La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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viernes, 22 de abril de 2022

Ocho mártires comunistas

 Medio siglo de impunidad


Por Virginia Martínez

Brecha – 21 4 2022

Luis Alberto Mendiola, Justo Sena, Héctor Cervelli, Raúl Gancio, José Abreu, Elman Hernández, Ruben Claudio López y Ricardo González Gentileza Diario El Popular

A 50 años de la matanza del Seccional 20 del Partido Comunista de Uruguay (PCU), no es una exageración decir que estamos ante el crimen más silenciado e impune de nuestra historia reciente. Los hechos ocurrieron así: la madrugada del 17 de abril de 1972 el Ejército y la Policía rodearon el local partidario de la avenida Agraciada y Valentín Gómez, en el Paso Molino, obligaron a salir a los militantes que estaban allí y los fusilaron cuando se asomaron a la puerta o lograron salir a la calle. 

Siete murieron desangrados o rematados cuando clareaba el día. Otro murió 11 días después en el Hospital Militar. Tres sobrevivieron. En el operativo también hirieron a un joven capitán del Ejército, que agonizó dos años con muerte cerebral. La violencia contra la 20 alcanzó a todo el barrio. 

Vehículos militares cercaron la zona, hombres uniformados y de civil armados a guerra se apostaron en las azoteas de la calles linderas y en el fondo del local. Pasada la medianoche, se apagaron las luces de Agraciada, se escucharon sirenas estridentes y comenzó un tiroteo que duró horas. La operación siguió hasta el mediodía siguiente. El barrio quedó bloqueado. A nadie se le permitió salir de la casa, ni siquiera para ir al trabajo. En la mañana trasladaron los cadáveres a la comisaría 18, en la calle Félix Olmedo, donde quedaron apilados, tapados con una lona. Mientras tanto, en los alrededores, seguían los allanamientos y las detenciones. 

La operación de ocultamiento y falseamiento de los hechos empezó el día de la masacre y ha impedido hasta el presente conocer en detalle lo que pasó y juzgar a los responsables penales del asesinato colectivo. En efecto, las pruebas se fueron borrando y ya casi no quedan protagonistas ni agonistas vivos. No se sabe cómo se organizó el operativo, quiénes participaron en él, de dónde partió la orden de matar ni cómo hirieron al capitán Wilfredo Busconi. 

Tampoco se ha profundizado en la responsabilidad política del crimen. El Parlamento de la época no quiso investigar. Los legisladores del Frente Amplio propusieron que se formara una comisión investigadora en la Cámara de Senadores. 

La convocaron en nueve oportunidades y en todas hubo que levantar la sesión por falta de cuórum. La vuelta a la democracia tampoco suscitó interés en el tema. Se constituyeron comisiones parlamentarias para investigar el secuestro y la desaparición de personas, el asesinato de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini, y la muerte por envenenamiento de Cecilia Fontana de Heber, pero los asesinatos de la 20 quedaron en el olvido.


Escena de la masacre en la seccional 20 Gentileza Diario El Popular


La masacre forma parte del ciclo de muerte de una fecha hito, el 14 de abril, en la violencia política que precedió al golpe de Estado. Sin embargo, en todas las evocaciones queda fuera de la breve e intensa secuencia cronológica de aquel fin de semana trágico, que parece resumirse a una lógica contable de muertos por acción y reacción. En la acción están los asesinatos por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros de cuatro acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte; en la reacción, los ocho militantes tupamaros asesinados ese día. Los hechos del Paso Molino han quedado fuera porque habitualmente se remarca la violencia que llevó a la aprobación del estado de guerra interno y esta matanza fue la primera consecuencia de esa declaración. La madrugada del 15 de abril, tras 24 horas de tenso debate, el Parlamento aprobó las medidas de excepción pedidas por el Poder Ejecutivo. En la ocasión, el senador Michelini anunció lo que iba a venir: «En estos días en el país va a haber un baño de sangre. Nadie se llame a engaño». Así fue.

 

En esos oscuros días también ocurrieron dos acciones simbólicas destinadas a durar en el tiempo. Por un lado, el gobierno convirtió a los acusados de integrar el Escuadrón de la Muerte en mártires nacionales. El presidente de la república de aquel entonces, Juan María Bordaberry, llamó a la ciudadanía por cadena de radio y televisión a asistir al entierro de Armando Acosta y Lara y al de los militares y los policías asesinados. Por otro, el entonces ministro de Educación y Cultura, Julio María Sanguinetti, los despidió como «uruguayos caídos en el más glorioso de los deberes: el de servir a la patria». Así se sentaron las bases de la que iba a ser la conmemoración más sentida de la dictadura, el Día de los Caídos en la Lucha contra la Sedición.

 

En forma simultánea, el Poder Ejecutivo situó a los obreros comunistas asesinados en la 20 en el campo de la subversión. La tarde misma de la matanza, la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas emitió un comunicado que fraguaba los hechos: los trabajadores habían recibido a balazos a las fuerzas del orden y habían caído en un enfrentamiento. 

Un mes más tarde, sin que mediara una investigación parlamentaria ni una investigación de la justicia civil o militar, el Poder Ejecutivo los incluyó en la nómina de los subversivos caídos. «En estos 18 muertos están incluidos los ocho muertos del club comunista de la calle Agraciada. Y los incluimos porque esos hombres enfrentaron la acción del Ejército con armas en la mano», dijo el ministro de Defensa Nacional, el general Enrique Olegario Magnani, cuando concurrió al Parlamento para pedir la prórroga del estado de guerra interno, esta vez sin plazo de vencimiento. 

Desde ese momento hasta la fecha no ha habido un acto público de reparación por parte del Estado para quienes fueron asesinados y calumniados. 

Además de atroces, por la alevosía y la crueldad con que se mató y se dejó morir, los asesinatos de la 20 constituyen el más vil ataque a una colectividad política que registra la historia del país. Conviene recordar que el PCU era un partido legal que había cumplido más de medio siglo de vida en Uruguay, que tenía una gran influencia en la vida cultural y en los sindicatos, y que contaba con dirigentes de proyección internacional, como Rodney Arismendi, en ese entonces uno de los legisladores con más experiencia de todo el Parlamento. 

De manera inversamente proporcional a la magnitud del crimen, poco hemos logrado como sociedad para reparar el daño, tanto material como simbólicamente. Una de las formas más elementales de la reparación es el conocimiento de la verdad y solo hemos logrado aproximaciones a lo sucedido. La Justicia tardó en actuar y, cuando lo hizo, solo consagró la impunidad. En 2001 los familiares de los muertos presentaron una denuncia en la Justicia ordinaria. El juez Rolando Vomero archivó la causa a pedido del fiscal Enrique Moller, con el argumento de que el operativo había sido ordenado por Magnani y que, como este había muerto, ya no había responsabilidad penal. 

En enero de 2014 el Ministerio de Educación y Cultura declaró monumento histórico la casa de Agraciada 3715, donde aún funciona el seccional comunista. Unos años antes, en mayo de 2001, la Junta Departamental de Montevideo resolvió llamar Ocho Mártires del Seccional 20 del Partido Comunista Uruguayo una plazoleta que está cerca de la casa, en la esquina de Agraciada y Pedro Lozano. Esos reconocimientos se suman a los actos que cada año hacen los comunistas para recordar a los muertos Luis Alberto Mendiola, José Abreu, Ricardo González, Ruben López, Elman Fernández, Raúl Gancio, Justo Sena y Héctor Cervelli, que aún esperan justicia y la rehabilitación de su memoria.

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domingo, 10 de abril de 2022

Carta al Sr. Presidente de la República

 

                               Montevideo, 6 de abril de 2022

 

Sr. Presidente de la República

Oriental del Uruguay.

Dr. Luis Alberto Lacalle Pou.

 

Estimado Presidente:

Como lo puso de manifiesto el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que  Guido Manini Ríos ocultó a la justicia, la desaparición forzada de ciudadanos fue una práctica represiva bestial del Estado uruguayo. Fue una estrategia represiva institucional de las Fuerzas Armadas.

El estado uruguayo adhirió a la Carta Interamericana de DDHH al retornar a la democracia, mediante la ley 15.737,  y en un acto soberano aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH.

En noviembre del año pasado, dicha corte, en la sentencia Maidanik y otros, entre otras recomendaciones, impuso a Uruguay la obligación de continuar la búsqueda de los restos de los uruguayos detenidos desaparecidos.

Por disposición de la Ley 19.822 la búsqueda de los Detenidos Desaparecidos corresponde a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo que ha delegado la conducción de las actividades a los Doctores Mariana Mota y Wilder Tayler. Ambos han llevado a cabo su labor con solvencia, compromiso y responsabilidad.

Como colectivo, valoramos y reconocemos altamente el aporte que su gobierno ha venido brindando a la INDDHH al respecto. Ahora nos dirigimos a Ud. para  solicitarle su apoyo para que ambos puedan continuar al frente de la tarea más allá de que el Parlamento no llegara a renovar su mandato como directivos de la institución.

De acuerdo a los compromisos asumidos por Uruguay, la desaparición forzada de ciudadanos es una práctica represiva cruel y repugnante de carácter permanente que se sigue cometiendo hasta que se encuentren los restos de las personas o se diluciden totalmente las circunstancias.

Es público y notorio que las personas procesadas y condenadas, por las graves violaciones a los DDHH cometidas desde 1968 en adelante,  que se encuentran en la cárcel de Domingo Arena, en la Guardia Republicana y/o en prisión domiciliaria, son quiénes saben que ocurrió y además quiénes saben al respecto. Las evidencias y los indicios al respecto son indudables.

El Estado tiene la obligación por mandato de la Corte IDH y de su propio compromiso con las normas de DDHH de continuar la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos. Esperamos contar con su pleno respaldo a nuestra iniciativa al respecto.

En segundo lugar, solicitamos a Ud. formalmente que envíe, a la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que permita que todas y todos los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones, además de acceder a la Pensión Especial Reparatoria, tal cual ha sido recomendado por varios Relatores Especiales de la ONU.

Tal como lo señala la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, al cumplir con sus obligaciones reparatorias con las víctimas y sobrevivientes del terrorismo estatal, no  puede obligar a las mismas a renunciar a otros legítimos derechos para acceder a dichos beneficios.

Remitir al Parlamento un proyecto de ley que permita que las ex presas y los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones será un importante aporte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de respaldo a las normas de Derechos Humanos. Prestigiará al país y a su presidente. Será una contribución muy valiosa que el Partido Nacional realizará al proceso de afirmación del Estado de Derecho.

Desde la recuperación democrática, todas las  iniciativas de carácter reparatorio hacia las víctimas y sobrevivientes de la dictadura cívico militar fueron promovidas por el Partido Colorado y el Frente Amplio.

Sin otro particular, agradeciendo desde ya,  lo saludan atentamente,

 

Gastón Grisoni                                            Enrique Chalar

Presidente                                                   Secretario 

jueves, 7 de abril de 2022

Fusilados de Soca

             El Ejército y la Justicia  militar aún conservan

                evidencias de  los fusilamientos de Soca 

                               en 1974 según un libro


Julio Abreu y Amaral García
 

Solo queda vivo un exintegrante del departamento de operaciones del Sid, el organismo relacionado con el  crimen

 
Por Sergio Israel - Búsqueda Nº2169 7 al 20 de abril 2022

 

Tres M marcadas en la carretera, las huellas de una camioneta Indio, decenas de casquillos de bala calibre 45 y 9 mm junto a los cuerpos acribillados. Después de 47 años del crimen, familiares de los cinco tupamaros secuestrados en Buenos Aires, torturados y luego asesinados en Capilla Cella en diciembre de 1974, un caso conocido como Fusilados de Soca, presentan un libro con testimonios, fotos oficiales y nuevas investigaciones.

El libro será presentado hoy, jueves 7, en el Teatro Atahualpa del Cioppo del Complejo Cultural Politeama con la presencia del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el investigador canario Federico López Romanelli, el periodista Roger Rodríguez, la exjueza Mariana Mota, el pastor Ademar Olivera, Nélida Fontora, de la organización de expresos Crysol, y Elena Bicera, por los familiares.

Los testimonios y evidencias recogidos en el libro fueron antes entregados a la Justicia, aunque esta aún no se ha expedido.

Plan Dragón

Una investigación que llevó a cabo la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad llegó a la conclusión de que el secuestro y luego los fusilamientos de Capilla Cella, a pocos metros del cruce entre las rutas 9 y 70, fue una operación del Servicio de Información de Defensa (SID), en el marco de un plan mayor.

Una extendida versión extrao cial sostuvo que el fusilamiento fue una respuesta a la muerte del exdirector de ese servicio, el coronel Ramón Trabal, asesinado horas antes en París. Este otro crimen, que los militares en el poder adjudicaron a los tupamaros y estos al Ejército, tampoco se aclaró en el ámbito judicial, pero otra versión sostiene que fue obra de un grupo de ultraizquierda integrado exclusivamente por jóvenes franceses (Búsqueda No 1.639).

Los cinco asesinatos, según varios testimonios de la época, se habrían decidido al más alto nivel, pero ninguna de las versiones pudo ser con rmada debido a las limitaciones que impuso la “ley de caducidad” hasta 2010.

Lo que pudo establecer la Fiscalía, con el apoyo de historiadores, fue que el secuestro y posterior traslado clandestino fue parte del llamado Plan Dragón, una ofensiva contra el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) en Buenos Aires, que entonces estaba pasando por un proceso de división luego de la derrota de 1972.

Con base en un documento o cial fechado el 20 de noviembre de 1974, la Fiscalía que dirige Ricardo Perciballe llegó a la conclusión de que los secuestros en el barrio porteño del Once y otros están relacionados con hechos que ocurrieron luego, entre ellos, los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y que son parte de una operación más grande.

El traslado de los tupamaros a Uruguay, conocido como Vuelo Cero (aunque no fue el primero), tuvo mayor repercusión porque, a diferencia de otros casos, gracias al testimonio en 2005 del sobreviviente Julio Abreu, se sabe que fueron torturados en tres centros clandestinos en Buenos Aires y luego llevados al centro de detención de Punta Gorda, conocido como 300 R, que, en esos meses, había sido capturado por el SID al MLN-T.

El testimonio de un policía

El 20 de diciembre de 1974, el hallazgo de los cuerpos de Floreal García (31 años), Mirtha Hernández (29), Graciela Estefanell (34), María de los Ángeles Corbo (26) y Héctor Brum (28), “chupados” 42 días antes, causó gran conmoción en Uruguay, pero la actuación de la Justicia para esclarecer el crimen hasta hoy
no prosperó.

La investigación privada realizada por López Romanelli, contenida en el libro y aportada a la Justicia, incluye una entrevista con el exagente Roberto Verdier, que estuvo a cargo del trabajo de Policía Técnica de Canelones en la escena del crimen.

 


Verdier, un suboficial mayor que falleció poco después de prestar testimonio para el libro en 2014, contó que esa madrugada fue llamado de urgencia por su jefe y fue uno de los primeros funcionarios en llegar al lugar donde estaban los cuerpos acribillados de tres mujeres y dos hombres.

El exfuncionario relató que el entonces juez de Paz de Soca, Ruben Rodríguez Estévez, ordenó la pericia técnica y, en principio, lo protegió de las fuertes presiones que hizo el Ejército, que se presentó en el lugar en un jeep para exigir al perito la entrega de la cámara de fotos, un croquis y otros objetos.

El juez Rodríguez, según el testimonio de Verdier, frenó a los militares y les advirtió sobre posibles represalias contra el policía: “Y no me lo toquen”, habría dicho mientras impedía que se llevaran los registros. Los documentos quedaron entonces en poder de la Policía de Canelones, aunque según López Romanelli hasta hoy “muchas pruebas materiales recogidas por Roberto (Verdier) permanecen incautadas por el Ejército”.

Las presiones que ejerció la Justicia militar llevaron a que el policía finalmente les entregara las pruebas. “Le pidieron que presentara todos los indicios que había levantado en el lugar”, sostiene el libro. Verdier, según el relato, “entregó las evidencias solicitadas en el Juzgado de Instrucción Militar 5°, hecho del cual luego expresó haberse arrepentido”, porque en realidad debió entregarlas al juzgado de Soca.

“La última vez que fue citado, sintió tanta presión psicológica que se presentó al Juzgado militar junto con el jefe de Policía, el coronel Martín. Luego de esta instancia nunca más fue citado”, explica el libro.

La nueva investigación oficial

La exjueza Mota, que antes de ser trasladada del área penal investigó el caso por estar relacionado con la causa del exdictador Juan María Bordaberry, explica en uno de los capítulos que el caso de Soca “ha sufrido las mismas demoras, obstáculos y paralizaciones que han tenido otras causas”.

El expediente pasó del juzgado de Soca a Pando, pero las investigaciones no lograron avanzar a pesar de que en 1976 se presentó una segunda denuncia en el juzgado de la llamada ciudad industrial.

A la salida de la dictadura, transcurrida ya una década del crimen, el caso comenzó a tramitarse en un juzgado penal de Montevideo, pero luego fue incluido dentro de la llamada “ley de caducidad”, que impidió continuar con las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante el gobierno de facto.

Entre tanto, en 1984 fue recuperado Amaral, el hijo de dos de los asesinados en Capilla Cella, del excampeón panamericano de boxeo Floreal García y de Mirtha Hernández.

En 2006 —relata Mota— Héctor Corbo, Carlos Brum, Alicia Estefanell, todos hermanos de las víctimas, y Amaral García, bajo el patrocinio de los abogados Javier Miranda, Óscar López Goldaracena, Guillermo Payssé, Walter de León y María del Pilar Elhordoy, volvieron a presentar una denuncia.

Un año antes, el sobreviviente Abreu se había animado, por primera vez, a dar su testimonio al periodista Rodríguez en La República y en 2010 la Suprema Corte de Justicia dejó libre el camino para continuar las indagatorias en este y otros casos tras considerar inconstitucional la “ley de caducidad”.

Desde entonces, los recursos interpuestos por la defensa de los militares investigados llevaron a que el caso esté detenido mientras aguarda un pronunciamiento de la Corte, que tiene que expedirse sobre una excepción de inconstitucionalidad contra la norma interpretativa aprobada en 2011 para dejar nulos los efectos de la “ley de caducidad”.

Entre tanto, todos los supuestos implicados, que integraban entonces tanto el mando del servicio como el Departamento III (Operaciones) del SID han muerto, salvo uno, el excapitán Ricardo Arab, que ya está condenado en otras causas.

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martes, 5 de abril de 2022

1.3%: el fracaso estrepitoso de los nostálgicos

 



Mercedes Vigil
 

El pasado domingo 27 de marzo se llevó a cabo el referéndum convocado para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). En el anca de un piojo, el pronunciamiento popular fue incuestionable: triunfó el gobierno por muy escaso margen. Ante el resultado, el general retirado Guido Manini Ríos señaló: “a todos nos puso nerviosos”.

Un hecho significativo que ha sido poco mencionado, por no decir ignorado, a la hora de los análisis, aún de los más connotados expertos y analistas, es el muy bajo porcentaje de los votos en blanco que hubo. Normalmente, según los estudiosos, el porcentaje es de alrededor de un 2% y se le denomina “voto estructural”. En esta ocasión, según la Corte Electoral, fueron 29.119, un 1.3% de los votos emitidos. Disminuyó significativamente el número de los votos en blanco. Hay una clara explicación.

Los nostálgicos llamaron a votar en blanco

Aunque ante el resultado electoral han guardado un deliberado silencio, según informó El País el pasado 17 de enero, la portavoz de los nostálgicos del proceso, la Sra. Mercedes Vigil divulgó un audio entre sus seguidores convocando a votar en blanco. Según el matutino una de las razones era su desconformidad por no haber restablecido la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Dicha ley, ratificada por un referéndum y no anulada por un plebiscito fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en octubre de 2009 mediante la Resolución 365/2009. La SCJ era presidida en ese momento por el Dr. Jorge Chediak, funcionario gubernamental de confianza en el gobierno actual.

 

En un sentido similar se expresó el coronel retirado y militante de Cabildo Abierto Arquímedes Cabrera quién organizó una campaña a favor de esta opción electoral. Solicitó educación laica, eliminar la ideología de género y las oficinas de esa materia, terminar con el asistencialismo del Mides, las pensiones vitalicias y liberar a los militares presos en la cárcel de Domingo Arena según lo consignó el Portal M24 el pasado 19 de febrero. Todos ellos militaron a favor del voto en blanco.

Los medios masivos de comunicación amigos

El Foro de Montevideo, liderado por Mercedes Vigil, que aboga por el restablecimiento de la ley de Caducidad y por una amnistía para todos los procesados y condenados por las graves violaciones a los derechos humanos desde junio de 1968, ha tenido amplios espacios para expresar y difundir sus puntos de vista, tanto en los medios escritos como en los televisivos y radiales.

Lo mismo ha ocurrido con los autodenominados “familiares de presos políticos”, defensores públicos de los represores que han sido procesados y/o condenados, con todas las garantías del debido proceso, por un poder independiente del Estado. En pocas semanas han tenido mayor exposición mediática que las organizaciones que representan a las víctimas en décadas.

Lacalle Pou los recibió en la Torre Ejecutiva

El año pasado el presidente de la República recibió al Foro de Montevideo en la Torre Ejecutiva y al Sr. Diego Flores en la residencia de Suárez. El resultado del plebiscito demanda una lectura atenta y pormenorizada de su parte. No se votaron ni ellos mismos y solo representan a los represores ya condenados y a quiénes lo serán en los próximos meses por imperio de la justicia.

En noviembre del año pasado la Corte Interamericana de DDHH condenó al Estado uruguayo en la Sentencia Diana Maidanik y otros, relacionada a los asesinatos de las Muchachas de abril y a la desaparición de Eduardo Luis González y Oscar Tassino.

Aunque los otrora avasallantes y prepotentes dueños del poder se presenten ahora lastimosamente y de manera implorante como víctimas de la democracia y de una justicia “politizada”, el Estado no puede ser indulgente ni complaciente con los responsables de los más graves crímenes que conoce nuestro país.

Crímenes de Lesa Humanidad

Al retornar a la democracia, mediante la Ley 15.737, en un acto soberano, el Estado uruguayo suscribió la Carta Interamericana de DDHH y aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH. Todos los procesados y condenados lo han sido por delitos que se realizaron de manera masiva, sistemática y generalizada contra una población civil. Son crímenes de Lesa Humanidad: imprescriptibles e inamnistiables.

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Opinando N° 5 - Año 11 -  Martes 5 de abril de 2022

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol