Ferro y el escaso seguimiento de la cancillería
de la
situación legal en España
Por Samuel Blixen – Brecha 6 7 18
La cancillería se opuso a la contratación de un abogado para
el seguimiento del trámite de extradición en Madrid de Eduardo Ferro, quien
quedó en libertad porque no se cumplió con los términos del tratado. El militar
logró fugarse de la justicia uruguaya por segunda vez en un año.
El Coronel (retirado) Eduardo Ferro. FOTO: Alejandro Arigón.
El coronel (r) Eduardo Ferro tiene múltiples padrinos que a
lo largo de su carrera le han permitido eludir el castigo por los delitos
cometidos, y más recientemente eludir el proceso de extradición desde España.
Esos padrinos, que van desde presidentes y generales hasta jefes de estación de
agencias de inteligencia extranjeras, explican por qué, desde 1985, cuando
ignoró una citación judicial, logró esquivar el cuerpo.
Durante su permanencia desde 1989 en la Dirección General de Información
del Estado (Dgid) como jefe del Departamento III (Operaciones), Ferro cultivó
vínculos con la Cia a partir del interés común en espiar al Partido Comunista
en democracia; con los servicios de inteligencia alemanes, con los que hizo
varios acuerdos durante el curso que realizó en ese país; y con la comunidad de
inteligencia española, algunos de cuyos integrantes conoció en Montevideo
cuando se inició la vigilancia sobre ciudadanos españoles acusados de
pertenecer a la Eta.
Ferro fue de gran ayuda cuando aquí en Montevideo
uruguayos víctimas del Plan Cóndor dieron testimonio para el juez Garzón y sus
declaraciones llegaron antes a manos de los servicios españoles que a la
Audiencia Nacional.
Quizás esos favores fueron retribuidos cuando Eduardo Ferro
huyó de Uruguay al ser citado a declarar, a mediados del año pasado, por la
desaparición del militante comunista Héctor Tassino, ocurrida en 1977. Su
abogado defensor hizo una inestimable gestión para su cliente cuando informó al
juzgado que Ferro estaba a punto de regresar de un viaje al exterior,
demorándose así el cierre de fronteras. No obstante, Ferro fue detenido en
setiembre del año pasado por Interpol en un hotel de Madrid, donde permanecía,
quizás demasiado confiado, con su pasaporte legal.
Para cuando los tribunales españoles otorgaron finalmente la
extradición, Ferro ya estaba en libertad. Fuentes españolas vinculadas a
organismos de derechos humanos afirmaron a Brecha que hubo desinterés de las
autoridades uruguayas en todo el proceso del trámite administrativo de la
extradición. El responsable en Madrid de dicho trámite era el embajador
Francisco Bustillo.
Al parecer no se habría cumplido con los términos del
tratado que taxativamente requerían que se concretaran los trámites en el
primer mes de la detención del reclamado. Al cumplirse el mes de detención,
Ferro quedó en libertad, y su paradero se desconoce. La justicia uruguaya
reiteró ante Interpol un pedido internacional de captura, pero según las
fuentes españolas Ferro goza de la protección de lo que denomina “cloaca de los
servicios”.
La displicencia en Madrid tuvo su contraparte en Montevideo.
Según las fuentes, la cancillería uruguaya descartó la propuesta de que se
designara en Madrid a un abogado para realizar el seguimiento y los trámites
del proceso de extradición. La cancillería hasta ahora no ha dado ninguna
explicación sobre el desenlace del episodio. Habitualmente un trámite de
extradición no tiene mayores secretos: la justicia lo solicita y la cancillería
lo tramita a través de su embajada. Resulta significativo que haya habido
problemas justo cuando se trataba de que regresara a Uruguay para responder
ante la justicia. Ferro está acusado de participar en operaciones en Argentina
en el marco del Plan Cóndor, en la desaparición de Tassino, en el asesinato de
María Claudia García de Gelman y en el secuestro de Universindo Rodríguez y
Lilián Celiberti.
Miembro del Ocoa y del Sid, Ferro gozó de la protección del
general Fernán Amado, director de la Dgid, cuando desde la jefatura del
Departamento III monitoreó el espionaje contra partidos políticos y
organizaciones sociales en el proceso de junta de firmas para la derogación de
la ley de caducidad, durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.
Recientemente el ex presidente ha aclarado que nunca dio orden de realizar ese
espionaje.
Al comienzo de la presidencia de Luis Alberto Lacalle, Ferro
fue desvinculado de la inteligencia, pero fue restituido en la Dgid al comienzo
de la segunda presidencia de Sanguinetti.
Durante ese paréntesis, desde su nuevo destino como jefe del
Batallón de Ingenieros 2, montó un sistema de espionaje clandestino contra
militantes del Partido Nacional. Dicho episodio no tuvo consecuencias, y su
superior, el general Juan Curutchet fue, junto con el general Amado, uno de los
tres generales que entendieron en 1996 en el tribunal de honor solicitado por
el propio Ferro, quien acusaba a sus dos colegas, los coroneles Carlos Silva y
Tomás Casella, de haber filtrado información que fue publicada por el diario La
República y que afirmaba que había intentado reclutar como espía a un chofer
del presidente Sanguinetti. Ferro atribuyó la maniobra a los “celos
profesionales” de sus dos colegas, que coincidieron con él en la inteligencia;
uno, Silva, como jefe del Departamento II (exterior) y otro, Casella, como jefe
de la Compañía de Contrainformación.
En sus declaraciones ante el tribunal, Ferro negó la
acusación de reclutamiento del chofer de Sanguinetti. “¿Para qué?”, se
preguntó. Y agregó: “Tengo que decir que tengo una amistad personal con el
secretario privado del doctor Sanguinetti, amistad que nace hace mucho tiempo
en un club de pesca”, donde seguramente Ferro pescaba información.
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