Otra falsedad: los 800 millones de dólares en indemnizaciones que no existieron
Los
otros días, entrevistado por Orlando
Petinatti, el Dr. Eduardo Lust afirmó algo que no puede pasar sin respuesta:
“Uruguay gastó 800 millones de dólares pagando indemnizaciones a los familiares
de los detenidos desaparecidos”. Es falso. Y no es un error de redondeo. Es una
cifra inventada que distorsiona el debate público y ofende la memoria. Es parte
de una campaña malintencionada.
Orlando Petinatti y Eduardo Lust: Dios los cría
Vayamos a los datos concretos, porque de eso se trata cuando hablamos de plata del Estado.
Qué
dice realmente la ley 18 596
La reparación a las víctimas del terrorismo de Estado en Uruguay se
regula principalmente por dos normas: la Ley 18.033 de 2006 y la Ley 18.596 de
2009.
La 18.596 establece indemnizaciones por única vez:
500.000 Unidades Indexadas para familiares de declarados ausentes,
desaparecidos o fallecidos a raíz del accionar ilegítimo del Estado. Si hay más
de un beneficiario, se divide en partes iguales.
250.000 UI para víctimas
que sufrieron lesiones
gravísimas.
375.000 UI para niños desaparecidos más de 30 días.
200.000 UI para personas nacidas en cautiverio o detenidas con sus padres más de 180 días.
Para que quede claro: 500.000 UI no son 500.000 dólares. A valores de hoy 1 UI = 5 pesos uruguayos. 500.000 UI equivalen a unos 2.5 millones de pesos, o sea aproximadamente 60.000 dólares por caso. Este monto, otorgado por única vez se reparte entre todos los familiares.
¿Y
las “pensiones millonarias”?
Tampoco. La Pensión Especial Reparatoria, la PER de la Ley 18.033, no la cobran los familiares de detenidos desaparecidos, como afirmaba la Arq. Ruth Ballestrino en la ex Twitter.
La PER es para personas que estuvieron presas y procesadas por la justicia militar o civil después del 9 de febrero de 1973. Es un legítimo resarcimiento por los padecimientos y daños que sufrieron por haber sido torturadas y privadas de su libertad al enfrentar la dictadura civil militar. En la actualidad la perciben menos de 1.600 beneficiarios. Hoy equivale a 8,5 BPC: 52.504 pesos mensuales, unos 1.270 dólares. Y para cobrarla deben renunciar a cualquier otra jubilación o pensión.
¿De
dónde salen los 800 millones?
No hay ningún informe oficial, del MEF, del BPS o de la Comisión Especial de la Ley 18.596, que hable de esa cifra en pago de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado.
En el año 2023, durante el gobierno de la Coalición Republicana liderada por Luis Lacalle Pou, se aprobó una ley para indemnizar a familiares de 18 militares, 34 policías y 14 civiles muertos entre 1962-1976, con 150 mil dólares cada uno. Ese proyecto generó polémica porque equiparaba víctimas y otorgaba sumas superiores a familiares de militares que ya habían sido reparados en el año 1973. Pero ni ese monto se acerca a 800 millones, y además no era para Detenidos Desaparecidos.
Uruguay
reconoce, al día de hoy, 205 personas detenidas desaparecidas con participación
y/o involucramiento de agentes del Estado y 200 asesinados. Aunque se pagara el
máximo a todos, estaríamos muy lejos de los 800 millones de dólares.
El problema de mentir con números
Inventar cifras no es
un detalle. Tiene 3 efectos
concretos:
Primero, desvía la discusión. En lugar de hablar de verdad, memoria y justicia, terminamos discutiendo fantasmas fiscales.
Segundo, genera odio. Cuando se dice que “se gastaron fortunas en pensiones a familiares”, se instala la idea de privilegios inexistentes. Por eso cada tanto viralizan noticias falsas (fake news) sobre “impuestos para pagar pensiones” que AFP Factual ya desmintió.
Tercero, banaliza el daño. Las reparaciones no son un “premio”. La propia ley las define como medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, según la Resolución 60/147 de diciembre de 2005 de las Naciones Unidas.
Se puede discrepar, pero no con datos falsos
Se tiene derecho a pensar que las leyes reparatorias están bien o mal diseñadas. Aunque hayan sido votadas por la mayoría de los legisladores de todos los partidos. Que el monto es alto o bajo. Que el Estado debería priorizar otras políticas. Ese es el debate democrático.
Lo que no se puede aceptar es que se construya una opinión pública sobre mentiras. Decir 800 millones cuando la ley habla de 500.000 UI por única vez es como decir que llueve para arriba. Eduardo Lust es abogado y político. Orlando Petinatti conduce uno de los programas más escuchados del país. Tienen micrófono y deberían tener más responsabilidad. Si se equivocaron, corresponde rectificar. Si no fue un error, corresponde explicar de dónde sacaron ese número.
Uruguay hizo un esfuerzo, tardío e imperfecto, por reparar. No lo hizo con cheques en blanco ni con sumas astronómicas. Lo hizo con leyes acotadas, con topes, con comisiones que estudian caso a caso.
Negar eso con cifras falsas es negar también a las familias que siguen esperando respuestas sobre sus desaparecidos. Y eso, en un país chico como el nuestro, pesa. La memoria no se defiende con épica ni con insultos. Se defiende con datos. Y los datos dicen que los 800 millones no existieron.
Opinando N° 12 – Año 15 – Miércoles 26 de agosto de 2026
