la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com


Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.30 a 19 horas. Cuota social: $ 140.-




martes, 19 de marzo de 2019

Guido Manini Ríos: faltó a la verdad


Las afirmaciones públicas que el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos realizó acerca del funcionamiento y la actitud del Poder Judicial son absolutamente falsas.

A diferencia de lo sucedido en Argentina y Chile, donde centenares de oficiales fueron llevados ante los estrados judiciales, juzgados y condenados, en Uruguay solamente un pequeño, un reducido grupo, de quienes cometieron graves violaciones a los DDHH fueron investigados y procesados.

La justicia uruguaya, desde el retorno a la vida democrática no se ha caracterizado, en ningún momento por ser hiperactiva, sino todo lo contrario. Debido a la vigencia de la ley de Caducidad que impulsó el Dr. Julio María Sanguinetti en su primera presidencia, una no encubierta ley de amnistía, durante más de 20 años estuvo impedida de realizar ninguna investigación sobre las graves violaciones a los DDHH ocurridas en el largo período dictatorial.

Recién a partir de octubre de 2011 en que se restableció la pretensión punitiva del Estado pudo empezar a cumplir con las obligaciones que le imponen las normas constitucionales. Salvo honrosas y destacadas excepciones que la ciudadanía conoce, Dra. Mariana Mota por citar un caso, los magistrados y la propia Suprema Corte no han sido un ejemplo de dedicación,  compromiso y espíritu justiciero.

Desde las declaraciones del expresidente de la SCJ, Dr. Jorge Ruibal Pino, en febrero de 2013, en el sentido de que quienes promovieran las causas del pasado reciente encontrarían en el máximo órgano “una auténtica muralla” para que ellas no prosperaran,  a la sentencia que en octubre de 2017 desestimó una investigación sobre José Nino Gavazzo por las torturas que infringió a una detenida en Tacuarembó en el año 1972, el órgano dirigente de la Justicia no es tampoco un modelo a  exaltar.

Mintió con real malicia

El excomandante en jefe mintió descaradamente y a sabiendas, con real malicia, acerca del rol desempeñado por el poder judicial. Lo sabe muy bien. Todos los involucrados, en todo momento, han contado con todas las garantías legales que existen en nuestro país. Se han beneficiado del mejor apoyo legal y académico disponible, financiado incluso con los impuestos que pagan sus víctimas y la sociedad uruguaya en su conjunto. Sus abogados defensores han podido, incluso amenazar y prepotear a los testigos presenciales en los juzgados, e incluso, como ha quedado documentado, lo hicieron, en el año 2018, en una Sala del Hospital Maciel, en la causa por la desaparición de Oscar Tassino.

Se les ha permitido, con total displicencia, recurrir a todos los mecanismos legales posibles  para enlentecer y entorpecer el diligenciamiento de las investigaciones y de las causas con artificiosos recursos de inconstitucionalidad. Los jueces solamente han procesado a un reducido y escaso número de quienes fueron denunciados, indagados o de los cuales se solicitó el procesamiento. Todos los procesados lo fueron en base a pruebas y evidencias contundentes y abrumadoras, a veces con testimonios de exmilitares.

Todos los condenados, son ampliamente conocidos en la familia militar por haber sido integrantes  de los principales órganos represivos, en Uruguay y en el exterior, actuando en la Esma y en Automotoras Orletti.  Todos tienen un currículum represivo tenebroso. Han podido fugarse del país para eludir el brazo de la justicia y al mismo tiempo seguir cobrando sus privilegiadas jubilaciones. Todos han sido condenados recorriendo, sus causas, toda la escala del poder judicial y sus sucesivas instancias hasta culminar por los fallos ratificatorios de la SCJ.

Cuando ha sido necesario y/o oportuno han contado con preparadas campañas mediáticas orquestadas desde la tribuna de El País, comentarios de senadores y diputados amigos de la impunidad, estridentes declaraciones públicas de los Centros Militares y amenazas de furtivos comandos sobre los promotores de las causas o actos vandálicos sobre los memoriales. A veces con el silencio y apoyo no encubierto de algún jerarca ministerial ya fallecido.

El portavoz de lo peor y más deshonroso

La dictadura cívico militar, el terrorismo de Estado, fue un proyecto global e integral  de país, en el marco de la injerencia constante y agobiante en el continente de Estados Unidos. Se comenzó a implementar desde el mismo momento  en que Pacheco Areco suspendió los Consejos de Salarios, impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968 y comenzó a militarizar gremios en conflicto.

Pretendió, y lo hizo, reestructurar la sociedad uruguaya en función de los intereses y las necesidades de las elites económicas, del campo y la ciudad. Empobreció al país y redujo el poder adquisitivo de los trabajadores, los jubilados y los sectores populares.

Tuvo, como no podía ser de otra manera, el apoyo de los grandes sectores del campo, del comercio, de la banca y de la prensa  como El País. Fue un proyecto de  nación en el marco de una estrategia continental diseñada e impulsada desde Estados Unidos, que abarcó muy especialmente al Cono Sur. La brutal política represiva desencadenada fue la herramienta imprescindible para disciplinar a la sociedad e implantar dicho modelo.

Fue una tragedia nacional que por el bien del país y de su gente, nunca más debe volver a repetirse. La actuación de la justicia, el órgano del Estado con facultades plenas para hacerlo, investigando y sancionando las graves violaciones a los DDHH es decisiva para que no vuelva a ocurrir.

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Opinando N° 2 – Año 8 – Martes 19 de marzo de 2019

lunes, 18 de marzo de 2019

34.º aniversario de últimas liberaciones

Conmemoración del Día del ex Preso Político

 y recuerdo de los detenidos desaparecidos. (*)


Chela Fontora convocando a realizar un minuto de silencio en homenaje a las ex presas
y a los ex presos políticos fallecidos y a todos los detenidos desaparecidos
El Memorial a los Detenidos Desaparecidos, ubicado en el Cerro de Montevideo, fue escenario, este jueves 14, del homenaje a los protagonistas de la lucha por la reconquista de la democracia. Bajo la consigna “Con justicia, nunca más terrorismo de Estado”, se realizó una sencilla ceremonia para recordar a los ex presos políticos y a los detenidos desparecidos.

A la 34.ª conmemoración de la liberación de los presos de la dictadura asistió el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. La ceremonia comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional, tras lo cual Osvaldo Sardiña, en representación de la asociación de ex presos políticos del Uruguay, Crysol, leyó una proclama, reseñó la jornada y reivindicó el compromiso con la democracia y la libertad.

Murro recordó a aquellas personas que dieron su vida por sus ideales. “Son un ejemplo para el país de cómo, democráticamente, debemos seguir mejorando”, sostuvo. Reflexionó además sobre la necesidad de seguir luchando por la democracia, la reparación y el respeto a las instituciones. “Hay que seguir buscando a los desaparecidos, la verdad y la justicia”, enfatizó.

Por su parte, Osvaldo Sardiña señaló que en este nuevo aniversario se reivindica el compromiso con la democracia, la libertad y el futuro del país. “Estamos orgullo de haber sido parte de una epopeya colectiva que cristalizó y forjó el Uruguay actual, este Uruguay democrático que tiene que seguir avanzando hacia una sociedad más justa, libre, igualitaria y solidaria”, puntualizó.

“Como sobrevivientes del terrorismo de Estado, hemos asumido la obligación moral de denunciar una y otra vez lo ocurrido, las atrocidades sufridas por miles de uruguayos, de mantener viva la memoria de los crímenes, de homenajear a las víctimas y de promover el juzgamiento y el castigo penal de los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos”, subrayó.











Mtro. Ernesto Murro

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sábado, 16 de marzo de 2019

No ha procesado un "verdadero saneamiento"


Cuestionamientos a la Justicia de Manini Ríos reflejan 

que el Ejército no ha procesado un “verdadero saneamiento” 

tras crímenes de la dictadura, coinciden historiadores

La Diaria - 16 de marzo de 2019 

| Escribe: Mariana Cianelli en Política | Foto: Andrés Cuenca

El presidente Tabaré Vázquez y el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos en la celebración del 206 aniversario del Ejército (archivo, 2017).
El ex comandante en Jefe definirá en los próximos días si acepta la candidatura a la presidencia por Cabildo Abierto.

Luego de una sanción y varias advertencias, el martes el presidente Tabaré Vázquez aprovechó una reunión solicitada por el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, para comunicarle que había decidido removerlo del cargo. Los duros cuestionamientos a la Justicia, incluidos en la nota enviada al Poder Ejecutivo sobre los fallos del Tribunal Especial de Honor en torno a la conducta de los represores Luis Maurente, Jorge Silveira y José Nino Gavazzo, condenados por múltiples violaciones a los derechos humanos en el marco del terrorismo de Estado, llevó al gobierno a cesarlo de funciones y disponer su pase a retiro. 

El ex comandante en jefe afirmó en la nota que en el Ejército existe la convicción de que se “aplicó una suerte de derecho para el enemigo” a los uniformados, que los militares muchas veces son considerados culpables antes de ser juzgados, sin las “garantías del debido proceso”, condenados con pruebas “fraguadas o inventadas”. “No ha habido juicios imparciales” a los uniformados, aseveró.

Ya destituido, con el uniforme militar puesto, el ex comandante en jefe usó la cuenta institucional del Ejército en Youtube para dar un mensaje de despedida a la fuerza militar. En el video, Manini Ríos volvió a explicitar su parecer sobre la Justicia y dijo que “nunca” justificó situaciones que pudieran ser “deshonrosas” para la institución, pero reiteró que en muchas oportunidades la Justicia “actuó sin pruebas” y “sin respetar los principios elementales del derecho”. 

También se refirió al clima de “reciente deterioro en la relación con el mando superior” y tildó de “inédita” la sanción de 30 días de arresto a rigor que se le aplicó por sus apreciaciones en contra de la reforma de la Caja Militar y las críticas al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.

Luego habló de su intención de incursionar en la política partidaria y resaltó que si entendiera que la “trinchera política” es la “única” que le permite “lograr para la institución militar y para los más frágiles la justicia que no he podido lograr desde otros puestos de lucha”, está plenamente dispuesto a recorrer ese camino. Manini Ríos sostuvo que ha “tratado sacar adelante al Ejército” y, en esa supuesta tarea, ha enfrentado “la incomprensión de muchos”, las “falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad”, que están “ enceguecidos en su soberbia o atrapados en sus prejuicios ideológicos”.

El Ministerio de Defensa Nacional bajó el video de la página institucional del Ejército y, según dijeron fuentes de la cartera a la diaria, van a “evaluar” la situación. Si bien se dispuso su pase a retiro, según indicaron las fuentes, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de sancionarlo durante cuatro años luego del cese de su actividad.

Un debate pendiente

Hoy, el Plenario Nacional del Frente Amplio discutirá sobre una posible “racionalización” de las Fuerzas Armadas en un eventual período de gobierno, informó el viernes El País. Los temas vinculados con la defensa quedaron en el tintero en el último Congreso de la fuerza política y serán retomados en el marco del plenario. El oficialismo discutirá sobre la posibilidad de reducir paulatinamente la estructura piramidal de las fuerzas.

El partido Cabildo Abierto, recientemente inscripto en la Corte Electoral, hace tiempo viene coqueteando con la idea de catapultar a Manini Ríos a la política partidaria. El partido, cuyo sublema es Movimiento Social Artiguista (MSA), improvisó rápidamente una conferencia de prensa en el hotel Ibis Montevideo para anunciar que le propondrá al ex comandante en jefe que sea el precandidato presidencial del lema. 

El escribano Guillermo Domenech, presidente del partido, fue el que habló durante toda la conferencia de prensa y dejó en claro cuáles son las referencias que motivan al lema. Cabildo Abierto se inspira en el “ideario artiguista” y busca restablecer la “confianza” entre los ciudadanos y sus representantes. 

Domenech dijo que el partido no se iba a encasillar ni en la izquierda ni en derecha y reiteró que los lineamientos básicos del partido están “en la doctrina artiguista”. “Que los más infelices sean los más privilegiados”, dijo Domenech, y añadió: “Eso fue lo que pretendió Guido Manini Ríos en su ejecutoría como comandante en jefe del Ejército; se preocupó por la tropa, no por los oficiales, y hoy el país necesita de eso... Cuando usted camina por las calles de Montevideo y ve gente tirada debajo de los antepechos de las ventanas, hay un llamado a la responsabilidad de todos los orientales para que eso no siga sucediendo”.

Ayer Domenech contó a la diaria que Manini Ríos le dijo que se tomará “unos días” para analizar la propuesta. “Nosotros seguimos pensando que va a aceptar [ser precandidato]”, acotó Domenech, y agregó que le parece “razonable” que se tome unos días para pensarlo.

Las derechas

No sólo el partido Cabildo Abierto ve con buenos ojos la precandidatura de Manini Ríos: el movimiento Unidos Podemos, integrado mayoritariamente por militares retirados, que surgió a fines de 2017, también valoró como positivo que el ex comandante en jefe incursione en la política. 

Así lo dejó entrever el coronel retirado Héctor Rovira, integrante del movimiento, en diálogo con Radio Uruguay, el 16 de enero: “Ellos postulan la figura del comandante en jefe del Ejército a futuro y nosotros lo vemos como muy positivo”, porque es un “hombre que evidentemente ha marcado un hito” en el Ejército y que se puede pensar como “un candidato muy importante”, afirmó. También consideró que el partido Cabildo Abierto, por ese entonces llamado MSA, nació con los “mismos principios” que ellos y dijo que tiene muchas personas conocidas en sus filas.

La historiadora Magdalena Broquetas habló con la diaria sobre el campo de las derechas en Uruguay. En nuestro país, dijo, las facciones partidarias de derecha siempre han tenido un peso importante, y pueden reconocerse en el plano social. En particular, las facciones de derecha pueden encontrarse presentes a nivel latinoamericano y mundial en dos grandes instituciones: la iglesia católica y las Fuerzas Armadas (FFAA). “En el caso uruguayo son dos actores sociales con una fuerza relativa pero nada despreciable”, advirtió. Si bien el Ejército tiene en su constitución orgánica la imposibilidad de hacer política, Broquetas explicó que en realidad siempre que la corporación militar se ha sentido amenazada se ha manifestado, ya fuera a nivel interno o acercándose a sectores de las derechas de los partidos.

Es posible encontrar en el discurso de estos movimientos militares la idea “salvacionista”, explicó Broquetas, y añadió: “Es esa idea de que el último reducto de la nación es, en definitiva, el Ejército, y que como son los verdaderos depositarios del sentimiento nacional, si tienen que salir, van a salir. Ahí aparecen los discursos muy poco democráticos”.

“Es muy grave”

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, se comunicó el jueves con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, María Elena Martínez, para conversar sobre las implicancias de los dichos de Manini Ríos, informó Subrayado. El fiscal expresó que solicitó una copia auténtica de la nota elevada por el ex comandante en jefe al Poder Ejecutivo para poder verla “en su totalidad”, porque parecen ser “muy preocupantes”. “Lo que dice la resolución del Poder Ejecutivo es que Manini habría dicho que un militar citado por la Justicia no tiene las garantías del debido proceso” y es condenado por pruebas “fraguadas” o “inventadas”. El fiscal se mostró muy “preocupado” por este tipo de cuestionamientos y manifestó que, en principio, es “muy grave” lo que afirmó.

En La trama autoritaria: derechas y violencia en Uruguay (1958-1966), la historiadora muestra que las facciones militares han tenido una incidencia notoria en la política durante todo el siglo XX. Allí pone el foco, entre otras cosas, en el surgimiento de la Legión Artiguista, fundada en 1961, y la forma en que los militares trascienden sus funciones en el marco de esta organización. Broquetas sostiene en el libro que si bien esta organización “compartía varios de los postulados y modos de acción de la derecha conservadora”, “presentó diferencias significativas que la alejaban de sus contemporáneos demócratas”.

La organización, cuenta la autora en el libro, reivindicaba la “dimensión militar del artiguismo” y colocaba al comunismo en la antípodas del “ideario y la lucha de Artigas”. “La promoción de un artiguismo activo fue una de las piedras angulares de la acción de este movimiento”, escribió. La Legión Artiguista puede ser considerada un antecedente de la Logia Tenientes de Artigas. Surgida el 25 de agosto de 1965, esta logia contó en sus filas con militares de “perfil nacionalista”, narra en el libro Broquetas, y añade que la organización, considerada “artiguista, nacionalista y antibatllista” tuvo un rol “decisivo” en la “concreción del golpe militar de 1973”.

La reivindicación de la figura de Artigas por estos grupos militares no es casual. Broquetas sostiene que es una “figura en disputa” y, por lo tanto, está “vaciada de contenido”. “La reivindicación militar de Artigas es de un Artigas que antecede a los partidos, y que es militar”, agregó Broquetas en diálogo con la diaria. 

Los movimientos de militares, añadió, recortan la dimensión social del proyecto artiguista y reivindican su condición militar. “Lo sumamente llamativo es que trascienden su función militar y salen como portavoces de la salvación nacional y eso cataliza un tipo de nacionalismo, que tiene toda una tradición en Uruguay, que es un nacionalismo de derecha, en el que el Ejército se posiciona en un lugar salvacionista y hace una lectura muy sesgada y muy particular del artiguismo, que tiene puntos de contacto con otros sectores de la derecha, pero que es muy propia”. “Si hay crisis, como dice Manini Ríos, el Ejército tendría un papel que jugar. Ese es un discurso muy subversivo”.

Producto de la impunidad

Desde que asumió su cargo como comandante en jefe, Manini Ríos cruzó varias veces la frontera de lo permitido. El historiador Aldo Marchesi destacó que si bien históricamente ha habido algunos episodios de desacato, lo de Manini Ríos configuraría una “crónica de una destitución anunciada”, porque las actitudes han sido explicitadas a lo largo del tiempo. Para Marchesi, es bastante claro que nuevamente lo que sucede en Brasil tiene un impacto en la política de nuestro país. Así como el golpe brasileño de 1964 tuvo consecuencias dentro de la esfera militar uruguaya, en los últimos años la relación entre el Ejército brasilero y Manini Ríos ha sido bastante cercana.

Marchesi rescató una característica común entre los ejércitos brasileño y el uruguayo: “Son los ejércitos que en alguna medida resultaron menos afectados por los proceso de la justicia transicional en la región”. Tanto en el caso argentino como en el chileno existieron pedidos de disculpas y quiebres generacionales, explicó. Sin embargo, el Ejército brasileño siguió reivindicando “internamente la dictadura como una experiencia legítima”, acotó, y añadió que en el caso uruguayo no parece haber existido “quiebre o ruptura” respecto del legado dictatorial.

Broquetas compartió esa lectura y se refirió a una transición “trunca” que atraviesa a las FFAA uruguayas en la actualidad. “No ha habido un verdadero saneamiento del Ejército”, acotó, y recordó que la gota que desbordó el vaso fue el cuestionamiento de Manini Ríos a la Justicia ordinaria. En particular, cuestionó las condenas a los represores Gavazzo, Maurente y Silveira. “Entonces es un Ejército que no sólo no ha atravesado procesos acabados, limpios, profundos de Justicia sino que sigue teniendo espacios para decir en voz alta que lo que hicieron está bien y que la Justicia no tiene ningún derecho a entrometerse”, agregó.

Viejas mañas

Varios integrantes de la familia del ex comandante en jefe se encuentran ultimando detalles para relanzar el periódico La Mañana, fundado en 1916 por el abuelo del ex jerarca militar, Pedro Manini Ríos, informó el jueves el semanario Búsqueda. Los impulsores de la iniciativa son Hugo Manini, hermano del ex comandante en jefe, productor arrocero, que integró la Juventud Uruguaya de Pie (JUP), en 1970, y su hija Manuela Manini; Alberto Manini y el periodista y secretario del partido Cabildo Abierto, Marcos Methol.

La historiadora Magdalena Broquetas explicó que La Mañana fue uno de los diarios de la derecha colorada del siglo XX. “Representa históricamente la posición y la voz del riverismo, que es la primera escisión a la derecha del batllismo, en 1913”, explicó, y continuó relatando el papel que desempeñó a lo largo de la historia: “La Mañana en los años 20 representa a los sectores contrarios al batllismo; en los años 30 apoya la dictadura de Terra; representa a los sectores patronales y empresariales. En los años 40 y 50 se posiciona como un diario muy anticomunista. En los 60 y 70 se vuelve el diario oficialista, que va a ser un puntal del anticomunismo”, expresó. La Mañana fue un diario antiizquierdista, que tuvo un papel clave en la construcción del “enemigo interno y, por supuesto, en la justificación del golpe de Estado”, explicó Broquetas.

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(*) La difusión de la presente nota periodística es meramente de carácter informativo y no supone ningún grado de aceptación y/o compromiso con los conceptos, opiniones o comentarios que en la misma se formulan.

No consideró al yerno de Nino Gavazzo


Tabaré Vázquez no consideró al yerno de Nino Gavazzo 

para un ascenso a general

La Diaria - 15 de marzo de 2019 | Ahora | Foto: Andrés Cuenca



El Ejército lo incluyó en una lista de candidatos para convertirse en general.

Los movimientos internos dentro del Ejército -con la destitución del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, su sustitución por parte del general José González, y el ascenso de Alfredo Erramún a jefe de Estado Mayor de la Defensa en febrero-, generaron que quedaran vacantes dos puestos de generales.

El Ejército armó una lista con los nombres de los mejores candidatos para ser ascendidos a general. En ella figuraba el coronel Hugo José Pablo Iglesias Torello, quien está casado con una de las hijas de José Nino Gavazzo. Iglesias es, desde el 2 de marzo, agregado de defensa en la embajada uruguaya en Rusia.

Según fuentes castrenses consultadas por El País y la radio Sarandí, Iglesias era uno de los candidatos más destacados. Sin embargo, el presidente Tabaré Vázquez, responsable de la decisión como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, decidió que su nombre no estuviera incluido entre los ascendidos.

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viernes, 15 de marzo de 2019

Manini Ríos: declaraciones absolutamente falsas

También la asociación de expresos políticos, Crysol, se refirió a los dichos del ex comandante en jefe del Ejército. 

Los oficiales militares no están en condiciones de hacer declaraciones de carácter político y claramente lo dicho por Manini Ríos fue por razones electorales, dijo Gastón Grisoni de Crysol.




Alocución de Osvaldo "Coqueiro" Sardiña el 14.3.19


martes, 12 de marzo de 2019

14 de marzo: Día de la y del ex preso político

El próximo jueves 14 de marzo se cumplen 34 años desde la liberación de los
últimos presos políticos de la dictadura.

Ese día,  a las 17 horas,  celebraremos el Día de la y del ex preso político  en el
Memorial de los Detenidos Desaparecidos en el  Cerro.

Bajo  la consigna de “Con Justicia, nunca más terrorismo de Estado”,  
además de recordar y homenajear a todas y todos quiénes ya fallecieron, 
expresaremos los puntos de vista del colectivo al inicio del año. 

No existiendo obstáculos legales que lo impidan, demandaremos un más 
enérgico accionar por parte del Poder Judicial y de su máximo órgano, la 
Suprema Corte de Justicia.

La ceremonia será breve y comenzará en forma puntual.

Se llevará a cabo un minuto de silencio en recordación de todos los ex presos 
políticos fallecidos y de los detenidos desaparecidos. Se entonarán las estrofas 
del Himno Nacional en su honor y habrá una oratoria de Crysol,  a cargo de 
Osvaldo "Coqueiro" Sardiña, que no se extenderá más de 15 minutos.

La actividad se realizará en el Parque Vaz Ferreira, en el Memorial a los 
Detenidos Desaparecidos, en el Cerro.



La actividad no se suspende por lluvia

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Crysol presente el 8 de marzo



Foto: cortesía de Jorge Castelli

Impresionante acogida juvenil a las compañeras

(ver video)

Gral Erramún: el “modelo” es la ley


Hace unas semanas, al asumir como Jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), el Gral Alfredo Erramún señaló que deberían ofrecerse garantías a los militares que tuvieran información sobre los Detenidos Desaparecidos para que la proporcionaran. Al mismo tiempo exaltó el “modelo sudafricano” de transición. En Sudáfrica, al finalizar el oprobioso régimen, se amnistió a quienes suministraran información y dieran muestras de arrepentimiento. Fue una salida para una problemática específica, en un país particular y en condiciones históricas especiales.

Porqué un trato preferencial para los terroristas estatales?

Al ser escuchada, la propuesta para la temática de las graves violaciones a los DDHH del terrorismo del Gral Alfredo Erramún, suena atractiva para los oídos de los medios de comunicación como El País y la comunidad integrante de la dictadura cívico militar. Si se la lleva a términos prácticos y cotidianos, es una opción no viable, no se puede extender a todos los delitos. Si se aplicara genéricamente, la vida en sociedad no existiría.

Para hacer posible la vida en comunidad existen leyes que regulan la convivencia en todos los planos. Quienes las transgreden y violentan son sancionados, para evitar que reincidan se los aparta de la vida social, se los recluye en centros especiales.

Si se generalizara la propuesta del Gral Alfredo Errasmún, se vaciarían las cárceles. Todos los criminales, diciendo la verdad, ofreciendo información, tendrían garantías, dando señales de arrepentimiento serían amnistiados, recobrarían su libertad y se reintegrarían a la vida social tranquilamente. Una alternativa absolutamente descabellada: el horror de la tolerancia cero y del vivir sin miedo.

Crímenes de Lesa Humanidad

Las violaciones a los DDHH que se cometieron en el país durante el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 incluyen casi doscientos Detenidos Desaparecidos, pero no se limitan solamente a ese tipo de atrocidades. Hubo, además, asesinatos, secuestros, detenciones ilegales, torturas, etc: una larga lista de acciones que se califican y tipifican como delitos.

Desde la Segunda Guerra Mundial, para la comunidad internacional, excluida la Suprema Corte de Justicia uruguaya, todos los delitos que se cometieron en nuestro país, en función de tratados que se firmaron al respecto, constituyen Crímenes de Lesa Humanidad: no prescriben con el paso del tiempo, no pueden ser amnistiados ni beneficiarse de indultos o institutos similares.

Para desplegar un trabajo enfocado y profesional en la persecución de los mismos, incluso, se aprobó una ley específica creando una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Desde su creación, al frente de la misma, se encuentra el Dr Ricardo Perciballe.

Vale la pena recordar que, a diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, en el marco del Plan Cóndor que promovió y apoyó el gobierno de EEUU, mientras Henry Kissinger era el Secretario de Estado, en Uruguay la prisión masiva de ciudadanos, asociada a la tortura y a condiciones prolongadas e inhumanas de reclusión, fue la metodología deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas (FFAA) para destruir a los opositores y gobernar mediante el terror. Se estima que más de 25.000 ciudadanos fueron privados de su libertad y sometidos a torturas.

Desde la aprobación de  la Declaración del Estado de Guerra Interno,  por la Asamblea General del Parlamento el 15 de abril de 1972, más de 7.500 ciudadanos fueron  condenados por tribunales militares, luego de haber sido torturados, sin defensa legal, sin garantías de ninguna naturaleza, luego de semanas de estar secuestrados, incomunicados, sin contacto con el mundo exterior.

Fortalecer el Estado de Derecho y la democracia

Las declaraciones del Gral Alfredo Erramún ponen de manifiesto un claro desconocimiento de las normas de DDHH vigentes en el país. Las normas de Derechos Humanos son una conquista de la humanidad, un logro de los pueblos. Se orientan a dignificar y humanizar la vida en sociedad, en hacerla más placentera.

Las normas de DDHH tienen el mismo valor y la misma jerarquía que el resto de las normas legales que regulan la vida en sociedad, aunque aún haya estratos importantes de la sociedad que las ignoran y las desconocen.

En Uruguay, a casi 34 años del regreso a la democracia, solo un pequeño grupo de involucrados en las graves violaciones a los DDHH durante el doloroso proceso cívico militar han sido juzgados y condenados. Han disfrutado de todas las garantías legales habidas y por haber. Han sido procesados por delitos comunes y en función de ello, incluso, algunos de ellos, abusivamente, gozan de espléndidas prisiones domiciliarias.

Hasta el momento solo se ha logrado encontrar los restos de cuatro Detenidos Desaparecidos y se han identificado los pertenecientes a quien fuera secuestrado y asesinado en marzo de 1973, antes de la disolución de las Cámaras.

No hay antídotos para evitar los dramas históricos que sufren los pueblos de América Latina. Los mismos que impulsaron la secuela de golpes militares como medidas profilácticas luego de la Revolución Cubana y promovieron el Plan Cóndor, son los mismos que hoy acosan a Venezuela y nos agobian, como hacían durante el terrorismo, con campañas mediáticas a través de El País, las cadenas televisivas y las redes en su poder.

La investigación, el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos, la sanción penal y administrativa, son medidas necesarias e indispensables para hacer justicia y, fundamentalmente, para afirmar la democracia, la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.

La Resolución 60/147 de la ONU

Verdad, Justicia, Memoria, Reparación Integral y garantías de no repetición, son medidas ejemplares, explicitadas en la Resolución 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas para superar situaciones traumáticas como las vividas por Uruguay. Su implementación es responsabilidad de todo el Estado, de sus tres órganos, incluyendo al Presidente de la República que debe enviar a la brevedad posible el proyecto de ley para superar las injusticias que sufren las y los ex presos políticos.

El Gral Erramún dejó muy claro que hay quienes saben. Ocultan la información. El Poder Judicial debe cumplir con sus cometidos legales. La Suprema Corte de Justicia debería asumir su liderazgo al respecto en base a las disposiciones y las normas legales vigentes. Ese es el camino.

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Opinando N° 1 – Año 8 – Martes  26 de febrero de 2019

viernes, 22 de febrero de 2019

Charla Dr Henry Engler - Crysol


Charla del Dr. Henry Engler
en la sede de Crysol
el martes 19 de febrero de 2019.

En la foto, junto al Vicepresidente de Crysol Baldemar Taroco

y Chela Fontora.

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jueves, 27 de diciembre de 2018

Piden reabrir el "caso Roslik"

Fiscalía de Crímenes de Lesa Humanidad pidió reabrir el “caso Roslik”

 Escribe Sergio Israel

Búsqueda Nº2001 - 27 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 02 DE ENERO DE 2019


Entre 1962 y 1969 Vladimir Roslik estudió Medicina en Moscú. Foto: Familia Roslik
Valoia, como muchos de sus vecinos y pacientes, tenía apellidos y rasgos eslavos, pero, igual que la mayoría del pueblo de San Javier, no era comunista sino apenas de origen ruso.

Cuando en 1962 dejó la colonia ubicada al norte del departamento de Río Negro para estudiar la carrera de Medicina en la Unión Soviética, Vladimir Roslik se prometió no perder tiempo y regresó pronto para ejercer en su pueblo.

En 1980 seguía con una vida apacible, trabajando en la profesión, y era el presidente del Centro Cultural Máximo Gorki cuando una pesadilla le cayó encima. Fue detenido, torturado y enviado al penal de Libertad por integrar una supuesta célula terrorista, aunque él solo sabía de curar algunas enfermedades. Del centro cultural apenas se pudieron llevar unas botas de bailes rusos y ucranianos y de la chacra de unos vecinos una vieja escopeta de un solo tiro.

La historia volvió a repetirse el domingo 15 de abril de 1984, cuando menos se esperaba, pero esta vez su esposa Mary Zavalkin en lugar de un paquete de ropa sucia o una visita recibió un cadáver y un certificado.

La prensa, los partidos políticos, entre ellos el Partido Colorado, el Colegio de Abogados y los organismos de derechos humanos presionaron como nunca antes y el entonces mayor Sergio Caubarrére fue procesado, ese mismo año, por la Justicia Militar por ataque a la fuerza moral de las Fuerzas Armadas por abuso de autoridad y homicidio culpable. Estuvo preso cuatro meses y 18 días.

En la Justicia ordinaria la muerte de Roslik no tuvo consecuencias. Aunque se abrió una investigación, en 2014 un tribunal de apelaciones ordenó su archivo por considerar que existió “cosa juzgada”, ya que Caubarrére había sido condenado por la Justicia Militar, y porque el crimen había prescripto después de años sin avances en la causa.

Sin embargo, esta semana, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad a cargo de Ricardo Perciballe se pronunció a favor del pedido de los familiares de Roslik de desarchivar la causa. Según el fiscal, se trata de un caso de “cosa juzgada aparente o fraudulenta”.

En un escrito de 33 páginas, al que accedió Búsqueda, Perciballe repasó las circunstancias de lo que se conoció como la última víctima mortal de la dictadura y el trámite judicial que tuvo el caso.

Luego de analizar los “distintos problemas jurídicos” vinculados a la causa, Perciballe se pronunció en un sentido diferente al tribunal que dispuso el archivo —integrado entonces por los magistrados William Corujo, José Balcaldi y Daniel Tapié. En el fallo de 2014 los ministros afirmaron que “no se puede atribuir al indagado en un proceso penal que soporte la carga del retardo en la administración, lo cual traería como resultado el menoscabo de los derechos que le confiere la ley”. (Búsqueda Nº 1.766).

Perciballe, en cambio, buscó otro camino argumental y se afilió a lo que la doctrina de los organismos protectores de los derechos humanos denominan “cosa juzgada aparente o fraudulenta”. Considera que en este caso no se estaría violando el principio de non bis in idem (no se puede juzgar dos veces el mismo hecho), ya que la doble persecución no se produce cuando actúa un tribunal parcial o dependiente, como es el caso de la Justicia Militar, que tuvo “por objeto favorecer la situación del perseguido o lisa y llanamente su impunidad”.

Perciballe recordó que la primera vez que se estableció este requisito fue en el Estatuto del Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia en 1993 y luego en Ruanda al año siguiente.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad concluyó que “solo se puede hablar de cosa juzgada sustancial, si la sentencia fue el fruto del apego a las exigencias legales que proceden a la misma” y menciona antecedentes más recientes de Chile y República Dominicana.

Según Perciballe, el fallo del tribunal, redactado por el ministro Corujo, no tiene en cuenta que lo que se considera cosa juzgada fue realizado por un instructor y decisor militar y que “por ende no guarda las mínimas exigencias requeridas por los acuerdos internacionales en materia de juez natural”.

Y señala como ejemplo que “los únicos que declararon fueron los propios militares que se encontraban en el momento del interrogatorio y muerte del Dr. Vladimir Roslik”, “todos sujetos a jerarquía y/o eventualmente sospechosos del hecho”. En cambio, “no se tomó declaración a la cónyuge de Roslik o a su entorno familiar”, ni a otros detenidos que habrían sido enfrentados al médico para que aceptara los hechos que se le imputaran.

Acerca de la prescripción, el fiscal sostuvo que tanto en primera como en segunda instancia no se explica con claridad sobre qué delitos se dispuso. A juicio de Perciballe, es posible que la prescripción refiera al delito de omisión de denuncia, encubrimiento y falsificación material de documento público presentada por el Ministerio de Salud Pública contra el doctor Eduardo Saiz Pedrini, que firmó la primera autopsia de Roslik.

A contrapelo de la historia

“Vladimir Andrés Roslik Bichkov nació el 14 de mayo de 1941, por lo que al momento de la detención tenía 43 años y se desconocía que tuviera alguna enfermedad que pudiera prever su muerte a tan temprana edad”, sostiene el dictamen sobre el médico de la colonia rusa de San Javier.

La muerte del médico del pueblo de origen ruso, según el fiscal, se produjo en un operativo montado a “contra pelo de la historia”, porque a pesar de que aún existía la dictadura, los partidos políticos se reorganizaban para el retorno a la democracia.

La versión oficial, avalada entonces por el comandante del Ejército Pedro Aranco y el jefe de la división de Ejército III, general Hugo Medina, sostenía que el detenido había fallecido debido a “un paro cardiorrespitatorio sin muestras de violencia en el curso de los careos”, pero una segunda autopsia hecha por médicos militares y policiales en Paysandú a instancias de la viuda, apuntó a una anemia producida por la tortura.

En efecto, los médicos Gonzalo Zuasti, Adolfo Montauban y Aníbal Mojoli constataron lesiones de índole traumática, superficiales, parietales y viscerales y síntomas de asfixia.

Para Perciballe “no cabe lugar a dudas que el accionar de los responsables de dicha muerte queda alcanzado por la figura penal del homicidio muy especialmente agravado por la grave sevicia y por cometerse en el marco de otros delitos”.

Fuentes del ámbito judicial explicaron a Búsqueda que el paso siguiente es que la jueza a cargo del expediente resuelva si admite o no el desarchivo y en caso afirmativo puede pasarlo de nuevo a la Fiscalía para que aporte las pruebas del caso. En caso de que los indagados apelen deberá resolver nuevamente un tribunal de apelaciones. También es posible que la jueza no admita la reapertura y en ese caso es muy probable que sea la Fiscalía la que recurra el fallo.

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