La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Datos

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com

Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.30 a 19 horas. Cuota social: $ 240.-

martes, 9 de noviembre de 2021

Un foro para los Crímenes de Lesa Humanidad

La iniciativa de un grupo de integrantes del autodenominado Foro de Montevideo de solicitar una amnistía para los condenados por las atroces violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de  Estado es repudiable: desconoce todas las normas internacionales y nacionales al respecto.

Los represores  merecen la mayor condena pública y la mayor severidad judicial, no la solidaridad espiritual, moral y política.

Todos los condenados han gozado de las máximas garantías legales y procesales, con pruebas y evidencias abrumadoras; a nadie se le ha aplicado una ley retroactiva y se les han tipificado delitos previstos en el viejo Código Penal.

Desde el Tribunal de Nuremberg al cual nuestro país adhirió, la investigación, el esclarecimiento y la sanción de los responsables de las desapariciones, de los crímenes, de los secuestros, de las torturas y de otros execrables delitos, por parte del Poder Judicial, es el camino a seguir para que no vuelvan a ocurrir,  

Las Fuerzas Armadas asaltaron las instituciones democráticas  en el año 1973. La dictadura cívico militar, alentada por el gobierno de EEUU, fue una enorme calamidad nacional cuyos efectos desastrosos aún perduran.

Ante esta ofensiva publicitaria, política y parlamentaria de los nostálgicos de la dictadura que intenta otorgar, además, prisión domiciliaria para los terroristas estatales, trasmitiremos nuestra inquietud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros foros similares.

Junto a toda la ciudadanía democrática redoblaremos nuestros esfuerzos militantes para lograr que estas iniciativas no prosperen y que los responsables de las grandes violaciones a los derechos humanos de la dictadura, crímenes de Lesa Humanidad, sean juzgados, condenados y cumplan los castigos penales que las normas establecen y con la severidad que merecen. 

Crysol

Asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay

8 de noviembre de 2021

jueves, 4 de noviembre de 2021

Desproporcionada, intencional y muy peligrosa

                  

Expresamos nuestro frontal rechazo a la reciente decisión judicial de procesar a un   grupo   de   personas “deliberadamente   seleccionadas”   por   haberparticipado en una actividad de protesta pacífica en febrero del año 2013 en la puerta y en la sede del Poder Judicial cuando la Suprema Corte de Justicia, presidida por el Dr. Jorge Ruibal Pino sancionó a la Dra. Mariana Mota.

La propia sentencia deja en claro que se trató de una actividad convocada públicamente por varias organizaciones sociales, cubierta por medios masivos de comunicación, pacífica, momentánea y transitoria, que no generó daños y fue disuelta  rápidamente  por  la  policía  sin  necesidad  de  emplear  medios  de disuasión de ningún tipo.

Queda en evidencia la intencionalidad política de criminalizar la protesta social del promotor de la causa, el fiscal Dr. Gustavo Zubía, hoy parlamentario, firme defensor de la prepotencia policial y del gatillo fácil, un punitivista empedernido y de la LUC, ley  de la cual casi 800.000 personas han manifestado su decisión de anular 135 artículos y meta que acompañamos como colectivo organizado.

En defensa de la institucionalidad democrática, fallos como éste remarcan la importancia de lograr objetivos como la más profunda democratización del Poder Judicial, obtener  que todos los jueces sean designados mediante procedimientos claros, transparentes y democráticos, por concurso, y que la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia sea transparente y cristalina, de cara a toda la ciudadanía como hemos reclamo de manera reiterada.

Ratificamos de manera pública nuestra solidaridad y apoyo a los procesados, algunos de los cuales fueron presos políticos durante el terrorismo de Estado, al mismo tiempo que redoblaremos nuestros esfuerzos militantes para lograr que los responsables de las grandes violaciones a los derechos humanos de la dictadura, crímenes de Lesa Humanidad, sean juzgados, condenados y cumplan los castigos penales que las normas establecen.


viernes, 29 de octubre de 2021

La marca indeleble del poder

 EL CONTENIDO DEL TRIBUNAL DE HONOR CENSURADO POR EL

 GOBIERNO: NOMBRES Y EMPRESAS DETRÁS DE UN NEGOCIADO 

IMPULSADO POR GREGORIO ÁLVAREZ


Por Samuel Blixen – Brecha 29 10 21


El secreto impuesto al documento que revela los entretelones del Operativo Conserva solo puede interpretarse como la determinación de prolongar la impunidad sobre un negociado impulsado por el dictador Gregorio Álvarez y que desnuda la trama mafiosa de militares y empresarios a la sombra del poder. Brecha accedió al tribunal de honor del teniente coronel Armando Méndez, ocultado por el gobierno. En la documentación, el militar recientemente procesado por crímenes de lesa humanidad involucra a Carlos Mattos Moglia, tío del actual ministro de Ganadería, en una maniobra que favoreció a un grupo de frigoríficos a costa de dineros públicos.


Armando Méndez, director de Aduanas en la década de los noventa Nancy Urrutia


Mediante la resolución 77.015, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, ordenó «clasificar como información reservada la totalidad de las actuaciones del tribunal de honor del teniente coronel en situación de retiro Armando Méndez Caban por un período de 15 años desde su clasificación». Ello supone que la ciudadanía, los investigadores, los periodistas y, fundamentalmente, la asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos –que pidió el acceso a ese documento– recién podrán conocer su contenido en setiembre de 2036. El ministro justificó esa draconiana censura amparándose en los términos del artículo 9 de la Ley del Derecho de Acceso a la Información Pública, que autoriza la clasificación cuando se fundamente debidamente «la existencia de elementos objetivos que permitan determinar que la divulgación de la misma genera un riesgo claro, probable y específico de daño al interés público». La resolución no incluye la fundamentación que reclama la ley, pero en sus declaraciones a los medios de prensa García argumentó que el tribunal de honor de Méndez no estaba relacionado con «cuestiones de derechos humanos, porque se refiere a un tema comercial con elementos personales». Para redondear la justificación, dijo que «todos los tribunales vinculados a derechos humanos» son entregados, «a diferencia de lo que sucedía en otras administraciones».

 

Un pequeño tropezón: el tribunal de honor que García clasifica como reservado está incluido en el legajo personal de Méndez, y ese legajo fue entregado al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) en 2018 por Jorge Menéndez, el ministro de Defensa Nacional de la época. Puesto que ese legajo integraba la documentación que el GTVJ entregó a Cruzar, un proyecto universitario multidisciplinario para sistematizar archivos militares, es posible consultar el contenido de ese tribunal de honor (que Brecha publicará oportunamente en su página web) y descubrir dónde se anidan los «elementos objetivos de daño al interés público» que justifican su clasificación, su ocultamiento por 15 años. El «tema comercial» que invoca el ministro es el llamado Operativo Conserva, un negociado de mediados de 1982 que, con la exportación de carne para la producción de corned beef, enriqueció aún más a empresarios de frigoríficos y terminó detonando la compra de carteras deudoras, operación por la que los bancos extranjeros se desembarazaron de deudas incobrables en perjuicio del Estado. Y las «cuestiones personales» refieren a la identificación que el entonces mayor Méndez hacía de los responsables del negociado mediante declaraciones a tres coroneles designados para juzgarlo.

 

Integrado por los coroneles Juan Zerpa, Omar Goldaracena y José Chialanza, el tribunal de honor sesionó en agosto de 1982, inmediatamente después de que el presidente de la república, el general retirado Gregorio Goyo Álvarez, ordenara la sanción máxima (arresto a rigor de 30 días) por deslealtad de Méndez hacia los miembros del gobierno y de las Fuerzas Armadas en el transcurso de la puesta en práctica del Operativo Conserva. En el testimonio de Méndez aparecen, por primera vez, los detallados entretelones del Operativo Conserva que, en 1985, el Parlamento fue incapaz de investigar y que la Justicia, al archivar el caso, fue incapaz de juzgar y penar. Lejos de cuestiones personales, el documento revela la responsabilidad de militares y civiles que operaron en el centro del poder para beneficio de una rosca. La clasificación de reserva no solo esconde una porción de la historia reciente y la responsabilidad de jerarcas, empresarios y políticos, sino que, además, protege de una incómoda comparación entre prácticas antiguas y prácticas actuales.


Archivo Chelle


EL ENFRENTAMIENTO ENTRE DOS TERRORISTAS DE ESTADO

 

Álvarez, autoproclamado presidente de la república, y Méndez, designado presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), ya habían contribuido generosamente a la dictadura con asesinatos y desapariciones, de modo que en 1982 podían, cada uno desde su respectiva trinchera, enfrentar los desafíos que, en vísperas de las elecciones internas de los partidos políticos, anunciaban los descalabros económicos que agotarían el proyecto cuartelero y precipitarían la negociación para la salida democrática. En el cónclave gubernamental de Piriápolis de noviembre de 1981, la cúpula militar y política analizó, entre otros problemas, el abultado stock de ganado que no se faenaba ni para la exportación ni para el abasto interno y peligraba derivar en una mortandad generalizada en medio de una sequía persistente.

 

Diversas misiones comerciales –a Jordania, Italia, Egipto e Irán– procuraban concretar la exportación de carne bovina y ovina, pero una dificultad adicional era la colocación de ganado para «manufactura y conserva» (es decir, flaco). La idea de faenar 14.600 toneladas para la producción de corned beef surgió en el entorno de Álvarez (véase la nota aparte sobre los detalles del negociado). Del testimonio de Méndez en el tribunal de honor surge que los dos principales ejecutores del operativo fueron el ministro de Agricultura y Pesca, Carlos Mattos Moglia (tío de Fernando Mattos, actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, asesor de UPM y expresidente de la Asociación Rural), y el empresario José María Alori, cabeza del grupo económico Alori Oyenard. El protagonismo del dictador es el de titiritero que mueve las marionetas a su antojo.

Antes de acceder al ministerio, Mattos Moglia había sido presidente de la Asociación Rural y respaldado la reestructuración de la industria frigorífica, que terminó liquidando al Frigorífico Nacional como ente testigo. Por su parte, en el momento del Operativo Conserva, Alori era director del Frigorífico Carrasco, integraba la Cámara de Industrias Frigoríficas y era director del Banco Pan de Azúcar. Antiguo director de Establecimientos Frigoríficos del Cerro SA, su grupo económico controlaba unos 15 establecimientos agropecuarios, uno de los cuales, Las Mercedes, explotaba junto con Álvarez. Los vínculos del presidente y el empresario exhibían otro eslabón: Rosario Flores, esposa del dictador, también integraba el directorio del Frigorífico Carrasco, del que era abogado Enrique Tarigo. Si la relación comercial entre Álvarez y Alori permitía afirmar que en las transacciones ganaderas ambos llegaban a controlar los precios de las haciendas, y junto con un terrateniente de Cerro Largo de apellido Arigón eran conocidos como La Triple A –Álvarez, Arigón, Alori–, la que existía entre Mattos Moglia y Alori era mucho más modesta: tal como detalló Méndez en el tribunal de honor, en el momento de ponerse en marcha el Operativo Conserva, Alori gestionaba, a través de una inmobiliaria de su propiedad, la venta de la casa del ministro. Pero los grandes poderes que Mattos Moglia otorgó a Alori sugieren vínculos más estrechos.

 

UN NEGOCIO PERJUDICIAL PARA EL PAÍS

 

Las fuertes confrontaciones entre Mattos Moglia y Méndez surgieron en el mismo momento en que el ministro pretendió adjudicar la faena de las 14.600 toneladas de ganado conserva, en forma directa, a un puñado de frigoríficos elegidos a dedo. Méndez, desde el INAC, reclamaba una licitación abierta. El ministro, después, justificó su criterio aludiendo a «las complejidades del operativo». Méndez se opuso al criterio de Mattos Moglia de poner en manos de privados la ejecución del Operativo Conserva: consideraba que debía ser una «negocio de gobierno a gobierno». Mattos Moglia, por el contrario, prefirió descansar la gestión en una empresa, Inversur Trading, cuyo responsable era Alori. Tal como explicó Méndez a los coroneles, fue Alori quien elaboró el contrato entre el gobierno e Inversur, en el que se especificaron los mecanismos por los que el Estado financiaba a Alori la compra de la carne a frigoríficos que no eran individualizados y, a la vez, extendía una carta de crédito para que Inversur impulsara la producción de corned beef en cinco frigoríficos argentinos, que tampoco eran individualizados en el documento (pero que fueron identificados después como empresas vinculadas al jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, el general Ramón Camps).

 

Según Méndez, el negocio significó un beneficio seguro para Alori –y para los frigoríficos que faenaron las 14.600 toneladas– y terminó en un perjuicio de 15 millones de dólares para el Estado. Por lo menos en dos reuniones con Álvarez, en las que estuvieron presentes el ministro y el general Pedro Aranco, director de la Secretaría de Planeamiento, Coordinación y Difusión –organismo precursor de la actual Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el que el contador Ariel Davrieux actuaba como segundo responsable–, el presidente del INAC expuso y fundamentó sus reparos. En las actas del tribunal de honor Méndez dejó constancia de que en una oportunidad Álvarez opinó que Alori y Arigón eran «imparables» y de que en otra le advirtió: «No te tires contra el ministro en los escritos». De todas formas, Méndez ratificó por escrito sus posiciones y exigió que Mattos Moglia hiciera lo mismo. Méndez identificó al abogado Fernando Etcheverry Ferber como el asesor del ministro, que hacía de enlace con Alori en el proceso de elaboración del contrato. 

 


Carlos Mattos Moglia Archivo Chelle


EL GOYO IMPONE SU PODER

 

En las casi 400 fojas del tribunal hay reiteradas referencias a «lo que se dice en la calle». Méndez identifica los restaurantes del Mercado del Puerto, «donde se reúnen empresarios frigoríficos y ganaderos», la usina de los rumores. Uno de ellos sostenía que él cobraba coimas para oponerse al operativo. Ese rumor encendió su temperamento impulsivo y habría sido la razón de que, en una reunión con los jefes y los gerentes del INAC y la Comisión de Abasto, divulgara los detalles del proceso, que los presentes interpretaron como «un negociado». Consumada la «deslealtad», la reacción de Álvarez fue fulminante. El arresto a rigor impulsó a Méndez a solicitar el tribunal de honor («A los 34 años me cortaron la carrera», dijo).

 

Cuando los tres coroneles terminaron la labor, decidieron, por unanimidad, que Méndez había cometido «una falta leve, con atenuantes y agravantes», producto de su temperamento y su juventud. Descartaron la investigación que el ministro del Interior, Yamandú Trinidad, encomendó a la Dirección de Información e Inteligencia por una eventual «motivación política» en la oposición de Méndez al Operativo Conserva (lo que hubiera implicado consecuencias de otro tenor) y elevaron su juicio al comandante del Ejército, el general Boscán Hontou, quien, a su vez, lo derivó al Poder Ejecutivo. Un decreto de Álvarez negó la homologación del fallo, desautorizando implícitamente a los tres coroneles. Meses después, Méndez solicitó su pase a retiro. Incursionó en la actividad privada como empresario de seguridad, además de como productor rural, y en 1991 tuvo una postrera reivindicación, cuando el presidente de la república, Luis Alberto Lacalle Herrera, decidió anular el decreto del dictador Álvarez, homologar el fallo del tribunal y, por tanto, promover el ascenso de Méndez a teniente coronel en situación de retiro, sin beneficio de retroactividad en sus haberes.

 

En una espiral de la historia, el ministro de Defensa Nacional del hijo de aquel presidente decidió cajonear durante 15 años este insólito episodio sobre un diferendo entre dos homicidas, cuyo trasfondo revela la corrupción de militares y civiles a la sombra de una dictadura. La clasificación de reserva para el tribunal de honor se adoptó antes de que Méndez fuera procesado por el asesinato del prisionero argentino Gerardo Alter. Por lo tanto, ello no influyó en la decisión. Solo el ministro puede explicar por qué quiso mantener en secreto los pormenores del Operativo Conserva, un secreto que no duró ni 15 días.

 

 


 El ministro de Defensa, Javier García, en mayo de este año en la Torre Ejecutiva Mauricio Zina

LA TRAMA DEL OPERATIVO CONSERVA

FRIGORÍFICOS BENEFICIADOS CON DINEROS PÚBLICOS

La trama del Operativo Conserva bien puede haberse convertido en un manual para futuros negociados a la sombra del poder. Su lógica es transparente en la medida en que haya margen para la impunidad. En el último tramo de la dictadura ese requisito estaba asegurado.

 

El esquema fue el siguiente: una porción del ganado en praderas (se estimó en 100 mil cabezas de mala calidad) estaba condenado a no ser faenado, porque no había mercado que lo absorbiera. Entonces se fabricó ese mercado: 14.600 toneladas serían compradas a ciertos frigoríficos elegidos a dedo, a 850 dólares la tonelada. El precio de mercado no superaba los 700 dólares. El intermediario sería Inversur Trading, del empresario José María Alori. 

Una de las empresas que recibirían un cupo para la faena, Central Frigorífica del Uruguay, estaba presidida por el hermano de este, Antonio María Alori. Para financiar la compra de la carne, Inversur recibiría una letra de cambio extendida por el gobierno. Otra letra de cambio fue extendida a favor de Inversur para financiar la producción de corned beef en frigoríficos argentinos, a un precio promedio de 21,5 dólares cada lata de 340 gramos, es decir, un 25 por ciento más cara que el precio de mercado. 


La carne fue ingresada a Argentina en régimen de off shore, como si se tratara de capitales financieros, y fue «repatriada» a través del puente en Fray Bentos. El contrato entre Inversur y el Ministerio de Agricultura y Pesca establecía que el gobierno estaba obligado a comprarle a esa empresa la totalidad del corned beef. Inversur terminó vendiendo en el exterior las latas a 16 dólares, con una pérdida de 5 dólares por cada una, pero la ecuación resultó un negocio redondo para Alori, que no había puesto un peso.

 

En el esquema, los frigoríficos obtuvieron una ganancia de 150 dólares por tonelada. Los frigoríficos argentinos embolsaron unos 5 millones de dólares por la manufactura, sin haber desembolsado capital por la materia prima. Se estima que, con la venta del corned beef y las comisiones, Alori ganó unos 10 millones de dólares. Las latas que no pudieron ser vendidas fueron usadas por el intendente de Montevideo, Juan Carlos Payssé, para atraer votantes durante la campaña electoral de 1984 con «corned beef barato». Había sido designado intendente de facto en 1983 cuando convenció a los militares de que había dejado definitivamente atrás su vinculación con Wilson Ferreira Aldunate, de quien fue secretario político. 


Uno de los mayores beneficiados fue la representación en Argentina del Bank of America, que financió la producción de corned beef con la garantía del Estado uruguayo. Utilizó ese endeudamiento del gobierno como parte del acuerdo para la compraventa de carteras de deudas incobrables que impulsó junto con el Citibank. Para salvar el sistema financiero, el gobierno del dictador Gregorio Álvarez destinó 500 millones de dólares en carteras incobrables de los bancos extranjeros. El Estado uruguayo perdió 15 millones de dólares con el Operativo Conserva.

 

CONFRONTACIÓN ENTRE FACCIONES MILITARES

EL PLANETA DE LOS SIMIOS

 

En la trama del Operativo Conserva sería una ingenuidad atribuir el papel del bueno al mayor Armando Méndez, que defiende los intereses de empresarios honestos damnificados por una rosca de empresarios inescrupulosos a los que protege con guiños de don Corleone el dictador Gregorio Goyo Álvarez. Conviene recordar que Méndez fue un oficial de inteligencia que en febrero de 1973 participó activamente en el enfrentamiento del Ejército y la Fuerza Aérea contra la Marina y que en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas desarrolló métodos para interrogatorios que hicieran más productiva la tortura. Más correcto sería interpretar la confrontación entre Álvarez y Méndez por el Operativo Conserva como una expresión del esquema de puja interna por el control del Ejército, que desde 1974 enfrentó a Álvarez con el general Esteban Cristi. 


Ambos eran la cabeza de corrientes internas que disputaban el poder sin que, en los términos políticos más generales e ideológicos, pusieran en riesgo el proceso dictatorial. Coincidían en la brutalidad de la represión como herramienta de control, en el rumbo de la economía, en la necesidad de utilizar a los partidos políticos tradicionales como paraguas (de ahí que no titubearan en desplazar a Juan María Bordaberry cuando propuso instaurar un régimen corporativo) y en las estrategias para impulsar el famoso cronograma que permitiera devenir en una democracia tutelada. Pero ambos eran gorilas cuando se trataba de disputar el liderazgo de la manada.

 

Álvarez era tan fascista como Cristi, pero logró imponer la imagen del moderado frente al duro que se parapetaba en la División de Ejército 1, la más poderosa del país. Las maniobras del Goyo resultaban infructuosas para debilitar a Cristi, que controló las estructuras de la inteligencia del Ejército. En ese esquema Méndez fue un niño mimado de Cristi y pudo desarrollar una carrera meteórica, incluso después del pase a retiro de su mentor, bajo el ala del general Juan Vicente Queirolo. Así, en 1979, accedió primero a la presidencia de la Comisión Administradora del Abasto y después a la del Instituto Nacional de Carnes, ambos organismos estratégicos. Para concretar sus ambiciones de proclamarse presidente, Álvarez supo aprovechar una jugada errónea de «los duros»: la impresión de El Talero, un pasquín de circulación clandestina entre la oficialidad que pretendía desprestigiar al comandante en jefe. Al identificar a los autores, Álvarez ordenó el pase a retiro del general Amaury Prandt, director del Servicio de Información de Defensa, y del mayor José Gavazzo, jefe del Departamento III (Operaciones) de ese mismo organismo.

 

Cuando en 1981 Álvarez se convirtió en presidente, la situación de Méndez cambió cualitativamente, pero logró mantener el respaldo de Queirolo, hasta que este fue sustituido por Boscán Hontou. En el ámbito del Poder Ejecutivo, quedó en solitario. Y cuando Álvarez pretendió anular a aquel oficial protegido de Cristi, mediante manipulaciones para implicarlo en sus planes, Méndez optó por resistirse. Aun cuando los tres coroneles que lo juzgaron habían sido sus colegas en la represión (Juan Zerpa, comandante del Batallón 13 de Infantería; José Chialanza, comandante de Transmisiones 1 –unidades, ambas, en las que funcionó el 300 Carlos–, y Omar Goldaracena, comandante del 6.o de Caballería), no tuvo suerte, jaqueado no solo por el dictador, sino también por los generales que lo rodeaban, Hontou, Pedro Aranco y Yamandú Trinidad.

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jueves, 28 de octubre de 2021

Una iniciativa deplorable


 

Los senadores de Cabildo Abierto han presentado en la Cámara de Senadores un proyecto de ley denominado Prisión Domiciliaria. Otorga dicho beneficio de manera preceptiva a todos los ciudadanos condenados por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas desde 1968 hasta el final de la dictadura. Deben tener más de 65 años de edad.

Es una iniciativa destinada a mitigar al máximo posible la sanción penal que han recibido. Pretende mejorar las condiciones penitenciarias, ya de por sí envidiables, que tienen los escasos represores que han sido juzgados y condenados. Otorga el beneficio, además, a quienes en lo sucesivo puedan llegar a ser condenados en las decenas de casos pendientes de resolución en el poder judicial.

Prisión domiciliaria preceptiva

En la actualidad, dado el tiempo transcurrido desde los acontecimientos, todos los represores que sobreviven, superan esa edad. El beneficio de la prisión domiciliaria ya está establecido. Los jueces intervinientes están en condiciones de otorgar la prisión domiciliaria por razones de salud o similares.

El dictador Juan María Bordaberry falleció en su casa, José Nino Gavazzo, estuvo muchos años en su residencia del Parque Miramar, donde fue entrevistado por El País, Gilberto Vázquez disfrutó de ese beneficio inmerecido en Rivera hasta hace poco tiempo y  el coronel retirado Ernesto Avelino Ramas, El Tordillo, uno de los más siniestros represores, desde hace casi 10 años reside en su casa en Piriápolis, sin haber estado nunca en un centro de reclusión.

Los peores delincuentes

A diferencia de lo sucedido en Argentina y en Chile, donde centenares de represores de las dictaduras de dichos países fueron juzgados, condenados y purgan sus condenas en cárceles comunes, en Uruguay, debido a la fuerte presión ejercida por el partido de la impunidad, sectores económicos, mediáticos y políticos, solamente un reducido número de represores ha sido, luego de décadas, enjuiciado.

Por lo demás, todos los procesados cometieron delitos graves, muy graves. Los cometieron siendo funcionarios estatales que tenían la obligación de evitar e impedir que ellos ocurrieran. No son delincuentes comunes. Son criminales profesionales, adoctrinados y entrenados, que usaron el aparato coercitivo para cometer crímenes execrables. Ha quedado demostrado también que los cometieron con sevicia, con premeditación y alevosía, actuando ante ciudadanos reducidos e indefensos, en algunos casos siendo niños, menores y adultos mayores como en el caso del maestro Julio Castro, además de ensañarse especialmente con las mujeres.

Ley de Caducidad: inconstitucional

En octubre del año 2009, la Suprema Corte de Justicia, presidida por el Dr. Jorge Chediak, funcionario del actual gobierno, mediante la Resolución 365, estableció la inconstitucionalidad de la Ley 15.848, ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Lo hizo por razones formales y de contenido, descartando, expresamente, incluso, el referéndum de 1989. Lo hizo para el caso Nibia Sabalzagaray y también para casos posteriores que se presentaron.

En el año 2011, el Parlamento, actuando en base a lo anterior y a la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Gelman vs Uruguay,  aprobó la Ley 18 831 que restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El artículo 1º de esa ley fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia presidida por el Dr. Jorge Ruibal en febrero de 2013.

Condenados con plenas garantías legales

A partir de ese momento se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado y se eliminaron todos los obstáculos legales que existían para actuación del Poder Judicial. A instancias de las propias víctimas y de sus familiares, se comenzaron a procesar las diferentes causas judiciales, mientras se desplegaban incesantes declaraciones y presiones para los jueces dispuestos a cumplir con sus juramentos.

La creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y la actuación del Dr. Ricardo Perciballe, blanco frecuente de las diatribas cabildantes, ha permitido avances importantes en materia de justicia para el pasado reciente.

Todos los condenados han disfrutado de las máximas garantías legales y procesales. El cúmulo de evidencias y pruebas ha sido abrumador. La Suprema Corte de Justicia ha sido tolerante al máximo con sus maniobras dilatorias. El coronel Gómez, “el carretilla de plata” en el EMR Nº 1, mal procesado con la complicidad de José Nino Gavazzo, fue liberado por el Tribunal de Apelaciones en su debido momento. Todos los condenados lo fueron por delitos tipificados en el viejo Código Penal anterior a la promulgación de la Ley 18 026 de cooperación con la Corte Penal Internacional.

Rechazo al terrorismo de Estado

Votar en contra de este proyecto de ley es un acto militante en favor de la democracia y de las normas de derechos humanos. El sistema político en su conjunto debe oponerse.  Es un acto de solidaridad con la propia sociedad y con los miles y miles de uruguayos que sufrieron la dictadura y que tienen derecho a que los responsables materiales cumplan el castigo estipulado por las leyes para estos casos sin alicientes de ningún tipo. Es de justicia.

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Opinando N° 11 – Año 10 – Jueves 28 de octubre de 2021

viernes, 27 de agosto de 2021

FISCALÍA PIDIÓ FORMALIZAR POR ASESINATOS DE MICHELINI



 FISCALÍA PIDIÓ FORMALIZAR POR ASESINATOS DE MICHELINI, GUTIÉRREZ, BARREDO Y WHITELAW

La síntesis del Cóndor

Mauricio Pérez – Brecha - 27 agosto, 2021


Tras diez meses, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad pidió formalizar la investigación por las decenas de asesinatos cometidos por los servicios represivos uruguayos en Argentina, entre ellos, los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz. 

Fiscal Ricardo Perciballe. Foto: Héctor Piastri

En un extenso dictamen, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó formalizar la investigación por los crímenes perpetrados en Argentina contra decenas de militantes políticos y sindicales uruguayos, entre ellos, el asesinato de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en mayo de 1976. «Nos encontramos frente al mayor magnicidio de la historia de nuestro país», escribió Perciballe en su dictamen, al que accedió Brecha.

En su escrito, el fiscal hizo un raconto de las detenciones ilegales, secuestros, asesinatos y desapariciones de uruguayos en Argentina, entre 1974 y 1976, que contaron con la participación de militares uruguayos. Según Perciballe, todos estos crímenes tuvieron como trasfondo el Plan Cóndor y califican como crímenes de lesa humanidad, por lo que el Estado tiene la obligación de investigarlos. Entre estos delitos está la desaparición de Manuel Liberoff y los homicidios de Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica, entre otros.


En este sentido, la tesis presentada por la fiscalía apunta a que los crímenes contra militantes de organizaciones políticas «formaban parte de la lógica represiva» de la dictadura uruguaya, que se trasladó hacia Argentina para la persecución de opositores. El atentado contra los legisladores, sin embargo, tenía otros motivos: acallar sus voces de denuncia sobre la situación interna de Uruguay, pero, sobre todo, evitar todo intento de diálogo para una salida al régimen. «Detrás de tan vil accionar hubo un claro mensaje en clave política», apuntó.

Perciballe recordó que el crimen de los legisladores intentó simularse como una disputa interna entre distintas facciones de la disidencia uruguaya en el exilio. Sin embargo, el tenor de los operativos revela «un mecanismo extremadamente aceitado» de los servicios represivos de la época. Los secuestros de Michelini y Gutiérrez Ruiz –recuerda el fiscal– fueron en áreas céntricas, altamente vigiladas, que oficiaron de «zona liberada». «Precisamente de ello se trató el Plan Cóndor, que en esta instancia alcanzó un punto central de su nefasta actuación.»

Sin embargo, tampoco se pueden descartar «razones eminentemente económicas» detrás de estos crímenes, alega el magistrado, ya que los servicios de inteligencia uruguayos tenían en la mira el «importante caudal de dinero» obtenido por varias organizaciones, como el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros y el Partido por la Victoria del Pueblo, por medio de secuestros extorsivos. Para el fiscal, existen distintos informes y memorandos de inteligencia del Servicio de Información de Defensa (SID) que hacen especial hincapié en la existencia de este dinero, y que su destino fue objeto específico de los interrogatorios a los que fueron sometidos varios detenidos. «Dicho botín también estaba en la mira de los represores […]. Por él fueron», señaló.

El dictamen establece la responsabilidad de estos crímenes en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en el SID y en el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. Según el fiscal, existió una verdadera coordinación entre estas unidades como parte de un único esquema represivo, que incluyó la sistemática violación de los derechos humanos de los detenidos. En este esquema, el SID «fungía como el verdadero gozne de la represión de los opositores al régimen», cuyos integrantes actuaban en las distintas unidades militares de todo el país, pero también en el exterior, en especial en Buenos Aires, donde tuvieron bases operativas en conjunto con las fuerzas represivas de ese país.


En este punto, Perciballe apunta a la responsabilidad de los mandos, como Víctor Castiglioni, Hugo Campos Hermida y Juan Antonio Rodríguez Buratti (jefe del Departamento III del SID), así como del teniente coronel José Nino Gava-zzo, recientemente fallecido. Pero también a una docena de efectivos militares, «quienes actuaron en cumplimiento de órdenes de sus superiores, pero que no se ven eximidos de responsabilidad por cuanto la obediencia debida no alcanza aquellos mandatos ilícitos como los que nos ocupan».

En este marco, Perciballe solicitó el inicio de un juicio penal contra cinco represores: Gilberto Vázquez, José Arab, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Ricardo Medina. Además, solicitó librar una orden de captura internacional con fines de extradición de los militares Manuel Cordero (condenado en Argentina por crímenes del Plan Cóndor) y Pedro Mato (radicado en Brasil, prófugo de la Justicia uruguaya y condenado en Italia por estos crímenes).

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jueves, 19 de agosto de 2021

Una calamidad nacional

Una calamidad nacional
 

 
La dictadura uruguaya empobreció al país. El terrorismo estatal le dejó a la sociedad uruguaya, además de un agobiante déficit permanente de la Caja Militar. el costo de resarcir los daños generados por su accionar criminal.
 
Afiche electrónico falso que suele circular en las redes culpando a las víctimas del terrorismo de Estado

Desde hace años y de manera recurrente, se generan campañas destinadas a demonizar las leyes reparatorias que desde 1985 se han aprobado. Son leyes destinadas a resarcir a las personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Son víctimas directas del accionar represivo de los funcionarios estatales.

La Ley 18 033 en el foco permanente

La ley 18 033 de octubre de 2006, ampara a varios universos de víctimas del terrorismo de Estado: detenidos, requeridos, clandestinos, presos políticos procesados, presos políticos no procesados pero detenidos por más de un año, detenidos en centros clandestinos de detención en Argentina, exiliados y despedidos en la huelga general en el marco del Decreto 518/73.

Muy posiblemente, el número de personas amparadas en dicha ley sea 5.700 tal cual lo señala el afiche y tal como se ha informado en muchas ocasiones por diferentes medios. Teniendo en cuenta la magnitud del accionar represivo que se desplegó en nuestro país desde el momento en que el Parlamento declaró el Estado de Guerra Interno, en abril de 1972, la cifra de beneficiados es escasa.

Pone claramente de manifiesto que la acción reparatoria del Estado, tal como han señalado las auditorías internacionales, aún tiene un largo camino a transitar. Además, dicho número debería ser mayor teniendo en cuenta que existen universos no contemplados hasta el momento como los niños y adolescentes de la época que eran familiares directos de los ex presos políticos.

Una enorme maquinaria represiva

Uruguay llegó a ser el país con la mayor cantidad de presos políticos en relación a la población durante la dictadura. Según cifras oficiales durante todo el proceso iniciado el 13 de junio de 1968 hasta el fin de la dictadura, hubo 200 asesinatos o ejecuciones extra judiciales, casi 200 detenidos desaparecidos, más de 20.000 ciudadanos privados de su libertad, 7.500 de ellos procesados formalmente por tribunales militares.

Miles y miles de uruguayos, asimismo, debieron partir al exilio debido a que eran buscados por los servicios represivos. Abandonaron su país, para preservar su libertad y probablemente sus vidas, cuando Uruguay se convirtió en una gran prisión.

La tortura, incluso para enseñar a torturar, como puso de manifiesto la reciente difusión de la actuación de la justicia militar en el caso Vladimir Roslik, siempre estuvo asociada a las detenciones y a las privaciones de libertad, incluyendo a menores y abusos y violaciones sexuales.

Justicia y la obligación de reparar el daño ocasionado

Cuando los Estados atropellan los derechos de los ciudadanos tienen la obligación de juzgar a los responsables de las graves violaciones y también la de reparar el daño y el sufrimiento que ocasionan sus funcionarios.

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, aprobada en diciembre de 2005 por la Asamblea General, es el instrumento internacional que define las obligaciones de los gobiernos y Estados al respecto y de manera integral. La Ley 18 033 y la Ley 18 596, aprobadas ambas durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, a más 20 años del retorno a la democracia, se inspiraron en dicha resolución. Fueron leyes que implicaron un gran esfuerzo y una gran movilización por parte de nuestro colectivo para que ellas fueran presentadas y aprobadas.

El “privilegio” de haber sido torturados

Las periódicas campañas publicitarias, con participación de parlamentarios que buscan un fugaz foco de atención, presentan a los beneficiarios de las leyes reparatorias, especialmente a los ex presos políticos, como seres privilegiados que han obtenido una recompensa monetaria por haber actuado políticamente. Según informara Búsqueda en el año 2018 existían en ese momento 2153 beneficiarios de la Pensión Especial Reparatoria.

Las constancias oficiales de la actuación de la justicia militar de la época y del Poder Judicial son la base fundamental para otorgar dicho amparo a los peticionantes por parte de la Comisión Especial de dicha Ley. Fueron amparados en dicho artículo ciudadanos que pertenecían a todo el amplio abanico de opciones políticas.

El beneficio de la Pensión Especial Reparatoria del Artículo 11 de la Ley 18 033, es el resarcimiento por haber sido procesados y privados de la libertad por largos períodos por la Justicia Militar, sin garantías de ningún tipo, en detenciones asociadas a la tortura masiva y sistemática, por haber visto destrozados sus proyectos de vida.

Debe señalarse que quienes perciben la Pensión Especial Reparatoria deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones para acceder a ella. Esta disposición ha sido cuestionada por los organismos internacionales de DDHH e incluso por la Institución Nacional de DDHH. Eliminar las restricciones que impiden que los ex presos políticos accedan a sus jubilaciones es un desafío pendiente del Estado uruguayo y del gobierno actual.

Presos por luchar

En este país, desde hace 36 años, hay democracia, hay libertades, hay gobiernos electos en las urnas, hay tres poderes estatales funcionando porque miles y miles de uruguayos enfrentaron la política autoritaria de Pacheco Areco, la dictadura de Juan María Bordaberry y al proyecto de país del terrorismo de Estado expresado en la reforma constitucional rechazada en noviembre de 1980. En ese multitudinario torrente popular a miles de ciudadanos les tocó ser privados de su libertad y ser confinados en centros de reclusión previstos para la destrucción. Fue el precio que pagaron por ser fieles a sus convicciones y haber elegido el camino de la libertad.

Los costos de las leyes reparatorias son solventados por Rentas Generales, no afectan los fondos propios del BPS, tal como lo establece la Ley 18 033. Los gastos en que incurre el país por cumplir con las normas de DDHH y resarcir, en parte, los daños del terrorismo de Estado son otro legado nefasto de la dictadura cívico militar. Demuestran la barbarie de su accionar contra miles de ciudadanos. Quienes la impulsaron, la llevaron adelante, la defienden y la justifican hasta hoy deben hacerse cargo. Es su responsabilidad criminal.

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Opinando N° 10 – Año 10 – Miércoles 18 de agosto de 2021

miércoles, 11 de agosto de 2021

Represor uruguayo condenado a cadena perpetua vive prófugo en Livramento

 Represor uruguayo condenado a cadena perpetua vive prófugo en Livramento


Pedro Narbondo Mato.

La Diaria - 11 de agosto de 2021 · 

Escribe Cleber Dioni Tentardini , Janaina Cesar , Naira Hofmeister en Derechos humanos

Juzgado en Italia por los delitos cometidos durante el Plan Cóndor y considerado prófugo por Uruguay e Interpol, el coronel Pedro Antonio Mato Narbondo se instaló a dos kilómetros de la frontera de su país, en Santana do Livramento. El militar goza de la protección de la Constitución brasileña ya que optó por la nacionalidad de ese país, heredada de su madre.

El coronel Pedro Antonio Mato Narbondo se ganó el apodo de El Burro por parte de sus compañeros del Ejército uruguayo por la forma brutal en que conducía sus interrogatorios. Agente de la dictadura en la década de 1970, formado en la Escuela de las Américas en Panamá, que enseñó métodos de tortura a militares latinoamericanos, Narbondo acaba de ser condenado a cadena perpetua en Italia por participar en “una impresionante serie de crímenes excepcionalmente graves”, que implicó secuestros ilegales, tortura, asesinato y desaparición de opositores políticos al régimen en Uruguay. El Burro es uno de los 14 militares del Cono Sur que han sido condenados definitivamente por los crímenes del Plan Cóndor, una colaboración secreta de inteligencia militar entre dictaduras sudamericanas.

El proceso se lleva a cabo en Italia porque varias de las víctimas de los criminales de lesa humanidad tenían ciudadanía italiana. De los 11 uruguayos condenados por el Tribunal de Casación de Roma a principios de julio, sólo Narbondo no está en prisión. A punto de cumplir 80 años en setiembre, el coronel retirado lleva una vida tranquila en un barrio de clase media de Santana do Livramento, en el estado más austral de Brasil, Rio Grande do Sul, que limita con la ciudad uruguaya de Rivera. Fue en la puerta de su casa donde habló en exclusiva con Matinal; hasta el día de hoy, ningún periodista de Argentina o Uruguay había logrado entrevistarlo.

Yo era militar, seguía órdenes y vivíamos en una era de guerrillas en los países. Los Tupamaros en Uruguay, VAR Palmares en Brasil, lo mismo en Argentina, Chile... así que todo lo que diga en mi defensa, como militar, no servirá de nada. Es en el ámbito político donde hay que resolver estos temas”, dijo. Preguntado directamente sobre si cometió los delitos por los que fue condenado, cambió de tema: “Fue un período, y eso fue todo en el pasado”. Se negó a ser fotografiado.

Narbondo vive a menos de dos kilómetros de la línea imaginaria que separa a Brasil de Uruguay, donde se lo considera prófugo de la Justicia luego de que un juez lo convocara a declarar en un caso en el que es investigado por la muerte bajo tortura de un trabajador en 1972. Él nunca se presentó y por eso existe una orden de arresto internacional emitida por Interpol a solicitud de su país de origen.

Las atribuciones de la Policía internacional contra el coronel son limitadas porque es considerado brasileño desde 2003, cuando acudió a una oficina de registro de Livramento para optar por la nacionalidad de su madre, nacida en el municipio de Rio Grande do Sul. Con esto, Narbondo está amparado por el artículo 5 de la Constitución de Brasil, que garantiza que “ningún brasileño será extraditado” para responder por delitos en otros países.

“Es un ciudadano libre en Brasil y tiene derechos y deberes como cualquier otro”, dijo su abogado, Julio Martin Favero, de Rio Grande do Sul, conocido por los militares por facilitar la regularización de los documentos de compraventa de inmuebles del lado brasileño. “Narbondo era militar en una época en la que prácticamente había una guerra civil. Nadie es un ángel, pero no puedes creer todo lo que se les atribuye. Estoy lidiando con las consecuencias y dentro de la ley. Y no me pregunten si me da vergüenza defender a un ciudadano, al que llaman genocida y no sé qué más”, expresó el abogado.

Italia condena los crímenes de la Operación Cóndor

Mato Narbondo fue condenado en Italia por participar en la muerte y desaparición de cuatro ciudadanos de ese país: Bernardo Arnone, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno Ibarburu y María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni. “Bernardo salió de la casa a las siete de la mañana y nunca volvió. Ahora, 45 años después, puedo decir que se ha hecho justicia”, dijo Cristina Mihura, viuda de Bernardo, al término de la audiencia final del proceso que condenó a los torturadores, en Roma, el 9 de julio.

“Es una sentencia histórica. Dimos a las víctimas memoria y justicia. Es un acto contra la barbarie”, declaró el abogado del Tribunal de Casación, Pietro Gaeta.

Arnone, Gatti, Ibarburu y Zaffaroni fueron detenidos en Buenos Aires y trasladados al temido centro clandestino de la capital llamado Automotores Orletti, según revelan los testimonios de sobrevivientes de tortura que se cruzaron con los desaparecidos en los pasillos del taller mecánico.

Apodado por los represores como “el jardín”, la prisión clandestina fue la base principal del Plan Cóndor en el país. Se estima que allí fueron detenidas más de 300 personas.

Por este mismo lugar pasaron los hermanos Anatole y Victoria Julien Grisonas, quienes eran niños (de uno y cuatro años) cuando fueron secuestrados con sus padres en Argentina por el servicio de inteligencia uruguayo. Este fue uno de los casos investigados por la Justicia uruguaya en el que aparece el nombre de Narbondo relacionado con delitos cometidos en el ámbito del Plan Cóndor, pero terminó siendo absuelto por falta de pruebas. Los niños pasaron por varios centros clandestinos de detención y tortura hasta que fueron abandonados en Chile, donde una familia los adoptó. Años después, recuperaron sus identidades, pero sus padres siguen desaparecidos.

En la sentencia de primer grado de Italia, la jueza Evelina Canale recordó que “la existencia del Plan Cóndor ha sido probada por muchas fuentes documentales, incluida la CIA [la agencia de inteligencia estadounidense]”. “El Plan Cóndor es un convenio de colaboración para llevar a cabo un proyecto específico para eliminar a los opositores políticos”, confirmó la jueza Agatella Giuffrida.

Uruguay comienza ahora a investigar la participación del coronel en los asesinatos del senador Zelmar Michelini y del expresidente de la Cámara de Diputados Héctor Gutiérrez Ruiz, también secuestrado en la capital argentina y trasladado al centro clandestino Automotores Orletti.

En la década de 1980, hubo un intento de dilucidar el caso, y una enfermera que supuestamente medicaba a Narbondo después de un ataque de depresión reveló que este había confesado el crimen en ese momento, e incluso le había mostrado una placa otorgada por las Fuerzas Armadas por la hazaña. En 2011, Uruguay condenó al exdictador Juan María Bordaberry y a su entonces canciller, Juan Carlos Blanco, a 30 años de prisión por su participación en este episodio y otros nueve delitos, entre ellos desapariciones forzadas y asesinato político.

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Fuente: https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2021/8/represor-uruguayo-condenado-a-cadena-perpetua-vive-profugo-en-livramento/

Dos militares a prisión por asesinar a golpes a Fernández Mendieta en 1973: les llevó 40 minutos

Dos militares a prisión por asesinar a golpes a Fernández Mendieta en 1973: les llevó 40 minutos


Foto: Javier Calvelo, adhocFOTOS (archivo, agosto de 2016).

Por Georgina Mayo

Portal 257


Gustavo Aureliano Mieres Ultra, Alberto Ballestrino Valls y Líber Morinelli Hernández, son los tres militares responsables del homicidio muy especialmente agravado del militante del Partido Comunista Revolucionario, Óscar Fernández Mendieta. 

El pedido de procesamiento del fiscal Ricardo Perciballe se extendía a los tres militares pero la jueza Isaura Tórtora procesó este martes solo a los dos últimos. La justicia de primera instancia supo, según se consigna en la resolución a la que accedió 25siete, que Morinelli- agente de inteligencia del cuartel de Caballería de Durazno en 1973-, murió recientemente.

Ballestrino y Mieres fueron procesados, además, por privación de libertad y abuso de autoridad contra los detenidos.

El homicidio de Fernández Mendieta se perpetró en mayo de 1973 cuando la víctima tenía 26 años. Fernández era trabajador rural y fue detenido cuando cumplía tareas en la medianera de un campo de Durazno. Fue trasladado al Cuartel de Regimiento Pablo Galarza de Durazno donde fue torturado.

La víctima murió el mismo día que fue detenido por Mieres y Ballestrino. Una vez que llegó al cuartel de Caballería, Morinelli lo esperaba en el sótano para interrogarlo. 

Mieres, Ballestrino y Daniel Blanco Fenocchio (éste también ya muerto) golpearon a Fernández Mendieta hasta matarlo y, al día siguiente, se lo informaron a la familia.

Gustavo Mieres reveló que la orden de detención de Fernández Mendieta la dio Líber Morinelli. Mieres relató que Morinelli ordenó que lo trasladaran al sótano chico y que lo interrogaran y le sacaran todos los datos filiatorios.

La resolución de la jueza Isaura Tórtora -a la que accedió 25siete- señala que el militar retirado que declaró como testigo Jesús Augusto Fagúndez Dominzain relató que el día que mataron a Fernández Mendieta vio las luces de la parte del comando encendidas. Sería 01:30 o 2:00 de la madrugada cuando el guardia le comentó que había muerto un detenido y que en el interrogatorio estuvieron presentes Mieres, Ballestrino y Blanco. Ballestrino se presentaba ante los presos políticos como cinturón negro.

Otro de los testigos militares, soldado de segunda en la época, describió que Fernández Mendieta tenía una baldosa en la cabeza y otra en los pies y que así lo tiraron para abajo hacia el sótano donde fue finalmente interrogado y torturado.

El testigo indicó también que Ballestrino estaba presente y que la víctima gritó toda la noche. Otro de los soldados testigos de esta causa describió que vio las torturas infringidas contra Fernández Mendieta.

A pesar de esto, el certificado de defunción de la época describió que la causal de muerte fue infarto de miocardio politraumatizado, tras la autopsia practicada por el jefe de servicio de la unidad Julio César Rossi Salinas.

La esposa de la víctima Graciela Ferreira solicitó a médicos de confianza que revisaran el cuerpo una vez que los militares se lo entregaron, constatando profusas lesiones en todo el cuerpo: hematomas en hombros, rodillas, labios, abdomen y cráneo. También la revisión del médico de la familia consignó quemaduras de cigarrillos en la frente.


Destacado torturador

La jueza Tórtora recaba en la sentencia legajos militares que describen el compromiso de Morinelli y lo destacan como un hombre con iniciativa, tacto, sentido práctico e inteligencia y que como S2 despliega una intensa e inteligente tarea hasta altas horas de la madrugada obteniendo resultados muy positivos.

El militar retirado Juan Alberto Saravia Madera. quien en la época era teniente, declaró que era ayudante de Morelli, y que cuando llegó al cuartel supo que un detenido había muerto y que le dieron orden de presenciar la autopsia junto a tres médicos. Saravia indicó que tenía golpes en todo el cuerpo. El policía médico retirado Hugo Luis Bosch Suárez también declaró que hubo maltrato excesivo con esa víctima.

Morinelli dijo, según consta en la la resolución judicial, que habría pasado unos 40 minutos entre que el detenido llegó al cuartel y que muriera.

La jueza Isaura Tórtora consideró en su pronunciamiento que el Derecho Penal tiene como objetivo principal resolver conflictos en la sociedad y en aras de esa finalidad el pronunciamiento, aunque sea mínimamente, contribuirá a la paz y equilibrio de la sociedad, lo que redundadará sin atisbo de duda en beneficio de las generaciones futuras.

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Fuente: https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2021/8/dos-militares-retirados-fueron-procesados-con-prision-por-el-homicidio-de-fernandez-mendieta/

jueves, 5 de agosto de 2021

Crysol reiteró solicitud de reunión con el presidente

 Crysol reiteró solicitud de reunión con el presidente

La diaria - 4 de agosto de 2021 · Derechos humanos



Existe preocupación por la exposición del Estado ante los organismos internacionales.

Ante la falta de respuesta a la primera solicitud, la asociación de ex presos políticos Crysol reiteró el pedido de reunión con el presidente, Luis Lacalle Pou, para plantearle varios temas vinculados al cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

En diálogo con la diaria el presidente de Crysol, Gastón Grisoni, planteó que se busca tener una reunión de agenda abierta, pero advirtió que existe preocupación por la necesidad de un mayor apoyo a la fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad, y por la respuesta que está dando el gobierno en las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El gobierno uruguayo en una de las audiencias dijo que los familiares de detenidos desaparecidos y asesinados tenían asistencia médica, lo que no es cierto; los que tenemos asistencia mediante ASSE somos los ex presos políticos y los niños nacidos en cautiverio, pero es una prestación en salud que se ha visto sumamente recortada desde que asumió el actual gobierno”, señaló Grisoni.

Además, se le propondrá erigir un memorial de las ex presas políticas “que es un tema que ha quedado pendiente y significa una gran discriminación, por el papel que las mujeres jugaron en la lucha por la libertad y la democracia”, dijo Grisoni, que informó que Crysol quiere que Lacalle Pou participe en la reinauguración del memorial del Penal de Libertad.

Otro de los temas pendientes es dar cumplimiento a las recomendaciones de los relatores especiales en Derechos Humanos de las Naciones Unidas “y eliminar las restricciones que impiden que los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones”, dado que tienen que elegir entre una indemnización y su jubilación.

Por otra parte, señaló que se quiere hablar con el presidente sobre la situación de “exposición” en la que queda el Estado uruguayo ante las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia. “Si bien es un poder del Estado independiente, expone al país en su conjunto al rechazo de los organismos internacionales al no reconocer la normativa en materia de crímenes de lesa humanidad que Uruguay ha ratificado”, sostuvo.

“La composición de la actual Suprema Corte de Justicia dispone al país a ser una vergüenza en los tribunales internacionales, por no promover el reconocimiento de estos crímenes de lesa humanidad”, agregó.

Grisoni planteó el rechazo de la organización ante los dichos del coronel retirado Eduardo Aranco Gil, quien dijo que los militares fueron procesados sin las debidas garantías en la Justicia. Grisoni dijo que “amerita una sanción gravísima” porque el cargo que ocupa como miembro militar de la Suprema Corte de Justicia le impide hacer declaraciones políticas, en la medida en que depende del Ministerio de Defensa, cuyo titular es Javier García.

“El argumento de él es pura y exclusivamente que no se computó, a los efectos del plazo de prescripción, los años de vigencia de la ley de caducidad. García lo debió haber sancionado como hizo Tabaré Vázquez con Guido Manini Ríos en su momento”, comentó.

Consultado sobre si el pedido de sanción contra Aranco Gil puede estar en la reunión con el presidente, respondió que el objetivo de la reunión es intercambiar puntos de vista. “Hay que reunirse, dialogar y no fomentar grietas. Avanzar en la institucionalidad, las normas de los derechos humanos y las libertades democráticas. En este país la democracia no le debe nada ni a las Fuerzas Armadas ni a Cabildo Abierto”, agregó.

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Fuente: https://ladiaria.com.uy/justicia/articulo/2021/8/crysol-reitero-solicitud-de-reunion-con-el-presidente/

martes, 3 de agosto de 2021

Ahh, maldita Ley de Caducidad

 Ahh, maldita Ley de Caducidad

 

 

Al amparo de la inconstitucional Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado y de jueces ineptos que equiparon el accionar de un Tribunal militar, conformado en plena dictadura, con la actuación del Poder Judicial, el general retirado Daniel Castellá desplegó una estupenda carrera militar en democracia.

El ministro de Defensa Nacional, Dr. Javier García solicitó la renuncia como presidente del Supremo Tribunal Militar al general retirado Daniel Castellá la semana pasada. Lo hizo al constatar que se lo mencionaba, en documentos militares de la época, como participante en el interrogatorio del Dr. Vladimir Roslik, brutalmente asesinado durante el mismo, en Fray Bentos, en abril de 1984.

Siempre se supo, desde que el Semanario Jaque desarrolló su investigación periodística, que el general Daniel Castellá participó en la detención del Dr. Vladimir Roslik siendo un oficial de infantería, en un procedimiento violento, como lo señaló su viuda. Por el crimen del Dr. Vladimir Roslik, quien ya había sido procesado en 1980 y recluído en el Penal de Libertad, ante la enorme reacción popular que se generó, la Justicia Militar dispuso el procesamiento del Jefe del Batallón teniente coronel Olivera y del Subjefe del mismo, el mayor retirado Sergio Caubarrere. Ambos fueron condenados con penas irrisorias.

Un crimen espeluznante

El asesinato del Dr. Vladimir Roslik, un joven médico residente en la Colonia San Javier, de ascendencia rusa, en el departamento de Río Negro, estremeció profundamente a la sociedad uruguaya por su violencia, su falta de sentido y por el momento en que ocurrió.

Desde el 15 de abril de 1972 cuando el Parlamento declaró el Estado de Guerra Interno y otorgó facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas, entre ellas el uso de los tribunales militares para juzgar a civiles, la detención y el secuestro de ciudadanos, asociado a la tortura, masiva, sistemática y generalizada, pasó a ser el modus operandi en todos los procedimientos represivos. Más de 7.500 ciudadanos fueron secuestrados, torturados y formalmente condenados por tribunales militares.

El crimen del Dr. Vladimir Roslik fue perpetrado cuando el Comandante en Jefe era el teniente general Pedro Aranco, la dictadura ya tenía las horas contadas luego del triunfo del No en el Plebiscito de 1980, ante la gran movilización popular y los operativos represivos ya no eran frecuentes.

Hoy se sabe, gracias al pedido de información realizado por La Diaria, que el Dr. Vladimir Roslik fue asesinado por órdenes superiores de los mandos en una sesión de tortura pedagógica, para interiorizar a los jóvenes oficiales sobre los métodos de interrogatorio, en una pequeña pieza, delante de 11 oficiales del Ejército que lo molieron a golpes, hasta matarlo, de acuerdo a la autopsia.

Ley de Caducidad: ley de impunidad
 
En diciembre de 1986, durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15 848) para amnistiar a los criminales del terrorismo de Estado. Fue aprobada bajo una fuerte presión de los militares comandados por el teniente general Hugo Medina y ratificada por un Referéndum en abril de 1989. La Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional el 22 de octubre de 2009 mediante la Sentencia 365. 

Durante la vigencia de la Ley de Caducidad, el Poder Judicial quedó sometido a la voluntad expresa del Poder Ejecutivo y la inmensa mayoría de las causas judiciales se paralizaron. Hasta la llegada al gobierno del Dr. Tabaré Vázquez en el año 2005, los sucesivos presidentes que tuvo el país, dieron amparo en ella y mandaron archivar todas las causas y denuncias que se presentaron.

La causa judicial del Dr. Vladimir Roslik nunca pudo progresar en el ámbito del Poder Judicial porque quedó comprendida en la Ley de Caducidad. Todos los implicados en el crimen fueron amparados por ella y continuaron sus carreras militares en democracia. Entre ellos, el general retirado Daniel Castellá.

Horror: el Tribunal de Apelaciones legitima la Justicia Militar
 
Al restablecerse plenamente la pretensión punitiva del Estado en octubre de 2011, durante el gobierno de José Mujica, Ley 18 831, se llevó a cabo el intento de reabrir el caso. La jueza de Fray Bentos entendió que la causa había prescripto y era “Cosa juzgada”, dispuso el archivo de la misma. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones de 2º turno le dio la razón a la jueza. La esencia del planteo es sencilla. Ya actuó la Justicia Militar y por lo tanto no corresponde, legalmente, una nueva actuación judicial.

La Justicia Militar es parte integrante de las Fuerzas Armadas. En su actuación no es imparcial ni ofrece garantías de ningún tipo. Es un órgano administrativo, sujeto a las órdenes de las jerarquías castrenses. El Poder Judicial, en nuestro sistema democrático republicano de gobierno es uno de los poderes del Estado. Es, precisamente, el que tiene todas las potestades exclusivas de investigar, esclarecer y castigar los hechos de apariencia delictiva.

En el caso Vladimir Roslik, hasta ahora, ha renunciado a cumplir sus funciones constitucionales con el visto bueno de sus máximas autoridades como ha quedado demostrado.

El general retirado Daniel Castellá, al igual que decenas de represores, hizo su carrera militar en democracia protegido por la Ley de Caducidad en el marco jurídico vigente. Los ex presos políticos enfrentamos la Ley de Caducidad, promovimos activamente su anulación y, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia en el año 2009, el restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado. Además de apoyar todas las causas judiciales en curso, junto al conjunto de la ciudadanía seguiremos movilizados para que el Poder Judicial cumpla con sus obligaciones constitucionales.

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Opinando N° 9 – Año 10 – Martes 3 de agosto de 2021


Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol