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domingo, 9 de junio de 2019

Comando Barneix

Comando Barneix: el gobierno convocó a los amenazados a

 reunión el martes 11

A más de dos años de los hechos, la CIDH había pedido al Ministerio del Interior que informe de supuestos “avances” en la investigación, que los afectados niegan

Fabián Werner / Sudestada / @fwernerv - 7 6 19 

Cuatro de los amenazados por el "Comando Barneix" ante la CIDH: abogado Pablo Chargoñia (izquierda), y detrás Mirtha Guianze, Francesca Lessa y Jair Kirshke, junto a Florencia Retamosa y Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu. Foto: CIDH.

Los defensores de Derechos Humanos y abogados amenazados de muerte el 9 de febrero de 2017 por el “Comando Barneix” negaron que hayan existido “avances” en la investigación que realiza el Estado uruguayo. Esta versión fue transmitida por representantes del Ministerio del Interior a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó Montevideo entre el 27 y el 29 de mayo.

La presidenta de la Comisión, la panameña Esmeralda Arosemena, y la relatora para Uruguay, la chilena Antonia Urrejola, se entrevistaron durante tres días con representantes del Estado, la sociedad civil y la academia, y al finalizar hicieron público un comunicado con el resultado de la visita.

En el pronunciamiento del 31 de mayo se señala textualmente: “la Comisión toma nota y agradece la información brindada por el Estado en los avances de las investigaciones en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas del grupo autodenominado ‘Comando Barneix’ en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura en Uruguay. 

La CIDH urge al Estado continuar invirtiendo todos los esfuerzos para determinar y sancionar a los responsables”.

El tenor del comunicado de la CIDH tomó por sorpresa a los amenazados, que se comunicaron entre sí en los últimos días para comentar la llamativa versión sobre aparentes “avances en la identificación y sanción de los responsables de las amenazas” que nunca les fueron comunicados por el Ministerio del Interior ni por la Justicia.

Quienes recibieron las amenazas fueron la ex vicecanciller Belela Herrera, la ex fiscal Mirtha Guianze, la investigadora italiana Francesca Lessa, el activista brasileño Jair Kirshke, el juez francés Louis Joinet, el fiscal de Corte Jorge Díaz y los abogados Hebe Martínez Burlé, Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez y Pablo Chargoñia.

Dos de las personas amenazadas, la investigadora italiana Francesca Lessa y la exfiscal Mirtha Guianze hablaron con Sudestada en representación de todas las víctimas y dijeron que nunca les fue comunicado ningún tipo de avance en la investigación en los más de dos años transcurridos desde la llegada de los mensajes. Incluso, detallaron que hubo pedidos para que se tomaran algunas diligencias investigativas pero eso tampoco se llevó adelante.

Guianze afirmó que la última noticia que tuvieron fue a raíz de la carta abierta de enero de 2018, que motivó un pedido de informes de la Suprema Corte de Justicia a la jueza Julia Staricco, tras lo cual ella convocó a una audiencia el 13 de marzo de ese año. “Esa audiencia fue inconducente. Concurrimos los denunciantes, la policía, la fiscal Mónica Ferrero y representantes de la Facultad de Ingeniería. Lo que propusimos no se llevó a cabo por el Juzgado”, lamentó.

Por su parte, Lessa dijo desde Londres que antes de esa audiencia los abogados les informaron que el expediente “estuvo paralizado en fiscalía durante ocho meses”, hasta noviembre de 2018. En ese momento “la resolución que dictó la fiscalía fue absolutamente inútil”, dijo Lessa, ya que citaba a declarar al entonces decano de la Facultad de Humanidades Álvaro Rico y a la exdirectora de la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente, Isabel Wschebor.

Incluso, Guianze recordó algunos episodios que le causaron “molestia”, como cuando la Policía la llamó para hacerle consultas sobre el “Archivo Castiglioni”, cuando habían sido los denunciantes quienes habían pedido a la Justicia que se buscara información en esos documentos. “Algunos de nosotros sabemos que figuramos allí como sometidos a seguimientos y a espionaje, pero eso tampoco se hizo y el ‘Archivo Castiglioni’ sigue encajonado”, dijo.

Tanto Guianze como el fiscal Jorge Díaz preguntaron en la audiencia de noviembre de 2018 sobre las razones por las cuales la Policía no había investigado en el cúmulo de documentación encontrado en la casa del excomisario Elmar Castiglioni tras su muerte en octubre de 2015.

“No supieron contestarnos”, recordó Guianze. “Dijeron que ellos se limitaron a lo que les habían ordenado, que era indagar el ‘Comando Barneix’, y que para ellos el ‘Archivo Castiglioni’ no entraba en el asunto. A partir de ahí, quedó claro que sí entraba, pero las diligencias que se hicieron fue citar a Rico y a Wschebor, que habían producido informes preliminares que no ahondaban en el contenido del archivo”.

“El pedido de las víctimas era que el Juzgado pidiera acceso a esos documentos rescatados de la casa de Castiglioni, porque todos tenemos interés en saber lo que contienen, pero eso aparentemente no está”, lamentó Guianze.

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