La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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jueves, 21 de julio de 2011

Retirados presentan recurso contra el decreto de Mujica

MILITARES. OPINAN QUE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL "VIOLA" LOS DDHH.

La República 21 7 11. Por Loreley Nicrosi.

El presidente del Centro de Oficiales Retirados de las FFAA coronel Puente, presentó el escrito de revocación contra la decisión de anular los actos de archivo de gobiernos anteriores.

Junto al también coronel retirado Walter Forischi, Puente presentó el recurso de revocación en Presidencia de la República el pasado 12 de julio.

En el extenso texto al que tuvo acceso LA REPÚBLICA, se señala que la resolución "que se recurre, atenta contra los derechos humanos consagrados constitucional y legalmente, de un importante sector de nuestra ciudadanía, dentro de los cuales, podrían encontrarse asociados de mi representada", expresa en alusión al centro social.

Añade que "debería recordarse que en las dos convocatorias que se efectuaron al pueblo oriental respecto a la continuidad de la aplicabilidad de la ley (de Caducidad), en ambas ocasiones el cuerpo electoral dispuso el mantenimiento íntegro de la normativa que el gobierno pretendía anular".

Puente subrayó que el recurso apunta a amparar a los socios que puedan estar eventualmente incluidos en los 88 actos administrativos dictados por las administraciones blancas y coloradas, que fueron anulados por Mujica.

En el recurso presentado a título personal, se afirma que "no puede el Poder Ejecutivo desconocer dichos pronunciamientos definitorios e irrevocables del máximo órgano soberano, que tienen fuerza constitucional, y mucho menos tratar de hacerlo violando la Constitución y las leyes utilizando una simple resolución administrativa".

Luego de explicitar los contenidos de la Ley de Caducidad y su alcance, el texto añade que "todo lo que está pretendiendo hacer el Poder Ejecutivo con la resolución que se recurre atenta contra la separación de poderes, es violatorio de la Constitución y de nuestro régimen legal y por supuesto involucra en las responsabilidades que correspondan: a) a quienes hayan dispuesto la resolución que se recurre, y a todos aquellos funcionarios del Poder Ejecutivo que tengan intervención en el intento de eludir lo que dispone la norma legal, hecho que, guste o no guste, deberá ser calificado como un fraude. b) A el, o los funcionarios del Poder Judicial que intervengan en el fraude, ya que la obligación que la ley impone a los magistrados es la de clausurar el caso y archivar los antecedentes".

Por otra parte, cuestiona que a través de un sólo decreto se hayan anulado los 88 casos.

"(...) el Poder Ejecutivo debe tener presente que en su oportunidad se requiere el estudio de cada caso en forma individual, lo que no se ha hecho en el acto administrativo que se recurre", indica.

EL DECRETO

* El 30 de junio, el presidente José Mujica firmó el decreto que anula los 88 actos administrativos aprobados por los gobiernos de los lemas tradiciones, por entender que estaban comprendidos en la Ley de Caducidad.

La resolución presidencial permitirá la reapertura de casos de denuncias de violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura. En el texto, el mandatario planteó que anula las anteriores resoluciones por "razones de legitimidad".

La mayoría de los casos fueron desestimados por el ex presidente Julio María Sanguinetti. El decreto firmado por Mujica hace hincapié en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Uruguay por el caso Gelman.

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Ex SID reconoce lugar de reclusión

ÁLVAREZ NEGÓ QUE CASTRO HAYA SIDO SU MAESTRO

En "La Casona" estuvo recluido el maestro Julio Castro

La República 21 7 11

Un ex integrante del Servicio de Información y Defensa (SID) reconoció ayer ante la Justicia, que el maestro Julio Castro fue detenido por efectivos de dicha repartición, y derivado al centro clandestino de detención conocido como "La Casona" de Avenida Millán y Loreto Gomensoro.

El ex oficial principal de la Policía, Ricardo Zabala, compareció ayer ante el juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Mirtha Guianze, en el marco de la indagatoria penal por el secuestro y desaparición de Castro, en agosto de 1977.

En este sentido, Zabala reconoció que el 1º de agosto de 1977 participó, por orden del Comando General del Ejército, en el operativo de detención de Castro. El ex oficial admitió, además, que el maestro fue derivado a "La Casona" de Avenida Millán, indicaron fuentes judiciales a LA REPÚBLICA. "El testimonio fue importante porque por primera vez 'blanqueó' la existencia de 'La Casona'", señalaron las fuentes.

El testimonio de Zabala avala, además, la versión aportada por el ex agente del SID, Julio César Barboza. Barboza, testigo en varias causas por violaciones a los derechos humanos, declaró que participó en el operativo de detención de Julio Castro, por orden de Zabala.

Asimismo, el juez Fernández Lecchini interrogó ayer al ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez. El dictador fue citado como "testigo", para confirmar la versión sobre la existencia de una carta de la esposa de Julio Castro, en la cual se reclama por la situación del maestro.

Castro, según su esposa, fue maestro del ex dictador, por lo cual apelaba a ese nexo para conocer su paradero; Álvarez dijo que Castro no fue su maestro y que la carta fue entregada al jefe de Policía de Montevideo, Julio Bonelli, porque no pertenecía a su competencia, explicaron las fuentes.

En tanto, el pasado martes el magistrado interrogó al coronel (r) José Nino Gavazzo. El oficial no aportó mucha información sobre el caso, pero reconoció su participación en la detención del periodista brasileño Flavio Taváres, también detenido en "La Casona", según informó ayer "Ultimas Noticias".

En tanto, el abogado Pedro Montano, representante de Álvarez, en el litigio anunció que recusará al juez Fernández Lecchini, porque no brinda garantías de imparcialidad en el proceso. Montano ya recusó al magistrado en la causa por la muerte de Roberto Luzardo, por la cual Álvarez fue procesado.

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Human Rights Watch condenó las torturas de W


LA ORGANIZACION DE DERECHOS HUMANOS EXIGE UNA INVESTIGACION PENAL AL EX PRESIDENTE DE EE.UU. Y OTROS FUNCIONARIOS

Página 12. 20 7 11

El informe señala que durante la administración de George W. Bush se aplicó la técnica del submarino y se torturó en cárceles secretas de la CIA en países como Rumania, Polonia, Lituania, Tailandia y Afganistán.

Human Rights Watch difundió ayer un informe que habla de contundente evidencia de torturas por parte del gobierno de George W. Bush. El documento de la organización no gubernamental con sede en Nueva York, titulado “Tortura impune: el gobierno de Bush y el maltrato a los detenidos”, exige una investigación penal al ex presidente de Estados Unidos (1999-2008) y funcionarios de su gobierno como el vicepresidente Dick Cheney, el ex jefe del Pentágono Donald Rumsfeld y el ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) George Tenet. La tortura y los malos tratos a los detenidos alrededor del mundo son las principales causas por las que se los acusan.

De acuerdo con el documento de 107 páginas, el actual presidente Barack Obama incumplió las normas de la Convención de Ginebra contra la tortura a la que Estados Unidos suscribe y que le otorga status constitucional.

Entre estas prácticas ilegales llevadas a cabo por la administración anterior se cuentan el submarino (un método interrogatorio de asfixia por inmersión), la utilización de prisiones secretas de la CIA y el traslado de detenidos a países en donde eran torturados.

En diálogo con Página/12, el consejero político para Human Rights Watch en Bruselas, Reed Brody, explicó esos procedimientos ilegales. “Son casos a través de varios continentes. Estamos hablando de prácticas en prisiones secretas de la CIA, que han existido en Rumania, Polonia, Lituania, Tailandia y Afganistán. Pero también hablamos de ciertas prácticas utilizadas en Irak y Guantánamo y de los detenidos enviados por Estados Unidos a países como Egipto y Siria”, dijo el asesor norteamericano de Human Rights Watch.

Según Brody, esos dos países fueron una suerte de enclaves para esas prácticas ilegales conducidas por la administración Bush. “Allí los detenidos fueron torturados de manera sistemática, como parte de un programa en donde ellos no eran devueltos a los países por extradición, sino que fueron enviados para ser interrogados en custodia de naciones que cometen torturas.”

Según el consultor, aún resta conocer el grado de responsabilidad que tuvieron los países que funcionaron como prisiones satélite ilegales del gobierno de George W. Bush. “Evidentemente, un país podría haber albergado una prisión en donde algunas personas fueron torturadas. En todos los países, por lo menos europeos, ha habido investigaciones, pero no para ver qué grado exacto de complicidad existía. Todavía no sabemos quién autorizó en Polonia que traigan prisioneros”, dijo Brody.

El director ejecutivo del observatorio, Kenneth Roth, dijo que si Estados Unidos no promueve una investigación penal seria contra los responsables de los crímenes, otras naciones deberían ser las encargadas de llevarlos a juicio.

En febrero de este año, Bush debió cancelar un viaje a Suiza cuando un grupo de víctimas de torturas intentó elevar una demanda penal contra él. En sintonía con el pedido del director de Human Rights Watch, una investigación por tortura que implica a funcionarios norteamericanos se encuentra en marcha en España.

En agosto de 2009, el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, designó al fiscal federal adjunto, John Durham, para que investigara el abuso de detenidos, pero limitó la indagación a los actos no autorizados.

Como resultado, la investigación podría no examinar los actos de tortura como el submarino, y denominados por Estados Unidos como interrogatorios intensivos. Este y otros malos tratos autorizados por abogados del gobierno de Bush son contrarios al derecho interno e internacional.

Sin embargo, el pasado 30 de junio, Holder aceptó la recomendación de Durham de llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre dos muertes bajo custodia de la CIA ocurridas en Irak y Afganistán.

El informe dice que sobre Dick Cheney recae la responsabilidad por las políticas de detención e interrogatorios. También habría presidido una reunión con la CIA para autorizar el submarino sobre el preso Abu Zubaydah en 2002. Rumsfeld aprobó el empleo de métodos ilegales durante los interrogatorios y siguió de cerca el caso de Mohamed al Qahtani, sometido a un régimen de seis semanas de interrogatorios coercitivos en Guantánamo.

Hasta ahora, el presidente Obama incumplió la promesa que hizo al asumir, en 2008, de cerrar el campo de concentración que Estados Unidos tiene en la isla de Cuba y donde se vienen realizando muchas de las prácticas ilegales que Human Rights Watch denuncia desde el inicio de la guerra contra el terrorismo en 2001. Para Brody, Guantánamo todavía existe más por incapacidad que por voluntad política. “Obama tiene una cantidad de capital limitado para gastar en temas como terrorismo. No cerró Guantánamo como prometió, y para perseguir a su predecesor el presidente requiere de una gran cantidad de capital político”, dijo el analista.

Consultado acerca del tipo de reacción que provocará el informe a nivel doméstico, Brody no depositó muchas esperanzas en la opinión pública norteamericana. “Para ser honestos, esta información ha captado mayor atención fuera de los Estados Unidos. La gente que no vive en Norteamérica está más molesta con este tipo de políticas y posee un mejor entendimiento acerca de cómo las políticas de lucha contra el terrorismo repercuten en el resto del mundo. Es más fácil ver desde afuera de Estados Unidos cuán abominables pueden resultar ciertos poderes”, señaló el consultor.

Informe: Juan Nicenboim.
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miércoles, 20 de julio de 2011

Aquel disparo

Peritajes forenses confirmaron que Allende se suicidó con el fusil que le regaló Fidel Castro.

La Diaria. 20 7 11

Los análisis realizados al cuerpo exhumado del ex presidente chileno Salvador Allende, que murió el 11 de marzo de 1973, durante el golpe de Estado, cuando militares rodeaban el Palacio de La Moneda, confirmaron que se suicidó. Ésa era la versión oficial, compartida por la familia Allende. El ex presidente decidió morir “ante las circunstancias extremas que vivió” para evitar “ser humillado o vivir cualquier otra situación”, dijo su hija, la senadora socialista María Isabel Allende.

La dirigente y el director del Servicio Médico Legal de Santiago, Patricio Bustos, dieron la información a los medios. De acuerdo con Bustos, que trabajó con un plantel internacional de expertos, el informe final es concluyente en descartar de plano la intervención de terceros en la muerte de Allende.

Ese informe, brindado ayer al juez Mario Carroza, que investiga el caso, establece que la causa de la muerte fue un disparo en el mentón efectuado por él mismo con el fusil AK-47 -que le regaló Fidel Castro- colocado entre sus rodillas. David Prayer, experto británico en balística, indicó que el fusil estaba en modo automático, en el cual dispara una ráfaga de diez proyectiles por segundo.

La presencia de más de una bala en el lugar donde murió Allende era uno de los argumentos para que se considerara la posibilidad de que hubiera sido asesinado o lo hubieran asistido en el suicidio, luego de que el disparo inicial no terminara con su vida.

La senadora Allende aseguró que las conclusiones dan tranquilidad a su familia, que siempre confió en esta versión, que fue la que dieron quienes acompañaban al mandatario en esa tarde y los médicos de la dictadura después.

La confianza de la familia Allende en esa versión era tal, que recién este año accedió a que se realizara una investigación al respecto.

Conocido el informe, la hija de Allende también pidió a TVN, la televisión estatal de Chile, que publique la información para rectificarse, luego de emitir un reportaje en mayo que ponía en duda la causa de la muerte del mandatario.
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Caducidad: SCJ comunicó a jueces decreto de revocación

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) decidió ayer comunicar a todos los jueces con competencia en materia penal el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se revocan actos administrativos de anteriores gobiernos vinculados con la Ley de Caducidad.

La República. 20 7 11

El máximo órgano del Poder Judicial consideró ayer la comunicación del Poder Ejecutivo con la resolución CM/323, por la cual se decidió revocar "por razones de legitimidad" todos los actos administrativos dictados por anteriores gobiernos al amparo de la Ley Nº 15.848, Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Los ministros de Corte resolvieron comunicar "a todos los juzgados con competencia en materia penal" la resolución del Ejecutivo, dijeron fuentes de la Corporación a LA REPÚBLICA. La decisión de la Corte será instrumentada por la Dirección General de los Servicios Administrativos del Poder Judicial, dijeron las fuentes.

"Los ministros resolvieron que se informará a todos los jueces penales del país. Ahora dependerá de cada juez, en cada expediente, determinar cómo procede en cada causa y si amerita la reapertura de los procesos archivados por decreto del Poder Ejecutivo u opera el principio de cosa juzgada", indicaron las fuentes.

En este sentido, la Corte resolvió comunicar a las sedes competentes en materia penal de todo el país, por cuanto la resolución "informa en forma genérica de la revocación de las decisiones administrativas".

El decreto "no identifica" en qué Sede se tramitan los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, por lo cual "cada Sede debería investigar en su despacho si existen expedientes archivados al amparo de actos administrativos de anteriores gobiernos", señalaron las fuentes.

El Poder Ejecutivo decidió el 30 de junio, en Consejo de Ministros, revocar por "razones de legitimidad" más de 80 casos amparados en la Ley de Caducidad por los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle. La decisión fue adoptada en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la causa "Gelman vs Uruguay". La Corte IDH condenó al Estado uruguayo a "dejar sin efecto" la Ley de Caducidad.

En tanto, un comunicado de la SCJ clarificó las declaraciones del ministro Jorge Chediak, quien en una entrevista con LA REPÚBLICA aseguró que la Corte no había sido notificada de la resolución del Poder Ejecutivo. El ministro Chediak "no había recibido noticia formal del envío del documento por parte del Ejecutivo al momento de realizarse la correspondiente entrevista", dice un comunicado.

El mensaje llegó el 14 de julio, pero un "desencuentro" en la propia Corte, en virtud de la Feria Judicial Menor, impidió que el mismo fuera informado al ministro.

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Chile: forenses confirman que Allende se suicidó en 1973

SANTIAGO DE CHILE (AP) — El presidente Salvador Allende se suicidó en medio de las balas, los gases lacrimógenos y el incendio que consumía el palacio presidencial durante el golpe militar de 1973, confirmó el martes un equipo internacional de forenses.

La conclusión de los peritos fue unánime. "Estamos en condiciones de poder asegurar que se trata de una muerte violenta de explicación médico legal suicida y para ello no tenemos absolutamente ninguna duda", dijo el perito español Francisco Etxeberría en rueda de prensa tras entregar los resultados de la pericia al juez Mario Carroza, a la senadora socialista Isabel Allende, hija del mandatario, y a la abogada de la familia Pamela Pereira.

El análisis de los restos del mandatario, exhumados el 23 de mayo, puso punto final a varias teorías en torno a las causas de su muerte: mientras la versión de los militares señalaba que se había suicidado, otra indicaba que había muerto combatiendo con los sublevados y una tercera que había intentado matarse y, al fallar, fue rematado por uno de sus colaboradores.

El experto balístico británico David Prayer dijo a periodistas que "hubo dos balas disparadas en la escena, dos vainillas fueron recuperadas, pero solamente una bala fue recuperada. No tenemos evidencia de dónde terminó la segunda bala".

Agregó que "no hay evidencia de que una tercera persona haya estado involucrada" e indicó que el fusil AK 47 con el que Allende se disparó estaba en posición automática, lo que explica que haya recibido dos balas en la cabeza.

La información sobre el suicidio de Allende fue entregada a la prensa por el director del Servicio Médico Legal (SML), doctor Patricio Bustos.

Bustos precisó que primero se determinó la identidad del mandatario, "en segundo lugar que la causa de muerte --que es conocida por toda la opinión pública-- es herida de proyectil; en tercer lugar, la forma de muerte corresponde a suicidio y en cuarto lugar, como en muchos informes periciales se incorpora, el contexto corresponde al golpe de Estado durante el bombardeo de (la sede presidencial) La Moneda".

Los expertos determinaron además que Allende se disparó con el fusil de asalto que fue encontrado entre sus piernas, un AK 47 que le había regalado su amigo el entonces presidente cubano Fidel Castro, cuando visitó Chile en 1971.

Carroza investiga por orden de la Corte Suprema la muerte de Allende y de otras 725 personas que fueron ejecutadas o desaparecidas durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

La conclusión científica confirmó la versión del suicidio sostenida por 38 años por el doctor Patricio Guijón, uno de varios médicos que acompañaron hasta el último minuto a Allende.

La senadora Allende reaccionó aliviada por las conclusiones del equipo internacional de expertos.

"Tenemos una gran tranquilidad porque este informe concluye con algo (de lo) que teníamos la convicción", dijo a la prensa.

Agregó que "el presidente Allende, el día 11 de septiembre de 1973, ante las circunstancias extremas que vivió, tomó la decisión de quitarse la vida antes de ser humillado o vivir cualquier otra situación".

Allende murió el 11 de septiembre de 1973 durante la sublevación militar dirigida por Pinochet.

Guijón relató recientemente a la AP que Allende ordenó a los 30 ó 40 hombres leales que lo acompañaron hasta el final --un puñado de médicos y sus guardias personales-- que se rindieran y retornó al Salón Independencia, donde murió.

El médico regresó a buscar una máscara antigases para llevarla de recuerdo a sus hijos arrastrándose a tientas por un pasillo a oscuras, cuando divisó una luz y entró a la habitación, que era el salón donde se encontraba Allende.

"Me asomo, había luz y veo al presidente, aunque en ese momento no sabía si era el presidente,... sentado en un sillón a unos cinco u ocho metros", recordó Guijón.

Agregó que "lo que yo vi fue la levantada del cuerpo por el impacto de la metralleta, que era un arma de guerra. Y corrí (hacia él) y vi que no había nada que hacer".

La conclusión de la nueva pericia coincidió también con la creencia final de la familia Allende, que luego de entregar versiones iniciales de que el mandatario había caído bajo las balas de los militares, sostenida por famosos como Castro y el escritor Gabriel García Márquez, llegó a la convicción del suicidio.

La senadora Allende se negó durante años a exhumar los restos de su padre, pero finalmente aceptó tras convencerse de que era necesario establecer la verdad histórica sobre su muerte.

Esta fue la segunda autopsia a la que fue sometido el cadáver de Allende. La primera, dispuesta por los militares, no fue realizada en el SML como establece la ley sino en el departamento de otorrinolaringología del Hospital Militar en medio de la noche y en presencia de un reducido grupo de personas autorizadas por el fiscal militar.

El cuerpo de Allende fue luego inhumado en forma casi clandestina en un cementerio del balneario de Viña del Mar, donde permaneció 17 años.
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martes, 19 de julio de 2011

Audiencia por la desaparición de Julio Castro

INDAGATORIA. GAVAZZO Y ÁLVAREZ DECLARARAN POR DESAPARICION DEL MAESTRO JULIO CASTRO

La República. 19 7 11

El juez penal de 1º Turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, y la fiscal Mirtha Guianze, retomarán hoy la indagatoria por el secuestro y desaparición del maestro Julio Castro, con la comparecencia de varios militares detenidos en la Unidad Penitenciaria Nº 8 ("cárcel especial para militares").

En este sentido, el magistrado interrogará hoy al coronel (r) José Nino Gavazzo y mañana al ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez, en el marco de una nueva instancia de recopilación de prueba testimonial en la causa. Asimismo, el juez Fernández Lecchini interrogará a los militares Ricardo Arab y Luis Maurente.

Julio Castro fue detenido el 1º de agosto de 1977 por efectivos del SID. Dos días más tarde falleció, a causa de las lesiones recibidas durante los interrogatorios, según el informe de la Comisión Para la Paz.
La indagatoria judicial por su muerte se reinició en 2010, tras la decisión del actual Poder Ejecutivo de excluir su caso del amparo de Ley de Caducidad. La indagatoria se centra sobre efectivos del Departamento III del SID.
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El dedo en la llaga

España recordó ayer el 75º aniversario del inicio de su guerra civil.


El mismo día en que se cumplían 75 años de la Guerra Civil Española se realizó un homenaje y entierro de 16 republicanos asesinados por las fuerzas franquistas y enterrados entonces en fosas comunes, de las que fueron retirados a comienzos de este mes.

La diaria. 19 7 11. Por Andrea Martínez

España conmemoró ayer el 75º aniversario del comienzo de la Guerra Civil, y el Partido Comunista español denunció que continúa “la injusticia histórica de mantener a miles de demócratas enterrados sin identificar en fosas comunes”. Así lo dijo el secretario general del partido, José Luis Centella.

Los comunistas españoles volvieron a reclamar que se retire la tumba del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, una reivindicación que se renueva cada año, así como las protestas por las calles y monumentos que todavía tienen nombres asociados al franquismo.

Desde el terreno político, también habló el coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, quien lamentó que no se haya hecho “efectiva” la justicia o la reparación a las víctimas y aseguró que la Ley de Memoria Histórica es “timorata”. Agregó que hay una deuda “histórica” con las víctimas de la guerra y la dictadura y que para saldarla debe hacerse un juicio “justo” a los responsables de uno de los “mayores genocidios” de Europa.

Muchos de los temas de la Guerra Civil Española continúan pendientes, cientos de fosas comunes siguen sin ser excavadas e innumerables desaparecidos siguen sin ser encontrados. Ayer, justamente, 72 años después de ser asesinados, el 3 de abril de 1939, se enterraron los cuerpos de 16 hombres que fueron encontrados en una fosa común a principios de julio gracias a esfuerzos de organizaciones civiles.

Otra lucha cotidiana es la relativa a los nombres de calles y monumentos. Cuatro años después de la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, son al menos 140 las calles que todavía tienen nombres relacionados al franquismo. En este sentido, ayer la calle madrileña Doctor Vallejo Nájera amaneció ayer con otros nombres, como “Calle de la Libertad” o “Calle contra la Impunidad”, a raíz de la iniciativa “Limpiá tus calles de fascismo”, del Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid. Esta iniciativa busca tapar nombres de calles y edificios públicos vinculados al franquismo por otros escritos en adhesivos.

En un comunicado emitido ayer, el foro señaló que Antonio Vallejo Nájera fue el “director de los servicios psiquiátricos del ejército franquista”, que fue “responsable de la justificación que llevó al robo de niños o al encierro en psiquiátricos de madres solteras tras la Guerra Civil”.

En su comunicado, el foro instó ayer a “las autoridades de Madrid y de toda España” a retirar la “simbología fascista de una vez por todas”, y criticó especialmente la falta de acción del alcalde madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ambos del conservador Partido Popular.

El texto señala que retirar los nombres relacionados con el franquismo “es una cuestión de legalidad y de higiene democrática". "Que la gente vea que los valores y actitudes fascistas no tienen cabida en nuestra sociedad”, apuntó.

El cambio de nombre alcanzó también al Polideportivo Municipal Moscardó que fue llamado “Criminal Moscardó”. El coronel José Moscardó se sublevó contra el gobierno y se unió a los golpistas. Se encargó de tomas de rehenes, trabajadores y familiares de dirigentes republicanos, de cuyo paradero no se supo más.

El presidente de la Federación de Foros por la Memoria, José María Pedreño, aseguró que van a redoblar esfuerzos e invitó a las personas que viven en las calles con nombres franquistas a que recurran al Ayuntamiento, para lo cual ofrecen en su web un formulario de reclamo para rellenar según el caso. En casos más extremos, también sugiere imitarlos y renombrarlas a la fuerza.
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Cordero violó la prisión domiciliaria en Argentina

SEGUN TV NACIONAL

Un informe de Televisión Nacional (TNU) asegura que el militar Manuel Cordero, procesado en la República Argentina, violentó su régimen de prisión domiciliaria.

En Brasil, Cordero fue filmado en dos oportunidades caminando por la calle, cuando debía permanecer recluido en su domicilio. Las imágenes fueron tomadas por un teléfono celular y muestran a Cordero abandonando su residencia en Barrio Norte, un acto prohibido por la legislación argentina para personas sometidas a "prisión domiciliaria".

Cordero fue procesado en Argentina por el delito de "privación de libertad agravada", en el marco de la indagatoria judicial caratulada "Plan Cóndor", por la cual se investiga la coordinación represiva diagramada por las dictaduras del Cono Sur en los años 70 y 80.

Empero, una investigación del periodista de TNU, Fabián Cardozo, denunció que Cordero, al igual que lo hiciera en Brasil, violentó el beneficio de la "prisión domiciliaria".

El periodista accedió a la dirección de la residencia de Cordero en Argentina y concurrió a la finca ubicada en la calle Anchorena, a dos cuadras de Avenida Santa Fe, en pleno Barrio Norte. Cardozo entabló un diálogo con Cordero por medio del portero eléctrico.

El ex represor confirmó personalmente que esa era su residencia. Cardozo asegura que el hombre en la imagen es el coronel Cordero. "Lo vi con mis propios ojos", dijo Cardozo a LA REPÚBLICA.

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"No es válido especular sobre prescripciones" dijo Chediak

La Justicia aún no recibió decreto con los 88 casos de la Caducidad
Hoy culmina el asueto y el Poder Judicial reanuda sus actividades. LA REPÚBLICA dialogó con Jorge Chediak, ministro de turno durante la feria, sobre el fin de la caducidad para 88 casos, y los criterios dominantes sobre la prescripción de los delitos.


La República. 19 7 11. Por LUIS CASAL BECK

"No se deben tener en cuenta los años comprendidos por la etapa de facto".

El abogado Jorge Chediak (59), ministro de la Suprema Corte de Justicia, señaló que el gobierno aún no notificó al Poder Judicial sobre el decreto de desaplicación de los actos administrativos dispuestos por anteriores administraciones en relación a la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que puso término a los procesos seguidos en los tribunales por hechos ocurridos durante la dictadura (1973-1985). Chediak es desde 2009 uno de los cinco miembros de la Suprema Corte, por decisión unánime de la Asamblea General.

"La comunicación puede producirse a partir del martes (por hoy), en que volveremos a la normalidad después de la feria", indicó el magistrado. "Es a partir de ese momento que la corporación definirá los pasos a tomar. Lo que tenemos son apenas referencias de prensa, acerca de su contenido".

- ¿Esto qué consecuencias prácticas reales tendrá?

Los casos volverán a la órbita de los correspondientes juzgados, que los archivaron cuando ante una consulta concreta, el Poder Ejecutivo comunicó que estaban amparados en el artículo cuarto de la Ley de Caducidad de 1986. Por eso le digo, que debemos conocer bien el decreto, para definir las instancias procesales que se abrirán.

- Este paso dado por el gobierno ¿cómo influye en la determinación de la fecha de prescripción de los delitos cometidos en el ciclo autoritario?

Todos los delitos, salvo los consagrados al incorporarse en 2006 los delitos de guerra y de lesa humanidad, prescriben en algún momento. Para determinación de toda prescripción, no se deben tener en cuenta los años comprendidos por la etapa de facto. Es decir: el inicio es el 1º de marzo de 1985, cuando el país volvió a la normalidad institucional. La Corte solo se expidió en un caso en que se configuraron 28 delitos de desaparición forzada y homicidio muy especialmente agravado.

- La Corte desechó por 4 votos en 5, el delito de desaparición forzada, que nunca prescribe. Optó por el homicidio muy especialmente agravado. ¿Por qué?

Lo que señaló la mayoría firme de la Corte, con el voto discorde de su presidente Leslie van Rompaey, fue que como recién en 2006 se incorporó a la legislación uruguaya el concepto de delito de desaparición forzada, su vigencia no puede retrotraerse a los años 70 o a los años 80, que es cuando se registran los hechos pasibles de sanción penal.

- El haber adoptado ese criterio, ¿no instauró necesariamente un límite a los juzgamientos del pasado? ¿No significa que ¬como lo han señalado numerosos penalistas¬ a partir del 1º de noviembre de este año, estaría operando la prescripción de los delitos cometidos en dictadura?

Confieso que no he hecho cálculos. Es la Corte la que debe pronunciarse, en cada caso. Debe hacerlo según el principio de legalidad, que determina que se puede condenar por delitos consagrados como tales por la ley, al momento de cometerse el delito; y por el principio que surge del artículo 72 (de la carta) que indica que no se puede aplicar retroactivamente la ley penal más gravosa, sino la más benigna. Por eso le digo que no es válido especular. Es necesario atenerse en cada caso a lo que la Corte decida.

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Es mentira la información de que la causa está cerrada

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO ACLARO QUE SOLO CONCLUYO LA “SEGUNDA ETAPA DEL COTEJO” DE LOS ADN DE MARCELA Y FELIPE NOBLE HERRERA

Página 12. 19 7 11

La presidenta de esa entidad, Estela de Carlotto, aclaró que “no existe un resultado negativo” en los exámenes para determinar si son hijos de desaparecidos. También advirtió que “hay medios que quieren destruir a los organismos de derechos humanos”.

“Nos dicen que pidamos disculpas, pero disculpas debería pedir el Estado terrorista que borró las huellas de nuestros familiares, disculpas deberían pedir quienes ocultan información para que no podamos encontrar a nuestros nietos, a quienes utilizan nuestro dolor para hacer oportunismo político”, reflexionó Estela de Carlotto.

En conferencia de prensa, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo consideró que “no existe un resultado negativo” en los exámenes para establecer si Marcela y Felipe Noble Herrera son hijos de desaparecidos, porque sus ADN no pudieron cotejarse con los de “tres familias” de secuestrados en 1975 y 1976. Y enfatizó que “no está cerrada” la causa judicial que desde hace una década busca establecer si los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble pudieron haber sido apropiados durante la dictadura. “Es mentira”, dijo, que el caso esté concluido y atribuyó el intento por instalar esa idea a una campaña de los “medios que quieren destruir a los organismos de derechos humanos”.

Tras algunas apariciones de Carlotto en los medios, la Abuelas decidieron poner blanco sobre negro y hacer pública su interpretación del resultado de uno de los peritajes del vapuleado expediente. Micrófono en mano, la presidenta de esa institución ratificó que la base del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) “se sigue construyendo, con la incorporación de nuevos perfiles” familiares.

En tal sentido señaló que los cotejos con el resto de los datos del Banco Genético continuarán “tras la feria judicial”, y advirtió que “sólo estará concluida la pericia” cuando sean comparados “todos los datos existentes, y los que vayan apareciendo”. Carlotto ratificó que en la búsqueda de los nietos el camino elegido es “el de la Justicia y sus tiempos”, y aclaró que el viernes 15 de julio recién “cerró la segunda etapa del cotejo de los perfiles genéticos de Marcela y Felipe con los familiares que buscan niños secuestrados entre 1975 y 1976”.

Según dijo, “las Abuelas continuamos expectantes a (la espera de) los nuevos cotejos y la posibilidad de que el Banco se complete para saber si Marcela y Felipe son o no hijos de desaparecidos, porque sólo así habrá concluido la pericia”.

En referencia al informe del BNDG, Carlotto precisó que el ADN de Marcela Noble Herrera “se entrecruzó con el de 55 familias”, y que “en 52 casos no coincidió”, pero “en tres casos la información genética disponible resultó insuficiente para excluir o cotejar vínculo biológico”. Algo similar sucedió con el ADN de Felipe, que “se entrecruzó con 57 familias y con una de ellas no se pudo arribar a un resultado concluyente” (coincide con una de las tres familias que también resultaron excluyentes con Marcela).

Para Carlotto este dato es importante porque “significa que la información genética de tres familias no alcanzó para determinar si Felipe y Marcela mantienen o no parentesco con ellas”. Por ello, y porque siguen sumándose al BNDG perfiles genéticos de familias que desconocían que sus hijas o nueras se encontraban embarazadas (en cinco años se sumaron 66), Carlotto aseguró que “no existe un resultado negativo”. Y recordó que “sí está probado que desde 2002 los expedientes fueron armados y que hubo una sustracción y retención de dos chicos, como así también que fue alterada ilegalmente su identidad”.

Por otra parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo denunció irregularidades por parte de la ex directora del BNDG, Ana María Di Lonardo, que al jubilarse “se llevó una computadora” que sospechan “tenía información” valiosa para la causa.

Carlotto vinculó la desaparición de esa computadora, con sus datos incluidos, con la sorpresiva predisposición de la defensa de los hermanos Noble Herrera de presentarse para que sean extraídas muestras de su sangre. “Qué pasó, qué influyó para que luego de tantas negativas se ofrecieran sorpresivamente a colaborar con muestras de sangre”, se preguntó Carlotto.

Durante la conferencia de prensa, también se refirió a Gabriel Cavallo, el abogado de la familia Noble Herrera, que “cuando era juez se pronunció a favor de la extracción compulsiva de sangre”, y luego durante años, ya como parte de la defensa, se negó a que lo hicieran.

En respuesta a los argumentos con que variadas figuras opositoras se hicieron eco de la noticia conocida el viernes, la titular de Abuelas respaldó la función del Estado de contribuir a que se conozca la verdad, y dijo que “eso no es inmiscuirse, es obligación del Estado”.

Un párrafo aparte dedicó a destacar que la lucha de las Abuelas también es por sus hijos secuestrados y desaparecidos y sus nietos secuestrados, y denunció “pactos de silencio para que a 35 años del último golpe de Estado” no puedan saber “qué ocurrió” con sus hijos y dónde están los cientos de nietos aún por encontrar.

“Cuando comenzamos esta lucha, jamás pensamos que estaríamos buscando a hombres y mujeres de más de 30 años, algunos ya incluso padres”, asumió Carlotto, que recordó que la búsqueda de sus nietos comenzó hace tres décadas y media y lamentó que muchos abuelos y abuelas se mueran sin haber podido conocer a su nieto o nieta.

“Este delito atroz, permanente, de lesa humanidad, sólo podrá cerrarse cuando los que saben dónde están nuestros nietos tengan la compasión de decirlo. Queremos saber dónde están y recuperarlos”, afirmó, acompañada de integrantes de Familiares de Desaparecidos, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, agrupación Hijos y Nietos.

También habló la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, de 92 años, y expresó su esperanza de que toda la verdad se conozca. “Hasta el 2050 o más, cualquier persona que tenga dudas puede acercarse al Banco Nacional de Datos Genéticos.”

Carlotto dijo también que no le sorprenderían “nuevos planteos” del Grupo Clarín, al que incluyó entre los “medios que quieren destruir a los organismos de derechos humanos”. “Con las Abuelas no, Clarín”, remató. Además aclaró que las Abuelas “nunca” dijeron “ellos son” hijos de desaparecidos, sino que “pueden ser”, en referencia a Marcela y Felipe Noble Herrera.
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lunes, 18 de julio de 2011

Primer caso de un ex presidente en Uruguay fallecido en prisión.

JUAN MARIA BORDABERRY. FUE PRESIDENTE (1972-1973) Y DICTADOR (1973-1976)

La República. 18 7 11. Por Luis Casal Beck

Hacía 56 meses que Juan María Bordaberry estaba preso por impulsar un golpe de Estado y por la muerte de opositores. Encabezó la tercera dictadura instaurada en Uruguay en todo el siglo XX.

La era militar. Había llegado al gobierno en 1972 con el apoyo del presidente colorado Jorge Pacheco Areco.

Es la primera vez que un uruguayo, que ocupó sucesivamente la presidencia del país (1972-1973) y fue dictador (1973-1976), muere estando en prisión domiciliaria, por decisión de la justicia que lo consideró responsable de haber roto el orden democrático, y de la muerte de 14 militantes políticos contrarios a su régimen. Juan María Bordaberry Arocena, privado de su libertad desde el 16 de noviembre de 2006, tenía 83 años.

Encabezó en su primer tramo la más totalitaria y represiva de las tres dictaduras que tuvo el Uruguay a lo largo del pasado siglo XX, en la que las Fuerzas Armadas (FFAA) ocuparon un rol central.

En marzo de 1933, Gabriel Terra impulsó un golpe de Estado, pero de inmediato convocó a una Constituyente, que reformó la carta magna, y consiguió un nuevo mandato de cuatro años (1934-1938).

Lo sucedió en elecciones abiertas, Alfredo Baldomir (1938-1943), que en febrero de 1942, cerró las cámaras, y respaldado por los sectores excluidos por el terrismo, modificó la Constitución, la sometió a consulta popular y abrió una instancia electoral con amplias garantías, resultando electo presidente Juan José de Amézaga (1943 y 1947).

Terra falleció en setiembre de 1942 a los 69 años y llegó a ocupar ¬tras el ciclo dictatorial, y durante breve tiempo, por problemas de salud¬ la presidencia del Banco República. Baldomir dejó el gobierno en marzo de 1943, lideró una fracción colorada y murió en el verano de 1948.

La situación de Bordaberry es muy distinta: no solo por la ferocidad represiva del régimen que condujo sino porque fueron las propias FFAA las que lo sacaron de la Casa de Gobierno en junio de 1976, ante su rechazo a toda salida a la situación de hecho, que implicara una consulta al pueblo, con la existencia de partidos y la elección de órganos de gobierno representativos de la voluntad general.

Para Bordaberry, como lo explicó muchos años después a Miguel Angel Campodónico en sus memorias, ("Antes del silencio", julio de 2003), la democracia había perdido todo valor, y solo importaba la "soberanía de Dios" sobre los hombres. "Lo que yo agredí (con la propuesta de nueva institucionalidad), fue el principio de que la soberanía está en el pueblo", señaló.

Había llegado al gobierno en marzo de 1972, respaldado por el presidente colorado Jorge Pacheco Areco ¬surgido de una fracción conservadora del batllismo¬, que cuatro meses antes fracasó en su intento de conseguir la reelección, a través de una reforma constitucional simultánea con las elecciones.

Bordaberry era desde 1969 miembro de su gabinete (ministro de Ganadería y Agricultura), y despertaba en el entonces mandatario mucho aprecio, por su estilo medido, y por encabezar una familia numerosa (nueve hijos), según coinciden en señalar quienes han estudiado ese período de nuestro pasado. Su vida cambió a partir de 2005, cuando los tribunales dieron curso a denuncias que culminaron con su condena a 30 años de penitenciaria.


LIBERALES, MASONES

El origen último de los problemas del mundo se afinca "en la rebelión del hombre contra Dios" , ha dicho Bordaberry, centrando sus críticas en lo ocurrido a partir del desarrollo de las revoluciones liberales, como la norteamericana y la francesa, y la acción de la masonería universal a la que acusó de estar detrás de todos estos procesos.

"Hay militares masones, hay políticos masones, que se movían para el retorno a la democracia, en contra de mi manera de pensar", señaló al periodista Alfonso Lessa, al recordar su caída en 1976, en el ensayo "Estado de Guerra. "La revolución iniciada en Francia en 1789 (...) es la rebelión contra la ley natural, es la rebelión contra Dios", subrayó.


Senador blanco y ministro

Nacido en Montevideo un 17 de junio de 1928, Juan María Bordaberry Arocena, con estancias en Durazno, presidió la Liga Federal de Acción Ruralista, liderada por Benito Nardone, a quien conoció su padre (Domingo Bordaberry, 1889-1952, político colorado y dirigente ruralista) e impulso a la acción pública. Como ruralista, integró el Senado (1963-1964)dentro de la bancada blanca que conducía Martín R. Echegoyen. Entre 1969 y 1971 formó parte del gobierno del colorado Jorge Pacheco Areco, quien promovió su nombre, para encabezar la fórmula presidencial de su sector en los comicios de 1971 por el régimen constitucional vigente. Pacheco buscaba su reelección, pero no logro los votos esperados. No obstante ello, su sector fue el más votado en el partido que triunfó.

De esta forma, Bordaberry Arocena llegó al gobierno en marzo de 1971. En 1973 impulso un golpe de Estado. En 1976 los militares lo sacaron del poder. Casado en 1953 con Sofía Herrán, tuvo nueve hijos. Estudio abogacía pero se consagro a los negocios rurales.

Ferviente católico, tras su caída, mantuvo vínculos con el régimen chileno de Augusto Pinochet y se relacionó al carlismo, una corriente medievalista española. Falleció en la madrugada de ayer en Montevideo, en una residencia familiar donde cumplía prisión domiciliaria.
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A los 83 años, falleció Juan María Bordaberry

UN PARO CARDIORRESPIRATORIO. FUE LA CAUSA DEL DECESO OCURRIDO AYER A LAS 5.20 DE LA MAÑANA

La República. 18 7 11

A consecuencia de un paro cardiorrespiratorio falleció ayer domingo a las 5.20 horas de la madrugada el dictador Juan María Bordaberry. Reacciones en el sistema político. Varios dirigentes prefirieron guardar respetuoso silencio frente al deceso.


Bordaberry dejó de existir a los 83 años de edad y en la casa de uno de sus hijos, lugar donde permanecía bajo arresto domiciliario desde principios del año 2007.

Cumplía una pena de 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, por los crímenes de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw, y por atentar contra la Constitución en grado de reiteración real.

Sobre esta última causa, Bordaberry fue el único dictador en el mundo que fue procesado por el atentado a la Carta Magna de una nación. La familia del ex dictador resolvió no realizar un servicio velatorio y sus restos permanecieron en el domicilio de su hijo, el senador Pedro Bordaberry, en Carrasco. Por la tarde fue sepultado en el Parque Martinelli.

Juan María Bordaberry padecía serios problemas respiratorios desde hacía por lo menos 2 años, y en los últimos meses su salud había empeorado. Precisamente esa fue una de las causas que determinaron su pasaje de Cárcel Central a cumplir su arresto en un domicilio.

Reacciones

Tras su fallecimiento, Max Sapolinsky, dirigente y secretario de Vamos Uruguay, el sector político liderado por Pedro Bordaberry, comentó que "era el padre de un amigo y en estos momentos estoy acompañando a mi amigo".

El ex presidente Jorge Batlle comentó a LA REPÚBLICA que prefería hacer un "absoluto silencio, porque no puedo hacer ningún comentario sobre una persona que no me va a poder responder por la razón que está muerta".

El diputado del Partido Nacional Hernán Bonilla escribió en Twitter que "el dictador Bordaberry no merece ningún homenaje y la muerte no lo redime pero respetemos el dolor de su familia".

El senador de Asamblea Uruguay Carlos Baráibar envió sus condolencias al senador Pedro Bordaberry y afirmó en radio Carve que en momentos como estos "el vínculo filial está por encima de cualquier otra consideración".

La abogada Hebe Martínez Burlé, iniciadora de algunas de las causas por las que Bordaberry fue procesado, comentó a este diario que "así como (Juan María Bordaberry) sembró terror, también sembró amor a su familia. Hoy, sus hijos sufren lo mismo que sentí yo cuando falleció mi padre. Por eso, no quiero para otros lo que tampoco quiero para mí", señaló.

El senador y presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, dijo a radio Carve que con la muerte de Bordaberry se termina "una generación que generó enfrentamientos y radicalización de ideas en Uruguay".
LA REPÚBLICA realizó un sondeo entre varios dirigentes políticos y en su mayoría optaron por mantener un respetuoso silencio al respecto.

PANCARTAS

Unas veinticinco personas esperaban a la puerta del cementerio privado el arribo de la caravana fúnebre que trasladaría los restos de Juan María Bordaberry. A la llegada del cortejo, los manifestantes profirieron algunos insultos y exhibieron las pancartas en las que se leía: "Como no hay justicia, hay escrache popular".

FUERON EXCLUIDOS POR UN PROYECTO DE LEY EN 2006: No hubo honores de Estado

No hubo servicio oficial de honores de Estado para el ex presidente de facto Bordaberry que fuera electo democráticamente en 1971 pero que tras su golpe de Estado del 27 de junio de 1973 ejerció el mando en forma dictatorial hasta 1976 cuando fue derrocado por los militares.

En 2006, el Parlamento aprobó por unanimidad un proyecto en el que se excluían de los honores de Estado a aquellos que ejercieron los cargos de presidente o vicepresidente durante la dictadura; entre el 27 de junio de 1973 y el 1º de marzo de 1985. La intención de los legisladores fue modificar un decreto ley 14-458 de 1975 en el que se dictaminaba que el Poder Ejecutivo "deberá decretar honras fúnebres cuando fallecieren el presidente de la República, el vicepresidente de la República o cualquiera de los ciudadanos que hayan ocupado dichos cargos".

La intención de los legisladores era no repetir las honras fúnebres que sí se aplicaron al ex presidente de facto entre 1976 y 1981 Aparicio Méndez, fallecido en 1987.

SIN SENTENCIA FIRME: Clausura de todas las causas


Juan María Bordaberry falleció sin que el Poder Judicial haya pronunciado sentencia firme por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985).

Bordaberry fue condenado, en febrero de 2010, en primera instancia, por once crímenes perpetrados durante los tres años que encabezó la dictadura. La jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, enjuició al ex dictador como "coautor" de nueve delitos de "desaparición forzada" y dos delitos de "homicidio político".

Sin embargo, el fallo devino histórico por cuanto significó la condena de Bordaberry por el delito de "Atentado a la Constitución". "Invocando defender la Constitución, modificó la misma sin aceptar ni considerar otras posibles alternativas (...) La Constitución en modo alguno le habilitaba a tomar la medida que tomó y ello determina de por sí un grave atentado a la Carta Magna por cuanto se atribuyó una competencia que no le había sido concedida en su cargo de presidente", expresó la jueza. El ex dictador fue enjuiciado a la pena máxima de 30 años de penitenciaría. El caso estaba bajo revisión de un Tribunal de Apelaciones.

En tanto, el juez penal de 11º Turno, Roberto Timbal, tenía a estudio el pedido de condena del ex dictador por los crímenes de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, en 1976. La fiscal Mirtha Guianze solicitó la condena de Bordaberry a 30 años de penitenciaría como coautor de un delito "complejo de homicidio muy especialmente agravado".

Sin embargo, la muerte de Bordaberry implicará la inmediata "clausura" del expediente en su contra, en atención de lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley Nº 16.893, "Código del Proceso Penal". El juez Timbal, por tanto, solo podrá dictar sentencia para el caso del ex canciller Juan Carlos Blanco. Lo mismo sucederá con otra veintena de casos tramitados a nivel judicial por la presunta responsabilidad del ex dictador en crímenes de la dictadura.
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Archívese

A los 83 años y habiendo cumplido cuatro años de su condena murió ayer el dictador Juan María Bordaberry.


El velorio y entierro fueron rápidos. El dictador murió en la madrugada de ayer, pasadas las 5.00, en su casa en Carrasco, donde desde 2007 cumplía su condena a 30 años de prisión por razones de salud. Según se informó ayer, a los 83 años Bordaberry tuvo un paro cardiorrespiratorio.

El velorio se realizó en su casa y el entierro, 12 horas después de su muerte, en el cementerio privado Parque Martinelli, en el kilómetro 24 de la ruta 102.

Pese al frío, unos 20 militantes de Plenaria Memoria y Justicia fueron hasta la puerta del Parque Martinelli, cerca del aeropuerto. Bajo los gritos de "se murió, se murió, la puta que los parió" entró el féretro que llevaba a Bordaberry padre, seguido de los autos que conducían, entre otros familiares, a uno de sus hijos, el senador Pedro Bordaberry (Partido Colorado).

Desde los parlantes que instalaron los activistas se escuchaba "La Memoria", de León Gieco, y audios que nombraban uno por uno a los civiles que fueron funcionarios del gobierno dictatorial. "El dictador no se debía ir en silencio, algo teníamos que decir. Él se fue viviendo en total privilegio, no pagó por lo que le hizo al pueblo y se fue llevando una cantidad de verdades", explicó Irma Leites, militante de Plenaria, que aclaró que la organización no llegó a convocar la movilización por falta de tiempo.

Alrededor de 300 personas concurrieron al entierro, gran parte, familiares y amigos. Fueron pocas las figuras del ámbito público que asistieron, en su mayoría integrantes del sector que lidera el senador Bordaberry, Vamos Uruguay (VU).

Algunos de los que estuvieron presentes fueron el senador Alfredo Solari (VU, PC) y los diputados, también de VU, Walter Verry, José Amy, Aníbal Gloodtdofsky, Juan Manuel Garino y Nicolás Ortiz.

Estuvieron el intendente de Salto, Germán Coutinho (VU, PC), el ex ministro de Economía Isaac Alfie (Propuesta Batllista, PC), el compañero de fórmula de Pedro Bordaberry en 2009, Hugo de León, el ex presidente de la Cámara de Comercio y Servicios Alfonso Varela, la viuda de Jorge Pacheco, Graciela Rompani, y el periodista deportivo y empresario Julio Sánchez Padilla.

El único dirigente político no colorado que concurrió al entierro fue el diputado Carmelo Vidalín (Soplan Vientos Nuevos, Partido Nacional), ex intendente de Durazno.

En silencio

A todos los presidentes o vicepresidentes de la República se les rinde honores de Estado cuando mueren, pero desde 2006 la ley 18.023, promovida por legisladores frenteamplistas, exceptúa de ese reconocimiento a quienes ocuparon dichos cargos durante la dictadura cívico-militar (1973-1984), por lo que Bordaberry quedó excluido de los homenajes.

En el PC, partido por el cual fue electo presidente en 1971, los dirigentes históricos Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle y el senador de Proba José Amorín no quisieron manifestarse sobre su muerte, y no se espera ninguna actividad a raíz de su fallecimiento.

Cronología

1928 - Nace el 17 de mayo.

1959 - Presidente de la Junta Cárnica Nacional.

1960 - Designado miembro honorario del Comité del Plan de Desarrollo Agrícola.

1962 - Presidente de la Comisión contra Enfermedades Bucopédicas.

1960-62 - Integró el Consejo Lanero Nacional y presidió la Comisión contra Enfermedades Bucopédicas.

1963-65 - La Liga se alió con el Partido Nacional (PN).

1967 - Con la llegada del Partido Colorado (PC) al poder se pasó a sus filas por considerarlo la mejor garantía para un poder fuerte.

1969 - En octubre, el presidente Jorge Pacheco Areco lo designó ministro de Agricultura.

1971 - Presentó su candidatura por partida doble para los comicios del 28 de noviembre: a la presidencia y a la vicepresidencia de Jorge Pacheco.

1972 - El 15 de febrero fue declarado vencedor sobre Wilson Ferreira Aldunate (PN) y Líber Seregni (Frente Amplio).

1º de marzo - Asumió sus funciones para un período de cinco años. Ese día, en la Asamblea General, fue interrumpido por el senador Enrique Erro: "¡Con su estilo, usted es un peligro para la paz de la nación! ¡Usted es un futuro prototipo dictatorial!", advirtió el parlamentario.

15 de abril - Impulsó el "estado de guerra interno" que acotó las garantías constitucionales.

1973 - El 25 de junio, anunció la disolución del Congreso, consumando, un día después, el golpe de Estado.

1976 -El 12 de junio, a pocos meses de que terminaran los cinco años para los que había sido electo, abandonó el cargo tras un desencuentro con los militares por diferencias en la normalización constitucional, que Bordaberry no quería.

2006 - El 16 de noviembre, es procesado por el delito de "homicidio muy especialmente agravado".

2007 - En enero, pasó a cumplir su pena con arresto domiciliario, debido a su estado de salud.

2010 - En febrero, es procesado por el delito de “atentado a la Constitución”.

Las causas

El Código Penal, en su artículo 107, establece que “la muerte del reo, sobreviniendo con anterioridad a la condena, extingue el delito y, si ocurriera después de ella, hace cesar sus efectos”. Bordaberry, junto con el ex canciller Juan Carlos Blanco, fue procesado en primera instancia en diciembre de 2006, a pedido de la fiscal Mirtha Guianze, por la coautoría de los homicidios de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw.

En febrero de 2010, en el marco de otra causa, fue procesado por el delito de “atentado a la Constitución” que desencadenó la “desaparición forzada” de nueve personas y el “homicidio político” de dos. En ambos expedientes Bordaberry fue condenado en primera instancia por parte de los jueces Roberto Timbal y Mariana Motta, respectivamente.

El Tribunal de Apelaciones no alcanzó a pronunciarse sobre las condenas, ni tampoco la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo que significa que las instancias judiciales no se agotaron cuando Bordaberry murió y que, por tanto, las causas siguen abiertas. Según explicaron a la diaria fuentes judiciales, en función del citado artículo del Código Penal, el Tribunal de Apelaciones deberá expedirse por la condena de Blanco en el caso de los cuatro homicidios, pero no por Bordaberry.

El otro expediente, en cambio, se archivará, porque Bordaberry era el único imputado. Por esa razón, no se conocerá la opinión del Tribunal de Apelaciones ni de la SCJ sobre la tipificación de "atentado a la Constitución", aplicada por primera y única vez en este marco.
El presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, tampoco quiso hacer declaraciones al respecto. El presidente del directorio del PN, el senador Luis Alberto Heber, dijo ayer en radio Carve que con la muerte de Bordaberry se está "terminando una generación que generó enfrentamientos y radicalización de ideas en Uruguay".
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domingo, 17 de julio de 2011

La jueza entregadora

INVESTIGACION SOBRE LOS NIÑOS ADOPTADOS DURANTE LA DICTADURA


Página 12. 17 7 11. Por Irina Hauser

“Señoras, sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños”, cuentan las Abuelas de Plaza de Mayo que les advirtió la jueza de Lomas de Zamora, Marta Delia Pons, cuando en pleno terrorismo de Estado buscaban a sus nietos, hijos de sus hijos desaparecidos.

Pons falleció hace más de diez años, pero su juzgado siguió siendo territorio infranqueable en las investigaciones sobre la apropiación de hijos de desaparecidos, igual que muchos otros tribunales de menores, a pesar de las sospechas sobre su papel esencial en la entrega en guarda de chicos nacidos en cautiverio y arrancados de los brazos de sus padres. Ese disfraz de legalidad que tuvo el plan sistemático de robo de niños empieza a desmoronarse.

El emblemático juzgado de Lomas fue allanado dos semanas atrás. De sus oficinas y dos depósitos ubicados en otros edificios, los abogados de Abuelas y un equipo de la fiscalía de Alberto Gentili pudieron rescatar más de mil expedientes dudosos de menores que fueron a parar a hogares o familias adoptivas entre 1976 y 1983 sin que mediara investigación alguna para rastrear a sus familias. El procedimiento pudo realizarse después de muchas resistencias y obstáculos originados en el propio tribunal, que impedían saber siquiera adónde estaban las causas.

Las sospechas sobre el ex juzgado de Pons tienen su génesis en comentarios que la propia magistrada les hacía a las Abuelas en pleno terrorismo de Estado.

“Personalmente estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho tampoco a criarlos”, es una frase que le dijo a una abuela, publicada en el libro Botín de guerra, de Julio E. Nosiglia. Con el correr de los años, se sumó la corroboración de seis casos de menores cuyos padres habían sido secuestrados, a quienes la jueza envió a hogares e institutos.

“Pons directamente los internaba en lugar de buscar a la familia, que es la obligación de todo juez de menores. O si los familiares se presentaban buscando a los niños, ella ponía escollos. Presumimos que si investigamos los expedientes de su juzgado podríamos encontrar a algunos de los 400 chicos que aún no fueron restituidos”, explicó a Página/12 Luciano Hazan, abogado de Abuelas. “También pediremos que se investigue al ex juez Raúl Donadío, que estuvo a cargo del juzgado hasta hace dos meses”, anunció.

La historia de los hijos de Julio Ramírez y la denuncia que ellos mismos harían años más tarde fue la que abrió la puerta para que hoy se estén analizando todos los expedientes que pasaron por el juzgado de Pons. Los chicos (de dos, cuatro y cinco años) fueron llevados al hogar Belén, en Banfield, por orden de la jueza, que los hizo internar como “NN” después de que su madre, Vicenta Orrego, fuera secuestrada en marzo de 1977.

El padre estaba preso a disposición del Poder Ejecutivo. La pareja que manejaba el hogar (Manuel Maciel y Dominga Vera de Maciel) les puso a los niños su apellido. Su papá reclamó desde la cárcel que los entregaran a su hermana, Lucila, pero Pons se lo negó. Estuvieron hasta 1983 en el hogar, donde –relataron ante la Justicia– fueron sometidos a abusos sexuales, físicos y psíquicos constantes por parte de Manuel Maciel y de dos militares apodados “Flaco Darío” y “Gordo Marcelo”.

Ese año, con un fallo de la Corte Suprema, fueron restituidos a su papá, con quien se fueron a vivir a Suecia. Su mamá está desaparecida. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que Pons mandó a internar a los chicos como NN “a pesar de que conocía sus datos filiatorios” y sus decisiones implicaron “la negación de sus lazos afectivos con su familia biológica” y su complicidad con “el ocultamiento a los menores de su verdadera identidad”.

La causa penal por la sustracción y la supresión de la identidad de los Ramírez no llegó demasiado lejos hasta ahora. Manuel Maciel murió y los militares no fueron identificados. Pero el juez Daniel Rafecas dio pie para que se investigue el papel del tribunal de menores de Pons en el plan sistemático de apropiación de hijos de desaparecidos.

Rafecas fue el primero en toparse con escollos de parte de los herederos del juzgado de Pons. Rara vez contestaron sus pedidos de documentación y expedientes.

Ahora, la investigación está a cargo del juez federal Carlos Alberto Ferreiro Pella y delegada en la fiscalía de Gentili, con el impulso de Abuelas. Pons falleció en 1999, aunque al frente del tribunal ya había quedado en los ochenta Donadío, quien había sido asesor de menores en la misma jurisdicción durante la última dictadura.

Desde la segunda mitad del año pasado la fiscalía notificó en buenos términos el pedido de todos los libros y expedientes de entrega en guarda y adopción correspondientes al período del terrorismo de Estado. Las respuestas, relataron allegados a la pesquisa, han sido desde el silencio absoluto hasta excusas como que son causas que no están digitalizadas, lo cual es una obviedad, tratándose de papeles de hace más de treinta años con mínimas chances de estar en buen estado.

El intríngulis para dar con los expedientes se destrabó llamativamente después de la renuncia de Donadío, quien se jubiló. Fueron incautadas más de mil carpetas, que están en la fiscalía. Ahora viene la tarea fina de analizar una por una y cruzar datos con casos sospechosos.
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sábado, 16 de julio de 2011

El "Nunca Más" tendrá su monumento en Montevideo

IMM. DESTINARA UN ESPACIO PARA LA REFLEXION POR LO SUCEDIDO EN DICTADURA

La Intendencia de Montevideo emplazará el monumento del "Nunca Más", recordando la peripecia y la tragedia vivida por el pueblo uruguayo durante la dictadura militar. El mismo estará emplazado en Centenario y 8 de Octubre.

La República 16 7 11.

Por MARCELO BUSTAMANTE.

La IM está preparando el proyecto ejecutivo, los pliegos y memorias para la licitación pública para el proyecto de reacondicionamiento del entorno del cruce de la avenida 8 de Octubre y Centenario. Para ello se destinará una inversión de $ 14 millones.

La iniciativa consiste en una intervención en las veredas, pisos, iluminación, plantación de árboles, acondicionamiento al monumento a Dámaso Antonio Larrañaga y construcción de una fuente. En el triángulo formado en las avenidas Centenario, Larrañaga y 8 de Octubre, de unos 1.500 metros cuadrados se erigirá el monumento del "Nunca Más".

El gobierno departamental deberá enviar el proyecto de la colocación del monumento, que llevará la inscripción: "Nunca Más Dictadura".
El director de Espacios Públicos de la IM, Daniel Espósito, explicó que esta propuesta surgió en el período anterior, cuando se realizó el concurso para el monumento de los Detenidos Desaparecidos de América Latina, que está ubicado en la calle Jackson.

La escultura que se eligió para el Nunca Más obtuvo en aquella ocasión una mención por parte del jurado. Este propuso al ex intendente Ricardo Ehrlich colocar la obra escultórica en un espacio de la ciudad que tuviera relevancia. El autor de la obra fue el escultor Fernández Tudurí, ya fallecido, que en su momento se encargó de la recomposición del monumento a "La maestra", que sufrió actos vandálicos.

El jerarca aclaró que este "Nunca Más" no tiene directa relación con el planteo del ex presidente Tabaré Vázquez. "Se le ocurrió al escultor Fernández Tudurí hace cuatro años", dijo. La IM consideró necesario efectuar la compra de esta obra en forma directa, por un monto de $ 1,4 millones, para su exhibición en el espacio público.

Espósito indicó que esta pieza "resalta dos figuras en una pose que marca la tragedia que sufrieron muchos uruguayos en la época de la dictadura. La escultura relata el drama y hace reflexionar sobre el pasado que tuvo que vivir el país, donde fueron pisoteados los derechos humanos de la inmensa mayoría de nuestro pueblo."

Se encomendó la reproducción a escala mayor de la pieza, que tendrá una altura de 2,25 m y un ancho de 1,50 m, y estará colocada sobre un pedestal de 4 m.

En el espacio circular donde convergen las avenidas 8 de Octubre, Larrañaga, Centenario y Luis Alberto de Herrera se llevará a cabo un reacondicionamiento del lugar. Se prevé efectuar siete intervenciones principales.

Ellas son: nuevo marco arbóreo (con la plantación de ibirapitá), el emplazamiento del monumento, instalación de elementos arquitectónicos e iluminación (embutidos en el pavimento), pavimento de base, trazas en el pavimento, equipamiento urbano complementario y reacondicionamiento del monumento a Dámaso A. Larrañaga.

A este último se le intervendrá el estanque de la base, "que actualmente se encuentra seco, incorporando juegos de agua e iluminación adecuada."
Se estima que las obras comenzarán en febrero de 2012 y se extenderán por cuatro meses.

Plaza "Museo y Memoria" en Punta Rieles

Además de emplazar el monumento del "Nunca Más", la Intendencia está próxima a inaugurar la plaza "Museo y Memoria" en Punta de Rieles, vinculada a lo que ocurrió en la ex cárcel de mujeres durante la dictadura. Se colocarán inscripciones en el piso y en los bancos, y habrá una galería fotográfica autoportante temática.

El jerarca explicó que existe la intención de dejar registrado en el nomenclátor y en las esculturas de la ciudad la memoria de lo ocurrido "en los años oscuros del país". Incluso algunas calles ya tienen nombres de personas desaparecidas.

Espósito argumentó que el monumento a los desaparecidos que ya existe en Rivera y Jackson tiene una connotación de carácter internacional, referenciada a una época plagada de dictaduras en Latinoamérica.
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Muchachas de Abril 2025

Asado CRYSOL 2022

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

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2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

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Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

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Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol



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Día del Liberad@

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Club Bohemios. 14 de marzo 2010

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social

Conferencia de Prensa en Crysol

Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@

Salsipuedes

Salsipuedes
Abril de 2010

Vocal

Vocal
Chela Fontora

Vicepresidente

Vicepresidente
Baldemar Taroco

Tesorero

Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz

Secretario

Secretario
Enrique Chalar

Presidente

Presidente
Gastón Grisoni