se movilizó en ese Consejo de Ministros por parte de esa cartera. La actitud del gobierno, continuó Tyler, es totalmente un “desatino”: “Nos sorprendió enormemente la actitud de hacer escraches públicos usando instrumentos del Estado”, acotó.

El senador oficialista Charles Carrera (Movimiento de Participación Popular) criticó la forma en la que actuó el organismo. Según dijo en una entrevista a Todo pasa, de Océano FM, el 29 de noviembre, el organismo debería “diligenciar” un expediente antes de expedirse acerca de hechos ocurridos y no publicar comunicados “a golpe de balde”.

Para Tyler, ese planteo busca “sofocar” y “hundir” dentro de una “carpeta” los hechos ocurridos. El director se mostró contrario a adoptar esa postura y opinó que es “una pena” que “lo primero que hacen quienes se sienten afectados por un pronunciamiento de la institución es decir que habría que abrir una carpeta”. “Estamos hablando de derechos humanos, no de trámites burocráticos”, afirmó. Si bien dijo que el planteo le parecía un “error”, consideró que es positivo que se diga lo que se piensa para instalar un debate sobre el tema.

Una fiesta

Diversas actividades se desarrollaron en torno a la celebración del Día de los Derechos Humanos. De mañana, en la sede del Partido Nacional, se descubrió una placa conmemorativa de los 70 años de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. En el evento expusieron Plá y el escritor Javier Volonté. De tarde, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos celebró un acto en el Memorial a los Detenidos Desaparecidos, en el Cerro, y, en la Plaza de la Democracia, frente al shopping Tres Cruces, se llevó a cabo un conversatorio sobre el vínculo entre derechos humanos, democracia y desarrollo, y se instaló una feria social.

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Mireia Villar Forner (*) / Birgit Gerstenberg (**)


A 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo que perdura y lo que nos desafía



09.12.2018


Hace 70 años, tras las experiencias devastadoras de las dos grandes guerras mundiales, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común para todos los pueblos y las naciones. Los redactores de la Declaración -bajo el liderazgo de una mujer, Eleanor Roosevelt- lograron reunir una visión común desde todos los continentes, y que la comunidad internacional se comprometiera a no permitir nunca más las atrocidades que devastaron la vida y dignidad de millones de personas.

Han pasado siete décadas desde ese 10
Mireia Villar
de diciembre de 1948 y, si miramos atrás, es innegable que gracias a la Declaración y al compromiso de muchos Estados con sus principios, la dignidad de millones de personas se ha visto fortalecida y se han sentado las bases de un mundo más justo.

América Latina es la región más desigual en términos de distribución de la riqueza, y esto en sí mismo representa un problema de derechos humanos, pues la pobreza es a la vez causa y consecuencia de vulneraciones múltiples e interconectadas de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Las personas que viven en la pobreza se ven expuestas regularmente a la denegación de una vida en dignidad e igualdad de condiciones.

Uruguay no está ajeno a este devenir. Con la recuperación de la democracia el país abrazó el multilateralismo y la promoción de los derechos humanos como parte de su política exterior. Esto es reconocido por la comunidad internacional, al punto de que ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en diversas ocasiones, y fue elegido nuevamente en octubre de este año para formar parte de este órgano.

Birgit Gerstenberg 
El país también ha alcanzado altos niveles de desarrollo y ha demostrado voluntad política para avanzar por ejemplo en la promulgación de legislación como la ley integral de las personas trans, la ley que protege los derechos humanos de las personas con discapacidad y la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, por mencionar algunas iniciativas que apuntan con fuerza a consagrar la igualdad de derechos entre todas las personas y una vida libre de violencia.

Por otro lado, Uruguay tiene el reto de garantizar condiciones humanas para su población penitenciaria, ya que algunas personas aún se encuentran en situaciones que desafían su dignidad y los alejan de posibilidades de rehabilitación y reinserción. Este punto es crucial si se espera enfrentar exitosamente la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana con perspectiva de derechos.

Asimismo, y a pesar de importantes esfuerzos multisectoriales, la incidencia de los femicidios, la violencia y la discriminación contra las mujeres continúan siendo un flagelo: en lo que va de este año, Uruguay ya registra 24 femicidios, 20 de ellos íntimos, perpetrados por parejas, exparejas o familiares (de acuerdo con datos del 1º de enero al 30 de noviembre de la División Políticas de Género del Ministerio del Interior).

Uruguay tampoco puede resignarse a que la verdad, la justicia y la reparación frente a violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura aún sean un anhelo para muchas víctimas, las cuales a menudo han sido invisibilizadas, como las mujeres víctimas de violencia sexual en la época.

Los desafíos en derechos humanos son muchos y siempre cambiantes. Quizás quienes redactaron la Declaración Universal no tenían en mente temas actuales tan relevantes como el cambio climático, la planificación de las ciudades o la responsabilidad de las empresas en los derechos humanos. Sin embargo, los principios de la Declaración continúan plenamente vigentes e iluminan el camino hacia un futuro más justo y sostenible.

A 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas en Uruguay y la oficina para América del Sur de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos renuevan su compromiso con este país en el que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos.

(*) Mireia Villar Forner, coordinadora residente de las Naciones Unidas en Uruguay

(**) Birgit Gerstenberg, representante regional de la oficina para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unida para los Derechos Humanos (ACNUDH).

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lunes, 10 de diciembre de 2018

INDDHH acompaña cuestionamientos ONU por reparación víctimas


La INDDHH acompaña los cuestionamientos de la ONU 

por la reparación a víctimas de la dictadura


La Diaria - 10 de diciembre de 2018 | Política | Foto: Nicolás Celaya


Para Mariana Mota, el Estado está omiso en materia de pensiones reparatorias.


La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) emitió un informe sobre la observación a Uruguay de la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la discapacidad y el relator especial de esa misma entidad para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en relación con el caso de la uruguaya Silvia Flores Mosquera.

Mariana Mota, integrante del directorio de la INDDHH, explicó a la diaria que el informe de esta acompaña la postura de la intervención conjunta de los relatores internacionales y expresa preocupación por que el Estado Uruguayo “no haya desarrollado ninguna acción a partir de estas recomendaciones”, que la organización viene planteando desde 2012 por denuncias de personas que no obtienen reparación debido a “exclusiones” o “interpretaciones” de la ley vigente. Además, resaltó el efecto negativo que tiene sobre la victima la “denegatoria o limitación de la reparación reclamada”.

En el documento de la INDDHH se destaca que, por ejemplo, en la Ley 18.033 se regula, por un lado, el otorgamiento de reparación a víctimas de terrorismo de Estado, pero, por otro –en el artículo 8–, la hace “incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial”. También apuntó que el tercer inciso del artículo 11 excluye del acceso a pensiones a las personas que perciban “ingresos de cualquier naturaleza superiores a 15 bases de prestaciones y contribuciones mensuales, calculados en promedio anual” y que hay contradicciones en el decreto 106/2007, que regula el beneficio de la pensión especial reparatoria.

De esta forma, plantea el informe, se incurre en la violación del derecho de los ciudadanos a una reparación integral y se “establecen algunas limitaciones que no condicen con las obligaciones internacionales en materia de reparaciones, entre otras, al establecer que el/la beneficiario/a tiene que optar entre la jubilación especial y cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial”.

Estado en omisión

Mota señaló que a prácticamente todas las personas titulares de la Pensión Especial Reparatoria (PER) se las ha obligado a elegir entre esta y el derecho a otras prestaciones, lo que desvaloriza el trabajo hecho por estas personas o desconoce su situación de discapacidad y viola su derecho a una pensión. Mencionó incluso que algunas personas le comentaron que pedían trabajar sin aportar al Banco de Previsión Social (BPS) o adecuaban sus horas de trabajo para poder seguir percibiendo la PER.

“En el tema reparatorio, el Estado uruguayo no ha estado a la altura de otros países de la región. Las exclusiones son muchas: unas están en las leyes y otras surgen de una aplicación también restrictiva”, subrayó Mota. Añadió que es una situación que debe atenderse sobre todo teniendo en cuenta la edad de las personas afectadas, que necesitan más cuidados, por lo cual algunas situaciones no llegan a atenderse a tiempo. “El Estado ha estado omiso”, aseveró.

En relación con el caso de Flores, Mota comentó que las autoridades competentes dieron una respuesta verbal en la que se comprometieron a empezar a corregir las contradicciones que presentan las leyes reparatorias. En diálogo con la diaria, Flores comentó que desde las direcciones de Asuntos Políticos y de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la cancillería le respondieron que el Ejecutivo está actuando conforme a las disposiciones del decreto 106/2007. Flores calificó esa respuesta de desfavorable y sostuvo que, si bien las autoridades “reafirman su voluntad de cumplir con los estándares internacionales” y se dispusieron a revisar la legislación, no se establecieron plazos.

Qué cuestionó la ONU

La intervención de los relatores se realizó en agosto, tras numerosos intentos que Flores comenzó en 2016, y se otorgó al Estado un período de 60 días para responder. Ante el silencio gubernamental, se hizo pública la acción en noviembre. Los relatores demandaron que el Estado uruguayo brindara “atención urgente” al tema y respondiera a la información sobre el acceso de Flores a reparaciones, “en su condición de víctima y de viuda de víctima del terrorismo de Estado, y cómo ello afectaría la recepción de su pensión contributiva por discapacidad”, informó en su momento la diaria.

Flores fue declarada víctima del terrorismo de Estado en 2011, en el marco de la Ley 18.596, de “reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado” de 1968 a 1985. Ante la negativa de los organismos correspondientes a otorgarle una reparación en calidad de víctima, porque recibía una pensión por discapacidad otorgada años antes, decidió activar un mecanismo internacional ante la ONU.

Por otra parte, Flores es viuda de Carlos Robles, declarado víctima del terrorismo de Estado en 2011, a quien dos años después se le asignó la PER. Luego del fallecimiento de Robles, esa reparación le corresponde a Flores, pero a esta se le planteó que debía optar entre recibir esa compensación y percibir otra pensión. Además, ella ni siquiera cobra la totalidad de la PER de Robles, sino sólo 60%, expresó Flores.

“Las personas que atentaron contra el Estado cobran sus pensiones [jubilatorias] en su totalidad, y son muy altas. No sé si merecidas o no, pero nadie les restringe nada. No entiendo cómo se equilibra la balanza para los que fuimos considerados víctimas de terrorismo, por qué tanto recorte, tantos ‘no’, tantos obstáculos en el camino que no permiten”, añadió con indignación.

Flores resaltó que su principal interés es que se logren cambios estructurales para mejorar la situación de los afectados por la ley vigente, que “restringe y deteriora” su calidad de vida. “El Estado vuelve a victimizar a la víctima siempre que puede. Porque al no resolverse los problemas, tener que andar por las oficinas diciendo que sos víctima de terrorismo la verdad que no es muy agradable, porque la cultura no está preparada para eso”, concluyó.

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INDDHH celebra el 70 aniversario de la Declaración Universal

10/12 -  LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE  DERECHOS HUMANOS Y

DEFENSORÍA DEL PUEBLO CELEBRA EL 70 ANIVERSARIO DE LA

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS -

HABRÁ ACTIVIDADES DE LAS 9.30 A LAS 22.00 HORAS.  

INVITACIÓN  

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo tiene el gusto de invitar a Usted a la conmemoración del 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y del 70 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Durante la jornada del lunes 10, la sede de la INDDHH permanecerá  abierta para ser centro de encuentro y promoción de derechos humanos.  Esperamos que nos acompañe.  Aquí detalle de agenda:

9:30 a 11:30 horas

IMAGINARIOS ESPECIAL DERECHOS HUMANOS -  

Se instalará la cabina del programa Imaginarios de TVCIUDAD

10:00 a 17:00 horas

VISITAS GUIADAS AL SITIO DE MEMORIA EX SID   

14:00 a 15:30 horas

ACTO CELEBRACIÓN 10 DE DICIEMBRE  - Se contará con intérprete de lengua de señas 

DISCURSO DE APERTURA DE LA PRESIDENTA DE LA INDDHH, Dra. MARÍA JOSEFINA PLÁ  
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA de Luisa Cuesta, personalidad uruguaya que representa la lucha por los derechos humanos y de todas aquellas personas que a lo largo de estos 70 años dieron su vida por la causa de los Derechos Humanos y de todas las víctimas de su vulneración.

IMAGINARIOS DERECHOS HUMANOS, programa especial realizado por TV Ciudad en coordinación con la INDDHH bajo la dirección de Aldo Garay (10 minutos).  

PREMIACIÓN DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO "TUS DERECHOS HUMANOS EN FOCO"

Lidia Brito, Directora de la Oficina Regional de Ciencias de la UNESCO para A. Latina y el Caribe 

Álvaro Percovich, Coordinador del FotoClub Uruguayo 

María Solange Moreira, Presidenta del Correo Uruguayo  

CORREO URUGUAYO presenta SELLO Y EL MATASELLO CON MOTIVO DEL 70 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN. 

OBRA COLECTIVA, DESAFÍOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS - 

Presentación de la publicación digital, a cargo de la directora Dra. Mariana Blengio.

17:00 horas

CEREMONIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE MONTEVIDEO en conmemoración de la DUDH, Salón de Actos INDDHH. 

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sábado, 8 de diciembre de 2018

Belela Herrera homenajeada por la IMM


Belela Herrera fue homenajeada por su lucha por los derechos humanos

La Diaria - 8 de diciembre de 2018 | Política  Foto: Federico Gutiérrez

Belela Herrera durante el homenaje que le realizó la Junta Departamental de Montevideo.
La ex vicecanciller uruguaya reivindicó a las mujeres y recordó a Luisa Cuesta.

Ayer, en la peatonal Sarandí, se descubrió una baldosa con un sol gigante y un nombre: el de la luchadora por los derechos humanos Belela Herrera. La Junta Departamental de Montevideo decidió homenajearla por su dedicación, perseverancia, lucha y defensa de los derechos humanos.

La presidenta de la Junta Departamental, la edila Gimena Urta, hizo referencia a su “lucha” y a su “compromiso” por los derechos humanos a lo largo de toda su vida. Destacó la “coherencia” entre lo que piensa y lo que hace, y el “valor” de esta mujer que logró salvar la vida de miles de personas y familias que huían de las dictaduras de América Latina. 

El homenaje, añadió Urta, también es un mensaje hacia el futuro: “Este sol, que recuerda la lucha y el compromiso de esta mujer a lo largo de su vida, es una marca contra el olvido, es poner en valor esa lucha y reivindicarla como el camino hacia una mejor sociedad. Es también un mensaje hacia el futuro. Un futuro en el que seguiremos dando pelea por esas banderas y en el que tendremos la referencia de Belela”.

La historia de la edila Graciela Villar, una de las oradoras del homenaje, fue una de esas tantas que se entrecruzaron con la de Belela. La edila comenzó su discurso pidiéndole disculpas: “Sé que ella no quería este homenaje, porque entiende que lo que hace es lo que tiene que hacer y, por tanto, no amerita distinción”. 

Sin embargo, para Villar, esa mujer madre de cinco hijos, abuela de 12 nietos, que en su Fiat 600 recorrió las calles de Chile buscando un lugar para aquellos que “disparaban del horror, de la miseria, del asesinato en masa”, merece un sol en uno de los lugares más concurridos de Montevideo: “Belela representa muchas cosas, pero fundamentalmente representa la humanidad que queremos destacar, el compromiso con el otro sin esperar nada a cambio, ese deber ser que no se pone en el discurso, que se vive en los hechos”, rescató. 

Villar continuó relatando su propia experiencia: en 1982, estando clandestina en Argentina, con dos hijos, sin saber a dónde ir, fue “de la mano de Belela” que pudo retornar al país.

Belela Herrera durante el homenaje que le realizó la Junta Departamental de Montevideo.
Villar recordó una frase que Belela dijo una vez y que, para ella, la define totalmente: “El grito de los desaparecidos, esa conciencia desgarrada de nuestro continente, es la que la convoca y nos convoca a esa lucha por la justicia y la paz”. “Este sol, en este lugar, donde van a transitar muchos jóvenes, es para tus nietos, Belela, para que sientan el enorme orgullo de haber tenido una abuela que es capaz de levantarse de su pequeñez para transformarse en una mujer gigante, abrazándonos a todos, defendiéndonos a todos y gritando en silencio y en voz baja, como lo hace ella, que vale la pena luchar para defender los derechos humanos”.

Con la timidez que la caracteriza, Herrera dijo que después de todas esas palabras le costaba mucho poder transmitir todo lo que sentía. Sin embargo, llevó unas palabras escritas en un papel porque entendió que “no podía vivir ese momento” sin dar algún “mensajito”.  “Cuando pensaba en este reconocimiento, me preguntaba, parafraseando a Borges, ‘¿Qué justificación la mía en este zaguán?’. Yo contestaría: Ninguna; salvo la voluntad de reivindicar a las mujeres. Mujeres como la vieja y querida Luisa Cuesta. A pocas horas de cumplirse los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su ejemplo nos inspira a profundizar nuestro compromiso en la lucha por memoria, verdad y justicia”.

Mariana Mota, directora de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la definió como una “mujer dedicada a pensar en los demás por encima de sí misma, arriesgando en algunos momentos su propia vida”. En 1973, pasó a integrar el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y, como funcionaria, “ayudó a tanta gente a salir de la dictadura que hasta el día de hoy la gente la recuerda porque sobrevivió gracias a ella”, dijo a la diaria.

Herrera también participó en la Comisión Nacional Pro Referéndum y fue presidenta de la presidencia de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio. De 1995 a 2005, fue directora de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Intendencia de Montevideo, cargo que dejó para desempeñarse como vicecanciller entre 2005 y 2008. Mota destacó que, con 91 años, sigue “ayudando e interesada por las causas más diversas”; entre ellas nombró su preocupación por los ex presos de Guantánamo y su reivindicación por el voto en el exterior.

Miguel Fernández Galeano, asesor del presidente de Administración de los Servicios de Salud del Estado que se encontraba presente en el homenaje, dijo a la diaria que Herrera era el ejemplo vivo de la diferencia entre la “reputación” y la “notoriedad”: “Belela es toda reputación”. Para él,  ella es la mayor representación de lo que es la “coherencia” en relación a los derechos humanos, y recordó el papel que jugó en Chile, “cuando se la jugó y articuló un montón de acciones para defender a los exiliados uruguayos en plena dictadura”. Pero Belela no se quedó sólo allí, acotó Fernández Galeano, y concluyó: “Estuvo trabajando con consecuencia y tenacidad e incluso, cuando le tocó asumir responsabilidades de gobierno, nunca perdió de vista el trabajar por los comunes”.

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viernes, 7 de diciembre de 2018

Se hizo la luz!


Quedó funcionando la red lumínica en el Espacio Memorial Penal de Libertad.

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Presentan "El sótano" sobre "el canilla" Guarnieri



El Sótano es un relato basado en el testimonio de un preso político ya fallecido, Óscar Orestes Guarnieri, reelaborado narrativamente por su hermano Alberto, sobre uno de los centros clandestinos de detención en los que no fue posible, hasta el momento, obtener mayor información documentada. Dependiente de la Prefectura Nacional Naval, con instructores policiales provenientes de la DNII, funcionó en los sótanos ubicados bajo el nivel del mar en el Edificio de Aduanas, en el Puerto de Montevideo. En este libro, la historia oral nos permite reconstruir una parte de la historia real del terrorismo de Estado. Su exposición llena así un vacío documental a la vez que aporta a la construcción de un espacio de memoria sobre la prisión clandestina y sus víctimas, y nos reafirma que la lucha por verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado, continúa...  

Prof. Álvaro Rico

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Lunes 10 en Plaza de la democracia



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jueves, 6 de diciembre de 2018

INDDHH: preocupación por leyes reparatorias


Informe de la INDDHH en relación a

la actuación de los relatores especiales de 

Naciones Unidas sobre las leyes  reparatorias

El 23 de agosto se conoció la actuación que los relatores especiales de las Naciones Unidas, Sra. Catalina Devandas -Aguilar, Relatora Especial sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Sr Fabian Salvioli- Relator Especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición, realizaron en relación al caso de la uruguaya Silvia Flores.1

El informe pide al gobierno uruguayo que se sirva dar respuesta a las alegaciones recibidas por la peticionante, formuladas ante el organismo internacional, dentro de un plazo de 60 días el que ya se encuentra vencido. Conforme el protocolo de actuación, precluido el lapso conferido, el organismo internacional da a conocer la actuación y las observaciones formuladas a la denunciante.

En el relacionado de hechos que constituyen la denuncia se informa que la Sra. Silvia Flores fue declarada víctima del Terrorismo de Estado que sufriera este país entre los años 1968 y 1985 en tanto debió exiliarse por motivos ideológicos, gremiales o políticos.

Se informa que, al haberse presentado ante el organismo correspondiente para pedir reparación en atención a su calidad de víctima, esta no le fue concedida ni se le informó de las causas de esta denegatoria.
La denunciante es titular de una pensión por discapacidad la que percibe desde hace varios años.

El esposo de la Sra. Silvia Flores también fue víctima del Terrorismo de Estado y recibió como reparación una pensión conforme lo previsto por ley 18.033. Al fallecer el titular, dicha prestación se trasmite a su cónyuge. No obstante, en virtud de la citada ley reparatoria, la denunciante debió optar entre continuar percibiendo la pensión por discapacidad que detentaba o recibir la que le trasmitía su esposo.

Los relatores observaron al Estado por las disposiciones de las leyes reparatorias que obligan a la víctima a renunciar a prestaciones a las que tiene legítimo derecho para

1 https://correo.inddhh.gub.uy/service/home/~/?auth=co&loc=es&id=25800&part=2



poder recibir la reparación por su calidad de víctima desvirtuando de esta manera la naturaleza reparatoria de la misma.

Los autores del informe invocaron las consideraciones que al respecto formulara el anterior relator especial para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, luego de su visita al país en el año 20132. En dicha ocasión se observó igual aspecto en relación a la normativa reparatoria que se aplica en el país respecto de las víctimas del Terrorismo de Estado y se instó su modificación.

El informe finaliza peticionando al Estado Uruguayo que señale las medidas adoptadas para garantizar el otorgamiento de las reparaciones debidas, conforme la calidad de víctima, así como la percepción de otros servicios o prestaciones que por derecho le correspondiera.

Solicita asimismo que se informe las medidas adoptadas en cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el relator especial actuante en el año 2013.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (en adelante INDDHH o “Institución”), recibió de la denunciante el pronunciamiento de los relatores especiales de las Naciones Unidas.

Conforme el artículo 4 lit. D) de la ley 18.446, es competencia de la Institución efectuar recomendaciones al Estado sobre las observaciones que órganos internacionales de contralor hubieran emitido al Estado.

En relación al régimen de reparaciones sustentado en el ordenamiento jurídico vigente, la Institución se ha pronunciado, haciendo uso de la facultad otorgada por la pre- mencionada ley, en su artículo 4 literales c) e I), respecto a las leyes reparatorias, especialmente las individualizadas con los nros. 18.033 y 18.596.


En fecha 6 de diciembre de 2012 y en relación a la naturaleza reparatoria, la INDDHH expresó:





“La reparación encuentra su naturaleza y fuente de obligación, en la violación de un derecho y la necesidad de reparar los daños causados por dicha violación. “La política sobre reparaciones debe ser diseñada desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima y la restauración de su dignidad.”3

En ese sentido, se señaló por la INDDHH que el derecho a la reparación supone una dimensión sustantiva, que consiste en la reparación del daño sufrido a través de la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición y una dimensión procesal como medio que posibilita que se efectivice la reparación.

Precisamente, en la ley nro. 18.033, que regula el otorgamiento de reparación a víctimas de Terrorismo de Estado, se verifican extremos que no acompañan los conceptos antes referidos estructurándose sobre bases que se traducen en exclusión al derecho reparatorio o en una limitación indebida del mismo.

Conforme lo observara el relator especial Pablo de Greiff en su visita en el año 2013, y que se recoge en este nuevo informe conjunto de los relatores especiales Devandas y Salvioli, la citada ley impide percibir la pensión reparatoria si la persona ya cuenta con otros servicios derivados de su trabajo o de otras circunstancias que derivan en el pago de una pensión como es el caso de la discapacidad.

El artículo 8 de la ley, a la vez que otorga la reparación, la hace “…incompatible con el goce de cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial”, fórmula que se repite en los artículos 10 y 11 de la misma ley comprendiendo en todas ellas las diversas hipótesis de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Terrorismo de Estado habilitantes de reparación.

Dada la clara incompatibilidad de esta normativa con los principios que rige la reparación integral en cuanto a la obligación de reparar los daños provocados en contravención a normas jurídicas, la Institución señaló que la legislación referida “…establece algunas limitaciones que no condicen con las obligaciones internacionales en materia de reparaciones, entre otras, al establecer que el/la beneficiario/a tiene que optar entre la jubilación especial y cualquier otra jubilación, retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial. En este aspecto la prestación social generada que abarca al


3 file:///C:/Users/motam/Documents/Reparaciones%20INDDHH%206%2012%202012.pdf



conjunto de personas inactivas (seguridad social) tiene una naturaleza y fundamento distinto a la obligación estatal de reparar, emanada de las obligaciones internacionales en materia de reparación de graves violaciones a los derechos humanos y del combate a la impunidad”.

Posteriormente, a cinco años de emitido este primer informe, la INDDHH entendió necesario volver a expedirse sobre las políticas reparatorias definidas por el Estado atento a la persistencia de diversas y notorias situaciones de exclusión.

En el informe del año 2017, y en relación al otorgamiento de las pensiones reparatorias y la necesidad de optar entre estas y las que hubiere generado la persona, la Institución expresó: la pensión especial reparatoria, si efectivamente se pretende como reparación por las violaciones a los derechos humanos de las personas a las que se sirve, es absolutamente independiente de las pasividades de cualquier otra índole que reciba la víctima pues ellas están originadas en el desempeño laboral o en condiciones subjetivas que la ley erige como motivantes de pensión o subsidio.

La ley además establece un límite de ingresos para poder recibir la pensión por lo que, de percibirse ingresos superiores a ese límite, se disminuye el pago de la pensión reparatoria hasta alcanzar el límite indicado por la norma (inciso 3ro del artículo 11 de la ley 18.033 y Dec. 106/07).

Estas indebidas restricciones coliden con el derecho a una reparación integral. Al mismo tiempo sugieren que en la conceptualización de las reparaciones en nuestro país se ha asignado un rol clave a consideraciones de carácter económico, que en forma alguna debieron ser definitorias al momento de establecer indemnizaciones por los daños ocasionados por el accionar ilegítimo del Estado”.

En este segundo informe, la Institución hizo especial consideración en el efecto negativo que tiene sobre la víctima la denegatoria o limitación de la reparación reclamada: “Además de la consecuencia directa de la negación al beneficio reparatorio peticionado (económica, de salud, de seguridad social, de consideración de víctima de los integrantes de la familia, etc.) la exclusión provoca una nueva vulneración de derechos pues es el Estado, que ya una vez le ocasionara los daños cuyas secuelas padece, el que ahora se niega a repararle los perjuicios generados o a reconocerle como víctima”.



“Cuando el Estado reconoce a unas víctimas y niega a otras, vuelve a victimizar a las segundas. Muchas de ellas eran personas muy jóvenes, lo que les ocasionó daños más profundos y perdurables, porque psíquicamente eran frágiles y contaban con menos recursos para soportar los terribles actos de la violencia estatal.

Por otra parte, y pasado tanto tiempo desde las vulneraciones, se trata actualmente de un colectivo que cuenta con gente de avanzada edad y ello reclama que se trabaje con una dinámica ágil que ofrezca mejoras tangibles en la calidad de vida en forma rápida ya que la postergación, además de representar una vulneración a su derecho reparatorio, debe darse dentro del tiempo vital.

Las medidas reparatorias deben reconocer el daño que se generó a las víctimas, más aún, si se considera que han pasado décadas sin reconocimiento ni dignificación, lo que los ha llevado a empobrecer sus posibilidades de desarrollo personal y familiar.

En este accionar del Estado que se cuestiona se produce la revictimización y la retraumatización, consecuencias que, como se señaló, incrementan el daño y generan una nueva responsabilidad que se agrega a la derivada de los delitos que las volvieron víctimas”. 4

En ambas ocasiones en que emitió informes, la INDDHH ejerció la competencia dada por el artículo 4 en su literal C) que le habilita a “proponer la adopción de medidas que considere adecuadas para que el ordenamiento jurídico y las prácticas administrativas e institucionales se armonicen con los instrumentos internacionales relacionados con derechos humanos en los que el Estado forma parte” y el literal I) que le permite a la Institución “recomendar a las autoridades competentes la aprobación, derogación o modificación de las normas del ordenamiento jurídico que a su juicio redunden en una mejor protección de los derechos humanos”.

Habiéndose expedido los relatores especiales en relación a la temática, en sentido coincidente a lo que ya ha expresado la Institución en los informes pre mencionados, la Institución se permite instar al Estado para que, sin demora, adecue la legislación relacionada a la temática de forma de superar las exclusiones y que ese accionar se traduzca en una reparación verdaderamente integral.






Bueno es señalar que la normativa internacional que el Estado ha suscrito le obliga a actuar aplicando el principio de buena fe además de su deber de no invocar normas internas como justificación para incumplir con lo acordado en el ámbito internacional (Convención de Viena artículos 26 y 27).

En tal sentido, debe entenderse que las recomendaciones que le formularan los relatores especiales están sustentadas en la normativa internacional que el Uruguay ha suscrito y, por ende, debe cumplirla. El silencio, la falta de respuesta, en relación a las observaciones formuladas, no solo se traduce en un accionar que no se compadece con la forma en que debe proceder el Estado conforme el principio de buena fe, sino que debilita la credibilidad de las personas en la eficacia del sistema internacional destinado a proteger y promover la vigencia de los derechos humanos, así como respecto de los mecanismos de los que este sistema se vale para desplegar su labor.

Pero, además, perjudica los esfuerzos que la sociedad civil ha desarrollado en procura de salvar estas inequidades.

Recientemente, se ha conocido la respuesta dada por el gobierno al persistente reclamo de una organización social conformadas por personas que han sufrido la prisión por motivos políticos (CRYSOL) en relación a las necesarias modificaciones legislativas de las leyes reparatorias.

En dicha oportunidad y en forma verbal se les ha informado que la modificación de la legislación observada se hará en tiempo próximo, sin definir plazos ni formas, y condicionado a una mejoría de la situación regional.

Es preocupante que las víctimas reciban este tipo de respuestas, sin respaldo documental, proponiendo más lapsos de espera a las soluciones largamente reclamadas y vinculando la posibilidad de lograr los cambios exigidos a coyunturas regionales que no deberían atenderse para resolver una inequidad que deriva del diseño de la política reparatoria dada por el Estado.

La INDDHH observa con preocupación esta falta de respuesta adecuada a los reclamos formulados desde la sociedad civil que contienen legítimas demandas las que deben ser abordadas adecuadamente y con prontitud. Asimismo, es preocupante la falta de implementación de modificaciones legislativas a partir de las recomendaciones que relatores especiales han expresado en relación al tema.

Por último, debe considerarse que la exclusión que se ha denunciado por la víctima ante las Naciones Unidas y que motiva el pronunciamiento de los relatores especiales vulnera normas contenidas en la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, la que se aprobó por Uruguay en el año 2008. Dentro de las obligaciones generales que asumen los Estados dignatarios de la Convención se encuentra la de “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad.”, así como “abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme con lo dispuesto por ella.”.

Se debe atender especialmente que el artículo 27 de la Convención asegura la protección de la persona con discapacidad a sus derechos laborales incluyéndose en ello el acceso a la seguridad social derivada de este vínculo de trabajo. Asimismo, el articulo 28 exige que el Estado asegure a las personas con discapacidad el acceso en igualdad de condiciones a los programas y beneficios de jubilación.

Al privársele de la percepción de la pensión por discapacidad se le está limitando en derechos que la Convención consagra y a los cuales el Estado se ha comprometido a cumplir.

Es necesario adecuar la normativa regulatoria de reparaciones destinadas a las víctimas del Terrorismo de Estado de tal manera que no vulnere otros derechos de los que son titulares los destinatarios de estas partidas reparatorias.

La INDDHH ha expresado, y lo reitera en este momento, su plena disposición en el análisis y la consideración de redacciones alternativas que logren superar estos obstáculos limitativos de una reparación integral.


Consejo Directivo
29 de noviembre de 2018

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