La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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martes, 3 de agosto de 2021

Ahh, maldita Ley de Caducidad

 Ahh, maldita Ley de Caducidad

 

 

Al amparo de la inconstitucional Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado y de jueces ineptos que equiparon el accionar de un Tribunal militar, conformado en plena dictadura, con la actuación del Poder Judicial, el general retirado Daniel Castellá desplegó una estupenda carrera militar en democracia.

El ministro de Defensa Nacional, Dr. Javier García solicitó la renuncia como presidente del Supremo Tribunal Militar al general retirado Daniel Castellá la semana pasada. Lo hizo al constatar que se lo mencionaba, en documentos militares de la época, como participante en el interrogatorio del Dr. Vladimir Roslik, brutalmente asesinado durante el mismo, en Fray Bentos, en abril de 1984.

Siempre se supo, desde que el Semanario Jaque desarrolló su investigación periodística, que el general Daniel Castellá participó en la detención del Dr. Vladimir Roslik siendo un oficial de infantería, en un procedimiento violento, como lo señaló su viuda. Por el crimen del Dr. Vladimir Roslik, quien ya había sido procesado en 1980 y recluído en el Penal de Libertad, ante la enorme reacción popular que se generó, la Justicia Militar dispuso el procesamiento del Jefe del Batallón teniente coronel Olivera y del Subjefe del mismo, el mayor retirado Sergio Caubarrere. Ambos fueron condenados con penas irrisorias.

Un crimen espeluznante

El asesinato del Dr. Vladimir Roslik, un joven médico residente en la Colonia San Javier, de ascendencia rusa, en el departamento de Río Negro, estremeció profundamente a la sociedad uruguaya por su violencia, su falta de sentido y por el momento en que ocurrió.

Desde el 15 de abril de 1972 cuando el Parlamento declaró el Estado de Guerra Interno y otorgó facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas, entre ellas el uso de los tribunales militares para juzgar a civiles, la detención y el secuestro de ciudadanos, asociado a la tortura, masiva, sistemática y generalizada, pasó a ser el modus operandi en todos los procedimientos represivos. Más de 7.500 ciudadanos fueron secuestrados, torturados y formalmente condenados por tribunales militares.

El crimen del Dr. Vladimir Roslik fue perpetrado cuando el Comandante en Jefe era el teniente general Pedro Aranco, la dictadura ya tenía las horas contadas luego del triunfo del No en el Plebiscito de 1980, ante la gran movilización popular y los operativos represivos ya no eran frecuentes.

Hoy se sabe, gracias al pedido de información realizado por La Diaria, que el Dr. Vladimir Roslik fue asesinado por órdenes superiores de los mandos en una sesión de tortura pedagógica, para interiorizar a los jóvenes oficiales sobre los métodos de interrogatorio, en una pequeña pieza, delante de 11 oficiales del Ejército que lo molieron a golpes, hasta matarlo, de acuerdo a la autopsia.

Ley de Caducidad: ley de impunidad
 
En diciembre de 1986, durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (Ley 15 848) para amnistiar a los criminales del terrorismo de Estado. Fue aprobada bajo una fuerte presión de los militares comandados por el teniente general Hugo Medina y ratificada por un Referéndum en abril de 1989. La Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional el 22 de octubre de 2009 mediante la Sentencia 365. 

Durante la vigencia de la Ley de Caducidad, el Poder Judicial quedó sometido a la voluntad expresa del Poder Ejecutivo y la inmensa mayoría de las causas judiciales se paralizaron. Hasta la llegada al gobierno del Dr. Tabaré Vázquez en el año 2005, los sucesivos presidentes que tuvo el país, dieron amparo en ella y mandaron archivar todas las causas y denuncias que se presentaron.

La causa judicial del Dr. Vladimir Roslik nunca pudo progresar en el ámbito del Poder Judicial porque quedó comprendida en la Ley de Caducidad. Todos los implicados en el crimen fueron amparados por ella y continuaron sus carreras militares en democracia. Entre ellos, el general retirado Daniel Castellá.

Horror: el Tribunal de Apelaciones legitima la Justicia Militar
 
Al restablecerse plenamente la pretensión punitiva del Estado en octubre de 2011, durante el gobierno de José Mujica, Ley 18 831, se llevó a cabo el intento de reabrir el caso. La jueza de Fray Bentos entendió que la causa había prescripto y era “Cosa juzgada”, dispuso el archivo de la misma. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones de 2º turno le dio la razón a la jueza. La esencia del planteo es sencilla. Ya actuó la Justicia Militar y por lo tanto no corresponde, legalmente, una nueva actuación judicial.

La Justicia Militar es parte integrante de las Fuerzas Armadas. En su actuación no es imparcial ni ofrece garantías de ningún tipo. Es un órgano administrativo, sujeto a las órdenes de las jerarquías castrenses. El Poder Judicial, en nuestro sistema democrático republicano de gobierno es uno de los poderes del Estado. Es, precisamente, el que tiene todas las potestades exclusivas de investigar, esclarecer y castigar los hechos de apariencia delictiva.

En el caso Vladimir Roslik, hasta ahora, ha renunciado a cumplir sus funciones constitucionales con el visto bueno de sus máximas autoridades como ha quedado demostrado.

El general retirado Daniel Castellá, al igual que decenas de represores, hizo su carrera militar en democracia protegido por la Ley de Caducidad en el marco jurídico vigente. Los ex presos políticos enfrentamos la Ley de Caducidad, promovimos activamente su anulación y, luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia en el año 2009, el restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado. Además de apoyar todas las causas judiciales en curso, junto al conjunto de la ciudadanía seguiremos movilizados para que el Poder Judicial cumpla con sus obligaciones constitucionales.

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Opinando N° 9 – Año 10 – Martes 3 de agosto de 2021


jueves, 22 de julio de 2021

Traspié público de Aranco Gil


 

Traspié público de Aranco Gil

Documentada deshonestidad intelectual

Juez militar coronel retirado y abogado Eduardo Aranco Gil
(Foto de Búsqueda)

En un extenso y complaciente reportaje concedido al semanario Búsqueda, hace algunas semanas, el coronel retirado y abogado Eduardo Aranco Gil, pese a las restricciones legales propias de los militares en actividad, cuestionó de manera artera y mentirosa, la actuación del Poder Judicial. Buscando impactar en la opinión  pública,  señaló  que  los  criminales  del  terrorismo  estatal  fueron injustamente procesados, “sin garantías legales”. Por declaraciones similares, sin titubear, el fallecido expresidente Dr. Tabaré Vázquez, en marzo de 2019, destituyó al que fuera Comandante en Jefe del Ejército, al general retirado y actual senador oficialista Guido Manini Ríos.

Lo sorpresivo: adujo,  para dar énfasis y credibilidad a su argumentación, propia de cantinas militares, que “no hay seguridad jurídica porque como dice el profesor  Galain  Palermo  en  Uruguay  se  está  haciendo  una  interpretación analógica y extensiva de la ley penal, algo que va en contra de los principios jurídicos”.

Deshonestidad intelectual de Aranco Gil

Pablo Galain Palermo es un conocido penalista e investigador internacional con una sólida y firme posición en materia de Derechos Humanos. Tradicionalmente ha mantenido una posición en sentido totalmente opuesto a la que mantiene Aranco Gil. El defensor de la postura tradicional del Centro Militar aboga por lograr una amnistía encubierta y sucia para todos los represores del terrorismo estatal que están condenados y para evitar los nuevos procesamientos.

El Dr. Galain Palermo entiende, desde hace más de 10 años que las graves violaciones a los DDHH que se cometieron en Uruguay y fuera de fronteras por Gavazzo, Cordero, Ramas y otros, no solo no prescribieron sino que, además, son crímenes de Lesa Humanidad de acuerdo a la postura mantenida por nuestro país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del Tribunal de Nuremberg para juzgar a los criminales nazis.

Citar a alguien que sostiene  una  posición contraria a  la propia  para dar contundencia a la argumentación que se hace, a sabiendas de que es falso, es una deshonestidad inhabilitante para el ejercicio de cualquier cargo público, en especial en un órgano tan notorio como la Suprema Corte de Justicia.

Galain Palermo desmintió a Aranco Gil

En el número posterior de Búsqueda en que apareció la mencionada entrevista a Aranco Gil, en la sección Cartas al Director, el mencionado Dr. Pablo Galain Palermo desautorizó de plano el uso que se hiciera de su posición jurídica por parte del juez militar.

Sus afirmaciones no dejan lugar a ninguna duda: “mis trabajos sobre el tema han sido citados en los votos discordes de los jueces civiles de la SCJ, contrarios a la posición mayoritaria que considera que los crímenes de la dictadura son delitos comunes (en el sentido contrario a lo manifestado por el juez militar).
Además la lógica de mi pensamientos y mis argumentos no van en la línea de los arriba mencionados”.

Búsqueda publicó la carta del Dr. Pablo Galain Palermo pero el hecho no fue comentado hasta el momento en ninguna parte ni se le dio el relieve que le corresponde, ni siquiera cuando se votó la venia en el Senado de la República por parte de los senadores oficialistas.

Son crímenes de Lesa Humanidad

Desde  siempre  Cabildo  Abierto  ha  defendido  en  todos  los  ámbitos  a  los criminales del terrorismo de Estado de una manera frontal y soez. Su máximo conductor y líder, el general retirado Guido Manini Ríos, ocultó, sin dar cuenta a la Justicia, en su momento, la  terrible confesión que realizara José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor que juzgó su conducta acerca del asesinato de Roberto Gomensoro Josman  y de la desaparición de sus restos, el primer detenido desaparecido a manos del Ejército, en marzo de 1973.

Ahora, desde hace meses, Cabildo Abierto, con la complicidad de políticos afines y medios de comunicación que oficiaron de voceros de la dictadura, pretenden crear un clima propicio para una amnistía “jurídicamente traída de los pelos” y falsa que beneficie a los ya condenados y a quienes lo serán a la brevedad. La más amplia movilización ciudadana y de la opinión pública seguirá jugando un papel determinante para que ello no ocurra. Aportaremos nuestros mayores esfuerzos.

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Opinando N° 8 - Año 10 - Jueves  22 de julio de 2021

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol