Una miserable iniciativa de los defensores
de los represores encarcelados
Es una iniciativa con muy pocas chances de prosperar en la Cámara
de Senadores. El
objetivo es claro: presentar a los ex presos y ex presas políticas como "privilegiados"
ante la opinión pública. Al mismo tiempo pretende borrar de la memoria colectiva el rol que tuvieron los luchadores gremiales, sociales y políticos en la
derrota de la
dictadura civil -
militar y del terrorismo
de Estado.
La PER: un resarcimiento por los daños y sufrimientos
La PER se creó por la Ley 18.033 en octubre de 2006. En su momento fue ampliamente votada por legisladores de todos los partidos. No es una jubilación. Es una reparación. Es un resarcimiento económico, imperfecto, que el Estado otorgó a miles de personas. Son aquellas a las cuales, entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, secuestró, torturó, condenó mediante tribunales militares, privó de libertad durante período prolongados y a las cuales destruyó sus proyectos de vida.
Los
familiares de ex
presos ya son discriminados
Otorgar la Pensión Especial Reparatoria (PER), a 21 años del retorno a la democracia a las ya los expresospolíticos,en uncontexto estatalde impunidadyde plenaautonomía de las Fuerzas Armadas con respecto al poder civil, fue un inmenso logro. Pero fue una reparación con múltiples carencias, restricciones e imperfecciones que han sido cuestionadas por la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en dos instancias y con integraciones diferentes, bajo gobiernos del Frente Amplio y de la propia Coalición Republicana. Incluso durante el gobierno anterior, Uruguay llegó a un acuerdo amistoso refrendando dichas carencias para un caso particular ante la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).
Para percibir la PER, los beneficiarios deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones. El decreto 106/2007 traslada esta imperfección a las y a los cónyuges, a los hijos menores y/o discapacitados. Cuando los titulares de la PER fallecen, abrumadoramente del sexo masculino, las cónyuges deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones para percibir la Pensión de Sobrevivencia que es un 66% de la PER.
La legislación vigente discrimina negativamente a los familiares de las y de los ex presos políticos.ZLos familiares de las y de los ex presos políticos son los únicos en todo el sistema previsional uruguayo que deben renunciar a sus propias jubilaciones para percibir la pensión de sobrevivencia.
Una iniciativa miserable
En la actualidad son menos de 1.600 personas las que perciben la PER. El promedio de edad es de 78 - 79 años. Unas 250 personas, mayormente del sexo femenino y/o hijos discapacitados, perciben la pensión de sobrevivencia tal cual lo establece el Decreto 106/2007 de abril de dicho año.
Pretender ahora sacar la pensión de sobrevivencia a quienes ya la tienen, o negarla para casos futuros, no "ahorra" nada significativo al BPS. El universo de beneficiarios es decreciente y el impacto presupuestal es mínimo. Tampoco resuelve ningún problema de seguridad social.
Jurídicamente no tiene asidero. Políticamente está condenada al fracaso. Los proponentes de la iniciativa, fueron ampliamente derrotados en las elecciones pasadas. Cuando fueron gobierno, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Pou, tampoco pudieron imponer ni siquiera la prisión domiciliaria preceptiva para los criminales estatales.
El
objetivo real: satanizar
a las y a los ex presos políticos
La PER no es un premio por haber luchado. No es una recompensa. Es un resarcimiento económico que el Estado otorga a miles de uruguayas y uruguayos que fueron detenidos, torturados, condenados por tribunales militares, sin garantías de ningún tipo y recluidos de manera prolongada en centros carcelarios como Punta Carretas, Paso de los Toros, Punta de Rieles o Libertad. Se otorga por los daños, los padecimientos, los sufrimientos de todo tipo por llevar a cabo actividades antidictatoriales como militantes gremiales, sindicales, sociales o políticos.
Lo más grave es lo histórico
La dictadura civil - militar no cayó porque sí. Fue derrotada por la lucha de todo un pueblo, encabezada por los trabajadores de la ciudad y rurales, que desde sus inicios la enfrentó. Por ello sufrió represión y militarizaciones. Cayó porque hubo un pueblo que siempre resistió y combatió. Que supo transitar por largos años los caminos de la resistencia clandestina. En el país y en el extranjero. Porque hubo plebiscito triunfante en el 80 y movilización permanente. Se derrotó al terrorismo de Estado con lucha social masiva. Las y los ex presos políticos fuimos parte integrante de esa resistencia, incluso desde las cárceles.
Al presentar esta propuesta condenada al fracaso de antemano, simplemente se pretende generar titulares de prensa con el propósito de presentar como privillegiados a las y a los luchadores sociales, gremiales y políticos que desempeñaron un papel decisivo en la lucha por la recuperación democrática y pagaron un precio durísimo por ello. Existe una intensa campaña al respecto, desde hace años, fogoneada desde los centros militares, por los familiares de los encarcelados y por comunicadores “independientes” alineados a tales efectos.
Los que han presentado esta propuesta defienden a los peores criminales de la historia del país. Durante la anterior administración impulsaron, incluso, la prisión domiciliaria preceptiva para todos ellos.
Sépanlo. Los actuales encarcelados son los peores delincuentes que ha conocido la historia de este país. Han sido condenados por haber participado en desapariciones forzadas de decenas de uruguayas y uruguayos, en nuestro país y en el exterior. Están condenados por asesinatos brutales como el general retirado Juan Modesto Rebollo o en desapariciones forzadas como el coronel Eduardo Ferro o el coronel Rudyard Scioscia imputados de las desapariciones de Oscar Tassino y de Elena Quinteros.
En realidad, sin tipificaciones legales que invisibilizan la magnitud y gravedad de sus delitos, son todos torturadores profesionales y experimentados. Se formaron en la Escuela de las Américas de EEUU para ser esbirros de tiempo completo. Participaron de un plan sistemático de represión desde el poder. Usaron los mecanismos del poder bajo el impulso de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Durante meses y años llevaron a cabo el trabajo sucio represivo que fue necesario para que la dictadura iniciada por Juan María Bordaberry pudiera sobrevivir durante más de una década.
Los legajos militares los condenan
Actuando siempre en patota, en el anonimato, envalentonados por la superioridad numérica, por la impunidad, frente a seres indefensos, fueron los encargados de torturar de manera salvaje a miles de uruguayas y uruguayos en las salas del terror de dependencias policiales y militares acondicionadas para ello en todo el país.
Planificaban al detalle los operativos represivos, llevaban a cabo los allanamientos domiciliarios nocturnos, pateaban puertas, aterrorizaban familiares, generaban pánico, destruían muebles y pertenencias, robaban todo lo que pudiera ser de valor o estuviera a su alcance, secuestraban violentamente en la calle, en los centros de estudio y en los lugares de trabajo.
Todos torturadores
Durante jornadas extenuantes sometían a las más crueles torturas, vejámenes y tormentos a personas que habían sido secuestradas, estaban de “plantón”, encapuchadas, indefensas, desnudas, descalzas, con los pies resbalando en los pisos húmedos y mugrientos, débiles, sedientas, aterrorizadas, sin saber de dónde vendrían los golpes, mientras ellos, verdaderas jaurías, golpeaban, ajustaban vendas, capuchas y esposas, pateaban, gritaban, insultaban, amenazaban, preguntaban, distribuían golpes a mansalva, desnudaban, manoseaban, abusaban, violaban, con especial saña a mujeres y menores, sumergían las cabezas en los tachos con aguas inmundas, aplicaban la picana eléctrica en las partes más sensibles de los cuerpos, a veces incluso mientras las víctimas estaban colgadas con sus brazos esposados por detrás. Merecen estar en prisión hasta el fin de sus días.
Los proponentes de esta miserable iniciativa están condenados al fracaso y, además, como corresponde,al desprecio social. Se lo merecenpor intentar perjudicara unsector ya perjudicado. La historia no los absolverá.
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Opinando N° 13 – Año 15 – Jueves 3 de setiembre de 2026
