El Dr. Eduardo Lust afirmó, recientemente, en una entrevista en el
programa televisivo “Buscadores”, que la Ley 18 596
dice que acá
hubo un Estado terrorista desde el año 1968. Una enorme
falsedad.
Dr. Eduardo Lust en in fraganti mentira
En setiembre del año 2009, durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, a 24 años del retorno a la democracia, se aprobó la Ley 18 596, con el respaldo normativo de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. La ley estuvo destinada a resarcir a varios colectivos de víctimas del período predictatorial, de la dictadura civil militar encabezada por Juan María Bordaberry y del terrorismo de Estado. Amparó a colectivos de víctimas que hasta el momento no habían sido contemplados.
A diferencia de lo afirmado por el Dr. Eduardo Lust, la ley solo establece que desde el 13 de
junio de 1968 el Estado comenzó a actuar de una manera ilegítima al cometer o tolerar graves violaciones a los Derechos Humanos en dicho período por parte de agentes del Estado, incluso
desde el Poder Ejecutivo. Según la ley, dicho período comprende desde el 13 de junio de 1968 hasta el 27
de junio de 1973.
Las Medidas Prontas de Seguridad
El 13 de junio de 1968, el presidente de la época, Jorge Pacheco Areco, del Partido Colorado, implantó las Medidas Prontas de Seguridad (MPS). Ellas son un instituto constitucional transitorio que otorga poderes discrecionales al Poder Ejecutivo y elude el control del Poder Legislativo para gobernar. De acuerdo al Prof. Carlos Demasi, el establecimiento de las MPS estuvo dirigido básicamente a disciplinar al movimiento sindical ciudadano y rural, a los gremios estudiantiles, de secundaria, de la UTU y de la Universidad, al adoptar la decisión de aplicar las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para hacer frente a la crisis económica que azotaba al país desde varios años atrás.
Al amparodelas MPS deseguridadsesuspendieronlas garantías constitucionales,seprohibieron
las actividades gremiales,semilitarizaron trabajadores públicos y privados, seimpusola censura
y se clausuraron medios de prensa, se intervino la Enseñanza Secundaria, se mataron estudiantes mientras manifestaban pacíficamente, hubo decenas de detenidos sin intervención del Poder Judicial, la tortura comenzó a ser un instrumento habitual con los militantes gremiales, sindicales, sociales y políticos y comenzó a actuar el Escuadrón de la Muerte con la complicidad de las autoridades gubernamentales.
Un embustero
El Dr. Eduardo Lust, con la aquiescencia de los panelistas de Buscadores, por desconocimiento, seguramente, manifestó que la Ley 18.596 estableció que en dicha fecha comenzó el Estado terrorista. Cortando grueso, afirmó, además, que ello se hizo para estar en condiciones de otorgar más pensiones de privilegio, a gente que no trabaja.
No es cierto. La Ley 18 596 no dice eso. Simplemente dice que a partir de esa fecha y hasta el 26 de juniode 1973 el Estado comenzó a actuar deuna manera ilegítima, violandoo permitiendo la violación de los derechos humanos de importantes colectivos de la sociedad y limitando la libre expresión, censurando y clausurando medios de prensa, de comunicación y, hasta prohibiendo el uso de palabras.
En lo referido al pasado reciente, las únicas pensiones que otorga el Estado uruguayo son las Pensiones Especiales Reparatorias (PER) a aquellas personas que habiendo sido procesadas por la justicia, estuvieron privadas de su libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero
de 1985. El otorgamiento de la PER, un resarcimiento econoómico de acuerdo a disposiciones constitucionales para quienes sufrieron torturas,
abusos sexuales, juicios sin garantías y privación de la libertad de manera prolongada, fue establecido en la Ley 18 033 de octubre de
2026. La ley fue votada por
legisladores de todos los partidos con representación parlamentaria en dicho momento.
Las víctimas del Pachecato
El establecimiento del 13 de junio de 1968 como momento en el cual el Estado uruguayo comenzó a actuar de manera ilegítima, un hecho comprobado e indiscutido, permitió el resarcimiento a los familiares de los estudiantes asesinados, de aquellas personas que sufrieron Lesiones Gravísimas como resultado de la represión policial desenfrenada. También permitió que fueran incluidos, a los efectos de la reparación que estipulan las normas legales, los familiares de las víctimas del Escuadrón de la Muerte que operó en nuestro país con el respaldo del Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior durante dicho período.
Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, Heber Nieto, Julio Spósito, Nelson Santiago Rodríguez Muela y Joaquín Kluver fueron algunos de los estudiantes asesinados mientras participaban en movilizaciones de protesta del movimiento estudiantil. Luis Batalla y Oscar Fernández Mendieta fueron asesinados en la tortura en cuarteles del Interior a manos de las FFAA y Roberto Gomensoro Josman fue asesinado en la tortura en el Batallón de Artillería Nº1 a manos de José Nino Gavazzo en marzo de 1973 y posteriormente desaparecido.
Ariel Ayala, Héctor Castagnetto Da Rosa, Manuel Ramos Filippini e Íbero Gutiérrez fueron víctimas del Escuadrón de la Muerte propiciado y alentado desde el gobierno. Los dos primeros son los primeros desaparecidos del Estado y los otros dos fueron brutalmente asesinados en el
períordo en que
el “constitucionalista”
Eduardo Lust considera una democracia.
Otro embuste más: la justicia militar
La inmensa mayoría de las y de los presos políticos no fueron juzgados y condenados por jueces de la democracia como afirma el constitucionalista Eduardo Lust. Es falso. Lo sabe muy bien. Luego de la Declaración del Estado de Guerra Interna el 15 de abril de 1972, las Fuerzas Conjuntas (FFCC) desataron una feroz represión en todo el país. El fusilamiento a mansalva de 8 obreros en la Seccional 20 del Partido Comunista (PCU) el 17 de abril fue el inicio de una ofensiva represiva orientada en primer lugar hacia las organizaciones armadas pero que apuntaba hacia el establecimiento de la dictadura.
A partir de ese momento, todas las personas secuestradas y detenidas en los operativos de las Fuerzas Armadas comenzaron a estar a disposición de la justicia militar. Este hecho se vio refrendado con la aprobación de la Ley de Seguridad del Estado (Ley 14 068) en el mes de julio.
Lo afirmado por Eduardo Lust en el programa Buscadores es una burda mentira. Fueron jueces militares los que comenzaron a actuar y a condenar sin garantías de ningún tipo. Una vergüenza. Secuestrados, incomunicados, encapuchados, días y semanas de plantón en plazas de armas, sin comer ni beber ni poder hacer las necesidades, submarino en tachos y en seco, picanas y colgaduras, golpizas, abusos y violaciones. Como dijo el coronel retirado Néstor Bolentini, ministro del Interior de Juan María Bordaberry y, posteriormente integrante del Consejo de Estado: la justicia militar no era justicia, era el Ejército en Operaciones. Eduado Lust es un embustero. Hay pruebas. Abundan.
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Opinando
N° 14 – Año
15 – Jueves
10 de setiembre de
2026
