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sábado, 8 de junio de 2019

Turbulencias en la Fuerza Aérea: el difícil intento de desmarcarse del Ejército

Al juzgar a los suyos la aviación militar aplicó el criterio de que  si existe una sentencia judicial ya no hay nada que discutir

Por Leonardo Haberkorn - El Observador - 8 6 19

La Fuerza Aérea inició este jueves un nuevo Tribunal de Honor a uno de sus oficiales, acusado de crímenes en la dictadura. Se trata del coronel retirado Enrique Ribero, condenado por la muerte del militante comunista Ubagesner Chaves.


A diferencia de la actitud mantenida por el Ejército, la Fuerza Aérea ha intentado alinearse con el Poder Judicial y no defender, explícita o implícitamente, a quienes tienen condenas por actos violatorios de los derechos humanos.

Mientras en el Ejército un Tribunal de Honor le llevó la contra al Poder Judicial desconociendo sus sentencias y no consideró un deshonor que José Gavazzo hiciera desaparecer el cuerpo de un detenido muerto bajo sus órdenes y que gaseara a otro, la Fuerza Aérea acaba de concluir otro Tribunal de Honor al coronel José Uruguay Araújo, alineándose cien por ciento con la justicia.
Ese Tribunal de Honor determinó que Araújo -en un fallo que fue homologado en estos días por el presidente Tabaré Vázquez– incurrió en una descalificación “por falta gravísima” en los hechos que derivaron en la muerte Chaves en la base de Boiso Lanza en 1976.

El fallo recuerda que Araújo, lo mismo que Ribero, está condenado por la justicia por el homicidio de Chaves, un obrero metalúrgico y dirigente sindical que tenía 37 años al ser detenido y era padre de una niña de tres años.

A pesar de que tanto Araújo como Ribero nunca han admitido su culpabilidad, en la Fuerza Aérea primó el criterio de que existiendo una sentencia judicial, ratificada además en segunda y tercera instancia, ya no hay nada que discutir, dijeron fuentes del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Aérea.

Sin embargo, los intentos de la Fuerza Aérea por dar vuelta la página quizás no resulten tan rápidos y sencillos.

Insisten en su inocencia

El Tribunal de Honor de Ribero, que comenzó el jueves, se procesa en un clima muy especial.

Por un lado, ocurre en forma simultánea con el pedido de procesamiento del propio Ribero y de otros oficiales de la Fuerza Aérea acusados de torturar entre 1972 y 1976

Pero al mismo tiempo, el abogado del militar, Carlos Bustamente, se apresta a reclamar ante la Suprema Corte de Justicia la revisión de la condena de su defendido por la muerte de Chaves.

La revisión es un recurso extremo que se presenta cuando ya existe una condena firme. Para que tenga andamiento, el condenado tiene que aportar nuevas pruebas que de un modo categórico demuestren su inocencia.
Eso es lo que pretende Ribero, quien lleva más de ocho años preso por ese caso.

Tanto Araújo –que también cumplió funciones en el Servicio de Información de Defensa– como Ribero  aseguran estar pagando la culpa de otros en lo que respecta a la muerte de Chaves.

Ribero fue condenado por ese crimen en base al testimonio Gerardo Barrios, otro de los prisioneros de Boiso Lanza.

“En determinado momento –dijo Barrios en el juzgado– se cansan de torturarnos y me acuerdo que Ribero le decía a uno de los oficiales ‘vamos al casino a tomarnos una’. Dejan un soldado de custodia, se hace silencio y en determinado momento quedo parado contra la pared, Chaves tirado en la parrilla porque no podía estar de pie y empiezo a notar que la respiración de Chaves es mala; yo me doy cuenta y grito a la guardia que está mal, llaman al oficial y vienen un par de ellos comprueba que está mal porque llaman un médico (...) A todo esto yo sigo parado ahí. Veo que entra el médico y puedo ver que el médico ausculta a Chaves y le dice a Ribero que está ahí: ‘sí, es el bobo’”.

Según la sentencia del caso, “existe prueba suficiente que acredita sus participaciones en calidad de autor a Ribero y de coautor a Araújo, del homicidio de Ubagesner Chaves Sosa. El primero por haber contribuido eficientemente en la aplicación de torturas que determinaron el fallecimiento del detenido y el segundo en tanto dirigió y facilitó la realización de tales apremios físicos”.

“La Justicia ordinaria nos condenó por un crimen que no cometimos y los verdaderos responsables del mismo continúan integrando el escalafón de personal superior de la Fuerza Aérea”

José Uruguay Araújo, en el escrito presentado al entonces comandante Zanelli

La sentencia establece también que “no son los encausados los únicos responsables. Los testigos refirieron a numerosos oficiales que participaban en hechos similares a los que llevaron a la muerte a Chaves e incluso Barrios hace referencia a la presencia de varios oficiales cuando eran torturados alternativamente él y Chaves, pero no existen elementos probatorios suficientes para lograr individualizar otros responsables”.

Sin embargo, Araújo en 2017 y Ribero en 2018 se presentaron ante el entonces comandante de la Fuerza Aérea, el general del aire Alberto Zanelli, con sendos escritos y documentos con los que pretendían probar su inocencia.

“La Justicia ordinaria nos condenó por un crimen que no cometimos y los verdaderos responsables del mismo continúan integrando el escalafón de personal superior de la Fuerza Aérea”, dice el escrito presentado por Araújo, al que tuvo acceso El Observador.

“El deshonroso hecho –agrega– fue cometido por un coronel, un teniente coronel y un mayor de la Fuerza Aérea, quienes direccionaron sus declaraciones con el claro objetivo de inculpar a un superior en el juicio”.

Más adelante los identifica con nombre y apellido y con los grados que tenían al momento de la muerte de Chaves: teniente coronel Víctor Balbi, capitán Hugo Spinatelli y teniente Alejandro López Vila.

“La actuación de estos tres oficiales, Balbi, Spinatelli y López, al haber descargado sus culpas sobre sus superiores, crearon un pésimo antecedente para la Fuerza Aérea, el cual debería corregirse (...) Los mencionados antepusieron su interés personal a la lealtad a la institución y el honor de la misma”, agrega el documento.

Los tres militares señalados por Araújo –Balbi, Spinatelli y López Vila– habían declarado en su momento en el juicio por la muerte de Chaves, pero negaron toda vinculación con el caso y la justicia no encontró elementos para procesarlos.

Según consta en el expediente judicial, Balbi dijo que nunca vio a ningún detenido en Boiso Lanza, algo que fue reconocido incluso por varios de sus colegas. En cuanto a Chaves dijo no saber nada: “Pasaban cosas de las cuales yo no tenía conocimiento”. Para casi todas las preguntas usó el “no recuerdo”.

Spinatelli, que actuaba como juez sumariante en la unidad, admitió la existencia de detenidos, pero dijo que estaban a cargo del mayor Abelardo Ríos, ya fallecido al momento del juicio y convenientemente implicado por casi todos los oficiales que pasaron por el juzgado. Negó que se torturara en Boiso Lanza. Y dijo que se enteró del caso de Chaves porque se colocó su nombre y su foto en una cartelera, indicando que se había escapado de la base (tras matarlo, pretendieron difundir la versión de una falsa fuga).

Alejandro López admitió que varias veces vio como llegaban prisioneros encapuchados a la base. Definió al difunto Ríos como un oficial “muy imperativo, era una persona muy vehemente y muy agresiva”. Dijo no saber nada de Chaves y que nunca torturó a pesar de los testimonios en su contra: “Vengo cargando con esa mochila desde hace tiempo, yo nunca torturé a nadie, nunca estuve vinculado a ese tipo de procedimientos, ello por mi manera de ser, por mi perfil, por mis creencias”.

Zanelli informó a la justicia

Ante el escrito que le presentó el coronel Araújo –y otro que le elevó meses después el coronel Ribero– el entonces comandante Zanelli, en lo que también marca una diferencia con la actitud de los últimos comandantes del Ejército, decidió dar parte a la Justicia.

Zanelli presentó ambas denuncias para que se estudiara su contenido y su posible validez, a pesar de que en ellas se implicaba a oficiales retirados de su arma.

“Que se sepa que realmente hubo militares que hicieron denuncias y llegaron hasta donde había que llegar”, dijo Zanelli a El Observador.

El excomandante afirmó que hay quienes pretenden negar las acciones de quienes intentan aportar en la búsqueda de la verdad.

Foto: Diego Battste
En cuanto a la actitud de Araújo y Ribero y los documentos que presentaron, Zanelli dijo que le consta que ambos “con fines lógicos, están constantemente tratando de mejorar su posición”.

“Pero dentro de eso –agregó– si logran aportar elementos que permitan mitigar heridas pendientes y que no terminan de cerrarse, a mí me parece bien lo que hacen”.

De todos modos, la denuncia que presentó Zanelli en base a los aportes de Araújo fue archivada por la justicia, sin que se realizaran nuevas investigaciones.

“Que se sepa que realmente hubo militares que hicieron denuncias y llegaron hasta donde había que llegar”

Excomandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Alberto Zanelli

En cambio, la segunda denuncia de Zanelli –basada en la presentación de Ribero– aún no ha sido archivada y está en manos de la fiscalía. Pero más allá de esa denuncia aun no laudada, la defensa de Ribero está determinada a interponer el recurso de revisión de su condena ante la Suprema Corte de Justicia.

Lo mismo que relatará para intentar demostrar su inocencia en ese recurso, lo dirá en el tribunal de honor que comenzó esta semana.

Si existiera una acusación respecto a un delito grave, el tribunal de honor debería comunicárselo al actual comandante de la Fuerza Aérea, general del aire Hugo Marenco, quien debería decidir si envía las actuaciones a la justicia.
Guido Manini Ríos, prefirió no denunciar el caso a la justicia.

El coronel Ribero había sido procesado en 2011 en la causa que investigaba la muerte del tupamaro Horacio Ramos en el penal de Libertad, donde prestó funciones grabando en forma clandestina las conversaciones de los presos. Se lo procesó por obstaculizar a la justicia. Sin embargo, en 2012 un tribunal de apelaciones revocó ese procesamiento. 

Zanelli dolido por trato a Menéndez

El excomandante de la Fuerza Aérea entre 2015 y comienzos de 2019, general Alberto Zanelli, lamentó que el presidente Tabaré Vázquez forzara la renuncia del ministro de Defensa Jorge Menéndez, cuando le restaban pocos días de vida, por el “caso Gavazzo”.

Zanelli, que presentó dos denuncias ante la justicia intentando aclarar casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos en la Fuerza Aérea (ver nota principal), dijo que en varias oportunidades dialogó sobre estos temas con Menéndez y le constaba su compromiso total con estas causas.

“Estoy extremadamente dolido. No salgo de mi asombro con lo que se le hizo”, dijo el excomandante.

Torturas en Boiso Lanza

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, pidió días atrás el procesamiento de siete oficiales retirados de la Fuerza Aérea por las torturas a las que fueron sometidos numerosos detenidos en la base de Boiso Lanza entre 1972 y 1976.

Perciballe pidió el envío a prisión de Walter Pintos, Roberto Amorín, Gustavo Urban, Roberto Cáceres, Ramón Rodríguez López, Juan Antonio Rodríguez Goñi y Enrique Ribero (ver nota principal).


El pedido de procesamiento de Pintos es por abuso de autoridad, privación de libertad y atentado violento al pudor. A Amorín se lo acusa de abuso de autoridad y privación de libertad. Y a Urban, Cáceres, Rodriguez López, Rodríguez Goñi y Ribero, por abuso de autoridad.

Abuso de autoridad es el delito que deriva de someter a torturas a los detenidos. Pintos –además– ha sido señalado en denuncias de prensa como el piloto del “segundo vuelo”, un transporte de militantes del PVP detenidos en Argentina en 1976, trasladados a Uruguay y hoy desaparecidos.

La Fuerza Aérea admitió que realizó el “segundo vuelo” en la noche del 5 de octubre de 1976. En la libreta de vuelos de Pintos figura que piloteó un viaje desde Buenos Aires ese día, pero está anotado como un vuelo diurno, por lo cual no fue procesado por esa causa.

Perciballe también pidió la captura, dentro o fuera de fronteras, de dos oficiales retirados que hoy no estarían en Uruguay: Alfredo Fresia y José Eduardo Delgado.

Los testimonios de las víctimas de las torturas reunidos por Perciballe son contundentes. Uno solo ejemplo entre más de una decena es el de Loreley Sosa, integrante del MLN detenida en 1972, quien relató que en Boiso Lanza fue sometida a golpizas, submarino, aplicaciones de picana en oídos, boca y vagina, desnudez forzosa, manoseos y simulacros de violación.

Existen testimonios que involucran en la tortura a todos los oficiales sobre los cuales el fiscal ha pedido la prisión.

Sin embargo, la causa puede verse obstruida por los recursos interpuestos por las defensas de los acusados.

Una audiencia ya programada para la semana entrante fue suspendida debido a que los abogados de los acusados presentaron recursos en los que señalan que los delitos están prescriptos y que es inconstitucional que se haya creado una fiscalía para delitos de lesa humanidad, cargo que ocupa Perciballe, impulsor de la causa.

Respecto a este último cuestionamiento, la Suprema Corte de Justicia se pronunció días atrás a favor de la constitucionalidad de la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Ante un recurso presentado por la defensa de tres oficiales retirados del Ejército acusados por Perciballe de ser los responsables de la privación de libertad y torturas de la maestra Lilián Celiberti y su esposo Universindo Rodríguez, la Corte desestimó el recurso por entender que la creación de esta fiscalía especializada no violenta la Constitución.
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