La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Datos

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Telefax: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com

Horario de atención en nuestra sede social: de lunes a viernes de 14.30 a 19 horas. Cuota social: $ 265.-

jueves, 17 de junio de 2021

Corte Interamericana de DDHH

 Elena Zaffaroni declaró ante la CIDH y reclamó que el Estado uruguayo  obligue a los militares a entregar los archivos operativos de la dictadura

La diaria - 17 de junio de 2021

Este miércoles comenzó la audiencia por el asesinato de “las muchachas de abril” y las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino.

Acto recordatorio de las Muchachas de Abril (archivo, abril de 2014). Foto: Javier Calvelo


La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este miércoles la audiencia de la causa que investiga la responsabilidad del Estado uruguayo y las dificultades en el acceso a la Justicia en los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurrido el 21 de abril de 1974, y las desapariciones de Óscar Tassino, en el centro de torturas La Tablada, en julio de 1977, y de Luis Eduardo González, en el Regimiento de Caballería 6, en diciembre de 1974.

 

En la primera jornada de la audiencia declararon Elena Zaffaroni, esposa de Luis Eduardo González, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y el abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Chargoñia. En la segunda jornada las partes presentarán sus alegatos finales.

 

En sus declaraciones Zaffaroni se refirió a las circunstancias de la desaparición de su esposo, la responsabilidad del Estado, el rol de la verdad y los límites del Poder Judicial en el acceso a la verdad y la necesidad de que la CIDH reclame al Estado que exija la entrega de los archivos operativos de la dictadura. Además habló de la connivencia entre el poder militar y el poder político y de la necesidad de un quiebre que deje definitivamente atrás al terrorismo de Estado y que permita cesar el crimen de la desaparición.

 

“Ese día, el 13 de diciembre [de 1974], van a mi casa a las tres de la mañana muchos oficiales y soldados y nos llevan detenidos al cuartel que luego supe que era el 6 de Caballería [...] A mí me llevan en varias oportunidades a verlo, yo estaba embarazada, para que él vea mi presencia, lo que le hacen para que sienta mis quejas y presionarlo más. Lo veo en varias oportunidades en el mismo cuartel y el 25 de diciembre [...] nos ponen juntos, encapuchados, porque le proponen el chantaje de nuestra vida y de nuestro hijo, por su colaboración. Esa fue la última vez que lo vi, en un estado muy deteriorado físicamente, muy acosado por ellos. En ese momento no lo tomé como una despedida, que lo era [...] luego entendí que era una decisión que ya estaba tomada por sus torturadores, que lo iban a matar, todavía no sabíamos de las desapariciones forzadas”, declaró Zaffaroni en la audiencia.

 

Zaffaroni también se refirió al sufrimiento de su familia por la desaparición de Luis Eduardo González: “Mi suegra, Amalia, tenía 47 años y hace exactamente 47 años de los hechos, Amalia falleció este año, sin tener noticias, buscando desesperadamente a su hijo, como todas las madres, aceptando con inmenso dolor que no lo iba a encontrar [...] Mi hijo nació estando ya su padre muerto, por muchos años él se despertó en la noche en la hora que nos vinieron a detener, por muchos años, como un loco, con gritos de algo que no sabía qué era lo que le pasaba. Él pensó que como se llamaba igual lo iban a confundir y lo iban a matar o desaparecer, por años fue así cuando era niño”.

 

Al ser consultada por la representante del Estado uruguayo Pilar Álvarez sobre la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Zaffaroni respondió que la Justicia no puede actuar sola y que necesita de los otros poderes del Estado para alcanzar la verdad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura.

 

“La Justicia no puede actuar sola, es imposible que se imparta justicia si no tiene la información aportada por el Poder Ejecutivo”, señaló. Si bien reconoció el trabajo del fiscal Perciballe, planteó que aún en 2021 se desconocen los hechos. “Hemos seguido desparramando la impunidad de ese delito a toda la sociedad, los militares que cometieron ese delito fueron previamente ascendidos por la democracia”, subrayó, y recalcó que se desconocen los detalles de lo que hizo el coronel retirado Eduardo Ferro o Mario Aguerrondo, quien fue felicitado en su legajo por ser el ideólogo del operativo contra el Partido Comunista Revolucionario que culminó con la detención y asesinato de Luis Eduardo González.

 

Zaffaroni dijo que aspira a que el Estado los busque “como si buscara a sus hijos, con la misma desesperación que los buscaron sus madres”. “La reparación tiene que ver con lo que pasó, no es simplemente dar un dinero, la reparación es que esto no vuelva a pasar, y ¿qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que pasó?”, cuestionó.

 

Además, señaló que pidieron a todos los presidentes, después del regreso a la democracia, que incautaran los archivos operativos de la dictadura, pero no lo hicieron.

 

Zaffaroni valoró que se haya traspasado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la conducción de las excavaciones y recordó que todos los hallazgos de restos de detenidos desaparecidos surgieron de información militar. “La idea no es que agujereen Uruguay, sino que les aporten los datos precisos, que están ahí y que nadie ha exigido”.

 

“Los hallazgos han sido siempre con alguna información militar. En el de Ubagesner [Chávez] es porque los datos estaban en la Fuerza Aérea [...] el de Miranda es porque entregaron un plano exacto de donde estaba, el del maestro [Julio] Castro y el de [Ricardo] Blanco hubo un militar que fue en reiteradas oportunidades al Batallón 14, que fue amenazado e intimidado para que no lo hiciera”, subrayó.

 

Por otra parte, destacó la falta de conocimiento sobre la forma en la que se seleccionó quiénes serían los asesinados: “15 días antes en el mismo cuartel, el mismo equipo de OCOA [Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas] y torturadores mata a otro militante y entrega su cuerpo [...] La Justicia que se ha abierto paso con una lentitud espeluznante, en la que se han muerto madres, en que nuestros hijos han envejecido, a nosotros ya no nos quedan tantos años por delante, mi hijo tiene 46 años y no hemos obtenido ninguna respuesta satisfactoria”.

 

Zaffaroni se refirió también al apoyo que tiene la búsqueda de la verdad en buena parte de la sociedad: “Esa es la única paz que ha dado a nuestras madres [...] que hay quienes siguen con estos principios de verdad y de justicia para la vida”.

 

Consultada sobre los intereses que mantienen la impunidad y el poder de quienes no brindan la información, Zaffaroni respondió: “Esta fue una dictadura cívico-militar y salimos de la dictadura con un pacto. Por qué ese pacto dura hasta 2021 y lo sostienen los distintos gobernantes no lo sabemos”. Zaffaroni cuestionó que los comandantes que brindaron o trasladaron información falsa sobre lugares de enterramiento no hayan sido destituidos en ese momento y recordó como “un gesto simbólico duro” la visita del expresidente José Mujica al general Miguel Dalmao, cuando estaba preso en la unidad de Coraceros.

 

En la audiencia también declaró como testigo pedido por el Estado uruguayo el fiscal Ricardo Perciballe, quien informó sobre el avance de los casos que involucran la causa en la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos], señalando que en el caso conocido como las “muchachas de abril” uno de los imputados podría ser procesado, ya que se resolvieron las excepciones de prescripción e inconstitucionalidad que presentó la defensa del imputado, mientras que hay otros dos exoficiales sobre los que aún está pendiente la resolución de excepciones de prescripción.

 

Con respecto al caso Tassino, señaló que, además del procesamiento de Ferro en octubre del año pasado, la Fiscalía solicitó el procesamiento de dos oficiales del Ejército y lo único que resta es el traslado de la requisitoria fiscal a la defensa y la jueza estaría en condiciones de tomar una resolución.

 

En cuanto a la desaparición de Luis González González señaló que se trata de una causa más compleja, en la que todavía no hay una imputación fiscal, pero aclaró que “están absolutamente identificados los hechos en la fase investigativa” y resta que se resuelvan excepciones de prescripción que han planteado los indagados.

 

En cuanto a los archivos de la dictadura sobre estos casos, Perciballe dijo que no tiene un dato objetivo para decir que esos archivos existen. “Uno tiende a pensar que existen y que en algún lugar están. Los servicios de inteligencia funcionaron, funcionan y funcionarán”. Consultado sobre la posibilidad de reclamarlos desde la Fiscalía, Perciballe planteó que podría “hacer una solicitud amplia al Ministerio de Defensa [Nacional] o al Ministerio del Interior, pero si no decimos dónde se pueden ubicar es difícil que se busquen”. “Esto debe ser parte de una política de Estado, y uno quiere creer que si existe la voluntad en ese sentido sería muy sencillo que el señor presidente de la República dispusiera al respecto”, opinó, al tiempo que aclaró que es un tema que excede a la fiscalía.

 

Por su parte, el abogado especializado en derechos humanos Pablo Chargoñia declaró como perito propuesto por la CIDH. En su intervención resaltó la disparidad de criterios en la Justicia uruguaya para tratar asuntos claves de las causas, como es el caso de la prescripción o la tipificación como crímenes de lesa humanidad.

 

“Los tribunales uruguayos no presentan una posición única sobre un asunto central”, señaló, y destacó su coincidencia con una de las resoluciones de supervisión del cumplimiento del fallo de la CIDH para el caso Gelman, que indicó que “persisten interpretaciones judiciales que no brindan la seguridad jurídica suficiente”.

 

Además, advirtió que en la medida en que se tipifican como delitos comunes acusaciones por delitos de tortura, que prescriben a los diez años, prescribirían este año, considerando el inicio del cómputo del plazo a partir de la derogación de la ley de caducidad, en 2011.

 

También manifestó su preocupación por la falta de una perspectiva de género en la Justicia en general y particularmente en los crímenes de lesa humanidad y resaltó la necesidad de una mayor formación en la materia.

------------

Asado CRYSOL 2022

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol