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viernes, 6 de septiembre de 2019

Vivo y de vivo


Pedro Mato, militar investigado por varios crímenes antes y durante la dictadura, habría ingresado a Uruguay para hacer la denominada “revista de existencia”, un trámite que certifica que está vivo, imprescindible para seguir cobrando su jubilación. Según información oficial del Ministerio de Defensa, el trámite se hizo en una oficina pública con fuerte custodia: el Regimiento de Caballería número 1 de Rivera. La fiscal de ese departamento, Bárbara Zapater, investiga cómo fue posible.

Por Mauricio Pérez – Brecha – 6 9 19


Pedro Mato Narbondo, alias el Burro, está prófugo de la justicia uruguaya. En 2013, debía declarar en un juzgado en el marco de la indagatoria penal por el homicidio de Luis Batalla, muerto por torturas en las entrañas del Batallón de Infantería número 10, en 1972, pero nunca se presentó. Frente a eso, la jueza Blanca Rieiro libró una orden de captura internacional en su contra. Mato también está prófugo de la justicia italiana, porque fue uno de los 13 militares uruguayos condenados a cadena perpetua por los crímenes del Plan Cóndor.


Mato ingresó a las Fuerzas Armadas en marzo de 1958 y sobre principios de la década del 70 asistió a la Escuela de las Américas (School of Americas), en Panamá, institución creada por Estados Unidos, en la que cientos de militares sudamericanos se formaron en la doctrina de la seguridad nacional. Operó en el Servicio de Información de Defensa (Sid) y el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa). En 1975, actuó en el 300 Carlos, un centro clandestino de detención que funcionaba en el fondo del Batallón número 13.

Después de su retiro, se radicó en Rivera. Pero, cuando las causas penales por crímenes de la dictadura empezaron a avanzar en los estrados judiciales, cruzó la frontera y se instaló en una finca de Santana do Livramento. Con la misma estrategia del coronel (r) Manuel Cordero, se naturalizó brasileño con el fin de evitar –o al menos dificultar– una eventual extradición a Uruguay (véase “Represor naturalizado”, Brecha, 10I14).

Por esos años, comenzaron a circular en las redes sociales fotos de Mato en paradisíacas playas brasileñas, como las que acompañan esta cobertura. Allí, aparecía junto con su pareja, Juliana de Sarro, la enfermera que desacreditó las acusaciones que pesaban en su contra, por su supuesta participación en el homicidio de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Tales placeres fueron posibles gracias a que sigue cobrando la jubilación por sus años de servicio. Para seguir gozando de esos haberes, el militar debe certificar que está con vida todos los años.

Según datos aportados por el Ministerio de Defensa Nacional (Mdn), en respuesta a un pedido de Brecha de acceso a la información, Mato hizo su última “revista de existencia” (un trámite similar a la fe de vida correspondiente al ámbito civil) el 24 de mayo de 2019, en la “Unidad Militar en el Departamento de Rivera”. Esto pese a que sobre él pesa un pedido de captura internacional. Este dato, que también fue aportado por el Mdn a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, implicó el inicio de una investigación penal para saber cómo una persona con dos pedidos de extradición (uno de Uruguay y otro de Italia) pudo hacer este trámite en territorio uruguayo.

CAPTURAS. 

Desde su creación, en febrero de 2018, la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó la extradición o captura internacional de diez personas por crímenes de la dictadura, según la respuesta de la Fiscalía General de la Nación (Fgn) a un pedido de Brecha de acceder a la información.

En efecto, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó la extradición de tres militares: Manuel Cordero, Wellington Sarli y Eduardo Ferro. Los dos primeros fueron requeridos en la causa que investiga la detención ilegal y los abusos sexuales de presas políticas –Cordero también lo fue por el secuestro de los hermanos Anatole y Victoria Julien–; Ferro, en tanto, es investigado por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino.

Cordero está en Argentina y su extradición es compleja, ya que fue condenado en ese país por crímenes del Plan Cóndor. Sarli reside en Chile, donde fue condenado por el secuestro del bioquímico chileno Eugenio Berríos en 1992. De acuerdo con el informe de la Fiscalía, Sarli “se presentó por medio de su defensa y se encuentran en trámite las excepciones planteadas”. Ferro está prófugo, tras haber estado algunos meses detenido en España.

Por otro lado, Perciballe solicitó la captura internacional de seis militares con paradero desconocido, al menos para la justicia. Esta lista incluye a Mato y a los oficiales Dardo Barrios (por las torturas perpetradas en el batallón de Laguna del Sauce), José Garmendia (por torturas y privación ilegítima en el 300 Carlos), Alfredo Fresia y José Delgado Socorro (por torturas en Boiso Lanza), y Hermes Tarigo (por la muerte por torturas de Gerardo Alter).

Para avanzar en la investigación del paradero de estos militares, Perciballe pidió información al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (Srpffaa, la denominada caja militar). Se preguntó si siguen cobrando sus haberes jubilatorios, cómo lo hacen y dónde hicieron la última “revista de existencia”. El objetivo es determinar qué domicilio aportaron a esa institución, saber dónde están.

El décimo requerido es Ariel Ricci, ex integrante de la Ujc que colaboró abiertamente con los servicios de inteligencia policial durante la dictadura. El pedido de captura de Ricci se hizo en la causa que investiga las torturas contra detenidos políticos en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii). En ese expediente la Fiscalía pidió el procesamiento con prisión de Jorge “Charleta” Guldenzoph, otro ex integrante del Pcu.

TORTURA. 

Luis Batalla tenía 32 años. Era albañil y militaba en el Partido Demócrata Cristiano (Pdc). Fue detenido el 20 de mayo de 1972 en Treinta y Tres. La detención se produjo en un contexto de escalada del accionar represivo contra grupos armados que actuaban en Uruguay, tras la declaración, todavía en democracia, del estado de guerra interna. El operativo fue realizado por funcionarios militares apostados en ese departamento, incluidos varios integrantes del Sid que habían llegado desde Montevideo.

Batalla fue trasladado al Batallón de Infantería número 10, donde fue sometido a intensos interrogatorios intercalados con sesiones de tortura. El objetivo era desentrañar su posible vínculo con el Mlnt. Los castigos físicos (entre ellos, plantones y golpizas) se prolongaron durante cuatro días, hasta que falleció. Según el testimonio de algunos militares, Mato era uno de los responsables de interrogar a los detenidos y participó activamente de la tortura de Batalla.

La investigación de su muerte fue reabierta en 2013. En mayo de este año, el fiscal Perciballe solicitó el procesamiento con prisión de dos militares, Héctor Rombys –jefe del S2– y Arquímedes Maciel, por un delito de homicidio muy especialmente agravado. Además, reiteró un pedido que estaba pendiente desde hacía algunos años: la captura internacional de Mato.

Por este motivo, Perciballe solicitó enviar un oficio a la Interpol para obtener información actualizada sobre el paradero del militar. Además, pidió información a la caja militar para saber si Mato percibe sus haberes jubilatorios y que, en caso afirmativo, se especifique “cómo hace efectivos los mismos y en especial qué domicilio ha aportado a dicha institución”.

La respuesta oficial causó “preocupación” en la Fiscalía. El Srpffaa informó –al igual que en la respuesta a Brecha– que Mato cobra sus haberes a través del Banco República (Brou). Para eso, cumplió con el protocolo fijado por la institución. El militar revistó en mayo de 2019, “a través de la unidad militar en el departamento de Rivera”, es decir, en el Regimiento de Caballería número 1.

En este marco, Perciballe elevó una nota a la Fiscalía para que se investigue cómo alguien requerido por la justicia de dos países hizo un trámite en una unidad militar sin generar ninguna alerta. El planteo procura determinar si el militar hizo el trámite en forma personal (lo que implicaría que ingresó a Uruguay) o por medio de un tercero, y si los efectivos de la unidad estuvieron omisos en su función.

De acuerdo con lo que pudo saber Brecha, tras recibir la información sobre la posible ocurrencia del delito (la notitia criminis), la fiscal de Rivera Bárbara Zapater dispuso el inicio de la investigación administrativa. La magistrada analizará la información remitida desde Montevideo y definirá las medidas necesarias para saber qué pasó. La denuncia que llegó desde la capital apunta a un eventual delito de desacato, es decir, la “desobediencia abierta al mandato legítimo de un funcionario público”. Se trata, dijeron fuentes de la Fiscalía, de una tipificación provisoria.

TROTAMUNDOS. 

Según la respuesta del Mdn a un pedido de Brecha de acceso a la información pública, los militares –cuya captura internacional fue requerida por la Fiscalía– enfrentan situaciones diversas en relación con el cobro de su jubilación. Por ejemplo, el mayor Dardo Barrios dejó de cobrarla en febrero de 2019. Este militar, investigado por torturar a presos políticos en el Batallón de Ingenieros número 4 de Laguna del Sauce (Maldonado), cobraba por intermedio del Brou, pero en marzo de 2019 el pago fue suspendido, “por no revistar”. Su última “revista de existencia” data del 10 de agosto de 2017, en el Círculo Militar.

En una situación distinta están el teniente coronel Alfredo Fresia y el coronel José Delgado, imputados por torturar a presos políticos en la base aérea de Boiso Lanza; ambos aún perciben su jubilación. Fresia cobra a través del Brou; su última revista fue el 27 de julio de 2019 en el consulado uruguayo en Bogotá (Colombia). El documento firmado por la cónsul Silvana Balaguer –al que accedió Brecha– establece que el militar “se presentó” en esa oficina “para hacer constar su existencia”. Allí Fresia dio como lugar residencia la calle 83#42D95, en el barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Barranquilla.

Por su parte, Delgado hizo este trámite en el consulado uruguayo en Miami (Estados Unidos). El documento firmado por el oficial de la Cancillería, Felipe Velázquez, el 13 de junio de 2019, señala que el militar reside en la calle 600 NE 2nd Street Apt 315, en Dania Beach, Florida 33004. También cobra su jubilación a través del Brou.

En estos dos casos, sin embargo, no existiría una situación irregular relacionada con el cobro de haberes. Si bien el fiscal Perciballe pidió la captura internacional de ambos militares en marzo de 2019, esta aún no fue dispuesta por la justicia. De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente quedó paralizado tras los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por las defensas de los militares, cuyo procesamiento fue solicitado por la Fiscalía. Perciballe también solicitó información sobre Tarigo y Garmendia.

EL FUGADO

Eduardo Ferro fue uno de los hombres más relevantes en el organigrama militar de la dictadura, con una fuerte ascendencia entre sus pares. Integrante del Ocoa, es señalado como uno de los cabecillas del 300 Carlos –donde compartió tareas con Mato–, con una activa participación en la casona de Punta Gorda, otro centro clandestino de detención y tortura.

Tras el retorno de la democracia, entre 1988 y 1991, fue jefe del Departamento III de la Dirección General de Información de Defensa (Dgid) y tuvo una activa participación en el espionaje militar de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales que quedó al descubierto con la aparición del archivo que estaba en poder del fallecido coronel Elmar Castiglioni (veáse “El diario de ‘Guillermo’”, Brecha, 24II17).

Ferro fue señalado como partícipe activo del Plan Cóndor, con operativos en Argentina y Brasil, por ejemplo, el secuestro y el traslado ilegal a Uruguay del matrimonio de Lilián Celiberti y Universindo Rodríguez. También del secuestro y la desaparición de Óscar Tassino. Fue esta indagatoria judicial la que complicó su situación procesal. Y la que derivó en su fuga.

En marzo de 2017, la jueza Dolores Sánchez libró una orden de captura internacional en su contra luego de que no se presentara a declarar en tres oportunidades. Sobre fines de noviembre de 2016, efectivos policiales llegaron a su domicilio en Los Pinares para entregarle la citación judicial, pero no pudieron. Su esposa les dijo que había viajado a Europa para participar en un evento internacional de karate y volvería a fin de año. Según un informe de Migraciones, Ferro salió de Uruguay el 15 de octubre de 2016 y nunca regresó (Caras y Caretas, 16III17).

Fue ubicado en agosto de 2017 en España y la justicia uruguaya pidió su extradición. El militar permaneció algunos meses detenido, hasta que, sorpresivamente, un fiscal español solicitó su libertad, al considerar que los delitos que se le imputaban habían prescrito. Esto pese a que, por el tratado de extradición vigente entre Uruguay y España, debía aguardar el proceso en prisión administrativa. Cuando el Consejo de Ministros de España aceptó enviarlo a Uruguay, Ferro estaba en libertad y se desconocía su paradero (Brecha, 27VII18). Aún está prófugo. Una de las hipótesis es que se encuentra en Estados Unidos, aunque también se denunció que volvió a Uruguay.

En virtud del informe del Srpffaa, Ferro cobró su jubilación durante todo el período en que estuvo prófugo y mientras duró el proceso de extradición en España (de octubre de 2016 a julio de 2018). Lo hizo a través de una cuenta en el Scotiabank. Sin embargo, desde agosto de 2018 se le retiene el pago de haberes, ya que hizo la revista de existencia en forma incorrecta.

Los documentos muestran que el 10 de mayo de 2018 –tras ser liberado a pedido del fiscal español– se presentó en el Registro Civil de Peñiscola, un municipio de la Comunidad Valenciana (España). Allí se estableció que Ferro residía –o al menos eso dijo– en C/Juan Carles I, 21 Pta 4, Albuixech (Valencia). De acuerdo con fuentes del Mdn, la retención de haberes fue una orden del ex ministro de Defensa Jorge Menéndez. A partir de marzo de 2019, Ferro dejó de cobrar la jubilación, ya que no certificó estar con vida.

Estamos vivos

El Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas tiene a su cargo el pago de jubilaciones y pensiones del personal militar. Para poder cobrar, estos deben hacer una “revista de existencia”. Es decir, demostrar que están vivos. Esto podrá realizarse tanto en Uruguay como en el exterior.

El instructivo para efectuar el trámite, aprobado en setiembre de 2018, establece que la revista debe hacerse en forma personal en la sede del Srpffaa o en la seccional policial o unidad militar más cercana al domicilio del militar. En estos casos, el militar debe enviar (vía mail, fax o correo postal) al Srpffaa un formulario con el sello de esa institución “y la firma de quien verifique la existencia del usuario”.

La única excepción son las personas enfermas, quienes podrán enviar un certificado médico a través de un apoderado o un familiar. En el caso de los beneficiarios privados de libertad –como los condenados por crímenes de la dictadura–, la revista se hace en el propio centro de reclusión por personal de la caja militar.

Los militares que residen en el exterior, en tanto, deben hacer el trámite en la oficina consular que corresponda. Este trámite también debe hacerse en forma personal. Quienes no pueden apersonarse en el consulado pueden hacer el trámite ante la autoridad policial más cercana a su domicilio o procurar que alguna institución, como la Cruz Roja, atestigüe que están con vida.

La reacción del Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, relató a Brecha que, tras enterarse de que Pedro Mato hizo su “revista de existencia” en una unidad militar, se libró una orden al comando para recordar que este tipo de situación se tiene que notificar a la autoridad policial. Bayardi dijo que por el momento no se han tomado medidas disciplinarias contra los funcionarios del cuartel militar de Rivera donde se produjo la irregularidad.

—¿Se adoptó alguna medida referida a los militares que certificaron la situación de Pedro Mato?

—No, no. Se les informó que, existiendo una orden judicial de búsqueda y detención, se debe dar cuenta en forma inmediata de la aparición de esa persona.

—¿En la unidad militar estaban al tanto de la orden de captura de Mato?

—Espero que no. Cuando me vino la información, la leí igual que la leyeron ustedes. Tal cual vino la pasamos. Ahí tomamos nota, y sacamos la orden de que hay un pedido de detención de Mato Narbondo y de que de cualquier presencia que haya en el territorio hay que dar cuenta a las autoridades policiales.

—¿Mato hizo el trámite en forma personal en el batallón de Rivera o por intermedio de un tercero?

—Se parte de la base de que (en la unidad) certificaron su presencia, por lo que debería haber estado presente. No se da la orden de existencia por interpósitas personas. No es que mi mujer va y dice que yo existo. Partimos de la base de que podían no estar al tanto de la orden de detención de la justicia uruguaya, por lo que transmitimos a través del comando a las unidades –en este caso, la unidad de frontera– que de la presencia eventual de la persona hay que dar cuenta para su detención.

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martes, 3 de septiembre de 2019

Seguir investigando



Otorgar facultades a la INDDHH para investigar

El hallazgo de un nuevo cuerpo humano en el Batallón N° 13 ha conmovido nuevamente a la sociedad uruguaya. Es un tema siempre vigente. Ya el pasado 20 de Mayo con una lluvia torrencial, más de cien mil uruguayos manifestaron por 18 de Julio reclamando Verdad y Justicia. Sin embargo, la profunda conmoción que generó, en plena campaña electoral, este nuevo descubrimiento por parte del Grupo de Investigación de Antropología Forense (GIAF) de la Udelar fue de tal magnitud que obligó a todos los candidatos presidenciables a pronunciarse de una manera categórica y hasta sorprendente. Siendo sinceros, en algunos casos, por lo incongruente, hasta  hirió la sensibilidad de una parte de la ciudadanía.


Antropóloga Alicia Lusiardo del Grupo de Investigación de Antropología Forense

Una labor titánica

El trabajo llevado adelante por los equipos de antropología durante todos estos años ha sido extraordinario, muy especialmente en lo que tiene que ver en el entorno del Centro de Detención y Tortura conocido como “300 Carlos”. Ha sido necesario dar vuelta todo el terreno, con mucho cuidado, con mucha paciencia, meticulosamente, para lograr los resultados obtenidos. Anteriormente ya se habían hallado los restos del escribano y docente Fernando Miranda, secuestrado a fines del año 1975 en el marco de la Operación Morgan, nombre con el cual las Fuerzas Armadas denominaron el operativo represivo destinado a descabezar al Partido Comunista (PCU).

Este nuevo descubrimiento se llevó a cabo en un territorio de muy difícil acceso, cercano al centro de torturas,  en una zona inundable con mucha facilidad por la cercanía del arroyo en estas épocas del año pero accesible en períodos de mucho calor y escasas lluvias como era el clima cuando se desplegó la Operación Morgan, en pleno verano del año 1976. Desde noviembre de 1975  a febrero de 1976, más de 600 militantes y dirigentes del PCU fueron secuestrados y torturados en el “300 Carlos” o “Infierno Grande” como se lo denominó. 

Se trató de un enterramiento primario. Este hecho pone en cuestión la existencia de la Operación Zanahoria. Cada día parecería  más evidente que la misma fue un invento para desalentar las investigaciones y la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos.

La inoperante actuación judicial

Es público y notorio que en febrero del año 1976 el general ® Esteban Cristi, uno de los más prominentes golpistas de derecha, un auténtico caudillo militar del “proceso”, emitió una orden por medio de la cual felicitó a un número importante de militares por su activa y destacada participación en dicha operación represiva. Entre los mencionados figura el coronel ® Avelino Ramas, ya condenado por otros crímenes y gozando de una saludable prisión domiciliaria desde hace muchos años, sin haber estado nunca en algún centro penitenciario. Un auténtico prisionero VIP de la Suprema Corte de Justicia.

El general Esteban Cristi fue Jefe de la Región Militar N° 1 desde el año 1971 hasta su retiro en 1977. Encabezó junto al general ® Gregorio “Goyo” Alvarez la represión contra el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) durante el año 1972, fue un destacado golpista y el creador del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) al cual dirigió a través del general ® Juan Vicente Queirolo.

También figura felicitado por su accionar el  coronel ® Jorge “Pajarito” Silveira, condenado y procesado. Recientemente tomó notoriedad pública al conocerse, a través de la denuncia del periodista y escritor Leonardo Haberkorn,  las acusaciones que realizó contra José “Nino” Gavazzo en el Tribunal de Honor en su contra.

Vale la pena mencionar que en dicho tribunal,  José Nino Gavazzo reconoció que asesinó y pretendió desaparecer a Roberto Gomensoro Josman arrojando su cuerpo en el lago de la represa del Rincón del Bonete, en las inmediaciones del Campo III del Ejército en Paso de los Toros. Dicha conducta no mereció ni para el ex comandante en Jefe del ejército general ® Guido Manini Ríos ni para seis generales que integraron  dichos tribunales el calificativo de falta grave al honor del Ejército.

La Ley de Caducidad promovida por el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, recientemente designado Secretario General del Partido Colorado por el presidenciable Ernesto Talvi, impidió la actuación de la justicia en el cumplimiento de sus obligaciones básicas, durante más de 20 años. Fue un obstáculo casi insalvable. En octubre del 2011, durante el gobierno de José Mujica, a través de la Ley 18 831, se restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. Desde ese momento, no existen obstáculos legales de ningún tipo para que los operadores del sistema investiguen y actúen.

Una causa irrenunciable

Más allá de las dificultades, de la negativa de los responsables de los hechos a colaborar, del apoyo económico, político y mediático de quienes defendieron y defienden hasta el día de hoy la inconstitucional Ley de Caducidad, el Estado, sus órganos no pueden renunciar a la labor de investigar y sancionar a los responsables de los delitos, de buscar  los restos de todos los detenidos desaparecidos.

No se trata solamente de solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas. Los Estados no pueden renunciar nunca al repudio de los actos criminales, no pueden dejar de condenar una y otra vez el terrorismo Estatal, de generar las condiciones que impidan la repetición de los hechos.

El proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo y a estudio del Parlamento que otorga nuevas potestades a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que pueda investigar estos casos es una medida en tal dirección. Todo el respaldo de nuestro colectivo a dicha iniciativa.
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Opinando N° 17 – Año 8 – Martes 3 de setiembre de 2019

martes, 27 de agosto de 2019

Desaparición forzada: un crimen de Lesa Humanidad

Los Sitios de Memoria son, y deben ser, aquellos espacios, lugares, edificios e instalaciones que en su momento fueron centros de reclusión, de torturas, de humillación, de asesinatos, de miles de uruguayos. Lugares de enterramientos clandestinos. También aquellos espacios físicos que fueron en su momento lugares emblemáticos de resistencia popular.

El próximo viernes 30 de agosto se celebra el Día internacional del Detenido Desaparecido. En la mañana, a las 10.30 horas se inaugura un Sitio de Memoria en Camino a la Memoria y Ruta 85, en Toledo, Departamento de Canelones.  En ese lugar, se encontraron, hace algunos años, los restos mortales del maestro Julio Castro y, posteriormente, de Ricardo Blanco Valiente.


En el predio del Batallón de Infantería Paracaidistas N° 14
 se encontraron enterrados los restos del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco Valiente.

Dos casos paradigmáticos

Julio Castro fue un educador de prestigio y reconocimiento internacional. Un periodista uruguayo, militante sindical y político. Un intelectual prestigioso. Fue secuestrado por la dictadura cívico-militar el 1 de agosto de 1977 debido a las acciones de resistencia que llevaba a cabo. Siendo una persona ya mayor en el momento de ser detenido, durante muchos años se pensó que había muerto mientras era torturado en el Centro de torturas conocido como “La Casona”. Al hallarse sus restos, se descubrió que fue ejecutado al pie de la tumba con un disparo a quemarropa en la cabeza.

Permaneció como detenido desaparecido durante 34 años, hasta el 21 de octubre de 2011, cuando su cuerpo fue encontrado en un enterramiento clandestino realizado por el personal militar uruguayo en este predio militar en Toledo. Su desaparición y búsqueda fueron emblemáticas, ya que fue la primera desaparición forzada enmarcada en la represión de las dictaduras en América Latina investigada en particular por las organizaciones de defensa de Derechos Humanos.

Ricardo Blanco Valiente, detenido el 15 de enero de 1978 cuando tenía 39 años de edad, oriundo de Mercedes, fue militante sindical de Aute y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Fue interrogado  también en La Casona por personal del Servicio de Información de Defensa (SID) y se lo vio por última vez, en muy malas condiciones físicas, debido a las torturas sufridas, en el centro clandestino de detención y torturas La Tablada que dependía del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

Sus restos mortales, en un enterramiento primario, fueron encontrados el 15  de marzo de 2012 por el Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF) de la Universidad de la República, Facultad de Humanidades y Ciencias.

La desaparición forzada: una metodología cruel

La desaparición forzada de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una práctica  represiva cruel e inhumana que merece la mayor de las condenas en todos los planos. Una metodología auténticamente condenable y repugnante.
Durante el período conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. 

Los primeros (Héctor  Castagneto  Da Rosa y Abel Ayala) por parte del Escuadrón de la Muerte cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco. Roberto Gomensoro Josman fue desaparecido  en marzo de 1973 por parte de las Fuerzas Armadas como lo declaró recientemente José Nino Gavazzo,  durante el gobierno de Juan María Bordaberry. El resto, luego de la disolución de las Cámaras en junio de 1973. Muchos de ellos en el marco del Plan Cóndor y al amparo de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Hasta el momento sólo se ha podido esclarecer un pequeño número de casos y se han identificado solamente los  restos de cinco detenidos desaparecidos. Jurídicamente, la Suprema Corte de Justicia, incluso, no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa Humanidad y ha autorizado las prisiones domiciliarias para los escasos condenados.

Nuevas facultades a la INDDHH

Hace 15 días, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley atribuyendo nuevas facultades a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH) para que pueda continuar las investigaciones al respecto.
Dotar a la INDDHH de facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, son herramientas imprescindibles.

Al crear la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han emitido un mensaje claro y contundente sobre su compromiso  con la Verdad de lo ocurrido y con la Justicia como herramienta fundamental para construir una sociedad sólida y democrática.

INDDHH: facultades para seguir investigando

La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es un camino esencial  a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Es un camino imprescindible  para afirmar las normas de derechos humanos, el Estado de Derecho y la propia  institucionalidad democrática.

La creación de la INDDHH  ha sido un auténtico logro de la sociedad uruguaya de los últimos años. Ha contribuido a mejorar la conducta estatal, una convivencia más digna y más  humana. Ha jugado un papel importante en lo referido a la conciencia social de los DDHH.

Desde su constitución, si bien ha sido duramente atacada y cuestionada en forma constante por los sectores más conservadores y los medios de comunicación como El País, ha logrado un importante reconocimiento a nivel de toda la sociedad, en especial entre los sectores más vulnerables y desprotegidos de ella.

Otorgar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo estas nuevas atribuciones para que pueda   investigar hechos de enorme trascendencia histórica y vital para la afirmación democrática,  tal como lo plantea el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, es una iniciativa valiosa y muy trascendente.

Al convocar a estas actividades en este día tan especial, exhortamos a todas y todos los parlamentarios a aprobar, a la mayor brevedad, el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sin desvirtuarlo. Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos a seguir movilizados para construir un auténtico Nunca Más.

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Opinando N° 16 – Año 8 – Martes 27 de agosto de 2019

jueves, 22 de agosto de 2019

Declaracion por atentado a placas de memoria CNHSM


Uruguay, 21 de agosto de 2019.

DECLARACIÓN 

El pasado año se aprobó la Ley de Sitios de Memoria de Uruguay y se constituyó la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria en cumplimiento de dicha ley.

Los Sitios de Memoria, por su valor testimonial, constituyen instrumentos a disposición de los Estados para cumplir sus obligaciones en materia de Justicia, Verdad, Memoria y Reparación. Una Política Pública de Sitios de Memoria tiene por cometido el reconocimiento y preservación integral de los Sitios de Memoria, por lo que el Estado tiene el deber de garantizar su preservación, su funcionamiento, gestión y sustentabilidad.

Son numerosos, y no son casos aislados, los atentados que se han realizado contra diversas marcas que señalan Sitios de Memoria en diferentes lugares del país. Mencionamos algunos de ellos: los Memoriales de Detenidos Desaparecidos en el Cerro de Montevideo, del Penal de Libertad, de Bella Unión. Las placas por Julio Castro en Salinas, por Wilson Ferreira Aldunate en el puerto de Montevideo, por el Contralmirante Oscar Lebel. Los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención: Batallón 13 – Servicio Material y Armamento (“300 Carlos”), Fusileros Navales (FUSNA), ex Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva (CGIOR); Hospital Militar.

La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, integrada por las organizaciones sociales y organismos del Estado que la integran, repudia el nuevo atentado contra las placas de memoria colocadas en el Servicio de Material y Armamento ( “300 Carlos”) y en el Batallón 13, lindero al sitio antes mencionado y reafirma su fin de promover la democracia y vigencia de los derechos humanos mediante la recuperación, construcción y difusión de las memorias colectivas, a través de los Sitios y Espacios de Memoria. Llama a las autoridades competentes a cumplir sus obligaciones investigando cada uno de esos episodios, identificando y responsabilizando a sus autores y tomando las medidas necesarias para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Reclama que los organismos del Estado se comprometan en la preservación de estas marcas de memoria y exhorta a la sociedad toda a participar en la construcción de la Memoria Colectiva, Plural y Democrática.


COMISIÓN NACIONAL HONORARIA DE SITIOS DE MEMORIA

martes, 20 de agosto de 2019

Una causa sagrada y permanente



El pasado lunes 12 de Agosto, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley destinado a asignar nuevas atribuciones legales a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). La iniciativa le otorga facultades  para investigar lo ocurrido en cuanto a la desaparición forzada de ciudadanos durante el período del Terrorismo de Estado.


La Corte de Roma condenó a cadena perpetua a criminales que gozan de prisión domiciliaria en Uruguay

La desaparición forzada de ciudadanos por parte de funcionarios del Estado es una práctica  represiva cruel e inhumana que merece la mayor de las condenas en todos los planos. Una práctica auténticamente condenable y repugnante.

Durante el período conocido como Terrorismo de Estado, casi doscientos uruguayos fueron secuestrados y desaparecidos en el marco del Plan Cóndor dentro y fuera de las fronteras nacionales por parte de los servicios represivos. Dos de ellos (Héctor  Castagneto Da Rosa y Abel Ayala) por parte del Escuadrón de la Muerte cuando gobernaba Jorge Pacheco Areco, Roberto Gomensoro Josman en marzo de 1973 durante el gobierno de Juan María Bordaberry y el resto luego de la disolución de las Cámaras en junio de 1973.

Hasta el momento sólo se ha podido esclarecer un pequeño número de casos. El Poder Judicial, el órgano estatal con las mayores facultades constitucionales al respecto,  por diferentes causas, vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado (1989 a 2011), entre otras, aunque no la única, no estuvo en condiciones de actuar con la eficacia y la eficiencia que la gravedad de lo ocurrido ameritaba. La Suprema Corte de Justicia, incluso, no las considera hasta el momento como Crímenes de Lesa Humanidad y ha autorizado las prisiones domiciliarias para los escasos condenados.

La investigación criminalística es decisiva

Dotar a la INDDHH de facultades reales para llevar a cabo investigaciones a fondo, con metodología criminalística, interrogando a los potenciales involucrados, allanando domicilios, solicitando compulsivamente información y archivos, son herramientas imprescindibles.

Al crear la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo han emitido un mensaje claro y contundente sobre su compromiso  con la Verdad de lo ocurrido y con la Justicia como herramienta fundamental para construir una sociedad sólida y democrática.

Dotar de recursos

Para cumplir los nuevos cometidos asignados a la INDDHH,  deberá ser dotada de los recursos básicos e imprescindibles para ello. Desde la perspectiva de nuestro colectivo no tenemos una visión optimista. Hasta el momento, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, una gran herramienta en la batalla histórica por la construcción histórica del pasado,  para contrarrestar las tesis negacionistas, no cuenta con recursos para funcionar. 

La Oficina de Atención a las Víctimas del terrorismo de Estado (OAVTE), dependiente de ASSE y del MSP, a pesar de las reiteradas gestiones llevadas adelante por Crysol en los últimos dos años, no cuenta con los recursos para hacer frente a los pagos a los proveedores. Un mayor compromiso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de los tomadores de decisiones al respecto, sería muy importante.

Un auténtico compromiso con la Verdad y la Justicia

La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los DDHH es el principal camino a recorrer para que ellas no vuelvan a ocurrir. Es un camino imprescindible de afirmar las normas de derechos humanos, las disposiciones legales, el Estado de Derecho y afirmar la institucionalidad democrática.

La discusión que en las próximas semanas, antes de su receso debido al ciclo electoral, se procesará en el Senado y luego en diputados, será una prueba inexcusable para conocer el alineamiento de todos los partidos acerca de esta temática, tan importante y tan decisiva.

La INDDHH  ha sido un auténtico logro de la sociedad uruguaya de los últimos años para afirmar una convivencia más digna y más  humana. Ha jugado un papel importante en lo referido a la temática en general. Si bien ha sido duramente atacada y cuestionada en forma constante por los sectores reaccionarios y los medios de comunicación como El País, ha logrado un importante reconocimiento a nivel de toda la sociedad, en especial entre los sectores más vulnerables y desprotegidos de ella.

Otorgar a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo estas nuevas atribuciones para que pueda   investigar hechos de enorme trascendencia histórica y vital para la afirmación democrática,  tal como lo plantea el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, es una iniciativa valiosa y muy trascendente. Debería ser aprobado por unanimidad en ambas cámaras. No somos optimistas al respecto. Lo sucedido con la petición de destituir a generales en actividad que consideraron que torturar, asesinar y desaparecer a una persona detenida no afectaba el honor de las Fuerzas Armadas,  no fue votada por los senadores de   la oposición, es un motivo para ello.

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Opinando N° 15 – Año 8 – Martes 20 de agosto de 2019

viernes, 16 de agosto de 2019

"Silencio: ha muerto un estudiante"


La Diaria - 14 de agosto de 2019 | Escribe: François Graña en Posturas(*)

Ramiro Alonso
Esta nota y las precedentes (1) constituyen un avance de mi investigación sobre la pasión militante en los tardíos 60 y tempranos 70. Trataré aquí de los acontecimientos que, entre mayo y setiembre de 1968, se saldan con el asesinato de tres estudiantes en las calles de Montevideo.

En marzo de 1967, el Partido Colorado retomaba las riendas del Estado luego de dos períodos consecutivos de gobiernos blancos. El presidente electo, Óscar Gestido, moría súbitamente meses más tarde y asumía su vice, Jorge Pacheco Areco. El ex boxeador protagonizaría una gestión de mano dura cuasi dictatorial: gobierno en base a decretos, clausura de periódicos opositores, ilegalización de partidos, represión desenfrenada, introducción de la tortura en los interrogatorios policiales.

En esos años, el subsidio parcial del transporte colectivo constituía un alivio para decenas de miles de liceales montevideanos, y en especial para los hogares modestos erosionados por la carestía y la inflación, que en 1968 llegó a 180%. 

A fines de mayo de ese año, la Intendencia de Montevideo anunciaba un aumento en el precio del boleto. Fue la chispa que encendió la pradera seca; en pocos días la marea de protesta estudiantil subía incontenible. Se multiplicaban las asambleas de clase, la movilización ganaba las calles con una masividad inédita. En esas semanas, la Policía recibía la orden de abrir fuego sobre los manifestantes con sus armas de reglamento. Los baleados en los meses siguientes sumaban decenas, a los que se agregaban centenares de estudiantes heridos con sablazos y machetazos.2

En los meses venideros, el número de manifestantes y la virulencia de los enfrentamientos con la Policía subirían sin pausa. Del lado estudiantil, hacían su aparición los cócteles Molotov y los “cortes de fuego” callejeros hechos con cubiertas de automóvil rellenas de estopa o aserrín y rociadas con nafta. Ante el carácter masivo y sostenido de la movilización, las empresas transportistas cedieron temporalmente. Pero el compromiso oficial de mantener el precio del boleto no logró enfriar un clima de protesta y manifestación callejera en plena espiral ascendente. Los liceos seguían ocupados, se sumaban los universitarios, y la nueva consigna era “¡estudiantes a luchar por boleto popular!”.

“Había una especie de frenesí en los estudiantes, basado en la seguridad de estar en lo justo y en la percepción de la iniquidad del gobierno y de la Policía”, escribe un participante de aquellas movilizaciones que años más tarde analiza desde la ciencia social; “se palpaba la impresión de haber adquirido una nueva potencia que ponía en jaque al gobierno, mediante ese estado de movilización extendido e impersonal”.3

En los primeros días de junio se extendió la ola de manifestaciones callejeras y de enfrentamientos con la Policía. En la tarde del jueves 6, una marcha de liceales avanzaba por 18 de Julio desde la Universidad de la República hacia la plaza Independencia. En la calle Minas se detuvo un patrullero; bajaron de él varios policías, desenfundaron sus armas y abrieron fuego sobre los manifestantes. Cinco heridos de bala fueron internados; a uno de ellos se le debió amputar un brazo, otro quedó con un brazo semiparalizado de por vida, y un tercero, que había sido baleado en una pierna, quedaría rengo para siempre. 

Una semana más tarde, el Poder Ejecutivo decretó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), una modalidad de estado de excepción establecida en el artículo 168 de la nueva Constitución votada dos años antes. Las MPS podían aplicarse “en los casos graves e imprevistos de ataque exterior o conmoción interior”, y autorizaban a encarcelar a cualquier persona por tiempo indeterminado, sin mediar acusación formal ni juicio alguno. 

En su argumentación se alude a la “perturbación profunda de la paz social y el orden público” resultantes de numerosos conflictos sindicales, en particular la banca oficial y otros empleados públicos.4 La atmósfera de estado de sitio y los métodos policiales expeditivos se instalaron de forma duradera en el país.

El 7 de agosto, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN) secuestraba al presidente de UTE, Ulysses Pereira Reverbel. Se había destacado desde el gobierno en la persecución a militantes sindicales, por lo que su secuestro constituía en sí mismo una acción propagandística contra el autoritarismo en ascenso. Dos días más tarde, en la madrugada, la Policía allanaba varias facultades sin orden judicial y sin la presencia de autoridades universitarias; pretendían buscar información sobre el secuestro. 

La presunción del gobierno de Pacheco era obvia: los “subversivos” no podían ser otros que los mismos “revoltosos” al frente de las manifestaciones estudiantiles en todos esos meses. Este grave acto de ilegalidad por parte de un gobierno no tenía precedentes; durante los allanamientos, los oficiales al mando de la operación prohibieron el acceso de las autoridades universitarias. El Consejo Directivo Central de la Universidad de la República denunciaba con vehemencia los hechos, y en las calles se hacía sentir la reacción airada de los estudiantes, que intensificaban los enfrentamientos con la Policía.

Ese mismo día, un culatazo hundía el cráneo de un adolescente de 14 años; no participaba siquiera de manifestación alguna, caminaba solo por Colonia, a pasos de Tristán Narvaja. A 100 metros de allí, frente a la Biblioteca Nacional, una patrulla de Coraceros se ensañaba a golpes con un estudiante tirado en el suelo. 

Mario Eduardo Toyos, de 17 años, ingresaba al Clínicas en estado de coma con el parietal hundido; había recibido el impacto de una granada lacrimógena. No se trató de un accidente: la prensa opositora denunció que la Policía había sido instruida para apuntar al cuerpo con armas y lanzagases. Numerosos estudiantes heridos de bala eran atendidos en diversos centros de asistencia así como en domicilios particulares.5

Las movilizaciones “relámpago” de los estudiantes universitarios, secundados por los liceales, se sucedían en todo Montevideo. Consistían en una modalidad de manifestación callejera acorde con las nuevas formas de la represión policial; numerosos grupos de estudiantes se concentraban discretamente en ciertos liceos o facultades, y un rato más tarde circulaba de boca en boca el lugar y hora de la concentración, así como la consigna a corear.

Los acontecimientos se precipitaron. El lunes 12 de agosto, una manifestación conjunta de estudiantes de Veterinaria y de Odontología recorrió la avenida Larrañaga (hoy Luis Alberto de Herrera) en dirección a Rivera. Las demandas eran las mismas en todos esos días: más presupuesto para la Universidad y cese del avance autoritario en ciernes. 

El actual político frenteamplista y presidente del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Héctor Lescano, por entonces estudiante de Veterinaria de 20 años, se encontraba allí. Todo sucedió muy rápidamente. La manifestación pasaba frente a la Facultad de Veterinaria, cuando “llega para reprimir lo que llamábamos una ‘chanchita’, un vehículo policial… y eran pocos policías, tres o cuatro”. 

El oficial Enrique Tegiachi se bajó del vehículo y baleó por la espalda a un manifestante situado a unos cuatro metros de distancia; el proyectil salió por la ingle izquierda, y –se sabría después– le seccionó la arteria femoral. El estudiante abatido empezó a perder sangre a borbotones. Un grupo de compañeros se acercó a socorrerlo; los policías les pidieron documentos, la asistencia al herido se demoró un lapso que sería crítico.

Una anécdota tragicómica da cuenta del componente lúdico que caracterizaba todavía a la protesta estudiantil, en dramático contraste con una represión brutal que se intensificaba día a día. Uno de los manifestantes arrebató la gorra al policía que había disparado su arma; “el gorro de este oficial de policía estuvo colgado varios días después de este episodio en el mástil de la Facultad de Veterinaria donde va la bandera nacional”, relata Lescano.6

El estudiante baleado fue internado de gravedad en el Hospital de Clínicas. Durante la intervención quirúrgica se le hizo un injerto en la arteria seccionada, y debió ser reanimado en dos oportunidades; luego de horas de incertidumbre, el equipo médico informó que se había logrado detener la hemorragia. Pero no pudo evitarse lo peor; el miércoles 14, la noticia de la muerte de Líber Arce recorrió la ciudad. Tenía 28 años, era militante de la Unión de la Juventud Comunista y estaba muy avanzado en la carrera de Mecánico Dental.

Ese día, el Ejecutivo prohibió la difusión de la noticia de su muerte; ya estaba vigente la censura previa a toda comunicación emitida por las autoridades universitarias. Sin embargo, nada impidió que más de 200.000 personas acompañaran al féretro hasta el cementerio del Buceo el jueves 15; sería el acto de repudio más masivo al gobierno de Pacheco. Muchos comercios cerraron, los ómnibus de la empresa estatal AMDET circulaban con una cinta negra en el parabrisas. “Silencio: ha muerto un estudiante”, se leía en una gran cartel colocado al frente de la Universidad.

"La brutal reacción del gobierno de Pacheco fue decisiva para estimular la lucha, proveyéndola de sucesivas motivaciones concretas: protestas contra la represión policial en mayo, contra la declaración de MPS en junio, contra la violación de la autonomía universitaria y la primera muerte de un estudiante en agosto. Estos dos últimos acontecimientos produjeron la conciencia de una ruptura de la paz uruguaya. Con muertos y heridos se derrumbó una imagen de sociedad".7

Semanas más tarde, la Policía adoptaba una nueva escopeta de cartucho para emplear en las manifestaciones estudiantiles. El 20 de setiembre, abrieron fuego contra los manifestantes en las inmediaciones de la Universidad. Hugo de los Santos, de 19 años, estudiante de Ciencias Económicas, cayó herido de muerte; un perdigón le había dado en el corazón. Susana Pintos, de 27 años, estudiante de la Escuela de la Construcción, también fue baleada; murió horas más tarde en el Hospital de Clínicas. Ambos eran militantes comunistas.8 

Un informe del Sindicato Médico del Uruguay da cuenta de la atención a más de 100 estudiantes heridos con perdigones.9 Ese mismo día, el ministro de Cultura, Federico García Capurro, cursaba una nota al rector de la Universidad: “Señor Rector: ante los acontecimientos permanentes y reiterados que tienen aparentemente su origen en los recintos universitarios –y que todo indicaría que siguen siendo utilizados como base de operaciones para la realización de delitos y atentados en la vía pública como el apedreo, el incendio de vehículos y las agresiones a las personas, bienes y comercios– y que, sin lugar a dudas, se utilizan, a pesar de las advertencias reiteradas del Poder Ejecutivo, como refugio de esas fuerzas del desorden para, desde adentro, continuar la acción de violencia hacia el exterior, requiero del señor Rector y de las autoridades de la Universidad la aplicación de medidas que impidan en definitiva la repetición de esos hechos intolerables”.10

El Uruguay liberal, moderado y contemporizador se desvanecía a ojos vistas. Tres años más tarde, Pacheco encomendaría a los militares la “lucha antisubversiva”; era el preanuncio de la larga noche de dictadura abierta.

François Graña es doctor en Ciencias Sociales, investigador y docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.

Ediciones de la diaria del 24/7/19, 13/6/19, 16/5/19 y 18/5/18.
Marcha, 27/9/68, página 13.

Gonzalo Varela Petito (2002). El movimiento estudiantil de 1968. El IAVA, una recapitulación personal. Montevideo: Trilce, p. 72.

Vania Markarian (2012). El 68 uruguayo: El movimiento estudiantil entre molotovs y música beat. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, p. 41.

Nota de Guillermo Waksman en Marcha del 15/8/68, p. 10.

Testimonio recogido de www.youtube.com/watch?v=tl8Tdp4M8Zw

Gonzalo Varela Petito (1988). De la república liberal al Estado militar. Crisis política en Uruguay 1968-1973. Montevideo: Ediciones del Nuevo Mundo, p. 59.
Diario El Popular, 22/9/68.

Testimonio de Jorge Landinelli recogido de www.youtube.com/watch?v=tl8Tdp4M8Zw

Consejo Directivo Central (1968). Actas de sesiones. Año 1968/2, Acta N° 55, p. 1.247 (mimeo).

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