La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

Datos

Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Teléfono: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com

Horario de atención en nuestra sede social: de Martes a Jueves de 15:00 a 18 horas. Cuota social: $ 330.-

miércoles, 7 de marzo de 2012

Familiares de Desaparecidos reclaman perdón del Ejército

La organización concurrirá al acto del 21 para acompañar a Macarena Gelman

Ultimas Noticias 7 3 12

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos no está conforme con el acto de pedido de perdón que encabezará el presidente José Mujica por los hechos de la dictadura. Entienden que las disculpas y la autocrítica deben provenir del Ejército.


La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclama que el pedido de perdón por los hechos ocurridos en la dictadura provenga del Ejército y no del Estado. El vocero de la organización, Oscar Urtasún, manifestó a Ultimas Noticias que “la institución Ejército todavía no ha hecho autocrítica” sobre los hechos ocurridos en la dictadura. Explicó que es necesario que los militares realicen un “reconocimiento formal” de lo que pasó. En ese sentido, estableció que “siguen hablando de lógicas de guerra y de la teoría de los dos demonios para explicar lo que pasó y eso no lo admitimos”.

“Por parte de de los familiares no es hora de hablar de reconciliación”, afirmó Urtasún.

Los familiares reclaman responsabilidad del Ejército pero entienden que “la pelota y la responsabilidad se pasa de un lado para el otro”.

Urtasún aseguró que el Ejército no esta arrepentido de lo ocurrido y manifestó que para que exista una reconciliación “el Ejército tiene que demostrar que está en la búsqueda de la verdad. Hasta ahora, de lo que han aportado, el 75% son mentiras. Nosotros seguimos reclamando por Verdad y Justicia y eso es lo único que esperamos del Estado. Trabajamos solo en esa línea”.

Hasta el momento, de los tres comandantes, solo el comandante del Ejército, general Pedro Aguerre, ha hecho declaraciones públicas por los hechos ocurridos durante la dictadura. Incluso una vez aparecidos los restos del maestro Julio Castro en el Batallón 14º de Paracaidistas de Toledo, tomó distancia de lo ocurrido.

“El Ejército Nacional debe conducir en base a las principios artiguistas. El Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar. El Ejército no aceptará, tolerará o encubrirá a homicidas o delincuentes”, afirmó en ese momento.

En relación al acto del próximo 21, Aguerre dijo el martes a Ultimas Noticias que es el Estado quien debe pedir disculpas. “Los que piden perdón son los jefes y mi jefe es el presidente de la República y el Ministerio de Defensa. El resto son lucubraciones, temas políticos y partidarios y en eso no voy a entrar”, afirmó.

Aguerre aún no recibió la invitación para concurrir al Parlamento el 21 de este mes pero está dispuesto a ir aunque aclaró que no se trata de pedir perdón sino disculpas, lo que implica asumir la responsabilidad sobre lo ocurrido en una dimensión correcta.

En relación al acto, Urtasún afirmó que “se dará cumplimiento a una sentencia. Nosotros no tenemos nada que ver y no es por nosotros que deben hacerlo. Si vamos, es para acompañar a Macarena (Gelman)”. Consultado sobre la posibilidad de que el mensaje se haga extensivo a todos los desaparecidos, afirmó que “no es el Estado quien debe pedir perdón. Si el presidente lo cree conveniente que lo haga, pero no somos los destinatarios del mensaje como lo es Macarena”.

El próximo 21 de marzo el presidente José Mujica dará cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). En ese acto asumirá la responsabilidad del Estado por el crimen cometido contra María Claudia García de Gelman. Lo planificado hasta el momento establece que el presidente leerá un discurso redactado por una comisión interministerial que también integra Macarena Gelman, quien ya expresó su visto bueno al contenido. El presidente Mujica entiende que es necesario que los tres comandantes concurran al acto el próximo 21 pero todavía no se les cursó la invitación. En caso de ser invitados, los comandantes deberán concurrir, dado que el artículo 168 de la Constitución establece la obligación de obedecer al mandatario.
------------

Mujica centrará su discurso en caso Gelman

El canciller Luis Almagro afirmó que el mensaje
se limitará a cumplir con la exigencia de la Cidh




El gobierno ajusta los detalles del acto de pedido de disculpas por los crímenes de la dictadura y considera conveniente limitar el discurso del presidente José Mujica al caso de María Claudia García de Gelman.


Ultimas Noticias 7 3 12


El gobierno ajusta los detalles del acto de pedido de disculpas por los crímenes de la dictadura y considera conveniente limitar el discurso del presidente José Mujica al caso de María Claudia García de Gelman. Sobre ese punto, el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro dijo ayer que “no se trata de un acto de perdón. Nosotros no lo hemos manejado así en la comisión”.

El canciller aclaró que se trata de un reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la desaparición de María Claudia García del Gelman. Según explicó Almagro, el mensaje será estrictamente respetuoso de las exigencias establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). El texto que leerá Mujica fue acordado previamente con Macarena Gelman. “Lo hablamos con Macarena y ella está de acuerdo con el mensaje”, aseguró el canciller. Sin embargo, precisó que “el texto está siendo corregido luego de que se le agregaron algunos detalles”.

De hecho, Mujica analizará el tema mañana con el Consejo de Defensa Nacional (Codena), con el cual se reunirá por segunda vez desde su implementación a través de la ley de Defensa Nacional. 
 

El Codena está integrado por el mandatario, el vicepresidente Danilo Astori y los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía. Almagro explicó días atrás ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Suiza que el reconocimiento por parte del Estado de lo ocurrido con María Claudia García durante la dictadura “tiene un singular valor demostrativo de la voluntad y de la convicción con las que nuestro gobierno encara la lucha contra la impunidad y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales”.
-------------

Y Castigo

Justicia procesó con prisión al ex policía Ricardo Zabala, por complicidad en la muerte de Julio Castro.

La diaria 7 3 12


El juez Juan Carlos Fernández Lecchini determinó ayer el procesamiento con prisión del ex subcomisario de Policía Juan Ricardo Zabala por complicidad en la muerte del maestro y periodista Julio Castro, el 3 de agosto de 1977. El juez no pudo determinar la culpabilidad del coronel José Gavazzo como coautor de homicidio muy especialmente agravado, aunque era, en ese momento, jefe del Departamento del Servicio de Información y Defensa (SID), que ordenó el secuestro de Castro. La fiscal Mirtha Guianze destacó que el fallo establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y permite abrir una nueva investigación sobre las responsabilidades por enterramientos en el Batallón 14.

La primera denuncia por la desaparición de Julio Castro fue realizada por su hijo, en 1985, pero se archivó bajo la aplicación de la Ley de Caducidad. En 2010 el presidente José Mujica revisó esa decisión y se reabrió el proceso judicial. La causa, por la que declararon Gregorio Álvarez, Gavazzo, Zabala y el periodista brasileño Flávio Tavares -detenido junto con Castro en la casona de Millán y Gomensoro del SID-, tuvo un vuelco luego de que se determinó, a fines del año pasado, que los restos encontrados en el Batallón 14 pertenecían al maestro.

Castro fue secuestrado el 1º de agosto de 1977 cerca de Rivera y Soca, por Zabala y dos soldados, uno de ellos Julio César Barboza. Tenía 68 años y problemas de salud, y fue llevado a la casona del SID que oficiaba como centro de detención clandestino, señala el fallo. Allí, “fue sometido a torturas, muy cerca del periodista Flávio Tavares, privado de libertad en el mismo sitio y también sometido a apremios. Julio Castro no soportó las torturas. Su situación de salud empeoraba y esto lo comentaban los militares que lo torturaban. Lo cual era oído por Tavares. Como solución final fue ultimado de un balazo en la cabeza. Fue enterrado en el Batallón 14”, detalla la resolución del juez.

Responsabilidades

En su pedido, la fiscal Guianze solicitó el procesamiento con prisión de Gavazzo y Zabala, ambos como coautores de homicidio muy especialmente agravado. Guianze señaló que aunque Gavazzo declaró haber asumido a mediados de agosto de 1977 como jefe del Departamento III del SID, es decir, luego del secuestro de Castro, “esto fue sólo para eludir su responsabilidad, la que pretendió echar por sobre [Juan] Rodríguez Buratti, quien notoriamente se quitó la vida en el año 2006”. Rodríguez Buratti fue el anterior jefe del Departamento III del SID, y aunque Gavazzo se defendió diciendo que entre ambos hubo un proceso de transición, efectivamente asumió el mando el 8 de julio de 1977.

El juez no hizo lugar al pedido fiscal, consideró que “no existe prueba suficiente” para determinar la coautoría y le concedió a Gavazzo el beneficio de la duda, por entender que la orden del secuestro podría haberla determinado efectivamente Rodríguez Buratti. “Gavazzo miente al decir que desconocía la existencia de la casa de Millán y Loreto Gomensoro, que la conoció recientemente por datos de prensa.

A mediados de agosto de 1977, a más tardar, Gavazzo comenzó a comandar en exclusiva el SID, y surge que para ello se valió de la casa de Millán. Pero esta mendacidad puede deberse a la voluntad de ocultamiento de la estructura del aparato organizado criminal de poder y de los sujetos que fueron sus engranajes culpables. No necesariamente debe concluirse que obedece a la voluntad de ocultar su concreta (dubitada) orden de detención y apremios de Julio Castro”, concluye.

Sobre la responsabilidad de Zabala, el juez señala que se desconoce “la identidad de los autores materiales, directos” y agrega que Zabala no merece la pena de autor o coautor “porque su actuación en el SID fue limitada en el tiempo”, entre julio de 1976 y agosto de 1977. “Su perfil era policial, clásico, ajeno a la lucha contra la subversión. Por lo que Zabala no merece la pena del autor, merece la pena del cómplice. Él sabía que integraba, en el SID, el aparato de las Fuerzas Conjuntas y que la guerra no era limpia. Cualquier afirmación en contrario es pueril, inverosímil y desmerecedora del relato. Pero esto fue por un año, durante el cual su aporte contra la subversión no fue ni directo ni cupular”, señala el procesamiento. “Zabala, eventualmente, sabía que colaboraba a una privación antijurídica de libertad, a unas lesiones personales que debieran calificarse de torturas y aun a una muerte”, argumenta.

El juez recuerda que respecto a crímenes de lesa humanidad no se admite la obediencia debida y señala que al SID “sólo entraba personal de confianza. Obviamente personal conocedor de la lucha contra la subversión, y de las miserias de esa lucha, ya sin cuartel desde hacía años”.

No prescriptible

El fallo argumenta además por qué considera que el secuestro y homicidio de Castro es un delito que no prescribió. Retoma la Convención sobre Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, de 1968 y consagrada en la ley 17.347 -“Los Estados que han ratificado esta Convención han aceptado que ella sea retroactiva”, añade- y cita numerosos casos de jurisprudencia internacional que consideran que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Además, recuerda la resolución de junio de 2011 por la cual el Poder Ejecutivo dejó sin efecto las resoluciones administrativas que impedían las instrucciones judiciales por la Ley de Caducidad y la ley 18.831, también de 2011, que reestablece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado.

“Es trascendente para una sociedad humana planetaria establecer que hay ciertos crímenes que no prescriben y que no pueden amnistiarse ni perdonarse. El despacho cree que estas conductas no han prescripto, por lo dicho supra. Cree que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha devenido obligatoria” responde el juez a los argumentos de la defensa.

Guianze destacó que el juez también resolvió iniciar una nueva causa relacionada “con las responsabilidades penales eventuales por enterramientos en el Batallón 14”, lo que permitirá continuar las investigaciones, en particular las del equipo de antropología forense. Guianze confirmó que apelará el fallo por el no procesamiento de Gavazzo.
------------

martes, 6 de marzo de 2012

Procesaron a Zabala por caso Julio Castro

Memoria de crímenes



Montevideo Portal  06.03.2012

El juez en lo penal de 1º turno, Juan Carlos Fernández Lecchini, procesó con prisión al policía retirado Juan Ricardo Zabala, quien secuestró al maestro Julio Castro el 1º de agosto de 1977, como "cómplice de homicidio especialmente agravado". El magistrado no dio lugar al procesamiento de José Nino Gavazzo, pedido por la fiscal Mirtha Guianze. Sentencia completa.


La investigación judicial continuará ahora para conocer los hechos ocurridos en el Batallón 14 donde fueron encontrados los restos de Julio Castro el pasado 21 de octubre.

El juez de 1º turno Juan Carlos Fernández Lecchini procesó con prisión al policía Juan Ricardo Zabala, quien admitió ante la sede judicial haber secuestrado al maestro Julio Castro en la mañana del 1º de agosto de 1977. Zabala fue procesado con prisión como "cómplice de homicidio especialmente agravado".

El magistrado decidió no hacer lugar al pedido de procesamiento con prisión para el coronel retirado José Nino Gavazzo, quien en ese momento se encontraba en el Servicio de Información y Defensa, responsable del operativo.

"La dictadura informó en forma falsa sobre un viaje de Castro a Argentina. Asimismo el Estado uruguayo no mostró real intención de investigar lo que sucedió con Castro. El régimen dictatorial consideraba a Castro peligroso por su labor a nivel de enseñanza y a nivel periodístico y por su labor de ayuda a los perseguidos, por intermedio de Muñiz y Arroyo Parra desde la Embajada de México", menciona la sentencia.

Sobre Gavazzo

"Cree el despacho que no existe prueba suficiente para iniciar proceso sumarial a José Gavazzo por el suceso referido a Julio Castro Pérez. Gavazzo estuvo vinculado al SID en varios lapsos, desde 1976 a 1978. Tuvo en cada oportunidad responsabilidades correlativas con la jerarquía de mando medio. Tuvo a su cargo muchas veces, antes de comandar efectivamente el Depto III, el informe sobre la actuación de los subordinados. Pero es posible que haya tenido el mando exclusivo solamente a partir de mediados de agosto, una vez que Rodríguez Buratti se retirara efectivamente del Servicio de Información y Defensa. El indicio de personalidad de Gavazzo, de capacidad moral de disponer de la libertad y más, de los enemigos, no permite concluir que en el caso concreto de Castro hubiera realizado esa disposición", indica el informe judicial.

Sobre Zabala

"Zabala, eventualmente, sabía que colaboraba a una privación antijurídica de libertad, a unas lesiones personales que debieran calificarse de torturas y aun a una muerte. Él sabía que ejercía actividad preparatoria, eventualmente sabía que aportaba a una situación ilícita que podía ser la más grave: la muerte", concluyó el expediente judicial para resolver sobre su procesamiento.

"Se resuelve: no hacer lugar a la pretensión de prescripción. No hacer lugar a la pretensión de inicio de sumario contra José Gavazzo por la muerte de Julio Castro Pérez. El procesamiento y prisión de Juan Ricardo Zabala Quintero como cómplice de un delito de homicidio muy especialmente agravado", indica la sentencia.

El caso

Según las declaraciones realizadas ante la Justicia, Gavazzo el responsable del SID en ese momento era Juan Antonio Rodríguez Buratti, quien se suicidó en setiembre de 2006 cuando la policía fue a detenerlo.

El policía Juan Ricardo Zabala nació el 18 de diciembre de 1949, fue ayudante de la Brigada de Investigaciones de Narcóticos y en 1977 se integró al Servicio de Información y Defensa. En sus declaraciones, Zabala admitió haber secuestrado a Julio Castro el 1º de agosto en la esquina de Llambí y Rivera y haberlo trasladado hasta el centro de torturas conocido como la Casona de Millán, señalando que lo hizo bajo las órdenes de Rodríguez Buratti.

El periodista brasileño Flavio Tavares-que estuvo detenido en la Casona de Millán, vino a declarar a nuestro país en junio de 2011, y señaló que escuchó los quejidos de un hombre mayor a quienes los militares llamaban “el veterano”.

Según declaró los militares le preguntaban a Castro si era familiar de Fidel Castro y se burlaban del estado en el que se encontraba. El maestro Julio Castro tenía 68 años cuando fue detenido, presuntamente por su vinculación con un grupo de personas con las que sacaba información fuera del país y ayudaba a la salida de los uruguayos perseguidos por la dictadura a través de la Embajada de México.

El caso Julio Castro en la Justicia

La primera denuncia penal del caso fue presentada el 28 de junio de 1985, ante el entonces juez de 1º turno, Jorge Ruibal Pino quien pidió al Poder Ejecutivo un pronunciamiento sobre si el caso estaba o no bajo el amparo de la Ley de Caducidad, tal como indica el artículo 3º de esa ley. El 5 de setiembre de 1989 el presidente Julio María Sanguinetti consideró que la causa estaba comprendida en la Ley y la investigación judicial no pudo continuar.

Si bien la causa quedó congelada, en el correr de los años siguieron llegando elementos de investigación que aportaban al caso, incluyendo testimonios de personas que participaron directamente en el secuestro del maestro Julio Castro, o de quienes fueron detenidos en el mismo centro de torturas, como es el caso del periodista brasileño Flavio Taváres, que dio su testimonio para el semanario Brecha en octubre de 1985.

Además, las investigaciones sobre detenidos desaparecidos realizadas en los últimos años, fueron considerados nuevos elementos, por lo que la familia Castro y el movimiento de Educadores por la paz, pidieron la reapertura de la causa al Poder Ejecutivo el 29 de julio de 2010.

El presidente José Mujica quitó el caso del amparo de la ley de Caducidad en agosto de ese mismo año dando lugar a una serie de testimonios que permitieron el avance de la causa.

El 21 de octubre de 2011 fueron encontrados en la trinchera Nº 208, los restos óseos de Julio Castro. Junto a su identificación, que se concretó el pasado 2 de diciembre, se constató que había muerto como consecuencia de un disparo en la cabeza y no durante la tortura, tal como se había manifestado hasta el momento, en las anteriores investigaciones realizadas por el Estado.

Si bien el hallazgo de los restos dio un giro a la investigación judicial, -que ahora buscará responsabilidades en las autoridades del Batallón 14, donde fueron encontrados los restos- el posible procesamiento responde a las investigaciones y los testimonios obtenidos antes del hallazgo.

En la causa declararon los militares José Nino Gavazzo, José Baudean, Omar Lacasa y Alberto Gómez, mientras que Gregorio Álvarez lo hizo en calidad de testigo. En sus declaraciones Álvarez dijo desconocer la actividad del SID en 1977, dado que se encontraba en la División IV del Ejército.

La esposa de Julio Castro, Zaira Gamundi, le escribió una carta a Gregorio Álvarez pidiéndole datos sobre la desaparición de su esposo, el 27 de setiembre de 1977: "Es mi desesperación de esposa, que desde el 1º de agosto nada sé de mi marido, lo que me lleva a pedirle, con todo respeto, me conceda una entrevista. Hace hoy 57 días de la desaparición de mi esposo, sin que se me comunique nada y sin que se responda a mis reiteradas gestiones ante las autoridades correspondientes”.

Ante la carta, la dictadura respondió con una “investigación” en la que se concluyó que el maestro Julio Castro había viajado en el vuelo 159 de Pluna el 28 de setiembre de 1977, con destino a Buenos Aires.
----------------

Aguerre cree que corresponde al Estado pedir las disculpas

El comandante del Ejército señaló que “los que piden
disculpas son los jefes y mi jefe es el presidente”


Ultimas Noticias 6 3 12

El comandante del Ejército, general Pedro Aguerre, está dispuesto a concurrir al acto de pedido de perdón por los hechos ocurridos en la dictadura, pero entiende que las disculpas deben ser pedidas sólo por el Estado y no por la fuerza.



El general Pedro Aguerre todavía no ha recibido la invitación para concurrir el 21 de este mes al acto en el que el presidente José Mujica asumirá la responsabilidad como jefe de Estado y de gobierno por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Sin embargo, garantizó que está dispuesto a concurrir, en primer lugar porque no encuentra “razón para no responder de manera correcta a una invitación” y en segundo término porque el artículo 168 de la Constitución establece que al presidente y al ministro respectivo corresponde “el mando superior de todas las Fuerzas Armadas”. “A mí me gusta ser constitucionalista”, señaló Aguerre a Ultimas Noticias.

Sin embargo, el militar dejó claro que entiende que cualquier pedido de disculpas debe provenir del Estado y no de las Fuerzas Armadas.

“Los que piden disculpas son los jefes y mis jefes son el presidente de la República y el ministro de Defensa. El resto son elucubraciones, temas políticos y partidarios y en eso no voy a entrar”, enfatizó.

Por otra parte, apuntó que no se trata de pedir perdón sino disculpas, lo que implica asumir la responsabilidad. “La palabra perdón no la empleo, se trata de disculpas porque pedir perdón desde la debilidad, no es pedir perdón”, afirmó.

En ese sentido, puso el ejemplo de quien maneja un vehículo, cruza una cebra a 180 kilómetros por hora, mata a una persona y después pide perdón. “Es actuar desde la debilidad y no sirve. No es lo mismo si uno va a 5 kilómetros por hora y la persona se le tira delante. Se piden disculpas por la responsabilidad que pueda haber”, explicó.

La postura del comandante es, en este aspecto, compartida por los retirados. El presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, dijo a Ultimas Noticias que “el Ejército no tiene que pedir perdón porque es un ente del Estado y actuó en respuesta a lo que le pidió el poder político”.

En ese sentido, estableció que “los militares somos servidores públicos y actuamos por órdenes. Podremos cometer errores o incurrir en delitos y serán juzgados pero el Ejército no tiene motivos para disculparse”.

Por otra parte, Cedrez objetó la conveniencia del acto del 21, argumentó que el país no tiene obligación de responder al planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por el caso de María Claudia García de Gelman porque se trata de un organismo externo y entiende que no debería intervenir.

Por otra parte, reclamó que “el perdón lo pidan todos los actores” involucrados en los hechos. En ese sentido, señaló que el mandatario “tiene un doble carácter, como presidente y como ex terrorista y no se sabe en carácter de qué piensa hablar. Hasta que lo sepamos, es muy difícil opinar al respecto”.

Cedrez no tiene una posición tomada respecto a si concurrirá al acto aunque varios retirados consultados aseguraron que no habrá ningún representante de quienes estuvieron en actividad durante la dictadura.

Los comandantes de las tres fuerzas, en cambio, se deben al presidente y tendrán que concurrir en caso de ser invitados, aunque todavía no hay una resolución definitiva adoptada al respecto.

De los tres comandantes, Aguerre es el único que hasta el momento se ha referido en forma pública a los hechos ocurridos durante la dictadura. A fines del año pasado, en ocasión de la aparición de los restos del maestro Julio Castro en el Batallón 14º de Paracaidistas de Toledo, no pidió perdón pero tomó distancia de los hechos, al manifestar que “el Ejército se debe conducir en base a los principios artiguistas. El Ejército Nacional no es una horda, malón o algo similar. El Ejército no aceptará, tolerará o encubrirá a homicidas o delincuentes. Quien les habla comete errores a diario, como todo ser humano, pero cuando hablamos de delitos, esa es una línea que este Ejército y su comandante no pasarán”.


Mujica encabezará el acto por caso Gelman

El presidente José Mujica encabezará el acto en el que el Estado asumirá su responsabilidad por el crimen cometido contra María Claudia García de Gelman. Según explicó ayer el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, Mujica leerá un discurso redactado en una comisión interministerial en la que participan también Macarena Gelman y su abogada. “Existen dentro de la comisión diversos enfoques sobre si además de la asunción de responsabilidad por parte del Estado, que es lo que exige la sentencia (de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman), debe haber un pedido de perdón”, dijo Breccia a radio Universal.

El secretario explicó que el discurso, consensuado en un 95% hasta el momento, debe tener “un contenido simbólico, una sustancia muy importante”. Dijo que reconocer el “terrorismo de Estado” significa que “el Estado cometió una cantidad de violaciones de los derechos humanos frente a cuyas víctimas tiene que asumir esa responsabilidad”.

Breccia hizo hincapié en que, de acuerdo a la potestad que le da la Constitución, es Mujica quien debe encabezar el acto de asunción de responsabilidad, pero además confesó que Mujica “siente que debe ser él” quien pida perdón. Por otra parte, dijo que todavía no está confirmada la invitación a los comandantes de las Fuerzas Armadas, aunque adelantó que, si esta se concreta, es una obligación.

El acto será llevado adelante el 21 de marzo en la Asamblea General del Parlamento.

Ese mismo día se inaugurará una placa en el edificio del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), que fue cedido ayer a Presidencia desde el Ministerio de Defensa para que se instale allí el Instituto Nacional de Derechos Humanos.


Cuatro candidatos para Instituto de DD.HH.

La fiscal Mirtha Guianze, los abogados Pablo Chargoñia y Hebe Martínez Burlé y el defensor del vecino Fernando Rodríguez son los principales candidatos a integrar el Instituto de Derechos Humanos. Según lo previsto en la Ley 18846 que creó el nuevo instituto, el jueves concluirá el plazo para que la comisión parlamentaria encargada de la selección reciba las propuestas de los postulantes a los cinco cargos de la dirección del nuevo organismo. En treinta días la asesora deberá llegar a una definición, para que el 11 de abril sean designados por la Asamblea General. Guianze y Chargoñia fueron propuestos por el Pit-Cnt y organismos vinculados a los derechos humanos, Martínez Burlé fue candidateada por la Corriente de Acción y Pensamiento – Libertad (Cap-L) mientras que la propuesta de Rodríguez respondió a organizaciones no gubernamentales.
----------------

INDDHH: ante el proceso de designación de candidaturas al Consejo Directivo





 

ANTE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE CANDIDATURAS AL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO


Las organizaciones y redes sociales vinculadas a la promoción, educación, defensa y protección de los derechos humanos queremos manifestar:

1) Exigimos que el proceso de análisis de postulaciones y selección de candidatos y candidatas a integrar  la nómina a ser considerada por la Asamblea General, esté pautado por la transparencia, la publicidad y la más amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil y de la ciudadanía en general.

2) En ese sentido, enfatizamos  se de cumplimiento a los principios del derecho a la información y a la participación de los ciudadanos y ciudadanas lo cual implica:

  1. publicar oportunamente la lista de todos y todas los/as postulantes así como las organizaciones sociales que presentan las candidaturas;

  1. dar la máxima publicidad y con la debida antelación a los criterios que utilice la Comisión Especial para analizar y calificar los méritos de los/as postulantes  a los efectos de seleccionar la lista de candidatos/as que reúnen las condiciones para pasar a la etapa de entrevista;

  1. publicar oportunamente los currículums de las personas preseleccionadas y abrir un espacio de consulta pública para que la ciudadanía pueda opinar e informar sobre cada uno/a de los/as candidatos/as preseleccionados/as.

3) Enfatizamos que durante el proceso de análisis de candidaturas es un elemento central considerar los siguientes aspectos  de los/as candidatos/as:


  1. identificación con la filosofía, los valores y las normas del Derecho Internacional de los derechos humanos; 

  1. trayectoria probada en el campo de los derechos humanos; 

  1. probado conocimiento en las distintas áreas de los derechos humanos; 

  1. independencia de actuación frente a los partidos políticos, autoridades  gubernamentales y el Estado.  

  1. apertura, antecedentes de trabajo y articulación con las organizaciones sociales.

4) Luego de tantos años de lucha para que el Estado reconociera las violaciones y omisiones hacia los derechos humanos y las dilaciones para dar cumplimiento a sus obligaciones de repararlas, así como la carencia de políticas públicas en la materia, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene un alto valor simbólico y debe estar al margen de cualquier criterio de cuotificación política. Sería lamentable que la Institución que debe vigilar el cumplimiento de los derechos, naciera viciada de ilegitimidad.

5) Consideramos que la elección de la Consejo Directivo debe estar acompañada de una implementación adecuada en los niveles técnicos y presupuestales para que la Institución Nacional de Derechos Humanos pueda cumplir sus fines de manera eficaz.

Por todo lo expuesto, las organizaciones firmantes además de presentar los y las candidatos/as que reúnan el perfil adecuado, desarrollaremos un seguimiento y monitoreo  tanto del proceso de selección de la Comisión Directiva como de la implementación de la Institución Nacional y su actuación. 



Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos

Hijos Uruguay

Asociación de Ex Pres@s Politíc@s de Uruguay - CRYSOL

Servicio Paz y Justicia Uruguay - SERPAJ Uruguay

PIT CNT

Movimiento de Educadores por la Paz

Fundación Mario Benedetti

Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay – IELSUR

Asociación de Amigas/os del MUME

Comité de los Derechos de Niño

Observatorio de Políticas Públicas del Mercosur

Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana – SEDHU

Comité de A. Latina y Caribe para la defensa de los derechos de la Mujer - Cladem

Cotidiano Mujer

Colectivo Ovejas Negras

Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública- CAinfo

Asociación de la Prensa Uruguaya - APU

Coalición Comunicación Democrática

Mesa Permanente contra la Impunidad

Casa Bertolt Brecht

------------
Año 1 - 009 - martes 6 de marzo de 2012

Macarena Gelman: " No tendría sentido un acto de perdón"

“El perdón es voluntario e individual”. “No he visto ningún arrepentimiento de quienes cometieron estos horrores”, dijo Gelman acerca del acto donde el Estado asumirá su responsabilidad por los crímenes de la dictadura.

El Observador. 5 3 12

Macarena Gelman, hija de desaparecidos y nieta de del poeta Juan Gelman, habló en canal 4 sobre el acto que se realizará el próximo 21 de marzo. Asegura que no debería de tratarse de un acto de perdón ya que “el perdón es voluntario e individual”. “No he visto ningún arrepentimiento de quienes cometieron estos horrores, por lo que no tendría sentido un acto de perdón”, argumentó.

El acto, que se realizará el 21 de marzo a las 16 horas en el Parlamento (Asamblea General), está siendo coordinado entre la Comisión de Seguimiento de la Comisión para la Paz y la familia Gelman. A pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Estado uruguayo asumirá la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura (1973 – 1984).

Si bien todavía no hay consenso desde el gobierno y la comisión respecto al tema del perdón, para la hija de desaparecidos el acto tiene que ser de condena de los hechos y no de perdón. Gelman afirma que todavía no se ha colaborado ni avanzado lo suficiente en materia de investigación como para hablar de perdón. Agrega que las condiciones están dadas para avanzar en la investigación pero que se está perdiendo el tiempo ya que hay mucha gente que fue protagonista de esa época y que se está muriendo.

Participación de las Fuerzas Armadas


El presidente José Mujica dijo que los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas “tendrían que estar presentes” en el acto público. Según Macarena “la actitud lógica” sería que asistan ya que sería una manera de generar “conciencia” por el protagonismo que tuvieron las fuerzas armadas en los hechos.

Frente a esta situación El Observador informó este martes que el ejército todavía no ha recibido invitación formal para acto de perdón.

Casos similares


Respecto a otros casos de adopción ilegal y personas con familiares desaparecidos Macarena asegura que todos tienen derecho a acudir a la justicia y considera que el Estado debería atender puntualmente las situaciones de adopciones en negro ya que hubo una responsabilidad del Estado al realizar inscripciones falsas o sin suficientes pruebas.

Acerca de la reivindicación de los familiares del Coronel Artigas Álvarez asegura que no son situaciones comparables y cree que “muchas veces se genera ese error intencionalmente”. Dice no estar de acuerdo con ponerlo como la contraparte ya que en este caso se sabe quienes fueron los culpables y agrega que fue un asesinato y no una desaparición.
--------------

lunes, 5 de marzo de 2012

Ley de prescripción: presentan primer recurso ante la Corte

El país 4 3 12


Un grupo de militares que podrían ser indagados por el homicidio del médico Vladimir Roslik en 1984, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra la ley que declaró la imprescriptibilidad de los delitos de la dictadura.

La jueza de Fray Bentos, Livia Pignataro, rechazó un pedido de prescripción presentado por la defensa de los militares. Para fundamentar su posición, la jueza Pignataro alegó la vigencia de la ley aprobada en octubre de 2011 que restableció la "pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985".

Para los militares, la norma es inconstitucional y por eso presentaron la acción ante la jueza, que ahora deberá elevar el expediente a la SCJ que tendrá que pronunciarse sobre la legalidad de la ley que se aprobó solo con los votos del oficialismo.

Según pudo saber El País, en el recurso -que está basado en un informe del abogado constitucionalista y exvicepresidente Gonzalo Aguirre- se plantea que la ley es inconstitucional porque viola el principio de irretroactividad de las normas legales.

Roslik falleció el 16 de abril de 1984 en el Batallón de Infantería N° 9 de Fray Bentos tras una dura sesión de tortura, siendo el último muerto de la represión del gobierno de facto (1973-1985).

El caso fue reabierto por la Justicia a mediados de 2011.
-----------

sábado, 3 de marzo de 2012

La insolente insubordinación militar

UNA NOTA CASTRENSE IRRESPETUOSA PROVOCO LA DURA REACCION DE LA PRESIDENTA DE BRASIL
  

El texto dice no reconocer la autoridad del ministro de Defensa y critica a las ministras de Derechos Humanos, Maria do Rosario, y de la Secretaría de la Mujer, Eleonora Menicucci, quien fue presa política, compañera de celda de Dilma. 

Final del formulario

Por Eric Nepomuceno. Página 12 3 3 12

Desde de Río de Janeiro

La presidenta Dilma Rou-sseff enfrenta un problema serio con los militares brasileños. O más exactamente, con militares retirados, que suelen manifestarse a través de sus asociaciones de clase, los clubes de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Una nota en términos insolentes e irrespetuosos lanzada hace algunos días provocó la dura reacción de la presidenta, que determinó a su ministro de Defensa, embajador Celso Amorim, a exigir que el texto fuese retirado de los portales, en Internet, de los tres clubes. La nota critica a las ministras de Derechos Humanos, Maria do Rosario, y de la Secretaría de la Mujer, Eleonora Menicucci (quien fue presa política, compañera de celda –y de suplicio– de Dilma). El texto dice no reconocer autoridad en Amorim y que, como jefe constitucional de las Fuerzas Armadas, Dilma debería haber reprendido a sus ministras por las “críticas exacerbadas dirigidas a los gobiernos militares”.

No es la primera ni la décima vez que los militares retirados (e incluso activos) se insubordinan, en términos groseros, contra presidentes civiles en Brasil. Nostálgicos de la dictadura y al amparo de una esdrújula ley de amnistía que impide que se investiguen los crímenes practicados durante la dictadura que duró de 1964 a 1985, y principalmente impide que se juzgue a los responsables, gozan de impunidad para manifestar total falta de respeto frente a los civiles que alcanzaron el poder por la vía del voto popular. Basta con recordar lo ocurrido cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso, él mismo un ex exiliado político, creó el Ministerio de la Defensa, en 1998. Hasta entonces, cada fuerza armada era un ministerio en Brasil. El primer civil en ocupar la cartera de la Defensa, un político opaco llamado Elcio Alvarez, sintió la afrenta en el momento de asumir el puesto, cuando los tres comandantes de las fuerzas armadas se retiraron groseramente de la ceremonia.

Lula da Silva aguantó, a lo largo de sus ocho años en la presidencia, hartas demostraciones de la prepotencia de los uniformados, especialmente los retirados. Nada, en todo caso, se compara con lo que ahora enfrenta Dilma Rou-sseff que, además de primera mujer en llegar a la presidencia del país, es también la primera ex presa política, víctima de tortura, en gobernar Brasil.

En el fondo, se trata de una clara muestra de la resistencia que los sectores militares imponen a la instalación de la Comisión de la Verdad que investigará –aunque sin condición punitiva– los crímenes cometidos bajo la dictadura. Los presidentes de los tres clubes militares firmaron, ostensivamente, un manifiesto censurando a dos ministras civiles y a la propia presidenta, en un acto de insólita insubordinación. No hubo ninguna reprimenda de los comandantes militares activos.

La nota, firmada por 98 oficiales (incluso generales), provocó la inmediata reacción de Dilma, y luego de una rápida negociación entre el ministro de Defensa, Celso Amorim, y los comandantes de las tres armas, el texto fue retirado de Internet. Dilma determinó a su ministro punición para los responsables. Y ahí empezó la crisis: en la tarde de ayer, el mismo texto volvió a circular por Internet, pero ahora con la firma de 322 militares y 65 civiles. Firman el texto 44 oficiales-generales del Ejército y de la Fuerza Aérea (ninguno de la Marina), además de 195 oficiales superiores (13 de la Armada). Entre los civiles hay parientes de notorios torturadores.

Un comentario del general Gilberto Figueiredo, quien fue comandante militar de la Amazonia y presidió el Club Militar (que reúne a los tres clubes de las fuerzas armadas y es, con justicia, considerado un foco golpista desde hace al menos medio siglo), señala hasta qué punto se ejerce la insolencia. El general dijo que “cuando Lula era presidente, yo me sentía frustrado, porque nuestras notas de protesto eran sumariamente ignoradas y el tema moría en el mismo día”. Ahora, dice Gilberto Figueiredo, “gracias a la sorprendente reacción de Dilma Rousseff, eso se transformó en asunto nacional y el número de firmas de adhesión no hace más que aumentar”.

Entre los que firman el duro documento está el general Valdesio Figueiredo (un apellido común en el medio castrense brasileño, como se ve: conviene no olvidar que el último dictador también era un Figueiredo), ex presidente del Supremo Tribunal Militar. Es evidente que si adhiere a un gesto de clara insubordinación, lo hace por saber cómo los uniformados se juzgan entre ellos. También aparece el nombre del coronel retirado Carlos Alberto Brilhante Ustra, uno de los más perversos y cobardes represores y torturadores de la dictadura.

El auge de la insolencia, sin embargo, le tocó al general retirado Luiz Eduardo Rocha Paiva, quien fue comandante de la Escuela de Comando del Estado Mayor del Ejército y ocupó el puesto de secretario-general del Ejército, segundo en la escala de la fuerza en 2007, bajo la presidencia de Lula da Silva.

En una contundente entrevista concedida al diario conservador O Globo, de Río de Janeiro, Rocha Paiva reniega de la Comisión de la Verdad, critica frontalmente el deseo de aclarar torturas, muertes, desapariciones y ocultación de cadáveres y pregunta si Dilma Rousseff será convocada a testimoniar, ya que participó de “un grupo terrorista”. Luego de afirmar que nunca vio tortura en el Ejército durante la dictadura, dice dudar de que Dilma haya sido torturada. “Es lo que se dice, pero yo no sé...”, dijo.

Lo más sorprendente de todo eso es constatar que muy posiblemente no haya punición alguna a los insubordinados. Una ley firmada en 1986 por el entonces presidente José Sarney asegura a los militares retirados el derecho de opinar.

Es comprensible: durante la larga dictadura, Sarney era uno de los exponentes del partido Arena, que en la farsa parlamentaria de la época defendía ardorosamente el régimen. Ahora, para punir a los insubordinados, el gobierno tiene que encontrar alguna brecha en la ley.

Es decir, en Brasil, los torturadores quedan impunes, y militares irrespetuosos, insolentes e insubordinados, también. ¿Hasta cuándo?
-----------

jueves, 1 de marzo de 2012

Cambio de dirección

Comenzó mudanza del Calen, que será sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

La diaria. 1º de marzo de 2012


Ayer comenzó la mudanza del Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, del edificio de Bulevar Artigas y Palmar, local que durante la dictadura fue sede del Servicio de Información de Defensa de las Fuerzas Armadas. El edificio será ahora sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que comenzará a funcionar luego de que la Asamblea General nombre, el 12 de abril, a los cinco integrantes de su Consejo Directivo.

El 21 de marzo, antes de que se celebre el acto público en la Asamblea General en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el caso Gelman, se colocará una placa recordatoria de las víctimas que estuvieron detenidas en el local. En tanto, la comisión interministerial encargada de supervisar el cumplimiento del fallo de la Corte IDH todavía está discutiendo los contenidos del acto del 21.

Alberto Breccia, secretario de Presidencia e integrante de la comisión, dijo ayer a Radio Uruguay que todavía no hay consenso sobre si el texto del discurso incluirá un pedido de perdón por parte del Estado por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. “La asunción de responsabilidad por parte del Estado es un hecho acordado, que se va a realizar inequívocamente conforme lo que establece la sentencia”, explicó Breccia a la diaria. “Consecuentemente a la asunción de responsabilidad podía darse, sin que estuviera dispuesto por la sentencia, una solicitud de perdón institucional, pero eso fue un tema conversado dentro de la comisión interministerial y con la familia Gelman, y no hay acuerdo al respecto”, afirmó.

Tampoco está resuelto, según indicó, que vayan a estar presentes los comandantes en jefe de las tres fuerzas, algo que deberá decidir el presidente José Mujica.

Con respecto a la transmisión del acto, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT envió una nota al canciller Luis Almagro en la que solicita que sea por cadena de radio y televisión y que luego se difunda en todos los centros de enseñanza del país. Al respecto, Breccia señaló que Televisión Nacional y las radios del SODRE transmitirán el acto, pero que no se discutió la posibilidad de hacerlo en cadena nacional.

Con presencia

Mientras tanto, varias organizaciones de la sociedad civil volverán a reunirse hoy para definir su postura con relación a las candidaturas para nombrar a los integrantes del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Además del nombre de la fiscal Mirtha Guianze, propuesto por Familiares y Crysol y el que genera mayor consenso hasta el momento, se discutirán otros nombres.

El Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores tomó posición por un candidato cuyo nombre dará a conocer hoy en la reunión. Según una declaración emitida el martes, de las personas que integren la institución dependerá que el organismo se convierta en un instrumento eficaz en la “promoción de todos los derechos humanos”. “Las personas que finalmente logren las mayorías parlamentarias especiales que determina la ley 18.446 [que crea la institución] para integrar dicho organismo tienen una importancia determinante a la hora de evaluar las posibilidades de que cumpla con los objetivos que la ley estableció”, señala el texto.

Según explicó Raúl Olivera, integrante de la comisión de Derechos Humanos de la central, la concepción que cada uno tenga sobre el pasado reciente “divide aguas” al momento de definir a los candidatos. “El instituto no se limita a eso; es más, podría pensarse que va a dedicarse a los otros derechos humanos que han estado medio olvidados, pero es fundamental el compromiso que se haya tenido en ese período”, señaló. “Para el movimiento sindical, que siempre ha desarrollado a todos los niveles una activa acción contra la impunidad, es determinante la actuación que llevó a cabo en ese período cada ciudadano que pretenda integrar dicho organismo”, establece la declaración.

La “legitimación” del instituto estará dada, según la central, “por la legitimidad que a nivel de la sociedad civil tengan las personas llamadas a ponerlo en funcionamiento”, por lo que espera que los integrantes “no sean el resultado de espurias pujas políticas”. “Un acuerdo político que para lograr las mayorías necesarias” se realice “a espaldas de la opinión de la sociedad civil no constituye una buena señal de transparencia y afecta la independencia que en la letra le atribuye la ley”, sentencia.

Por su parte, organizaciones de mujeres (Cotidiano Mujer, Mujer Ahora y CNS Mujeres, entre otras) resolvieron presentar en la reunión de hoy, además del apoyo a la candidatura de Guianze, cuatro nombres de mujeres que podrían ser postuladas, para que no sea sólo “una elección masculina”, explicó Elena Fonseca, de Cotidiano. “El objetivo es que la sociedad civil esté presente en el nombramiento, para que no se convierta en algo político partidario”, afirmó.

Una comisión especial integrada por legisladores de todos los partidos políticos recibe, hasta el 7 de marzo, las postulaciones.
------------


Muchachas de Abril 2025

Asado CRYSOL 2022

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol



8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

8 12 12

Día del Liberad@

Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social

Conferencia de Prensa en Crysol

Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@

Salsipuedes

Salsipuedes
Abril de 2010

Vocal

Vocal
Chela Fontora

Vicepresidente

Vicepresidente
Baldemar Taroco

Tesorero

Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz

Secretario

Secretario
Enrique Chalar

Presidente

Presidente
Gastón Grisoni