La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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martes, 24 de diciembre de 2024

El vía crucis del Negro Viana Acosta (*)

 Por Roger Rodríguez - 14 septiembre 2008


Antonio Viana Acosta era tupamaro y estaba radicado en Argentina desde abril de 1973. Vivía en el barrio Once y trabajaba en Anchorena 51, la sede del Ministerio de Bienestar Social, eje del gobierno del general Juan Domingo Perón, quien designó a José López Rega como secretario de esa cartera.

Viana Acosta fue testigo del proceso que se fue dando en aquel ministerio, donde se cobijarían los más peligrosos elementos de la ultraderecha argentina. Los ojos de aquel moreno uruguayo criado en Rocha llegaron a ver cómo, en el subsuelo del ministerio, cargaban armamentos en una ambulancia.

En el Carnaval de 1974 las cosas empeorarían, cuando jefes de la represión de las dictaduras de Bolivia, Chile y Uruguay (representado por el inspector Víctor Castiglioni), acordaron con la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) una coordinación represiva, que años después evolucionaría en el Plan Cóndor.

Luego que se formalizara la coordinación represiva entre la ultraderecha argentina y las dictaduras de la región, los «zurditos» que habían llegado al Estado con el gobierno del «delfín» Héctor Cámpora, se convirtieron en un objetivo para los agentes de la represión porteña. Viana caería el 21 de febrero de 1974.

Los «pesados»

Al «Negro» Viana lo secuestraron los capos de la «patota» argentina: Almirón Sena, guardaespaldas de López Rega, Luis Margaride, Alberto Villar, subjefe de la Federal y principal de la Triple A, Miguel Angel Iñiguiz jefe de la Policía Federal y el coronel Jorge Osinde. Todos reconocidos como «pesados».

En democracia, lo llevaron a Coordinación Federal («Coordina»), en la calle Moreno 1417, cerca del Congreso. Allí lo torturaron los policías uruguayos Víctor Castiglioni y Hugo Campos Hermida, y los militares Manuel Cordero, José Gavazzo, Sergio Coubarrere y Carlos Calcagno, a quién ya había sufrido en el Batallón Florida.

Permaneció incomunicado en la Cárcel de Devoto varias semanas y lo llevaron a la Cárcel de Caseros, por otros 20 días, hasta que lo pasaron al local de Alcaldía 21 y quedó con otros presos, entre ellos varios bolivianos que iban a «poner en libertad». La acción represiva pactada en enero ya era internacional.

Viana Acosta se las ingenió para poder sacar una esquela dirigida al exiliado senador Enrique Erro, que estaba alojado en el Hotel Roy en la céntrica esquina de Corrientes y Esmeralda. Le pidió ayuda y Erro les mando dos famosos abogados: Rodolfo Ortega Peña y Silvio Frondizi.

 

El «Vuelo 158″

Los dos juristas argentinos, quienes ya habían colaborado con Zelmar Michelini en su presentación ante el Tribunal Russell, presentaron un habeas corpus que obligó a la policía federal a cambiar o acelerar sus planes. Era el 3 de abril de 1974 y hacía más de cuarenta días que Viana Acosta era torturado.

Sólo un día después, el 4 de abril, a las 10 de la mañana lo volvieron a llevar a «Coordina», lo subieron al 9º piso, y le anunciaron que sería entregado «sin causa» a la dictadura uruguaya. Fue el jefe de interrogadores Juan Carlos Lapuyole (alias «El Francés») quien lo trasladó en un Falcón hasta Aeroparque.

Lo instalaron en Migraciones, esposado a un calefactor. Lo subieron a un avión de Pluna. Era el Vuelo 158. Le sacaron las esposas y lo amenazaron para que no provocara incidentes. Quedó a cargo del capitán de la nave: un aviador morocho trigueño, alto, corpulento. El día 5, a las 12.20 horas llegó a Carrasco.

En el mismo vuelo viajaban su compañera, Estela Barboza, con su hijo David Rowinsky, quienes también habían sido secuestrados y deportados. Le logró pasar una carta para advertirle sobre lo que había declarado. Ella rompió la nota, pero los papeles aparecerían pegados cuando lo volvieron a interrogar…

«¿No te dije…?»

Personal del Departamento 4 de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) lo fue a buscar dentro del avión a su llegada a Montevideo. Lo llevaron a San José y Yí, esposado y sin capucha. Lo encerraron en las celdas de seguridad del cuarto piso. Allí pudo ver a Isacc Lewi.

En las celdas de Jefatura volvió a ser torturado e interrogado por el subcomisario Raúl R. Benítez Caches (Viana no olvida la cicatriz de su rostro) y Pablo Fontana Zunino. El 9 de abril se decide su traslado al Batallón Nº 12 de Rocha, el lugar donde había estado preso antes de viajar a Argentina.

Había sido liberado en 1972. «Si es necesario te voy a ir a buscar a donde sea y te voy a volver a traer acá», le había advertido entonces el oficial Pedro Enrique Buzó Correa. El comisario Benítez lo entregó para el traslado a Rocha. Buzó lo recibió con una sonrisa: «¿No te dije que te iba a ir a buscar?», le dijo.

En Rocha, con el oficial Néstor Ramón Silvera Fonseca, lo bajaron a culatazos, lo arrastraron por la Plaza de Armas y lo subieron al segundo piso del edificio principal donde estaba el «S 2″ de inteligencia militar. «¿Qué hacemos con éste?», preguntó el subalterno. «Tratamiento consabido», le respondió el oficial.

A solas con Nino

Fueron testigos de aquella tortura tres dirigentes principales de los tupamaros que estaban en el Batallón. Eleuterio Fernández Huidobro («El Ñato») se alojaba en la Celda «3». En la «2» estaba Mauricio Rosencof («Pelado» o «Caruso») y en la Celda 1, se encontraba José Mujica («Pepe» o «Facundo»).

Fernández Huidobro relata el horror de aquella tortura al «Pantera Negra» durante aquellos días de «tacho» y «picana», en los que su cuerpo masacrado era tirado diariamente en la Celda «4». Al quinto día ya lo iban a torturar en el mismo calabozo. «Yo vivo en Buenos Aires, en Quilmes» se defendía Viana.

El 22 de abril, llegó a Rocha el mayor José Nino Gavazzo. Acababan de matar a Silvia Reyes, esposa de Washington Barrios, junto a sus amigas Laura Raggio y Diana Maidanick.

El Nino llevaba a una detenida de Artillería 1 y aprovechó para hacerle un careo con Viana en la enfermería del Batallón 12.

Quería saber sobre Washington Barrios. Ante las negativas de Viana, Gavazzo lo subió a la sala del «S 2″ y lo torturó personalmente. Le llegó a cerrar una puerta en la mano para quebrarle todos los dedos. Entonces ordenaron que lo enviaran al cuartel de Minas… «Allí vas a hablar, todos hablan», le advirtieron.

Zelmar y Barrios

En El Batallón de Infantería Nº 11 de Minas lo volvieron a torturar el mayor Gustavo Adolfo Taramasco Steinfeld («Alfredo») del OCOA, los hermanos capitanes Héctor Mario Castromán y Osvaldo Castromán, el capitán Tabaré Camacho Pastorino y personal del Batallón 12 de Rocha.

Viana recuerda los grados que los militares del Ejército llevaban en el cuello de sus uniformes como los oficiales de la «SS» en la Alemania nazi. También reconoció a oficiales de la Fuerza Aérea en las sesiones. Tampoco olvida la responsabilidad del piloto de la aviación que lo trajo en el viaje de Pluna.

El interrogatorio se centró en las actividades de Enrique Erro y Zelmar Michelini. Querían saber por qué lo defendieron Ortega Peña y Frondizi. También le preguntaban por Washington Barrios, a quién él desconocía. Se buscaba una justificación para las muertes de la calle Mariano Soler 3098.

En esos primeros días de mayo de 1974, el Negro Viana Acosta sufrió la intensa tortura en manos de Gavazzo y el «pajarito» Jorge Silveira. Hacía tres o cuatro días que lo tenían colgado y dándole «tacho», cuando alguien entró y en el lugar se hizo silencio…

La fusta del Goyo

Ese día estaban presentes los oficiales Buzó, Silveira y Raúl Mario Saravia. Le pusieron una capucha para que no reconociera al visitante, pero Viana había podido hacer pequeños agujeros en la tela para ver. Era el general Gregorio Conrado Alvarez, entonces comandante de la División de Ejército IV.

«Así que es éste», dijo con sarcasmo el Goyo. Viana cuenta que el general se cansó de golpearlo con la fusta e insistir en que dijera algo sobre Washington Barrios. Cuando comprendió que no lograría su propósito, recuperó la compostura y dijo: «Pueden continuar con él… tiene que hablar».

Con el visto bueno del oficial superior, la tortura sobre Viana Acosta se convirtió en saña.Tanto lo golpearon, lo picanearon y lo asfixiaron que uno de los que lo conocía de Rocha, tuvo que advertir que el negro había sufrido un paro cardíaco cuando años antes lo torturaron en el Batallón 12. Viana quedó días tirado en su celda, tapado con un poncho. Cuando volvieron a interrogarlo, dijo que tenía ladillas.

Llegó a arrojar en el rostro del torturador un puñado de pelos y parásitos que arrancó de su pubis. Tiraron DDT en su celda y casi se muere envenenado. Lo salvó un enfermero llamado Líber.

El «blanqueo»

Finalmente, Viana Acosta fue curado y preparado para devolverlo al Batallón 12 de Rocha. Allí no volvieron a golpearlo. Sólo lo sometieron a algunos plantones.

El 24 de octubre de 1974 el prisionero dejó de estar en condición de «desaparecido» y fue llevado ante el juez militar para ser procesado.

El juez militar de instrucción de 4º turno, capitán de navío Oscar Pío Llorens, asistido del secretario, capitán Juan Emilio Dendrines, le imputó «asociación subversiva» y «atentado a la Constitución en el grado de conspiración». Lo condenaron a seis años de cárcel que luego aumentaron a siete.

Permaneció en el Penal de Libertad (recorrió las alas 4 A y 4 B, las barracas y el 5 A) hasta que fue liberado el 18 de febrero de 1981, a casi siete años exactos de su secuestro. Se exilió entonces en la ciudad de Växjö, en el centro de Suecia, desde donde denunció internacionalmente su odisea.

Antonio Viana Acosta. Hoy vive en la Barra del Chuy, pero no olvida lo sufrido durante la dictadura en 1974.

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(*) Antonio Viana falleció recientemente en el Chuy lugar donde residía.

Malas y buenas noticias: Crysol recurre a Comisión IDH

 


El pasado martes 17 de diciembre, una delegación de Crysol se entrevistó con el Dr. Leonardo Costa y la Dra. Sofía Matteo del estudio jurídico Brum Costa que nos patrocina

Tal como era previsible, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) rechazó el recurso de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de tres incisos del artículo 11 de la Ley 18 033 presentado por CRySOL con la firma de 896 peticionantes, en setiembre del año 2023.

Habiendo agotado las gestiones con los gobiernos anteriores, el recurso fue presentado a los efectos de agotar las instancias nacionales de reclamación para poder recurrir a los tribunales latinoamericanos. El propósito es lograr que la Pensión Especial Reparatoria (PER) y la Pensión de Sobrevivencia que ella genera para los familiares de quienes fallecen sean compatibles y acumulables con las jubilaciones y pensiones propias.

En su fallo, la SCJ mantiene el criterio de rechazar los recursos presentados por las víctimas del terrorismo de Estado, desdeña los pronunciamientos de la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH), la Resolución Silvia Flores Mosquera de la Comisión IDH y el Acuerdo de Solución Amistosa que llevó a cabo el actual gobierno en dicho caso para cumplir con los requerimientos del órgano de DDHH latinoamericano.

En los primeros días de febrero de 2025, CRySOL se estará presentando ante la  Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) para solicitar el amparo de la misma y lograr que el Estado adecue su legislación a los estándares internacionales y de acuerdo a los compromisos asumidos.

De acuerdo a las normas internacionales, los Estados deben reparar el daño ocasionado a sus víctimas, deben hacerlo de una manera integral y tampoco pueden obligar a renunciar a otros legítimos derechos para acceder a la reparación.

Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que suscribieron la resolución fueron: Dra. Elena Martínez (Presidenta), Dra. Bernadette Minvielle Sánchez, Dr. Tabaré Sosa Aguirre, Dr. John Pérez Brignani y Dra. Doris Morales.

Montevideo, 23 de diciembre de 2024

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domingo, 15 de diciembre de 2024

Crysol homenajeó a las y a los Fusilados de Soca

Las y los Fusilados de Soca: un crimen colectivo del Estado

 uruguayo en los comienzos del Plan Cóndor


Gastón Grisoni – Presidente de Crysol

Con duros cuestionamientos al papel del Poder Judicial, el sábado 14 de diciembre, a 50 años, Crysol homenajeó a las y a los fusilados de Soca junto al memorial que los recuerda en Canelones

Cuando construimos este Memorial,  en el año 2008,  lo hicimos, entre otros propósitos, para reclamar justicia. Hoy, a dieciséis  años, hemos logrado que la justicia finalmente se pronunciara, se identificara a algunos de los principales involucrados y se condenara al mayor retirado Ricardo Arab. La verdad de lo ocurrido, al menos una parte importante de ella, es de público conocimiento.

El asesinato de Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Brum, María de los Angeles Corbo  que estaba embarazada y de Graciela Estefanell,  fue, en su momento, un crimen brutal y estremecedor. Lo sigue siendo. Tan brutal  como el hecho de que recién a 49 años del mismo se haya logrado que exista una  sentencia condenatoria.

A comienzos del mes de noviembre de 1974, estos cinco uruguayos,  junto con Julio Abreu y Amaral García, un niño pequeño en aquel entonces, fueron secuestrados en Buenos Aires, lugar donde residían luego de instaurada la dictadura en Uruguay.

Luego de ser torturados en centros clandestinos de Argentina, fueron trasladados en secreto a Uruguay,  torturados durante varios días, en la Casa de Punta Gorda, y, finalmente, ametrallados precisamente en este lugar. El testimonio de Julio Abreu, ha sido de vital importancia para conocer parte de lo ocurrido.

El Poder judicial ha estado omiso

Debemos señalarlo y dejarlo muy en claro. En este crimen colectivo, con la excepción de la Dra. Mariana Mota, el Poder Judicial estuvo omiso durante décadas. Lo decimos sin pelos en la lengua. En especial, ha estado omiso el máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia.

El avance en el esclarecimiento de estos hechos se debió, básicamente, a los esfuerzos privados de familiares, de compañeros y amigos, y, en los últimos años, del gobierno de Canelones, que nunca bajaron sus brazos.

Ley de Caducidad: inconstitucional de forma y contenido

Hay quienes cuestionan los procesamientos y formalizaciones de los terroristas estatales. Aducen que la actuación de la justicia desconoce los pronunciamientos populares que hubo. No es cierto. Como lo señaló la Suprema Corte de Justicia, las consultas populares no están por encima de las disposiciones constitucionales vigentes en el país. En  octubre del año 2009, la resolución 365 de la Suprema Corte de Justicia, presidida por Jorge Chediak fue categórica. La Ley 15 848, la ley de caducidad, fue declarada inconstitucional por motivos de forma y de contenido.

De acuerdo al  pronunciamiento judicial de esta causa, el principal imputado, el mayor en situación de reforma Ricardo Arab, en la actualidad, goza de prisión domiciliaria y el coronel Manuel Cordero está condenado y preso en Argentina por la causa Orletti. Son los únicos sobrevivientes de los autores materiales de una decisión adoptada al máximo nivel gubernamental en aquel período.

El enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo,  fundamental, incluso, para llegar a la verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos.

Son Crímenes de Lesa Humanidad

El Poder Judicial tiene que cumplir con sus cometidos institucionales. Su máximo órgano, la Suprema Corte de Justicia debe aceptar de una vez por todas, que desde el Tribunal de Nuremberg, al cual Uruguay adhirió, estos asesinatos son “crímenes de Lesa Humanidad” tal como señaló la Sentencia Diana Maidanik y otros, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de diciembre del año 2021.

La lucha por la justicia es la lucha contra la impunidad, contra la cultura de la impunidad, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática. Es la lucha por afirmar las normas de Derechos Humanos y enfrentar todos los intentos por cambiar la Memoria de lo ocurrido, el relato histórico interesado en relativizar la responsabilidad de quienes promovieron y llevaron a cabo el proceso  del terrorismo de Estado.

La dictadura fue un proyecto pais

No fueron las acciones de grupos armados, ni  las protestas gremiales, estudiantiles y sindicales, las que abrieron las puertas a los militares,  las que fueron causantes de la dictadura y del terrorismo de Estado. La dictadura fue la respuesta de los grupos de poder dominantes a la crisis económica del país que se manifestó desde 1955.

Como lo señala la Ley 18 596, el 13 de junio de 1968 es una fecha histórica, marca un antes y un después en la vida de Uruguay. Ese día, Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad. Lo hizo para implementar, a sangre y fuego, las recetas económicas del Fondo Monetario Internacional, iniciando el camino de la represión y la debacle institucional.

La dictadura fue un proyecto global e integral  de país que se impuso en América Latina y especialmente en el Cono Sur impulsado desde EEUU. Es la realidad de los hechos, es la verdad histórica.

Mantienen secuestrada la Verdad

En los últimos años, con un gran trabajo de fiscales comprometidos con la justicia y que en forma constante son hostigados públicamente por los nostálgicos del proceso o por quienes promueven una memoria elogiosa del mismo, se ha logrado el procesamiento de más de un centenar de represores. Es un número importante y significativo.

Es un logro de la persistente movilización popular. Lo celebramos. Seguiremos movilizándonos por la verdad acerca de nuestros detenidos desaparecidos, para encontrar sus restos, para que la democracia uruguaya sea de mejor calidad. También para que todos los represores sean juzgados, condenados y cumplan con sus castigos penales como lo regulan las normas vigentes. Hasta el momento no han brindado información relevante, no han colaborado con la justicia y siguen secuestrando la verdad.

40 años del retorno a la democracia

Dentro de unos meses, en marzo, precisamente, se cumplirán 40 años del retorno a la vida democrática, una etapa histórica que se logró con un enorme esfuerzo y dolor. A 50 años de lo ocurrido, una vez más, rendimos homenaje a los Fusilados de Soca, reivindicamos su compromiso con la vida y el país, rescatamos su legado y lo seguiremos haciendo, reclamando Memoria, Verdad y Justicia.

Cabalgando en la faz de la brisa, con margaritas de amor y de paz, por los chiquitos que faltan, por los chiquitos que vienen: uruguayos Nunca Más!

Vivan las y los  Fusilados de Soca!

 


viernes, 6 de diciembre de 2024

Una muralla derribada


Haber logrado que más de un centenar de represores de la dictadura haya sido juzgado, procesado y/o formalizado es un inmenso logro de la sociedad democrática uruguaya.



Este hecho no puede ser pasado por alto ni tampoco minimizado. Han sido juzgados como corresponde en un Estado de Derecho. Han gozado de todas las garantías del debido proceso. Se les ha tolerado, una y otra vez, las múltiples artimañas dilatorias. Al cabo de muchos años de movilización, se ha logrado destrozar la muralla de impunidad. La impunidad fue acordada con ellos, en su momento, por sectores de la derecha uruguaya y los dueños del poder.

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad por parte de la Suprema Corte de Justicia en octubre del año 2009, el pronunciamiento de la Corte Interamericana de DDHH en febrero del año 2011, Sentencia Gelman vs Uruguay, el restablecimiento de la pretensión punitiva del Estado mediante la aprobación de la Ley 18 831, fueron pasos decisivos y fundamentales.

Es cierto. No han recibido el castigo que merecerían por la cuantía y la gravedad de los delitos cometidos, por el daño y el dolor ocasionado. Hubo y hay, grandes dificultades con el máximo órgano del Poder Judicial. La justicia ha sido demasiado lenta. Por eso mismo, tampoco se les ha podido aplicar la tipificación penal propia de las normas de derechos humanos. Los que cumplen sus penas lo hacen en centros de detención con las debidas condiciones, que en la realidad uruguaya son excepcionales. Muchos, con edad avanzada y enfermedades, lo hacen en sus casas. Gozan del beneficio de la prisión domiciliaria propio de un sistema democrático.

Mintieron y nunca colaboraron con la justicia

Los árboles no deben impedirnos la visión del bosque: a pesar de lo acordado con los dueños del poder y sectores de la derecha al comienzo de la transición democrática, a pesar de la Ley de Caducidad, a pesar de las décadas transcurridas, de las amenazas, bombas, trampas legales y extorsiones de todo tipo, un contingente numeroso de criminales del terrorismo de Estado han sido sancionados penalmente. Un inmenso logro. Una enorme satisfacción.

Por encima de todo: una auténtica lección práctica con vistas al presente y al futuro para todas y todos los integrantes de las Fuerzas Armadas: los golpistas, los apropiadores, los asesinos, los torturadores, los violadores, los represores, más tarde o más temprano, serán juzgados y condenados.

A lo largo de todos estos años mintieron descaradamente en todos los foros y en todos los ámbitos. Aunque durante más de 20 años disfrutaron de las garantías otorgadas por la Ley de Caducidad, ninguno dio muestras de arrepentimiento, jamás colaboraron con la justicia y ocultaron, hasta el día de hoy, toda la información relativa a los Detenidos Desaparecidos. Ningún resto, hasta el momento, fue localizado por información proveniente de los detenidos.

Siendo personas adultas terminarán con sus pobres vidas en prisión. Como corresponde. No es venganza como vocifera el encubridor de Gavazzo, el general retirado Guido Manini Ríos: es justicia, básica y elemental justicia en un Estado de derecho.

Con todos estos pronunciamientos judiciales y con los próximos, aún existen muchos represores sin haber sido imputados,  no hemos acabado con la impunidad. Lo tenemos claro. Pero Uruguay es un país más justo y más democrático, donde los terroristas estatales, los peores criminales en la historia, terminan no solo repudiados socialmente sino, fundamentalmente, sancionados penalmente, con sus huesos en prisión.

La movilización popular fue decisiva

No se hubiera alcanzado sin la movilización y el apoyo del movimiento sindical, del Pit Cnt,  de los cooperativistas, de Fucvam,  de la FEUU, de decenas de organizaciones sociales y de sectores políticos de avanzada que gravitan fuertemente en la realidad uruguaya. Es un inmenso logro al cual nosotros como Crysol hemos contribuido enormemente.

Como colectivo organizado estuvimos y estamos seriamente comprometidos con la libertad y la democracia. La investigación, el esclarecimiento  y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es el camino de la verdad, de la justicia, de la debida reparación, de la afirmación democrática y de evitar que esos crímenes vuelvan a ocurrir. Para afirmar la democracia. Por el bien de todas y de todos.

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Opinando N° 7 – Año 13 –  Viernes 6  de diciembre  de 2024


Asado CRYSOL 2022

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol



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Día del Liberad@

Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social

Conferencia de Prensa en Crysol

Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@

Salsipuedes

Salsipuedes
Abril de 2010

Vocal

Vocal
Chela Fontora

Vicepresidente

Vicepresidente
Baldemar Taroco

Tesorero

Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz

Secretario

Secretario
Enrique Chalar

Presidente

Presidente
Gastón Grisoni