Salud: el negativo legado de Lacalle Pou que la actual administración no soluciona
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Durante el gobierno de la Coalición Republicana, Cabildo Abierto se hizo cargo del Ministerio de Salud Pública. Sus representantes llevaron adelante una tenaz política silenciosa de eliminar los beneficios en salud que la Ley 18 596 había consagrado para las víctimas del terrorismo de Estado. Lo hizo sin llevar a cabo ninguna modificación legal que llamara la atención. Lo hizo por la vía de los hechos.
Lo más preocupante es que a 15 meses de asumir la nueva administración, bajo el mandato de la Dra. Cristina Lustemberg, la situación sigue incambiada.
Obligaciones de los Estados
Las normas de DDHH señalan que cuando los Estados violentan los derechos de las personas como ocurrió en nuestro país, deben llevar a cabo una serie de medidas para resarcir a las víctimas, en varios planos, deben proceder a llevar a cabo una reparación integral que incluye la atención en salud.
La reparación en salud adquiere una especial relevancia en países como Uruguay donde la prisión masiva y prolongada de las personas, asociada a los malos tratos y a las torturas fue la metodología represiva deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas para destruir a sus opositores y mantenerse en el poder y las víctimas y sus familiares están vivas.
En esa perspectiva, el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez consagró la Ley 18 596 en setiembre de 2009 que en su artículo 10 (luego reglamentado por el Decreto 297/2010) consagra la atención gratuita y vitalicia en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) para todos los beneficiarios de la Ley 18 033.
El Decreto 297/2010, aprobado por el gobierno de José Mujica, violentando el texto legal y de manera restrictiva, consagró que la atención gratuita y vitalicia se llevaría a cabo exclusivamente a través de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) negando el principio de la libre opción del prestador que establecía el Artículo 10 de la ley.
También creó la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Estado
(OAVTE) dentro del Ministerio pero dependiendo de ASSE para gestionar e
implementar
la atención y brindar
los servicios.
El gobierno de la Coalición Republicana
Con altas y bajas, la atención en salud, de acuerdo a lo establecido legalmente, se brindó satisfactoriamente hasta el año 2019. En el último año de gobierno, se comenzaron a poner obstáculos para diferentes prestaciones y comenzó a haber atrasos injustificados en los pagos a los proveedores que heredó el gobierno de Lacalle Pou.
Bajo el mandato del Dr. Daniel Salinas (Cabildo Abierto) se aprobaron disposiciones administrativas destinadas a enlentecer y entorpecer las gestiones de los usuarios. Un ejemplo: a pesar de que los recibos mensuales que emite el Banco de Previsión Social (BPS) señalan claramente el carácter de beneficiario de la Ley 18 033 ya sea como del Artículo 8 (Jubilación Especial) o del 11 (Pensión Especial Reparatoria, PER) se comenzó a exigir la presentación de la Resolución de amparo emitida por la Comisión Especial de la Ley 18 033 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
La atención en salud mental que brindaba Cosameddhh languideció. No se le renovó el contrato, se llamó a licitación, se presentó Cossameddhh, no se le adjudicó, se volvió a llamar a nueva licitación y se le adjudicó, irregularmente, al Casmu que es quien brinda el servicio en la actualidad sin contar con personal especializado en la temática.
También se adoptaron otras medidas administrativas similares, todas con las mismas intenciones: enlentecer, entorpecer, desalentar. En lo fundamental, con diferentes excusas y argumentos se dejó de pagar a los proveedores de los servicios, oftalmológicos, odontológicos y auditivos. Por razones obvias, los mismos dejaron de prestar servicios.
La Coalición Republicana de Lacalle Pou dejó una deuda aproximada de 17
millones de pesos y de 17.000 dólares a los proveedores, relacionada con la atención a las víctimas del terrorismo de Estado, que esta administración debió asumir
y aún no lo ha
hecho.
El gobierno sigue sin pagar
A quince meses de la asunción de la Dra. Cristina Lustemberg en el Ministerio de Salud Pública, la situación se mantiene totalmente incambiada. Hasta el día de hoy se sigue exigiendo la presentación de la resolución de amparo de la Comisión Especial de la Ley 18 033 y hay casi 100 prestaciones pendientes de autorización por parte del Director General de Secretaría Lic. Rodrigo Márquez. Lo fundamental, lo decisivo: a pesar de las promesas, centenares de proveedores, dentistas, ópticas, desesperados, siguen sin cobrar. Hasta que no se pague lo adeudado los servicios no se reaunudarán. A pesar de haberlo solicitado, la Sra. Ministra ni siquiera ha recibido a Crysol para escuchar los legítimos reclamos o dar explicaciones. Así vamos.
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Opinando N° 5 – Año 15 – Jueves 2
de julio de 2026
