La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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viernes, 25 de junio de 2021

48 años del Golpe

 La dictadura y el “clavo” de la Caja Militar



Un legado funesto para la sociedad


El próximo domingo 27 de junio se cumplen 48 años de la disolución de las Cámaras y del inicio de la huelga general desarrollada por la clase obrera, la FEUU y los sectores populares repudiando el golpe de Estado.

La dictadura cívico militar, llevada adelante por el presidente electo Juan María Bordaberry y las Fuerzas Armadas, fue un acontecimiento de gran trascendencia en todos los planos.  Aún sigue teniendo una enorme incidencia en la realidad nacional, en el plano judicial y político pero también en el económico. El crónico déficit del Servicio de Pensiones y Retiros Militares está relacionado con ella.

Hipertrofia de las Fuerzas Armadas

En el año 1968, el presidente Jorge Pacheco Areco sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles y las transformó en actores políticos militarizando y reprimiendo a los trabajadores públicos y privados de diferentes gremios. La activa participación protagónica de las Fuerzas Armadas desde abril de 1972 y, muy especialmente, desde el 9 de febrero de 1973, luego de los acuerdos de Boiso Lanza, demandó un crecimiento inusitado del número de sus integrantes y de los recursos presupuestales asignados a ellas.

Las cifras son elocuentes. En 1970 el número de funcionarios militares ascendía a 17.000, en 1975 eran 25.000, en 1978 eran 28.000 y llegaron a ser 30.000 en 1983 cuando la dictadura comenzaba su fase de repliegue ordenado. Los efectivos militares por decisión de los Altos Mandos se incrementaron en un 75% durante el proceso.  

Dictadura y gastos militares

En 1970 los gastos militares ascendieron a 1,9% del PBI, fueron de 2,4% en 1973 y llegaron a ser del orden del 4% en 1982. Los gastos militares en armamento durante dicho período no se incrementaron de manera sustantiva, en igual proporción al aumento presupuestal. Es razonable suponer que el aumento del gasto estuvo destinado a la nueva función que las Fuerzas Armadas comenzaron a desarrollar desde setiembre de 1971 y, especialmente, desde abril de 1972.

Además con el propósito de favorecer la captación de nuevos miembros y de satisfacer a los integrantes, oficiales y tropas, se aprobó en 1974 una Ley Orgánica, vigente hasta el año 2018, con un régimen previsional sumamente generoso, defendido con uñas y dientes por el general ® Guido Manini Ríos y alabado por el actual Comandante en Jefe del Ejército Gerardo Fregossi el pasado 18 de mayo.

Caja Militar: un legado del terrorismo de Estado

La derrota política de los militares y de su proyecto de Constitución  en el histórico Plebiscito de 1980 marcó un jalón decisivo: culminaría con el retorno a la institucionalidad democrática en el año 1985. Las FFAA, si bien continuaron jugando un papel tutelar durante el primer gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti y en los sucesivos, comenzaron a cumplir  las funciones tradicionales. Por este motivo,  el número de sus integrantes comenzó a reducirse de manera gradual aunque continuaron manteniendo sus privilegios en general y en lo referido al régimen jubilatorio y pensionario.

La aprobación de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aprobada en diciembre de 1986, refrendada por la ciudadanía en abril de 1989, impidió que los criminales estatales fueran juzgados, que las Fuerzas Armadas fueran depuradas, pudieran mantener su poderío e influencia institucional y,  sus privilegios.

La reducción del número de integrantes para adecuarlos a las funciones constitucionales, unido a la ley jubilatoria generosa y privilegiada, es lo que ha llevado a que el sistema de pensiones y retiros de las FFAA sea ampliamente deficitario desde hace más de una década y haya costado, solamente el año pasado, la friolera cifra de 500 millones de dólares.

El inexorable camino de la justicia

Casi 200 detenidos desaparecidos. 200 asesinados. Miles de presos políticos y exiliados. La dictadura cívico militar dejó un saldo trágico para la nación entera en materia de violaciones a los Derechos Humanos pero también en otras esferas de la vida. Los trabajadores perdieron el 50% del poder adquisitivo de sus salarios. Una enorme masa de dinero fue destinada a  las arcas de los grupos económicos  poderosos, los “malla de oro” de la época, que apoyaron el proceso. Al retornar a la democracia el 40% de los hogares de Uruguay estaba por debajo de la línea de la pobreza.

La investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es el camino para impedir que ellos vuelvan a reiterarse, para cerrar la puerta a nuevos procesos similares. Como colectivo seguiremos reclamando el accionar del Poder Judicial sin restricciones de ningún tipo. El castigo de los crímenes es indispensable para afirmar el Estado de Derecho y la plena vigencia de las libertades y derechos. Es lo que corresponde para impedir que el pasado pueda reiterarse.

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Opinando N° 5 – Año 10 – Viernes 25  de junio de 2021

Comando Barneix

 Identifican a presunto autor de amenazas y realizan allanamientos. La Justicia se encuentra analizando el material incautado en los allanamientos

El Observador - 25 de junio de 2021

La policía identificó al presunto autor de los mensajes enviados en enero de 2017 en nombre del autodenominado comando Barneix, con amenazas de muerte a jerarcas y otras personas públicas vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Según dijeron a El Observador fuentes de la investigación en las últimas semanas se realizaron una serie de allanamientos vinculados a la causa.

La Justicia se encuentra analizando el material incautado en los allanamientos. Según se supo el presunto autor de los mensajes tiene alrededor de 30 años y utilizaba varias identidades. 

El autodenominado Comando Barneix toma el nombre de Pedro Barneix, procesado con prisión por Beatriz Larrieu en 2015 por su responsabilidad en el asesinato de Aldo Perrini en 1974 durante la dictadura uruguaya (1973-1985). El militar se suicidó en su casa al enterarse de su procesamiento antes de que la policía lo detuviera.

"El suicidio del general Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio, de ahora en más, mataremos a tres elegidos al azar de la siguiente lista", sostuvo el correo que circuló en 2017. 

Entre los 13 destinatarios estuvieron el exministro de Defensa Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, el exjuez Federico Álvarez Petraglia, la exfiscal Mirtha Guianze y abogados promotores de causas de derechos humanos como Óscar López Goldaracena y Pablo Chargoñia.

En febrero pasado la jueza penal de 26º turno, Ana De Salterain, a cargo del caso, había convocado a una audiencia en la que se analizarán los próximos pasos a dar. Según informó entonces La Diaria se había convocado para el 22 de ese mes al inspector de la Policía que analizó una eventual conexión entre el Comando de Restauración Nacional y el Comando Barneix, aunque en principio ese vínculo había quedado descartado.

También se investigaba si los mensajes enviados en 2017 tenían relación con otros que se hicieron públicos el 21 de noviembre de 2019, en el que se llamaba a votar al presidente Luis Lacalle Pou “con el apoyo del general Guido Manini Ríos”. Ese caso está a estudio de la fiscalía de Flagrancia de 6º turno.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado uruguayo a “desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de los hechos, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables”.

A través de un tuit del 3 de febrero señaló que “los actos de intimidación a las personas actuantes en la defensa de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de la dictadura, así como a las que imparten la Justicia en tales causas, pueden aumentar el riesgo de que queden en la impunidad”.

También Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos señaló por ese momento su preocupación por un eventual archivo de la causa y por la falta de avance en la investigación. “Es imperioso que se realice la investigación pertinente frente a tan graves hechos que no respetan la integridad y la vida de personas y erosionan el Poder Judicial. Estas amenazas atentan contra la democracia, que tanto sacrificio costó a nuestro pueblo recuperar”, señalaba el comunicado.

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jueves, 24 de junio de 2021

Defienden a los enjuiciados

 Cabildo Abierto hace flamear casi en solitario la bandera de la defensa de enjuiciados por derechos humanos en la dictadura


En los últimos meses hubo 16 exmilitares y policías procesados vinculados a cinco causas penales; el tema preocupa a parte del oficialismo

Por Sergio Israel y Pablo Mosteiro

Búsqueda 24 06 2021

La posibilidad de que tres excomandantes del Ejército y la Armada sean procesados por delitos cometidos durante la última dictadura (1973-85) y el aumento del número de oficiales llevados finalmente ante la Justicia encendió algunas alarmas dentro de la coalición de gobierno y es motivo de preocupación entre militares.

Mientras en tres juzgados penales existen pedidos de procesamiento o investigaciones que involucran a los excomandantes del Ejército Raúl Mermot (1996-98) y Juan Rebollo (1992-93) y al exjefe de la Armada Tabaré Daners (2004-06), en el último año fueron procesados 16 militares o policías en cinco causas, aunque cuatro de ellos ya estaban presos o procesados. La cifra resulta elevada si se tiene en cuenta que entre 2002 y 2017 hubo 42 procesamientos en un total de 22 expedientes.

Mermot, comandante de la fuerza de tierra con el presidente Julio Sanguinetti, era jefe del Regimiento de Caballería N° 10 de Bella Unión cuando se produjo la muerte de los comunistas detenidos Dante Porta y Saúl Facio.

Rebollo, que sirvió con Luis Lacalle Herrera, estaba al mando de un operativo en el que resultaron muertos tres tupamaras, un capitán del Ejército y un policía, en abril de 1974.

Daners, que estuvo al frente de la Armada con Jorge Batlle y Tabaré Vázquez, actuaba como juez sumariante en Fusileros Navales en noviembre de 1977, en el momento en que fue detenido, torturado y desaparecido el dirigente montonero argentino Oscar de Gregorio y decenas de integrantes de los Grupos de Acción Unificadora, algunos de ellos desaparecidos.

Entre los oficiales procesados en las últimas semanas también está el general Mario Aguerrondo, que fue jefe de Inteligencia Militar durante el gobierno de Lacalle Herrera, aunque en su caso quedó en prisión domiciliaria por razones de salud. También, entre una docena más, existe un pedido de procesamiento para el mayor Armando Méndez, director de Aduanas en el gobierno de Lacalle Herrera.

Aguerrondo fue segundo jefe y luego jefe del Batallón de Infantería 13, donde fueron enterrados varios desaparecidos que habían sido torturados en el vecino galpón del Servicio de Material y Armamento conocido como 300 Carlos, en Gruta de Lourdes, mientras que Méndez está relacionado con las muertes del argentino Gerardo Alter y del tupamaro Walter Arteche, ocurridas mientras era interrogado en agosto de 1973, en el Batallón Florida.

Otro expediente que venía desde hacía años es el del coronel Eduardo Ferro, quien estaba prófugo y habría optado por entregarse en España, para poder seguir cobrando su pensión militar.

Para explicar el aumento de los procesamientos, operadores judiciales como el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, manejan dos tipos de causas: la actuación de la fiscalía especializada que encabeza Ricardo Perciballe y el vencimiento de los plazos de los reiterados recursos presentados por la defensa de los imputados, que se comenzaron a tramitar desde 10 años atrás.

“Complicado y sin eco”

A mediados del año pasado, durante una media hora previa en el Senado, Guido Manini Ríos planteó la necesidad de rediscutir la ley de caducidad y presentó un proyecto en la Comisión de Constitución y Códigos.

“No es que Cabildo haya renunciado a su proyecto” para reinstalar la ley de caducidad, sino que “no hemos tenido ningún eco” en el arco político “para avanzar en esta idea”, declaró a Búsqueda el senador y presidente de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech.

Los sondeos realizados por Cabildo entre dirigentes del Partido Nacional y el Partido Colorado indican que no hay acuerdo. “No conseguimos que nos apoyaran y estamos viendo de encontrarle otra solución al tema. Pero todo eso sigue ahora en conversaciones para arriba y para abajo con los socios de la coalición para encontrarle algún paliativo al tema, que es complicado”, explicó.

El senador cabildante indicó que “hubiera deseado incluso que el Frente Amplio acompañara, siguiendo la iniciativa de Tabaré Vázquez cuando planteó la idea del Nunca Más”. Pero añadió en seguida: “La verdad es que no hemos tenido ningún eco en el sistema político”.

El 19 de junio, fecha del natalicio de Artigas, había sido elegido por Vázquez en 2007 como el Día del Nunca Más. La idea, que incluso dio lugar a un decreto, fue perdiendo vigor a través de los años hasta que dejó de aplicarse.

Para Domenech, “hay que reconocer además que es un tema que a algunos sectores les rinde políticamente y entonces lo quieren mantener vivo”.

Otro dirigente cabildante consultado señaló que “hoy es una utopía absoluta pretender una amnistía”, porque en este escenario político resulta “muy difícil” que se pongan de acuerdo los principales actores. “Habrá que buscar otras acciones prácticas dentro del Estado de derecho”, concluyó.

A su vez, el senador herrerista Gustavo Penadés dijo a Búsqueda que están “muy preocupados” porque “en algunos casos, respetando el fallo, existe una fragilidad argumental muy importante”. Sin embargo, advirtió que “por ahora no hay ningún paso dado” y opinó que “no es recomendado desandar la legislación vigente”, porque son temas de “una fragilidad enorme y de alta sensibilidad de ambos lados”. 

Tres bibliotecas sobre prescripción

Desde el acuerdo del Club Naval, que habilitó la salida democrática de 1984, la persecución de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura ha estado en la agenda pública. El tema divide no solo a la ciudadanía —que en dos oportunidades (1989 y 2009) se manifestó por no derogar la ley de caducidad votada bajo fuerte presión en 1986—, sino también a los magistrados.

Entre abogados, jueces y fiscales existen al menos tres posiciones: unos consideran que ya están vencidos todos los plazos y que los eventuales delitos cometidos unas cuatro décadas atrás prescribieron, alegando razones de seguridad jurídica; otros se afilian al principio de que al impedido por justa causa no le corren los plazos, por lo que todavía no prescribieron porque no deben contarse los años en que estuvo vigente la ley de caducidad; mientras que una tercera biblioteca sostiene que son delitos de lesa humanidad y no prescriben.

Los cinco ministros que integran hoy la Suprema Corte de Justicia (SCJ) están divididos al respecto. Tabaré Sosa, Elena Martínez y Luis Tosi opinan que los eventuales delitos cometidos durante la dictadura no se pueden considerar de lesa humanidad porque Uruguay incorporó esa norma recién en 2006. Hasta ahora, la Corte opinó que tanto la dictadura como la propia ley de caducidad impidieron o desalentaron las denuncias y las investigaciones penales, de modo que se corrió la prescripción, pero no van más allá.

Bernadette Minvielle y John Pérez, el último ministro en asumir en la Corte, opinan, con diferentes argumentos jurídicos, igual que unos cuantos jueces de primera y segunda instancia, que los delitos de lesa humanidad rigen desde antes.

La discusión, que en el mundo comenzó con el jurista holandés Hugo Crocio en el siglo XVII, refiere a si son los Estados quienes deben fijar ciertas normas, como los delitos de lesa humanidad o, por el contrario, estos existen porque ofenden a todos y no dependen de una ley particular de un país, porque un Estado que practica la tortura no tendrá interés en perseguir el delito. Es lo que en Derecho se denomina ius cogens (normas de obligado cumplimiento) y que según sus defensores están sustentadas desde 1968 en los artículos 72 y 332 de la Constitución como principios generales.

También los tribunales de apelaciones en materia penal están divididos sobre el tema. Hasta ahora, el Tribunal de Apelaciones Penal de 1er turno, integrado por los ministros Graciela Gatti, Alberto Reyes y Sergio Torres, se ha afiliado a la postura de aceptar los delitos de lesa humanidad, mientras que Ángel Cal, Luis Charles y Graciela Merialdo, que integran el Tribunal de 4° turno, fallaron en sentido contrario.

Como Tosi deberá jubilarse a fines de este año, existe la posibilidad de que se modifique la mayoría de la Corte. Esta mayoría resulta importante para el caso de casación que tiene a estudio la Corte en relación con la muerte en el cuartel de Fray Bentos, en 1984, del médico de San Javier Vladimir Roslik. En este expediente, se agrega además de la prescripción, el aditivo de que al haber actuado la justicia militar podría considerarse cosa juzgada.

El miércoles 16, en una sentencia interlocutoria contestando una demanda del exintegrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas coronel Adí Bique, la jueza Ana de Salterain adhiere a que los delitos de lesa humanidad ya fueron definidos en 1945 por el tribunal de Nuremberg que juzgó a los principales criminales nazis y que fue incorporado al menos en 1968 a las normas uruguayas. 

En la misma línea argumental que el fiscal especializado Perciballe, se expresó en un dictamen del viernes 11 la jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste, que interviene en el caso de los indagados Raúl Urioste y Faustino Álvez.

Esta magistrada, que no frenó sus actuaciones por la pandemia, citó en el dictamen al exministro de la Corte Felipe Hounie para sostener que “los crímenes de lesa humanidad, al ser parte de las normas ius cogens, son inherentes a la personalidad humana” y por ello “no es el precepto expresado en el estatuto, tratado o convenio el que la hace vigente, sino que solo la actualiza mediante una verbalización determinada, ya que, en sí, preexisten a tal actuación”.

En una opinión discorde sobre la opinión mayoritaria de la Corte en un recurso presentado por la defensa del coronel Wellington Sarli, la ministra Minvielle argumentó que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gelman contra Uruguay no deja lugar a dudas y sostuvo que la mayoría de la SCJ tiene “una posición sesgada, limitada, hemipléjica, toda vez que toma en consideración solamente el orden interno”.

“Falseando la historia”

Los militares, en general, no aceptan la interpretación amplia que afecta a muchos de sus camaradas que a menudo eran entonces oficiales subalternos. Durante una conferencia que ofreció el martes 15 en el Instituto Militar de Estudios Superiores, el coronel retirado y abogado Eduardo Aranco Gil, que integra la Suprema Corte desde 2009 como miembro integrante militar, sostuvo que a pesar de la afirmación del entonces presidente Sanguinetti, quien en 1989 dijo que cuando se cerraron las urnas terminó la transición en el Uruguay, en realidad “la transición aún no ha terminado porque 32 años después están siendo juzgados hechos ocurridos en la década del 70, hace más de 40 años, en algunos casos hace casi 50 años”. 

Además, recordó que “quienes atentaron contra la seguridad del Estado, y cometieron todo tipo de delitos, tales como hurtos, homicidios, secuestros, torturas, fueron amnistiados a los pocos días de restaurada la democracia, quedando muchos crímenes impunes y otros tantos sin investigar”.

Luego de exponer su mirada acerca del proceso legal y político, Aranco Gil dijo que está elaborando una nueva solución jurídica. Esta semana posteó en su página de Facebook que “desde hace varios lustros se está falseando la historia afectando la memoria colectiva nutriéndola de resentimiento y venganza contra policías, militares y civiles, que, habiendo actuado como agentes del Estado, están siendo juzgados por hechos acaecidos hace más de cincuenta años”.

En línea con el reclamo del coronel Aranco se expresó el senador Domenech: “No tengo ninguna duda que los delitos de lesa humanidad no son de tipificación retroactiva. Eso lo dice claramente el Tratado de Roma. Pero lamentablemente nuestros jueces han hecho caso omiso a esa disposición e incluso el tema ha desbordado de su cauce natural, porque se está procesando a personas por acciones llevadas a cabo durante el período de guerra interna declarado por el Parlamento democrático”, afirmó en una interpretación que supone que los legisladores que votaron el estado de guerra y luego la ley de seguridad del Estado dieron libertad para cometer delitos.

“Hay unos cuantos (militares retirados) que han sido procesados por acciones llevadas a cabo durante el estado de guerra interno declarado por el Parlamento democrático, antes del 27 de junio de 1973, así que es absolutamente ilegal lo que se está haciendo. Pero esas causas seguirán sus cursos y veremos qué resuelven los tribunales de apelación y la Suprema Corte”, añadió.

A nivel político, Domenech sostuvo que cualquier planteo sobre el tema “requeriría un acuerdo con el Frente Amplio, porque es el que representa los sectores políticos que están más comprometidos con quienes están en una actitud de no finalizar el tema”.

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viernes, 18 de junio de 2021

Con Virginia Martínez

 La impunidad documentada


Mateo Magnone Hugo – Brecha – 18 6 2021

Héctor Piastri


De cara al 20 de mayo, el Sitio de Memoria, ex-SID, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, presentó el audiovisual Mentiras armadas.1 El material narra una de las operaciones políticas más audaces de la dictadura, un montaje determinado por el contexto internacional y elaborado con complicidad mediática: el operativo en el chalet Susy de Shangrilá. Brecha conversó con la realizadora audiovisual Virginia Martínez, coordinadora del Sitio de Memoria y una de las responsables de la investigación.2

— El 27 de junio se cumplen tres años de la inauguración del Sitio de Memoria, en el ex-SID. ¿Qué tienen planificado? 

—Luego de haberse inaugurado con una muestra abierta al público, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria lo declaró formalmente un sitio. La pandemia impidió que se colocara una placa, algo que en general se hace para señalizar. La idea es colocarla ahora, sin invitación abierta, y agregar una pequeña instalación en el frente de la casa, en el patio. 

Hasta la pandemia, el trabajo del sitio tuvo una línea de investigación y difusión, con las visitas del público y los recorridos. No poder sostener la presencialidad generó una oportunidad para darle una nueva orientación al trabajo: desarrollar materiales audiovisuales y la web, que abre posibilidades de profundización para investigadores y profesores que tienen que preparar clases en Montevideo y el interior. A raíz de eso, surgió hacer una visita guiada, a través de un video de 20 minutos, que emula el recorrido presencial, y elaborar Mentiras armadas. Este año vamos a empezar a trabajar en otro video. Lo deseado es que esta línea de trabajo, en breve, se enlace con la presencialidad.

 —¿Sobre qué se enfocará el nuevo audiovisual? 

—Sobre cultura y dictadura en Uruguay. La idea es trabajar sobre la producción cultural durante la dictadura, abarcar las condiciones de producción y también algunos rasgos de hacia dónde apuntaba el proyecto del Estado autoritario. Hay gente que tiene reticencia a este tipo de cosas, porque decir que la dictadura tenía un proyecto cultural podría significar elevar al régimen y porque sería atribuirle un rasgo de cultura a lo militar, cuando, en general, lo militar se asocia a la anticultura. Pero, de hecho, todo Estado tiene una política de memoria, una forma de relacionarse con su pasado, un proyecto de cultura, que es un proyecto de identidad nacional en el que plantea ciertos valores de exaltación. 

—El Año de la Orientalidad, en 1975, fue un proyecto cultural en sí mismo.

 —El Año de la Orientalidad, un conjunto de nuevos valores morales, los festivales en el interior, el folclore, la reivindicación de figuras históricas, la idea de la nación y sus tradiciones, esa nación como un elemento vivo y de comunión entre las Fuerzas Armadas y el pueblo, la exaltación de Artigas, etcétera. 

Pero también nos gustaría indagar en las condiciones de trabajo, las censuras, los escapes al régimen. Es una idea que, de alguna forma, retomamos; en 2019, para el Día del Patrimonio, nos quedó trunca la intención de trabajar la producción musical en dictadura. 

De alguna forma, el camino lo abrió Mentiras armadas, porque ahí vimos que había un campo que no está muy trabajado y permite vincular los abordajes sobre la memoria no solo con el aspecto represivo hacia la militancia, sino con el Estado actuando en la sociedad, en un campo que, para las dictaduras latinoamericanas, era superimportante: el cultural, el ideológico, sobre todo por la definición que se tenía del enemigo, de cómo actuaba. 

—La realización de Mentiras armadas desde el sitio del ex-SID se justifica fácilmente, ya que parte del operativo se desarrolló allí. En términos históricos, ¿cómo se justifica la decisión de abordar la cultura?

 —El SID [Servicio de Información de Defensa] es un lugar que no solo hay que verlo como un organismo ejecutor de políticas represivas, también fue un organismo en el que se pensaron estrategias de información y contrainformación. 

En un Estado que consideraba que los medios eran un agente en el que la subversión se infiltraba para tratar de pasar mensajes «antipaís», el SID cumplía un rol muy importante. Su departamento de psicopolítica estaba pensado para hacer acciones en pos de ganar la comunicación masiva y la opinión pública, aunque este es un concepto más de la democracia, ya que opinión pública no había.

Pero para ganar las cabezas y establecer un nuevo sentido común, tuvo un rol fundamental. De hecho, la dictadura tuvo un proyecto de ley de medios y la definición que daba sobre ellos se parece mucho a lo que el SID pensaba sobre la comunicación. 

En esa ley, la Dinarp [Dirección Nacional de Relaciones Públicas] era un organismo rector de toda la comunicación pública, con una pata más censora y otra de producción de mensajes. No hay nada que esté al margen de la información y la contrainformación en un campo tan sensible como es el de crear mensajes e imponerlos. 

—¿Por qué te parece que se ha investigado poco sobre el lugar de la prensa en la dictadura? 

—En general, los llamados estudios culturales que tienen que ver con los medios de comunicación en Uruguay –como el que coordina Gerardo Albistur–3, no solamente sobre la dictadura, sino en general, no tienen el vigor que han tenido otros campos, como el de lo políti-co-institucional o el de las militancias. 

Hay una obra muy interesante de Daniel Álvarez Ferretjans, que es una historia de la prensa uruguaya desde la colonia hasta la era de Internet, y es un trabajo que quedó en solitario durante mucho tiempo, aunque ahora hay algunos estudios nuevos. 

Con Mentiras armadas trabajamos un operativo específico, el del chalet Susy, pero también hubo otras operaciones mediáticas, muchas: el montaje de una conspiración armada en San Javier, en 1980; el montaje en Treinta y Tres con los jóvenes comunistas, asociando su ideología con la promiscuidad sexual, principalmente a través de la estigmatización de las muchachas jóvenes; el montaje del descubrimiento de un aparato militar del Partido Comunista, a partir de esa primera oleada represiva en 1975, que termina con una exposición en el Subte abierta al público e inaugurada por Bordaberry, donde se muestra todo el material incautado, y con una conferencia de prensa de comunistas arrepentidos, entre otras. 

Lo del chalet Susy es la operación más audaz. Y está bueno reconocer los parentescos con otras de la región, porque la dictadura chilena hizo aparecer militantes miristas, secuestrados y desaparecidos, como asesinados por sus propios compañeros en Argentina. Son acciones de psicopolítica, que en la lucha contra la subversión se desarrollaron en toda la región. 

Pero hay aspectos que merecen ser más estudiados, porque hablamos de una constelación de actores, entre los que está la prensa, los exhibidores de cine que pasaban los informativos de la Dinarp, los canales de televisión y las agencias de publicidad que pensaron esos mensajes. 

—¿Cuál es el origen metodológico de Mentiras armadas? 

—La idea inicial fue que la producción no tuviera solo un corte testimonial, sino que se contextualizara. ¿Cuáles son los ejes que pueden ayudar a entender, devolver este hecho al contexto? ¿Cómo es posible que una operación de este tipo se instalara como verdadera en la sociedad? Ahí está el rol de la comunicación organizada. 

En el sitio, como parte de la muestra, exhibimos el video con la conferencia de prensa en la que el mayor José Nino Gavazzo, jefe del operativo, muestra las armas incautadas y hace caminar a los detenidos esposados, hace que den una vuelta a la casa y se suban a un camión. 

Cuando les mostramos el video a los estudiantes de secundaria, saltan en seguida y dicen que eso es trucho, que es un montaje, perciben que le falta verosimilitud al material, perciben el artificio. Para mí, lo más importante es lo que el material permite trabajar. ¿Cómo una nota de ese tipo, con esas características, se pasa en cadena de radio y televisión sin chistar y se transforma en una verdad blindada? 

También se vincula con lo de Enrique Rodríguez Larreta, y así lo trabajamos en las visitas. Porque pocos meses después del montaje en el chalet aparece el Informe Rodríguez Larreta, que es completísimo, con los nombres de los ejecutores, las víctimas, el modus operandi del Plan Cóndor, pero esas dos verdades circularon de manera independiente y no se juntaron durante mucho tiempo: la verdad oficial del operativo (que era una mentira) y la verdad del Informe Rodríguez Larreta. Muy poca gente tuvo idea de ello. 

1. Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=1MHOpXYF6Aw&t=10s. 

2. Véase «La construcción del  miedo», Brecha, 9-X-20. Disponible en https://brecha.com.uy/la-construccion-del-miedo/. 

3. Véase «Páginas marcadas», Brecha, 27-XI-20. Disponible en https://brecha.com.uy/paginas-marcadas/.

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jueves, 17 de junio de 2021

El gobierno mintió a la CIDH

 Una mentira descarada

 

El representante del gobierno uruguayo en la audiencia de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH) en el caso Diana Maidanik, Eduardo González y Óscar Tassino, realizada en el día de la fecha, el Dr. Carlos Matta, señaló que el Estado uruguayo ha reparado en salud a las familias de las víctimas, a las cuales denominó presuntas víctimas. Esto no es cierto.

El propio Estado YA ha reconocido el carácter de víctimas en todos los casos que se tramitan en esta causa, habiendo, incluso, recientemente, un procesado, el coronel retirado Eduardo Ferro en el caso de Tassino.

La ley 18 596, ley de reparación aprobada en setiembre de 2009, no les otorga a ellos, familiares de asesinados y desaparecidos, específicamente, reparación en salud. El Artículo 10 de la norma, que aborda la temática, no los incluye.

Por lo mismo, hablando en uruguayo: mintió! 

Retroceso sanitario notorio

Además, los que son amparados en dicho beneficio, ex presos políticos, básicamente, aunque también los colectivos amparados por la Ley 18 033 están incluidos, desde la asunción del actual gobierno han visto sustancialmente disminuida la calidad de dicha atención.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) suspendió, desde el año 2020, la atención especializada en salud mental que llevaba a cabo mediante la Oficina de atención a las víctimas del terrorismo de Estado (OAVTE) y de la Cooperativa Cossamed.

Adicionalmente, en el marco de la restricción de gastos que se viene aplicando, al no aportar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), desde el año pasado los recursos financieros necesarios e indispensables para el pago a los proveedores, se redujeron al mínimo las prestaciones oftalmológicas, odontológicas y otros beneficios similares que establece la Ley. 

Recomendaciones pendientes de cumplimiento

Aunque no se señaló específicamente en la audiencia, no era un tema inherente a ella, el Estado, al reparar, sigue sin cumplir con las recomendaciones formuladas por los Relatores Especiales de las Naciones Unidas y la Institución Nacional de DDHH.

En lo sustancial, las ex presas y los ex presos políticos, sus viudas e hijos discapacitados, a 15 años de la aprobación de la Ley 18 033, deben seguir renunciando a sus propias jubilaciones y pensiones para ser reparados, violentando las normas internacionales que Uruguay como país ha ratificado. Asimismo, los niños y adolescentes de la época, familiares directos de las y de los ex presos políticos, siguen, al igual que otros sectores, sin ser reparados por el Estado.

La Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el estándar de calidad para evaluar los avances en todos los planos desde el inicio del restablecimiento de la institucionalidad democrática. Es el camino a transitar para que los hechos luctuosos del pasado reciente no vuelvan a ocurrir. Para las víctimas del terrorismo de Estado ha sido un camino de muchísimas leguas.

El Estado, Poder Judicial y Poder Ejecutivo, notoriamente, siguen estando en falta. Deben cumplir con las resoluciones de los organismos continentales e internacionales de DDHH en materia de Verdad y Justicia, implementar las recomendaciones de los Relatores Especiales y asegurar el normal funcionamiento de los beneficios que las leyes han otorgado, aportando en tiempo y forma, los recursos imprescindibles.

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Opinando N° 3 – Año 10 – Jueves 17  de junio de 2021

Corte Interamericana de DDHH

 Elena Zaffaroni declaró ante la CIDH y reclamó que el Estado uruguayo  obligue a los militares a entregar los archivos operativos de la dictadura

La diaria - 17 de junio de 2021

Este miércoles comenzó la audiencia por el asesinato de “las muchachas de abril” y las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino.

Acto recordatorio de las Muchachas de Abril (archivo, abril de 2014). Foto: Javier Calvelo


La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este miércoles la audiencia de la causa que investiga la responsabilidad del Estado uruguayo y las dificultades en el acceso a la Justicia en los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurrido el 21 de abril de 1974, y las desapariciones de Óscar Tassino, en el centro de torturas La Tablada, en julio de 1977, y de Luis Eduardo González, en el Regimiento de Caballería 6, en diciembre de 1974.

 

En la primera jornada de la audiencia declararon Elena Zaffaroni, esposa de Luis Eduardo González, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y el abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Chargoñia. En la segunda jornada las partes presentarán sus alegatos finales.

 

En sus declaraciones Zaffaroni se refirió a las circunstancias de la desaparición de su esposo, la responsabilidad del Estado, el rol de la verdad y los límites del Poder Judicial en el acceso a la verdad y la necesidad de que la CIDH reclame al Estado que exija la entrega de los archivos operativos de la dictadura. Además habló de la connivencia entre el poder militar y el poder político y de la necesidad de un quiebre que deje definitivamente atrás al terrorismo de Estado y que permita cesar el crimen de la desaparición.

 

“Ese día, el 13 de diciembre [de 1974], van a mi casa a las tres de la mañana muchos oficiales y soldados y nos llevan detenidos al cuartel que luego supe que era el 6 de Caballería [...] A mí me llevan en varias oportunidades a verlo, yo estaba embarazada, para que él vea mi presencia, lo que le hacen para que sienta mis quejas y presionarlo más. Lo veo en varias oportunidades en el mismo cuartel y el 25 de diciembre [...] nos ponen juntos, encapuchados, porque le proponen el chantaje de nuestra vida y de nuestro hijo, por su colaboración. Esa fue la última vez que lo vi, en un estado muy deteriorado físicamente, muy acosado por ellos. En ese momento no lo tomé como una despedida, que lo era [...] luego entendí que era una decisión que ya estaba tomada por sus torturadores, que lo iban a matar, todavía no sabíamos de las desapariciones forzadas”, declaró Zaffaroni en la audiencia.

 

Zaffaroni también se refirió al sufrimiento de su familia por la desaparición de Luis Eduardo González: “Mi suegra, Amalia, tenía 47 años y hace exactamente 47 años de los hechos, Amalia falleció este año, sin tener noticias, buscando desesperadamente a su hijo, como todas las madres, aceptando con inmenso dolor que no lo iba a encontrar [...] Mi hijo nació estando ya su padre muerto, por muchos años él se despertó en la noche en la hora que nos vinieron a detener, por muchos años, como un loco, con gritos de algo que no sabía qué era lo que le pasaba. Él pensó que como se llamaba igual lo iban a confundir y lo iban a matar o desaparecer, por años fue así cuando era niño”.

 

Al ser consultada por la representante del Estado uruguayo Pilar Álvarez sobre la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Zaffaroni respondió que la Justicia no puede actuar sola y que necesita de los otros poderes del Estado para alcanzar la verdad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura.

 

“La Justicia no puede actuar sola, es imposible que se imparta justicia si no tiene la información aportada por el Poder Ejecutivo”, señaló. Si bien reconoció el trabajo del fiscal Perciballe, planteó que aún en 2021 se desconocen los hechos. “Hemos seguido desparramando la impunidad de ese delito a toda la sociedad, los militares que cometieron ese delito fueron previamente ascendidos por la democracia”, subrayó, y recalcó que se desconocen los detalles de lo que hizo el coronel retirado Eduardo Ferro o Mario Aguerrondo, quien fue felicitado en su legajo por ser el ideólogo del operativo contra el Partido Comunista Revolucionario que culminó con la detención y asesinato de Luis Eduardo González.

 

Zaffaroni dijo que aspira a que el Estado los busque “como si buscara a sus hijos, con la misma desesperación que los buscaron sus madres”. “La reparación tiene que ver con lo que pasó, no es simplemente dar un dinero, la reparación es que esto no vuelva a pasar, y ¿qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que pasó?”, cuestionó.

 

Además, señaló que pidieron a todos los presidentes, después del regreso a la democracia, que incautaran los archivos operativos de la dictadura, pero no lo hicieron.

 

Zaffaroni valoró que se haya traspasado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la conducción de las excavaciones y recordó que todos los hallazgos de restos de detenidos desaparecidos surgieron de información militar. “La idea no es que agujereen Uruguay, sino que les aporten los datos precisos, que están ahí y que nadie ha exigido”.

 

“Los hallazgos han sido siempre con alguna información militar. En el de Ubagesner [Chávez] es porque los datos estaban en la Fuerza Aérea [...] el de Miranda es porque entregaron un plano exacto de donde estaba, el del maestro [Julio] Castro y el de [Ricardo] Blanco hubo un militar que fue en reiteradas oportunidades al Batallón 14, que fue amenazado e intimidado para que no lo hiciera”, subrayó.

 

Por otra parte, destacó la falta de conocimiento sobre la forma en la que se seleccionó quiénes serían los asesinados: “15 días antes en el mismo cuartel, el mismo equipo de OCOA [Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas] y torturadores mata a otro militante y entrega su cuerpo [...] La Justicia que se ha abierto paso con una lentitud espeluznante, en la que se han muerto madres, en que nuestros hijos han envejecido, a nosotros ya no nos quedan tantos años por delante, mi hijo tiene 46 años y no hemos obtenido ninguna respuesta satisfactoria”.

 

Zaffaroni se refirió también al apoyo que tiene la búsqueda de la verdad en buena parte de la sociedad: “Esa es la única paz que ha dado a nuestras madres [...] que hay quienes siguen con estos principios de verdad y de justicia para la vida”.

 

Consultada sobre los intereses que mantienen la impunidad y el poder de quienes no brindan la información, Zaffaroni respondió: “Esta fue una dictadura cívico-militar y salimos de la dictadura con un pacto. Por qué ese pacto dura hasta 2021 y lo sostienen los distintos gobernantes no lo sabemos”. Zaffaroni cuestionó que los comandantes que brindaron o trasladaron información falsa sobre lugares de enterramiento no hayan sido destituidos en ese momento y recordó como “un gesto simbólico duro” la visita del expresidente José Mujica al general Miguel Dalmao, cuando estaba preso en la unidad de Coraceros.

 

En la audiencia también declaró como testigo pedido por el Estado uruguayo el fiscal Ricardo Perciballe, quien informó sobre el avance de los casos que involucran la causa en la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos], señalando que en el caso conocido como las “muchachas de abril” uno de los imputados podría ser procesado, ya que se resolvieron las excepciones de prescripción e inconstitucionalidad que presentó la defensa del imputado, mientras que hay otros dos exoficiales sobre los que aún está pendiente la resolución de excepciones de prescripción.

 

Con respecto al caso Tassino, señaló que, además del procesamiento de Ferro en octubre del año pasado, la Fiscalía solicitó el procesamiento de dos oficiales del Ejército y lo único que resta es el traslado de la requisitoria fiscal a la defensa y la jueza estaría en condiciones de tomar una resolución.

 

En cuanto a la desaparición de Luis González González señaló que se trata de una causa más compleja, en la que todavía no hay una imputación fiscal, pero aclaró que “están absolutamente identificados los hechos en la fase investigativa” y resta que se resuelvan excepciones de prescripción que han planteado los indagados.

 

En cuanto a los archivos de la dictadura sobre estos casos, Perciballe dijo que no tiene un dato objetivo para decir que esos archivos existen. “Uno tiende a pensar que existen y que en algún lugar están. Los servicios de inteligencia funcionaron, funcionan y funcionarán”. Consultado sobre la posibilidad de reclamarlos desde la Fiscalía, Perciballe planteó que podría “hacer una solicitud amplia al Ministerio de Defensa [Nacional] o al Ministerio del Interior, pero si no decimos dónde se pueden ubicar es difícil que se busquen”. “Esto debe ser parte de una política de Estado, y uno quiere creer que si existe la voluntad en ese sentido sería muy sencillo que el señor presidente de la República dispusiera al respecto”, opinó, al tiempo que aclaró que es un tema que excede a la fiscalía.

 

Por su parte, el abogado especializado en derechos humanos Pablo Chargoñia declaró como perito propuesto por la CIDH. En su intervención resaltó la disparidad de criterios en la Justicia uruguaya para tratar asuntos claves de las causas, como es el caso de la prescripción o la tipificación como crímenes de lesa humanidad.

 

“Los tribunales uruguayos no presentan una posición única sobre un asunto central”, señaló, y destacó su coincidencia con una de las resoluciones de supervisión del cumplimiento del fallo de la CIDH para el caso Gelman, que indicó que “persisten interpretaciones judiciales que no brindan la seguridad jurídica suficiente”.

 

Además, advirtió que en la medida en que se tipifican como delitos comunes acusaciones por delitos de tortura, que prescriben a los diez años, prescribirían este año, considerando el inicio del cómputo del plazo a partir de la derogación de la ley de caducidad, en 2011.

 

También manifestó su preocupación por la falta de una perspectiva de género en la Justicia en general y particularmente en los crímenes de lesa humanidad y resaltó la necesidad de una mayor formación en la materia.

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viernes, 11 de junio de 2021

Las altas jerarquías del terror

 EL PROCESAMIENTO DE AGUERRONDO Y 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES

Samuel Blixen – Brecha -  11 junio, 2021 

El mecanismo de la cadena de mando en las Fuerzas Armadas ofrece evidencias sobre la responsabilidad de los jefes en los asesinatos y las desapariciones durante la dictadura. Esas evidencias apuntalan el currículum de terrorista de Estado del general Mario Aguerrondo, que acaba de ser procesado por torturas en el Batallón de Infantería 13.



Su traslado al juzgado en silla de ruedas reforzó la imagen de anciano desvalido y facilitó el pedido de prisión domiciliaria que sus abogados habían previsto para el caso de que la jueza penal de 27.o turno, Silvia Urioste, decretara su procesamiento. Y así fue. El general (r) Mario Aguerrondo, de 82 años, fue procesado el jueves 3 por los delitos de privación de libertad y violencia privada, es decir, la aplicación de torturas a prisioneros en el Batallón de Infantería 13. Regresó a su domicilio en parte lamentándose de su mala suerte: durante 45 años eludió su responsabilidad en desapariciones y asesinatos, crímenes por los que la Justicia no se pronunció todavía. 

La omertá de los terroristas de Estado podrá mantener el secreto de los lugares donde están enterrados los restos de los desaparecidos, pero el mecanismo de la cadena de mandos que rige la actividad militar hace, en parte, estéril ese esfuerzo, porque revela la responsabilidad de cada uno en aquellos delitos. 

Ese mecanismo parte del axioma de que toda acción responde a una orden del superior: la iniciativa es concebida en el marco de la orden,  y la autonomía es castigada. El eufemismo de la «pérdida de los puntos de referencia», que incorporó el general Hugo Medina para justificar las muertes en tortura, solo pretendía enmascarar la responsabilidad del mando. 

No hubo nunca un oficial degradado o sancionado por esas muertes y tampoco llevado a un tribunal de honor. Dos de los siete procesados por Urioste, los coroneles (r) José Gavazzo y Jorge Silveira, ya habían explicado detalladamente ese mecanismo en sendos tribunales de honor. Detrás del teniente, el capitán o el mayor que torturó, asesinó o desapareció prisioneros siempre hubo un oficial superior que avaló con su orden. Durante algún tiempo el argumento de la obediencia debida fue esgrimido para eludir la culpa, pero también para instalar una especie de chantaje: en 1986, en vísperas de la «solución» ensayada con la ley de caducidad, Gavazzo advirtió al comandante del Ejército, Hugo Medina, que si iba preso por cumplir órdenes, contaba todo. 

La ley de impunidad dilató durante un largo tiempo el castigo a los ejecutores directos, pero también encubrió a los jefes, muchos de los cuales alcanzaron en democracia las más altas jerarquías en la estructura militar. Desplegar en cada episodio la cadena de mandos significa identificar a los responsables, directos o mediatos. 

De ahí que Aguerrondo, identificado como torturador mientras actuó en el batallón 13 con distintos grados, todavía no haya respondido por otros episodios. Por ejemplo, como integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), fue el oficial responsable de la campaña contra el Partido Comunista Revolucionario, en 1974, y, como tal, responsable de la desaparición de Luis Eduardo González González. Siendo teniente coronel, en 1975 asumió la jefatura del batallón 13 y, como jefe, autorizó los enterramientos clandestinos en predios de esa unidad de Fernando Miranda y Eduardo Bleier. 

Puesto que el centro clandestino 300 Carlos estaba instalado en un barracón del Servicio de Materiales y Armamento (SMA), contiguo al batallón 13, y puesto que Miranda y Bleier fueron torturados en el 300 Carlos, es de presumir que los otros desaparecidos que fueron vistos por última vez en ese centro (Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Elena Quinteros y Julio Escudero) también pudieron haber sido enterrados allí durante la jefatura de Aguerrondo. Y, por si fuera poco, hay otro eslabón: el jefe del SMA era, a fines de 1975 y 1976, el teniente coronel Juan José Pomoli Gambeta. ¿Acaso podía desconocer el infierno en que se había convertido uno de los galpones de la unidad a su mando? No podría alegar ignorancia: fue identificado como torturador de prisioneros. 

Para desentrañar las responsabilidades en la cadena de mando también es necesario determinar los eslabones de la estructura de funcionamiento. El OCOA 1, con jurisdicción en Montevideo y Canelones, fue un organismo represivo creado en el ámbito de la Región Militar 1 (después División de Ejército 1). El segundo jefe de la división era, a su vez, jefe del OCOA. 

En 1973, cuando el golpe de febrero, el jefe del OCOA era el coronel Luis Vicente Queirolo, y después lo fue el coronel Julio César González Arrondo, que permaneció hasta 1978. En la escala de mando, un teniente coronel era jefe de Divisiones, del que dependían la División Informaciones y la División Operaciones. En 1973 y 1974, el jefe de divisiones del OCOA era el teniente coronel Manuel Calvo Goncalvez y Mario Aguerrondo asumió temporalmente la conducción de la División Informaciones antes de pasar a la jefatura del batallón 13. 

Las dos divisiones del OCOA funcionaban bajo el mando de mayores. En 1976, el mayor Victorino Vázquez era jefe de «India» (Informaciones) y el mayor Ernesto Ramas, jefe de «Óscar» (Operaciones). 

El jefe de Divisiones era el responsable directo de los centros clandestinos de detención: el 300 Carlos, que comenzó a funcionar en el SMA en 1975, y La Tablada, desde comienzos de 1977. Por tanto, Calvo manejó los detalles y convalidó las desapariciones de los ocho prisioneros del 300 Carlos, así como Ernesto Ramas convalidó las desapariciones de La Tablada, a saber: Omar Paitta, Luis Eduardo Arigón, Amelia Sanjurjo, Óscar Baliñas, Óscar Tassino, Ricardo Blanco Valiente, Félix Sebastián Ortiz, Miguel Ángel Mato y Juvelino Carneiro. Ramas fue responsable directo de esas desapariciones, en la medida en que fue jefe de operaciones de los dos centros clandestinos para después asumir como jefe de divisiones del OCOA. 

El cuerpo de Blanco fue ubicado en un enterramiento clandestino en predios del Batallón de Infantería 14, que fue autorizado por el jefe de esa unidad, el entonces teniente coronel Regino Burgueño, cargo al que accedió después de revistar en el OCOA. Si se aceptan como ciertas las declaraciones de Silveira en un tribunal de honor, Burgueño también sabe dónde fue enterrado el cuerpo de María Claudia García de Gelman en el batallón 14. (Incidentalmente: es sugestivo que los dos predios del Ejército utilizados como cementerios clandestinos, los de los batallones 13 y 14, estén por fuera de la jurisdicción de la División de Ejército 1 y su personal responda directamente al Estado Mayor del Ejército, es decir, al comandante en jefe.)

De los siete procesados por Urioste, cuatro lo fueron por primera vez. Rudyard Scioscia era capitán cuando torturaba en el 300 Carlos y en el batallón 13 como oficial del OCOA. Mario Frachelle (a quien los senadores de la Comisión de Defensa recordarán por sus vehementes cuestionamientos a las modificaciones de la caja militar) torturó en el 13 siendo capitán. Otro tanto torturó Mario Cola, que en 1976 revistaba como teniente bajo las órdenes de Frachelle. 

A la lista de culpas no asumidas por Aguerrondo, el cuarto oficial debutante como procesado, hay que agregar su protagonismo en la desaparición y el asesinato del agente chileno Eugenio Berríos. Desde 1992 Aguerrondo ocupaba, ya como general, la jefatura de la inteligencia militar, la Dirección General de Información de Defensa (heredera del antiguo Servicio de Información de Defensa). 

Se le atribuye un papel protagónico en el ocultamiento de los responsables de los sucesivos atentados que sacudieron la presidencia de Luis Alberto Lacalle cuando este introdujo, mediante designaciones y pases a retiro, una sustancial modificación en la relación del poder interno militar. Prácticamente la última contribución de Aguerrondo a la línea que pretendía reforzar la influencia blanca en el Ejército fue el espionaje contra el general Fernán Amado, con la siembra de micrófonos en su despacho, donde ahora funciona, irónicamente, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

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viernes, 4 de junio de 2021

Cayó "Satanás" el jefe del Infierno Grande

Por Carlos Peláez - Facebook - 4 6 21

El general ( r ) Mario Aguerrondo es hijo del fundador de los Tenientes de Artigas, está involucrado a varias desapariciones, es sindicado como responsable de atentados contra Sanguinetti y otros, colaboró con Lacalle Herrera, fue el jefe del batallón de Infantería 13 conocido como “300 Carlos” o “el Infierno grande”.


 Coronel Mario Aguerrondo, 1975, cuando era jefe del Batallón 13 "El infierno grande".

La historia, y el fiscal Ricardo Perciballe, hicieron justicia. Ayer cayó un intocable, porque durante decenas de años los Aguerrondo padre e hijo fueron protagonistas de algunos de los sucesos más espantosos de nuestro tiempo y hasta ahora habían tenido impunidad. Se les terminó.

Ayer la justicia procesó y envió a prisión a 7 terroristas de Estado por las torturas infligidas a centenares de detenidos en el Batallón 13 de Infantería, ubicado en las avenida de Las Instrucciones contiguo a la virgen de Lourdes. Uno de ellos fue el general ( r ) Mario Aguerrondo Montecoral, quién se desempeñó como jefe de esa unidad cuando fueron desaparecidos allí Carlos Arévalo, Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Julio Correa, Julio Escudero, Fernando Miranda,  Otermin Montes de Oca y Elena Quinteros.

Entre noviembre de 1975 y enero de 1977 unas 500 personas fueron secuestradas, salvajemente torturadas, muchas mujeres violadas, en ese Batallón conocido como “El infierno grande”, “300 Carlos” o “La Fábrica”.

El padre golpista

De extracción nacionalista y católica, el general Oscar Mario Aguerrondo  se proclamaba herrerista. Fue Jefe de Policía de Montevideo entre 1959 y 1963, En 1964 fue ascendido a general. Fundó la Logia de los Tenientes de Artigas. Siendo general, comandó la región militar número 1 entre 1966-1967.  En esa época, había dos grandes corrientes ideológicas en las fuerzas armadas uruguayas, una de izquierda y otra "ultranacionalista". Aguerrondo estaba claramente alineado con la última.

En las elecciones de 1971 se postuló a la Presidencia de la República por el Herrerismo, acompañado en la fórmula por Alberto Héber Usher. Presidió el Centro Militar en el período entre 1972 y 1977. También presidió la comisión que dirigió la construcción de la represa de Palmar.

La logia Tenientes de Artigas nació  el 25 de agosto de 1965, según dijo a la revista Posdata uno de sus fundadores,  Alberto Ballestrino. “Ese día se reunieron el general  Mario Oscar Aguerrondo, el teniente coronel Luis Vicente Queirolo y yo. Se hicieron a lápiz los fundamentos de la logia y justamente yo fui el que los pasé a máquina”, agregó Ballestrino.

Pero  aunque no lo menciona, el ideólogo de la logia Tenientes de Artigas, fue el general Julio Tanco hombre de confianza de Luis Alberto de Herrera y Jefe de la Casa Militar.

Ballestrino dijo que “a partir de ese momento se empezó a invitar a los amigos que pensaban igual. Entonces ingresan Abdón Raymúndez, Amauri Prantl, Esteban Cristi; Eduardo Zubía. Era la gente más allegada a Aguerrondo.

Él era Jefe de la División I; yo era Jefe de la Guardia Metropolitana, Queirolo era segundo o tercer Jefe de Bomberos, el general Eduardo Zubía era Jefe de Bomberos (...) Raymúndez estaba en la Brigada de Infantería 1. Prantl... era Teniente Coronel también. Debía estar en el 13 de Infantería, una unidad de nuestro ejército. Es decir que había una cantidad de gente que tenía mando" . Los futuros generales Julio César Vadora, Boscán Hontou; Hugo Medina; Julio C. Rapela; Iván Paulós; Holmes Coitiño también eran miembros de los Tenientes de Artigas, dice Ballestrino.

Agregó que Aguerrondo "era esencialmente un militar, un militar un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados. Era un tipo de mentalidad germánica en los aspectos militares. Aunque él rechazaba, por ejemplo, el concepto de tropas políticas, propio de las SS... Aguerrondo siempre dijo: nosotros no somos nazis ni fascistas: somos orientales y nacionalistas doctrinarios" 

Las ideas de Aguerrondo seguían los lineamientos de la Unión Militar Española (UME), integrada por Francisco Franco, y de una organización peronista contemporánea.

Ballestrino indicó que "... en todos los Ejércitos se crearon grupos de oficiales de tendencia nacionalista para enfrentar lo que se temía como una gran subversión, es decir, un total vuelco de una modalidad histórica de un país... Los oficiales de los tenientes de Artigas eran fundamentalmente nacionalistas, con un gran porcentaje de oficiales creyentes en Dios, vamos a decir así... porque había algunos que no practicaban ir a la Iglesia, pero eran creyentes. Y de origen político, en su mayoría blancos herreristas, pero también había algunos colorados”. 

Otras fuentes definieron a "Aguerrondo como  un militar ultranacionalista y anticomunista que ejercía liderazgo sobre parte de la oficialidad. Su figura había estado asociada desde siempre a los rumores de golpe de Estado. Dentro y fuera del gobierno, mucha gente dudaba de sus convicciones democráticas (...)

Era un militar de línea dura y un hombre inclinado a los pronósticos agoreros. Su prédica tremendista y su influencia sobre muchos oficiales crearon tensiones inútiles y muchos problemas al gobierno de la época. Pero nunca parece haber ido más allá de las palabras. Nada de lo que ocurrió durante la crisis de 1964, ni antes ni después de ella, le impidió ser candidato a presidente en las elecciones de 1971" en las que obtuvo 228.569 votos (un 13,7% del total de votos), poco más de la mitad de los obtenidos por Wilson Ferreira Aldunate (439.649, un 26,4%).

El general Oscar Mario Aguerrondo falleció el 13 de setiembre de 1977.

Aparte de anticomunista, la logia se caracterizaba por una dura crítica a la clase política y a su corrupción, pero también por su posición de enfrentamiento contra los tupamaros. Todos los miembros deseaban una mayor incidencia en la conducción política del Estado. El hecho de que Aguerrondo pasase a liderar una parte del Partido Nacional junto con Alberto Héber Usher (tio del actual ministro de Interior)  luego de consultar a los miembros de la Logia indica sin embargo que en sus primeras épocas los Tenientes de Artigas no pensaban en la posibilidad de un golpe de estado” afirmó Ballestrino.

Sin embargo el 27 de junio de 1973 lo encabezaron. Nada mejor para ejemplificarlo que una de las más recordadas fotografías de ese noche  en la que se ve a un grupo de militares ingresando al Palacio Legislativo.

Salvo Gregorio Alvarez, todos los otros militares de esa foto eran Tenientes de Artigas.

El anticomunismo, el reconocerse como “militares” y otros asuntos que la historia no ha develado aún, llevó a los integrantes de la Logia Tenientes de Artigas y a la dirección del MLN-Tupamaros, a mantener estrechos vínculos por lo menos hasta marzo del 2015 cuando terminó su mandato José Mujica.

Alcanza con recordar el discurso del  entonces Comandante en Jefe, general Guido Manini Rios integrante de la Logia, en el sepelio del ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro.

El hijo torturador

La trayectoria del general Mario Aguerrondo, hijo de Oscar, fue menos visible pero más violenta. Como jefe del Batallón 13, definido como la cárcel secreta más grande de la dictadura, el militar torturó en persona a muchísimas de las personas que tenían secuestradas. Participó en las tareas de desaparición y enterramiento de por lo menos siete detenidos.

Los cuerpos de Fernando Miranda y Eduardo Bleier fueron encontrados en las excavaciones realizadas en esa unidad.

Mario Julio Aguerrondo Montecoral nació el 8 de octubre de 1938. Ingresó a la Escuela Mlitar el 16 de marzo de 1955. En 1967 como oficial superior estuvo a cargo del IMES, en el 69 cumplió tareas en la División 1 del Ejército. Entre 1972 y 73 se desempeñó como subjefe del Batallón 13 y a partir de 1975 y hasta 1978 fue el Jefe. En 1979 pasó como Jefe interino de Inteligencia militar y en 1982 en el ESEDENA (Escuela de Seguridad Nacional) se retiró en 1990 con el grado de general. Uno de sus hijos es actualmente Teniente Coronel.

Al regreso  de la democracia a partir de 1985, los Tenientes de Artigas fueron protagonistas de más de una docena de atentados con bomba, algunas contra el estudio de Julio María Sanguinetti, quién nunca ocultó sus sospechas, y dos veces contra el dirigente del PVP, Hugo Cores. En ese tiempo perdieron parte de su poder.

Pero lo recuperaron cuando asumió Luis Lacalle Herrera, porque el presidente no respetó el orden de “derechas” para el nombramiento de las jerarquías militares.

El general Aguerrondo, hijo del fundador de la logia y jefe de la Inteligencia militar, ordenó colocar micrófonos en el despacho del general Fernán Amado. Estalló una crisis interna, que se saldó con la renuncia al cargo de Agregado Militar en la embajada uruguaya en EE.UU adónde recién había sido nombrado.

La crisis se llevó al entonces Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Rebollo y también al ministro de Defensa, Mariano Brito. Comenzó un tiempo de persecución a militares colorados entre ellos los generales Fernan Amado, Raúl Mermot y Juan Curuchet.

Los atentados con bombas llevaban las pistas de la Policía siempre al mismo lugar: la sede de la compañía de Contrainformación del Ejército ubicada entonces en la calle Dante. Pero recibían una orden: no avanzar.

Una circunstancia concreta llevó a los Tenientes de Artigas a recurrir a los Tupamaros. La relación con Lacalle (padre) eran cada vez peores. Entonces hubo una reunión  de legisladores blancos con el ministro del Interior, Angel María Gianola, donde se habló de la intención del gobierno para transformar al Ejército en una Guardia Nacional, proyecto que alentaba el Departamento de Estado para los países más pequeños de América del Sur.

Miembros de la Logia obtuvieron una grabación de esa reunión y se la entregaron al MLN quién la publicó entera en el semanario Tupamaros.

Al comienzo de su segunda presidencia  Sanguinetti, tuvo que enfrentar otra crisis que se resolvió una madrugada del sábado aceptando la renuncia del Comandante en Jefe, Raúl Mermot.

La crisis se originó tras la decisión presidencial de rehabilitar a 41 oficiales que fueron habían sido sancionados por razones políticas durante la dictadura.

Mermot manifestó su desacuerdo con la decisión de Sanguinetti y anunció su retiro anticipado. Tras una larga reunión con el militar, Sanguinetti aceptó su renuncia y nombró nuevo jefe militar al general Néstor Bertrin, quien se desempeñó interinamente hasta que poco después se nombró a Fernán Amado.

Fue entonces cuando se descubrió una operación interna contra Amado. Militares vinculados a Inteligencia y relacionados con Aguerrondo (hijo) y los Tenientes de Artigas habían instalado micrófonos en una oficina privada que el Comandante en Jefe del Ejército tenía en la Galería Caubarrere.

En el 2017 el general (r ) Raúl Mermot fue denunciado ante la justicia  por “apología del delito” y fiscalía solicitó dos años de prisión. En un discurso pronunciado “el Día de los Caídos”, el militar había justificado la tortura pero la jueza Blanca Riero lo absolvió.

La logia recién volvió a recuperar poder con el acceso de la izquierda a la presidencia cuando se convirtieron en “referentes” para la política hacia las FF.AA. y algunos de sus integrantes llegaron a ser secretarios y asesores del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.

En febrero del 2015, antes de abandonar su cargo, el presidente José Mujica nombró a uno de los más importantes integrante de los “Tenientes” como Comandante en Jefe del Ejército. De ahí hasta hoy la historia de Guido Manini Ríos es por todos conocida.

Involucrados en varios atentados

La Logia Tenientes de Artigas estuvo involucrada en varios atentados con bomba, entre ellos: el estudio Jurídico de Julio María Sanguinetti y Edison Rijo, dos veces contra Hugo Cores, comités de base del FA y el empresario Walter Zeinal entre otros.

Pero además tuvieron un papel protagónico en el secuestro y asesinato del químico chileno Eugenio Berrios. Mario Aguerrondo supo desde el principio, protegió a los coroneles Tomas Casella y Eduardo Radaelli y colaboró para fraguar la coartada de la foto con el diario del día, junto a una carta de Berríos, con la que se pretendió probar que el agente chileno estaba en Italia. En realidad quién estaba en ese país, justo en ese momento, era Aguerrondo quién acompañaba a Lacalle en una gira europea. 

Fueron los Tenientes de Artigas quienes desde Inteligencia militar organizaron una red de espionaje sobre políticos, civiles, sindicatos y organizaciones barriales, que comenzó a funcionar apenas recuperada la democracia y duró por lo menos hasta el 2002, según lo probaron los denominados “archivos Berrutti”.

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