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sábado, 16 de octubre de 2010

Macarena: "este no es mi proyecto de vida, es una necesidad"


Macarena Gelman y su abuelo, Juan, enfrentarán al Estado uruguayo en la Corte Interamericana de Justicia. Una vez más el reclamo será conocer el destino de los restos de su madre, María Claudia García. La OEA condenaría a Uruguay por lo que el Frente Amplio ya introdujo en el Parlamento un proyecto de ley que anula los efectos de la Ley de Caducidad.

En entrevista con No Toquen Nada, Macarena cuenta cómo sufrió con los datos falsos, su desilusión con la Justicia uruguaya y el costo personal de esta lucha; “perdí la capacidad de proyectarme a futuro como persona”, señaló.

Publicado el: 3 de octubre de 2010 a las 10:10. Por: Redacción 180

Entrevista del periodista Joel Rosenberg con Macarena Gelman, en No Toquen Nada, de Océano FM.

Macarena, ¿vos vivís más en Argentina que en Uruguay?

Un poco y un poco. Recién me decía una amiga que al que si le encomendaran a alguien seguirme, se volvería loco. Ayer llamé de Buenos Aires y hoy ya estoy acá. Todos estos temas, y mi vínculo con Argentina, hicieron que de un tiempo a esta parte pase un poco de este lado del río y otro poco del otro, depende de la época, depende de lo que haya.

Pero ya tenés casa allá, estás afincada en Argentina.

Sí, sí.

¿Cuál es el motivo que los llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Como habían clausurado la causa acá por segunda vez, se nos había negado la posibilidad del acceso a la justicia, y agotadas las instancias locales, estamos en condiciones de acceder a la Comisión Interamericana. Ese proceso empieza en el 2006, no es un proceso de enero de este año.

Lo que es de este año es que lo eleva la Comisión a la Corte.

Claro, este año la Comisión presentó su demanda. Sobre fin de año pasado la Comisión resolvió elevarlo a la Corte y presenta este año su demanda. Eso es lo nuevo, el proceso en la Corte es lo de este año.

El caso es el secuestro y la desaparición de tu madre, la sustracción tuya, y también la clausura de la indagatoria judicial. ¿Cómo querrían ustedes que termine, más allá de lo técnico-jurídico? ¿Qué debería hacer el Estado uruguayo?

Bueno, para empezar lo que se busca, como siempre, es verdad y justicia. Creo que la Ley de Caducidad lo que hace es crear un marco y es un comienzo de esta cultura de impunidad de la que se habla algunas veces. Y creo que ya ni nos damos cuenta de eso… Inclusive escuchás que es por revanchisimo, qué se yo. La verdad es que si a cada persona que recurre a la justicia porque comete un delito contra su persona o un crimen sobre sus familiares le vamos a llamar “revanchista”, estamos todos locos.

Más allá de la Ley de Caducidad, que para mí es el punto inicial de todo esto, después tendría que haber otras medidas tendientes a la investigación real, seria y profunda. Tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Poder Judicial se ha hecho me parece que muy poco. Más allá del material publicado en los tomos de Presidencia, creo que estamos en condiciones de profundizar sobre todos esos casos.

¿Vos crees que se podría obtener más información, que esa información está?

Yo no tengo más información que la que se maneja públicamente yes la información que tenemos desde el año 2000. La Comisión para la Paz no nos aportó absolutamente nada, simplemente fue un reconocimiento oficial, y no por eso le resto valor porque me parece que lo tiene como tal y que fue un punto de partida importantísimo.

Pero la realidad es que a nosotros el Estado no nos ha aportado absolutamente nada desde el comienzo, y antes menos, porque pocos meses antes de que se llegara a encontrar y que se confirmara que era yo, el entonces presidente Julio Sanguinetti negaba que hubiera niños desaparecidos en Uruguay. Entonces el tema es ese, no tengo más información que la que tienen ustedes. Por ahí detalles que, bueno, por ser personales los recuerdo más, pero no es mucha más información.

¿Vos sentís que hay gente que tiene la información de lo que pasó con tu madre, de dónde está enterrada?

Sí, nosotros desde el año 2000 y a raíz de las investigaciones de mi abuelo, repito, sabemos y se ha sindicado responsables o por lo menos personas que intervinieron. Hay testimonios en ese sentido, de Julio César Barboza Plá, de los detenidos del SID, de Orletti.

No es algo que sea tan abstracto y que sea “bueno, hay que buscar una aguja en un pajar”. Hay gente que tiene información concreta, y si nos remitimos a los hallazgos que hubo, tanto el caso de Fernando Miranda como el caso de Ubagesner Chávez Sosa, fueron encontrados por indicaciones muy precisas, entonces sí hay gente que sabe. Evidentemente hay gente que sabe.

¿Vos sabés quiénes son los que saben? ¿Los nombres de quienes son los que saben y no quieren decir?

Sí, sí, sí, están mencionados en los testimonios. El policía Medina, Gavazzo, Cordero, Arab. De Argentina algunos han fallecido pero queda todavía Honorio Martínez Ruiz, Ramas, que inclusive fue visto en la visita de los argentinos al Uruguay a mediados de diciembre del 76. Así que no es algo que esté muy lejos, creo que lo que hay que hacer es bastante… No sé si poco, pero hay muchísimos datos, lo que pasa que no se llega a la verdad de lo que pasó después del 22 de diciembre que fue la última vez que la ven a mi mamá, y en torno a mi nacimiento y el destino posterior.

Teniendo esa certeza que tenés de que están los datos y después de tantos años de haber enfrentado esta lucha que imagino habrá tenido altibajos emocionales, ¿cómo te parás para explicarle a la gente que señala “dos veces la población ya dijo que no hay que anular la Ley de Caducidad”?

Me parece que mi derecho a la justicia está primero, el mío y el de todos. Estamos en desigualdad, además de ser una ley que interfiere en lo que es la separación de poderes. Yo siempre digo “a mí en el colegio me explicaron que había separación de poderes. Nunca me dijeron que era excepto por la Ley de Caducidad”. Me parece que el derecho a la justicia que tenemos todos está por encima y solo basta con estar en una situación como esta para sentirlo.

Yo no creo que sea la única que debe tener la sensación de injusticia, habremos muchos. Además, en sí la justicia hoy aparece como un trámite, y es bastante más que un trámite. El problema es el encare que se le da.

¿Bajaste los brazos en algún momento de estos? Encarar una acción ante la Corte o encarar una nueva instancia en Uruguay para anular los efectos o anular la Ley de Caducidad en sí, me imagino también lleva mucho tiempo físico y emocional de tu vida.

Sí, lleva casi toda la vida... Bajar los brazos no, capaz que porque cuando sucede todo esto del plebiscito yo ya estaba con el trámite en la Corte hacía mucho tiempo y en realidad no te daba la oportunidad de bajar los brazos.

En realidad no me ha dado la oportunidad de mucha cosa, porque esto de a poco me ha ido consumiendo los días y las horas del día. Yo no quiero vivir toda la vida en esto. Me gustaría que en algún momento podamos tener una mejor situación y podamos sentirnos en igualdad de condiciones con otras personas y saber dónde está mi mamá. No es mi proyecto de vida dedicarme a luchar por esto, es una necesidad.

Cuando te encontraste con tu abuelo, Juan Gelman, venían de dos ambientes absolutamente diferentes. ¿Dónde se daba más la conexión, más allá de la búsqueda de verdad y justicia?

Sabés que fue desde el principio en varias cosas. En el humor, por ahí. En cierto modo de ser que creo que tenemos en común. Y la conexión empezó por ahí. O sea, las conexiones por verdad y justicia van por otro camino.

Pero ahora los une en esta demanda.

Sí, siempre, desde que empezamos lo tuvimos al lado. También es difícil eso de seguir en ese camino y también lograr un vínculo más personal. Pero lo fuimos logrando, no sé si es el mejor que podemos tener, pero es lo que hemos podido hacer con una historia muy difícil.

Tampoco viven en la misma ciudad.

No vivimos en la misma ciudad, nos conocimos hace diez años. Eso cuesta.

Se puede decir que vos has construido una relación como de dos madres.Le seguís diciendo “mi mamá” a tu madre adoptiva.

Sí.

¿Cómo ha sido esa relación en estos diez años?

Bueno, tampoco sin dificultades, pero bien. Ella me acompañó mucho desde un lugar de respeto, de acompañamiento en silencio, no interferir. Yo eso siempre lo valoré muchísimo y más allá de que también obviamente tenemos nuestros temas de madre e hija, sin necesidad de esta historia.

Pero se hizo difícil en algún momento, es muy difícil para las dos porque creo que más allá de que yo obviamente me llevo una parte muy pesada de la historia, ella también, y por ahí con menos posibilidades de exteriorizarla y muchas veces en soledad las dos. Cuando nos enteramos de todo esto, yo tenía la sensación de mirar para todos lados y no ver a nadie. Pero bueno, yo creo que el amor y la relación que hemos tenido toda la vida fue más fuerte que esto que pasó y nos mantiene juntas al día de hoy.

Nunca la pusiste en el lugar de padres apropiadores como han hecho muchas veces otros hijos que reconstruyen su historia.

No, la verdad que no. Yo entiendo, las situaciones son todas diferentes, tienen sus particularidades. Yo no lo veo así. Cada uno tiene derecho de asumir su historia como quiere y ha habido casos muy terribles de figuras de la represión muy fuertes que se quedaron con los chicos. Y lo hay, hasta hace poco supimos de otro caso, del nieto número 102 que se encontró por Abuelas de Plaza de Mayo.

En este caso, mi papá tampoco tenía una vinculación tan clara. Mi padre ya esta retirado, inclusive ya había tenido problemas con la dictadura. Lo cierto es que él murió cuatro meses antes de enterarme, entonces yo no sé si de alguna manera eso no se hizo un poco más fácil.

No tener que conversar con él este tema.

Claro. Sí, y en algunos lugares más difíciles porque vos decís “¿Qué sabía? ¿Hasta dónde sabía? ¿Qué pensaba?”. Yo lo que más valoro es que me sentí educada, a pesar de lo paradójico que pueda sonar, en libertad, y con la libertad de decidir y resolver lo que quería hacer de mi vida, y esto lo tomé así. Realmente si hago una mirada rápida de estos últimos diez años hay algo que es lo que me ha favorecido mucho y es no haber actuado en ningún momento bajo presión.

En el 98, dos años antes de conocer tu identidad habías entrada a trabajar en el Hospital Militar. Desde mayo no estás más ahí. ¿Cómo fue la relación en ese centro?

Yo empecé trabajando en el laboratorio. Mientras estuve en el laboratorio, no sentí que hubiera cambiado. Era como mi lugar, me gustaba, me gusta trabajar ahí. Después cuando salí del laboratorio ya coincidió con otra época y ahí fue más difícil para mí. No pasó inadvertido todo esto.

¿Te lo hacían notar?

Y sí, en algunos momentos sí.

¿Y estudiando? Vos estudiaste bioquímica.

Eternamente. Estudiante crónica.

Eso no es problema en Uruguay, es muy común en muchas facultades ser estudiante crónico. No sé en esta en particular.

Sí, también. Sí, como he podido, pero realmente me cuesta mucho concentrarme y me cuesta mucho tener una asiduidad de las clases cuando estoy viajando casi todas las semanas. Y la verdad que se me complica, este año tuve que dejar lo que empecé. No me he dado por vencida.

¿Es tu vocación?

A esta altura ya no sé nada. Pero me gusta, qué se yo... Me gusta mucho la bioquímica, capaz que me gustaba un poco más en Facultad de Ciencias, donde iba antes. Creo que eso no significa que no pueda cambiar en cualquier momento, he hecho muchos intentos, a ver si era el lugar, pero no.

Se da en vos que la situación para los asesinatos de tus padres tienen dos vertientes diferentes. Son dos tragedias con un signo que tiene una clara diferencia: al cuerpo de tu padre lo encontraron. Y capaz que vos desde allí podés construir las dos visiones, ¿no?

Sí.

Más allá de la aberración de todo tipo de punto de vista que se puedan ver en los delitos horribles que se cometieron con tus dos padres. ¿Cómo podés diferenciar el poder ir al cementerio donde está el cuerpo de tu padre y lo que pasó con tu madre?

Si bien, como vos decís, es terrible, inclusive ahora que se está llevando a cabo el juicio de Orletti pude asistir a las declaraciones de las personas que encontraron los tanques, inclusive la pericia que le hicieron al cuerpo de mi papá.

Porque apareció en un tanque rellenado de cemento. Una cosa muy truculenta.

Sí. Y eso por más que vos decís “es terrible de escuchar”, de alguna manera cierra. No es que cierre la herida, pero de alguna manera la historia cierra, tiene una cosa que da una cierta tranquilidad en ese sentido. Y bueno, con mi mamá, el hecho de no saber es lo peor.

Es cierta la diferencia entre lo que fue el tema de mi papá, del que prácticamente nunca hablo. Creo que la desaparición es lo que hace que eso se perpetúe, siga tan presente y no me permita a mí tener una especie de cierre de la historia, saber lo que pasó. Y eso con el juicio también se hizo mucho más fuerte, porque tengo los elementos ahí para hacer una reconstrucción de lo que pasó.

En el 2005, Tabaré Vázquez, entonces Presidente de la República, afirma casi con seguridad que sabían dónde estaban los restos de tu madre. ¿Qué fue lo que pasó con vos con esa montaña rusa de emociones? ¿Cómo lo recibiste? La información de la casi certeza, la visita al cuartel, al batallón con Bertolotti, y después lo otro, que no había nada…

La casi certeza me la transmitió el doctor Gonzalo Fernández, una persona que además me acompañó mucho en prácticamente todo el largo de la historia. Y bueno, creíamos que era así. En ese momento cuando él me lo dice, yo le pido para ir, a ver dónde es, por un tema de saber. Yo siempre prefiero estar, saber, ver de primera mano. Creo que mantenerse informado es lo que de alguna manera acota un poco la ansiedad.

Yo le pido para ir, él me dice si no será mejor ir otro día que no hubiera gente. Yo igual no tenía noción de que iba a tener esa repercusión, realmente en el momento no lo pensé porque estaba pensando en otra cosa que era mucho más fuerte que eso.

Y yo le decía que no, porque ese día iban los antropólogos y venía el equipo de antropología de Argentina que para mí son una referencia casi única te diría. Entonces quería ver qué decían, quería ver qué pasaba, y bueno, ahí fue que decidí ir. Que no me arrepentí más allá de la repercusión que tuvo después.

Y cuando voy ahí y pregunto a qué profundidad y un militar me contesta “80 centímetros del suelo” que creo que después lo negó, realmente la sensación es indescriptible. Tenía como una ansiedad de que eso tenía un desenlace.

Inclusive habíamos hecho gestiones con familiares míos de Argentina porque la voluntad mía era que ellos estuvieran enterrados juntos en el caso de aparecer, y mi papá está en el cementerio judío, lo cual no me permite las exhumaciones, habíamos hecho hasta gestiones con la AMIA.

Fue una cosa realmente que creo que no sé si llega al imaginación de todos y fundamentalmente de las personas que dieron el dato equivocado. Realmente en un momento yo no pensé que existiera gente tan cruel, y ahí me di cuenta que sí, que la crueldad no tenía límites para ellos. Entonces realmente fue una cosa espantosa que en distinto grado, pero tuve que volver a revivir cuando la pericia del antropólogo forense Solla, creo que me vieron la cara cada vez que…

Ah, por los restos que se habían hallado…

Claro, que tenían un “noventa y pico de porcentaje, certeza”, y yo no sé si piensan realmente la repercusión que tiene eso para una persona y para su entorno. Yo recibí llamadas del exterior de gente que lloraba y se solidarizaba porque había encontrado a mi mamá. Y tenía que explicarles a todos, en realidad tenía que calmar la ansiedad de los demás. Entonces ese manejo tan irresponsable que ha habido de estos temas. Más allá de que el primer episodio yo lo asocio más con una cosa de “bueno, nunca pensamos que pudieran mentir”.

O sea, si hablaban, si decidían hablar, no iba a ser con la crueldad asquerosa esta de mentir.

El reclamo fundamental durante el gobierno del doctor Batlle y con el tema de las limitaciones que tenía la Comisión para la Paz era preguntarles directamente, darles la oportunidad de que hablaran. Y eso no se permitía, la Comisión para la Paz lo que tenía era la potestad de recibir testimonios de quienes quisieran hablar. Esto se hace. Empieza el gobierno, se hace, y parece que arroja resultados. A mí me agarró bastante desprevenida también, si bien el antropólogo que vino desde Argentina me dijo “bueno, pero hay que verlo, no es tan claro que eso sea un lugar de enterramiento”. Eso fue bueno…

Bajó un poco esas expectativas.

Bajó un poco. Pero igual, si te están diciendo que es cuestión de horas y un militar te contesta que es ochenta centímetros… Digo, evidentemente, o a la distancia, yo hago la interpretación de que fue, dado el ímpetu con el comenzó el gobierno de Tabaré Vázquez con el anuncio del ingreso a los batallones, en definitiva, esto tuvo el cometido de bajar ese nivel de entusiasmo. Y lo logró. Parece haber sido algo calculado y que dio su resultado. La verdad, las personas que dieron esos datos me merecen los calificativos más terribles.

Que los conocés aparte.

No sé quién fue puntualmente, exactamente, quiénes fueron que dieron los datos, pero me imagino, está en ese grupo de gente, no puede haber ido mucho más lejos que eso. Y realmente, si vos ves que pueden hacer esto, evidentemente pudieron hacer todo lo otro muy fácilmente.

Te deja más escéptica, me imagino.

Y sí, lógico.

Sobre los nuevos ingresos al Batallón 14…

Y con cada episodio un poquito más escéptica.

Mencionaste al pasar dos veces el tema Orletti. Se están desarrollando los juicios en Argentina que tienen una característica bien diferente a los de Uruguay. Contanos un poco cómo estás procesando esto.

Es muy movilizador, son juicios orales y públicos donde están tanto los querellantes como los imputados presentes. Realmente a mí, es la primera sensación de justicia que tengo. Y de ahí que también cobra como más importancia y reafirmo el reclamo de justicia acá.

Tiene mucho de transparencia, tiene mucho de reconstrucción tanto personal como social. Ahora estamos yendo con unos amigos que son hijos también de personas que estuvieron en Orletti. Poder apoyarse mutuamente, poder hacer esa reconstrucción yo creo que es muy importante. Los cuidados también que se tienen. Realmente yo creo que es algo recomendable.

¿Porque más allá del dolor que te pueda causar vos interpretás que te hace bien, si se puede usar esa expresión?

Sí, sí, sí. No tenés más esa incertidumbre, más allá de que sea terrible lo que vas a escuchar, porque bueno, en el caso de mis papás hay pocos datos de lo que fue la tortura en sí, en otros casos hay relatos de tortura inimaginablemente crueles. Y bueno, vos decís: “¿Cómo procesarán esas personas eso que escuchan?” Pero bueno, lo saben, después verán qué hacen. Esto tiene como también una delimitación de tapas, de cierre. Esto seguramente arroje condenas que se están esperando.

¿Y te da sensación de justicia que acá en Uruguay no te dio?

No, acá la verdad la justicia, la opinión que me merece es que es un trámite. Y es un trámite en el cual se cuidan muchísimo las formalidades aunque, por otro lado, y en el caso concreto de esta pericia que hubo hace un tiempo sobre ese cráneo que podía ser el de mi mamá, fue muy desprolijo, muy poco cuidado.

Yo me enteré por la prensa, no sé si eran las ocho menos diez de la mañana, estaba durmiendo, y me llamaron por teléfono para ver si quería hablar. Y cuando me salen con eso, es como lo peor que te puede pasar enterarte de esa manera.

Más allá de lo que se habla del acoso, de la forma de ser la prensa argentina, en Argentina no pasa eso en general. En general, en Argentina los primeros que se enteran son los familiares, tanto sea de restos como sea de chicos. Eso yo creo que está también encarado de otra manera.

Vos contabas hace un rato en la entrevista todo el tiempo que esto te lleva y que no querés que esto sea la causa de toda tu vida, querés cerrar, más allá de que no puedas cerrar la herida, cerrar ciertos capítulos. Estando en los juicios de Orletti, viendo los expedientes, escuchando esas experiencias de torturas que evidentemente deben ser muy conmovedoras, ¿lográs proyectarte vos en el futuro o en algún momento te quedás como estancada entre ese momento y el pasado?

Estoy estancada, sí. Mi proyección no va mucho más allá de saber cuándo son los juicios, por eso espero. Pero en Argentina el tema de los juicios en algún momento va a terminar, o seguirán habiendo juicios pero las etapas más importantes se van a ir delimitando.

Acá eso está mucho menos claro. Y sí, me pasa eso, realmente es una de las cosas que me ha pasado, que perdí la capacidad de proyectarme a futuro como persona y de sentirme realizada como persona. Así que bueno, espero que haya alguna modificación en esto.

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Este viernes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó que su 42° Período Extraordinario de Sesiones -previsto del 4 al 8 de octubre en Ecuador- fue reprogramado para la semana del 15 al 19 de noviembre de 2010.

Por lo tanto, la denuncia que Macarena y su abuelo tenían prevista realizar el 4 de octubre, deberá ser postergada para el mes próximo.
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viernes, 15 de octubre de 2010

General Rosales. Fue informado, en el Congo, del pedido fiscal, por el propio militar

El general Miguel Dalmao, acusado por el crimen de una joven militante de la UJC durante la dictadura, aguarda con tranquilidad el fallo de la Justicia en relación al caso Sabalsagaray. Fuentes allegadas ratificaron la "inocencia" del militar, quien se encuentra a cargo del despacho del Comando General del Ejército.

La República. 15 10 10. Manuel Tejera Martínez | MINAS Redacción


En Minas, donde tiene asiento la jefatura de la División de Ejército IV, el "tema Dalmao" corrió como reguero de pólvora.

Fuentes allegadas al militar señalaron a LA REPUBLICA su sorpresa por el pedido fiscal. "Está tranquilo, confía en la Justicia y en el Estado de Derecho de su país; se declara inocente como lo manifestó ante la Justicia", dijeron las fuentes más cercanas al general.

Dalmao, quien está a cargo del despacho de la Jefatura del Ejército mientras el general Rosales se encuentre en misión en el exterior, fue acusado en las últimas horas por la fiscal Mirtha Guianze por el "homicidio muy especialmente agravado" de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray, en mayo de 1974.

Ayer, Dalmao viajó a Montevideo para atender asuntos familiares y se contactó con el comandante en jefe del Ejército a quien informó de la situación.

Rosales se encuentra en República del Congo junto al ministro de Defensa Luis Rosadilla, en visita al contingente de militares uruguayos apostado en dicho país, en misiones de paz y se aguarda su regreso para el día de mañana. Dalmao había retornado recientemente de un viaje al Congo.

La fiscal también solicitó el procesamiento con prisión para el coronel (r) José Nelson Chialanza como coautor del crimen por torturas de la joven militante comunista, en las entrañas del Batallón de Transmisiones Nº 1 (hoy Batallón de Comunicaciones Nº 1).

Ante la justicia, Dalmao admitió ser integrante del S2 en el Batallón de Transmisiones Nº 1. En tanto, Chialanza era el jefe del Batallón cuando se produjo la muerte de Sabalsagaray.

La noticia divulgada ayer por varios medios también repercutió en Minas donde tiene asiento la División de Ejército, que además tiene jurisdicción sobre los departamentos de Cerro Largo, Treinta y Tres, Maldonado, Rocha y Lavalleja.

Los militares divisionarios consultados prefirieron mantener "silencio" ya que "cualquier cosa que se diga sólo perjudicará aún más al Ejército Nacional", pero manifestaron su "asombro" ante el hecho de que "es la primera vez en democracia que un fiscal pide el procesamiento de un general en actividad" por su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

En este sentido, fue notorio el "nerviosismo" y la clara incertidumbre que reinaba en la mayoría de los uniformados, dejando entrever una "sensación" de malestar, calificado el pedido de procesamiento como fruto de una "campaña" de destrucción de las Fuerzas Armadas a manos de sus "eternos" enemigos.

Dalmao fue designado en febrero de 2008 por el actual comandante en jefe Jorge Rosales, como jefe de la División de Ejército IV, en sustitución del general (r) Pedro Barneix, uno de sus "referentes". El oficial había sido ascendido al generalato el 1º de febrero de 2005, promovido por el ex presidente Tabaré Vázquez, antes de su asunción.

Dalmao es oriundo de Salto y egresó de la Escuela Militar en el año 1973. Durante sus años como estudiante tuvo como uno de sus instructores a Barneix, en el año 1970. Su carrera estuvo vinculada al arma de Comunicaciones; además realizó cursos de perfeccionamiento en Uruguay y Brasil, el curso de altos estudios nacionales; recibió destino en España; fue 2º subjefe del Estado Mayor del Ejército; entre otros. Posteriormente se desempeñó en la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas.

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Ley interpretativa: acordaron texto definitivo

"Artículos 1º, 3º y 4º de la Ley de Caducidad carecen de valor jurídico alguno"

La República. 15 10 10

El canciller Luis Almagro y legisladores de la Comisión de Constitución del Frente Amplio acordaron anoche, luego de una extensa reunión, realizar modificaciones al texto del anteproyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad luego de recibir las audiencias de diferentes juristas especialistas en la materia.

Almagro dijo que los ajustes se realizaron para que los argumentos jurídicos "sean aún más irrebatibles". El canciller dijo que se procura "no dejar flancos abiertos" para que no sea atacado el proyecto de inconstitucional. Indicó que la Ley de Caducidad trasciende el caso de Macarena Gelman ante la Corte Interamericana de Justicia.

El proyecto será puesto a consideración de la Mesa Política y será analizado el lunes en Comisión y el miércoles en el plenario de Diputados.

He aquí el texto aprobado:

Artículo 1º.- Interprétese de conformidad con el artículo 85 numeral 20 de la Constitución de la República que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a nuestra Constitución por la vía del artículo 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.

Artículo 2º.- Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, artículo 12) que los artículos 1º, 3º y 4º de la Ley 15.848 de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, violan los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno.

Artículo 3º.- En virtud de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de esta Ley:

a) El archivo de las actuaciones decretadas por el juez competente por aplicación del artículo 3º de la Ley 15.848, no extingue la acción penal ni constituye cosa juzgada.

b) Toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por aplicación de la ley 15.848, o por actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales, continuará de oficio, o por solicitud del interesado o del Ministerio Público.

b) Sin perjuicio de aquellos delitos imprescriptibles, respecto de aquellos delitos que fueren prescriptibles, y hayan sido o pudieren haber sido comprendidos en la caducidad dispuesta por el artículo 1º de la Ley 15.848, no podrá computarse a los efectos de la prescripción, el período transcurrido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

Artículo 4º. ¬ Lo dispuesto en esta ley se aplicará a las nuevas denuncias que se presenten.

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jueves, 14 de octubre de 2010

Crysol: reclaman reparación integral.


La República. 14 10 10

Se llevó a cabo en la tarde de ayer la movilización convocada por Crysol frente a la Torre Ejecutiva.Como hemos informado, la organización que nuclea a ex presos políticos, exiliados y clandestinos está reclamando tener acceso a una cobertura de salud no excluyente de modo que los beneficiarios de la Ley 18.596 puedan optar por prestadores privados o públicos indistintamente y no sólo en ASSE, como lo ha establecido el decreto reglamentario de dicha ley.

Algo más de 200 personas se hicieron presentes en la soleada y cálida tarde montevideana. El secretario de la Presidencia, doctor Alberto Breccia, recibió a una delegación que le hizo entrega de una carta dirigida al presidente Mujica.

En la misiva, solicitan la reconsideración del Decreto 294/010, "respetando el espíritu y el texto de la Ley de reparación Nº 18.596 en lo atinente al derecho de las ex presas y de los ex presos políticos, entre otras categorías de víctimas, a la libre opción del prestador de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), consagrado en el Artículo 10 de la misma".

Más adelante, expresan: "Dado que el Sistema Nacional Integrado de Salud está conformado por prestadores públicos y privados de atención integral a la salud, es claro que fue voluntad del legislador, ratificada por la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, consagrar a todos los beneficiarios el derecho a la libre opción del prestador de salud".

En razón de ello, consideran "sorprendente que al reglamentar una ley, sumamente tardía, destinada a reparar y dignificar a las víctimas del accionar del Estado, que consagra el derecho a la reparación integral, estableciendo una atención vitalicia y gratuita, el poder Ejecutivo, al reglamentarla, restrinja y cercene derechos explícitamente establecidos.Esta misma interpretación del alcance de la ley fue realizada por parte del Ministerio de Salud Pública al presentar en el mes de junio un proyecto reglamentario cuyo contenido, en líneas generales, fue acordado con nuestra organización.

La potestad del Poder Ejecutivo de reglamentar la modalidad y la extensión de las prestaciones establecidas no puede suponer en ningún caso la facultad de limitar o restringir los derechos conferidos en la misma a los beneficiarios". Sostienen que el Poder Ejecutivo no puede, por medio de un decreto, modificar una ley aprobada por el Parlamento.

En virtud de ello, reclaman que el Poder Ejecutivo respete el espíritu y el texto de la norma aprobada legítimamente.

Fiscal solicitó el procesamiento de dos generales por crimen de Sabalsagaray


Coautoría. Uno de ellos, Dalmao, está en actividad y es el jefe de la Divisón de Ejército IV.

La Justicia recibió en las últimas horas el primer pedido de procesamiento de un oficial en actividad por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la última dictadura. El pedido fue formulado en la causa por la cual se indaga el crimen de Nibia Sabalsagaray, en 1974.

La República. 14 10 10. Mauricio Pérez

La fiscal Mirtha Guianze solicitó, en las últimas horas, el procesamiento con prisión del general Miguel Dalmao y el general (r) José Nelson Chialanza por el "homicidio muy especialmente agravado" de la militante de la UJC, Nibia Sabalsagaray, en las entrañas del Batallón de Transmisiones Nº1 (hoy Batallón de Comunicaciones Nº 1), en mayo de 1974.

La representante del Ministerio Público analizó el voluminoso expediente y solicitó al juez penal de 10º Turno, Rolando Vomero, el enjuiciamiento de ambos oficiales como "coautores" del crimen de la joven. La imputación del delito en grado de "coautoría" implica que no pudo determinarse "la autoría material del homicidio", pero sí la responsabilidad de ambos imputados en los hechos, dijeron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

En este sentido, el pedido de procesamiento formulado por la fiscal Guianze implica la primera imputación contra un militar en actividad por los crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado en dictadura, ya que Dalmao es el actual jefe de la División de Ejército IV, con asiento en Minas.

Dalmao era uno de los principales implicados, por cuanto no sólo admitió ser integrante del S2 (inteligencia militar) en el Batallón de Transmisiones Nº 1, como "sustituto" del capitán Mario Cegnini (entonces bajo arresto disciplinario), sino que también por las declaracions contradictorias aportadas ante la Justicia en diversas etapas de la indagatoria.

En tanto, el general (r) Chialanza era el jefe del Batallón de Transmisiones Nº 1 cuando se produjo la muerte, presuntamente en torturas, de Sabalsagaray. Chialanza declaró ante la Justicia que los integrantes del S2 eran los únicos con potestades en la unidad para interrogar a los detenidos.

En este sentido, el juez Vomero deberá resolver si hace lugar al pedido de la Fiscalía. Ambos oficiales serán citados para audiencia ratificatoria (artículo 126 del CPP), donde podrán rebatir los argumentos utilizados por la fiscal Guianze para solicitar sus enjuiciamientos.

Contradicciones

El general Miguel Dalmao negó durante su última comparecencia ante la Justicia (marzo de 2010) cualquier implicancia en la muerte de la joven Nibia Sabalsagaray, manteniendo la versión aportada en 1974 ante el Supremo Tribunal Militar (STM), durante la indagatoria del caso en plena dictadura.

"Siendo aproximadamente la hora 12.10, el suscripto (Dalmao) recorrió los calabozos en los que se encuentran los detenidos por actividades subversivas, ya que pensaba hablar con la detenida Nibia Sabalsagaray Curutchet, y al asomarme a la celda número tres, notó que la mencionada se encuentra arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared que da a la cabecera de la tarima". "Una vez dentro de la celda constató que la prisionera estaba aparentemente muerta, solicitando de inmediato la presencia del enfermero de servicio y procediendo a comunicar el hecho", declaró Dalmao ante el STM.

Sin embargo, al comparecer ante la Justicia en 2006 el oficial afirmó haberse enterado de la muerte de Sabalsagaray "por información que circuló (en el Batallón) apenas constatado su deceso". Al ser interrogado durante su última comparecencia sobre las contradicciones existentes entre sus testimonios de 1974 y 2006, el oficial afirmó que en el último caso declaró "lo que tenía en el alma, sin asesoramiento jurídico ni haber analizado la documentación sobre el tema".

"Inconsistente"

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", dispuesta por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en octubre de 2009, implicó un resurgir en la indagatoria judicial por el crimen de Sabalsagaray.

El fallo del máximo órgano del Poder Judicial determinó la posibilidad de citar como "indagados" a una decena de militares, integrantes de Transmisiones Nº 1, en 1974. El hecho posibilitó un interrogatorio más profundo que el efectuado en 2006, cuando los efectos de la Ley de Caducidad aún estaban vigentes para el caso.
La indagatoria judicial permitió, además, deslegitimar la versión oficial de la dictadura, por la cual se catalogó el caso como "suicidio".

Sin embargo, una autopsia psicológica consideró "altamente improbable que la muerte (...) haya sido consecuencia de una conducta suicida", mientras un peritaje técnico forense consideró "imposible" que el cuerpo fuera hallado en la posición descrita por la versión oficial.

En este sentido, el médico forense Domingo Mederos consideró "inconsistente" la versión oficial, por cuanto Sabalsagaray debía medir 2,50 metros para ser hallada "arrodillada en el piso y colgando de un pañuelo anudado al cuello y a un hierro saliente de la pared", como afirmó Dalmao ante el STM. El hierro estaba a 1,80 metros del suelo.

La carrera de Dalmao

El general Miguel Dalmao ingresó a la Escuela Militar el 1º de marzo de 1970 y egresó como alférez del arma de Ingenieros el 15 de setiembre de 1973, ya en plena dictadura cívico-militar, integrando la promoción "Con libertad no ofendo ni temo".
Como oficial subalterno prestó servicios en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 3, el Batallón de Transmisiones Nº 1, el Estado Mayor del Ejército y el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 1, siendo promovido al grado de capitán el 1º de febrero de 1981.

Dalmao continuó su carrera dentro del Ejército hasta ascender al generalato el 1º de febrero de 2005, año en el cual fue designado director Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. El 1º de febrero de 2008 asume como Comandante de División de Ejército IV, cargo en el cual permanece hasta la fecha.

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Un pinchacito


Ex presos políticos presentarán recurso de revocación de un decreto reglamentario de la ley de reparación.

La Diaria. 14 10 10. Por Lourdes Rodríguez.

La asociación de ex presos y presas políticos Crysol se concentró ayer frente a la Torre Ejecutiva para pedirle personalmente al presidente José Mujica que reconsidere el decreto 294/010.

Entienden que éste “desconoce” el derecho previsto en la ley de reparación a que los beneficiarios opten entre prestadores de salud públicos y privados. Finalmente los recibió el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, quien expuso “razones económicas”.

El artículo 10 de la ley prevé que sus beneficiarios -ex presos políticos o niños nacidos en cautiverio- tendrán derecho a recibir en forma “gratuita y vitalicia” prestaciones médicas que garanticen su “cobertura integral de salud” en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)”. Crysol entiende que esto incluye tanto a los prestadores estatales como no estatales.

Éste era el alcance del borrador acordado con el Ministerio de Salud Pública. En cambio, el decreto reglamentario final establece que la atención se brindará sólo a través de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

El presidente de Crysol, Baldemar Tarocco, dijo en diálogo con la diaria que esta disposición no sólo “no respeta el espíritu de la ley” sino que tiene consecuencias directas en los beneficiarios. “Hay muchos de nosotros que estamos en tratamiento médico avanzado en una mutualista privada”, ejemplificó. “Es realmente sorprendente que el Poder Ejecutivo restrinja y cercene derechos explícitamente establecidos”, reza la carta que le dejaron ayer a Mujica.

Breccia les explicó, según Tarocco, que incluir a los prestadores privados tenía un costo de 86 millones de pesos contra 30, “aunque el ministro de Salud, Daniel Olesker, habló de 60 millones”. “No se puede cuantificar en pesos los derechos humanos ni resolver estas cuestiones en términos económicos”, reclamó Tarocco.

En el encuentro de ayer con el representante de Mujica se les dejó en claro que “no hay marcha atrás”, por eso llevarán adelante la impugnación del decreto, un mecanismo previsto en el artículo 317 de la Constitución, para lo cual cuentan con diez días a partir de su publicación en el Diario Oficial.

El abogado patrocinante, Pablo Chargoñia, explicó a la diaria que pueden interponer un recurso de revocación en tanto potenciales beneficiarios y en el entendido de que el decreto “se aparta de lo previsto en la norma legal”. “Hay que ejecutarla, no contradecirla”, resumió el profesional.

Toda autoridad administrativa -en este caso, el Presidente, actuando en Consejo de Ministros- está obligada a decidir sobre el recurso presentado en un plazo de 120 días, y en caso de que no lo haga se entiende que éste es rechazado. El objetivo de los ex presos es que el gobierno “advierta la ilegalidad” en que ha incurrido y apruebe un texto sustitutivo.

Público reconocimiento

Está pronto el “Certificado de reconocimiento” que acredita la “condición de víctima” y la “responsabilidad institucional del Estado durante la dictadura”, adelantó a la diaria el director general de secretaría del Ministerio de Educación y Cultura, Pablo Álvarez.

El texto, acordado en la comisión que trabaja en la aplicación de la ley de reparación, reconocerá a quien esté amparado en la norma y lo solicite “como víctima del accionar ilegítimo y/o del Terrorismo de Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985”.

El certificado también llevará la siguiente inscripción: “El Estado uruguayo reconoce la responsabilidad institucional que le cabe al haber afectado su dignidad humana por motivos políticos, ideológicos o gremiales”. Álvarez explicó que la entrega se realizará antes de fin de año en una ceremonia pública, que tendrá como objetivo el reconocimiento pero también será una “estrategia para que otras personas se enteren” de que pueden ser beneficiarias de la ley.

Korzeniak plantea otro plebiscito por Caducidad


SUGIERE SOMETER A CONSULTA POPULAR LA LEY INTERPRETATIVA

Últimas Noticias. 14 10 10


El constitucionalista José Korzeniak sugirió al Frente Amplio que reúna las firmas para plebiscitar el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad. La izquierda no lo hará y promoverá la votación el próximo miércoles en Diputados.

“Así como hubo dos plebiscitos en los que la ciudadanía resolvió no derogar la ley, me parece que lo más ortodoxo sería que se reuniera el 25% de las firmas de los ciudadanos para plebiscitar el proyecto interpretativo. Esa es mi posición y así lo he transmitido, como un insumo más", indicó Korzeniak a Ultimas Noticias. El ex senador socialista realizó su planteo ante la consulta de dirigentes del FA que le pidieron sugerencias para "reducir los flancos débiles" del proyecto de la izquierda.

La idea no será tomada en cuenta por la dirigencia frenteamplista. Esta noche la comisión especial designada por la Mesa Política para abordar el tema intentará llegar al texto definitivo. En principio, se eliminará la palabra "auténtica" de la parte donde se describen las características de la interpretación del texto constitucional y también se buscará dejar claro que no existe intención de incidir sobre las decisiones que adopte el Poder Judicial.

La comisión del FA pretende devolver el texto de inmediato al Parlamento para que el lunes lo vote la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados y el miércoles se convoque a una sesión extraordinaria de la Cámara para su aprobación por mayoría. "El proyecto ya fue estudiado por la Comisión y se trabaja sobre las sugerencias y observaciones que hicieron los catedráticos convocados. No hay más que hacer algunos ajustes de corte literario", aseguró el diputado Carlos Coitiño. Para el legislador, se trata de "una interpretación necesaria", por lo que, más allá de las objeciones que puedan existir, confía en que "primará la conciencia y más de uno lo va a acompañar. El FA no se puede meter en este momento en el camino de intentar otro plebiscito".

El análisis que esta noche realizará la comisión frentista tampoco incluirá los cambios sugeridos por Korzeniak en lo que refiere al contenido del proyecto. "Nosotros no trabajamos sobre ninguna alternativa. Los cambios serán de carácter técnico y, aunque puede haber otras opiniones, el proyecto es el que está y cuenta con el respaldo de toda la fuerza política y el gobierno", comentó el diputado Felipe Michelini.

Korzeniak dijo que realizó sugerencias respecto a la necesidad de limitarse a interpretar el artículo 72 de la Constitución sin aludir de manera directa a la Ley de Caducidad y su "inaplicabilidad". Entendió que una alusión de ese tipo "puede resultar invasiva de los fueros del Poder Judicial y terminar con un dictamen de inconstitucionalidad".

El artículo 72 establece el carácter constitucional del proyecto respecto a los "derechos inherentes a la personalidad humana", pero no aclara cuáles son. Korzeniak sugirió establecer que los derechos humanos contemplados por los tratados internacionales están dentro de esa categoría. "De esa manera se daría a esos tratados específicos un carácter constitucional, superior a cualquier ley y la norma podría ser aplicada para anular los efectos de la Ley de Caducidad. Me parece que es una idea más votable, que deja menos flancos abiertos", advirtió.
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miércoles, 13 de octubre de 2010

"Los crímenes no se pueden ocultar porque afloran en otras generaciones"



ENTREVISTA EXCLUSIVA. CON ESTELA CARLOTTO, PRESIDENTA DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

La presidenta de "Madres y Abuelas de Plaza de Mayo", Estela Barnes de Carlotto visitó nuestro país el jueves pasado. Se reunió con el presidente, José Mujica, ese mismo día y concedió una entrevista exclusiva a LA REPUBLICA.

Miércoles 13 de Octubre. Víctor Carrato

No saber. "No sabemos a quién se parecen, algunas abuelas no saben si es varón o mujer lo que estamos soñando encontrar".

Desaparecidos. "Encontrarlos y ver que nos acompañan que se realizan, que son libres, es maravilloso".

"Es una enorme satisfacción que José Mujica esté ejerciendo la Presidencia en el Uruguay de la manera en la que lo está haciendo, con su experiencia, su honestidad, su sentido crítico y realista", expresó Estela de Carlotto.

En Argentina fueron asesinados 30.000 ciudadanos de toda edad y condición social durante la última dictadura iniciada en marzo de 1976. Entre ellos se cuentan unos 500 pequeños de corta edad y criaturas en proceso de gestación que vieron la luz en las cárceles de la dictadura militar y que fueron robados por sus mismos secuestradores que los anotaron como hijos propios.

De ellos han aparecido hasta ahora 102. "Para buscar a esos niños, localizarlos y restituirlos a sus familias legítimas nació en octubre de 1977 la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo".

El jueves pasado las Abuelas de Plaza de Mayo aguardaban "con muchísima emoción y expectativa" el anuncio del ganador del premio Nobel de la Paz que se conocería al día siguiente. Finalmente las Abuelas fueron postergadas a pesar de que más de 25.000 personas expresaron su apoyo a su candidatura al premio Nobel de la Paz, entre ellas la presidenta argentina, Cristina Fernández, su marido y antecesor, Néstor Kirchner, así como el juez español Baltasar Garzón, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, que ganó el galardón en 1980. El escritor Eduardo Galeano, el cantautor español Joan Manuel Serrat, el pianista argentino Miguel Angel Estrella y Diego Maradona, ex seleccionador y astro del fútbol argentino, también apoyaron a las Abuelas para lograr ese reconocimiento.

Supongamos que mañana (por el viernes pasado) le dan el Premio Nobel de la Paz a las Abuelas de Plaza de Mayo, ¿qué significado tiene eso?

Con la ilusión que tenemos, la expectativa es muy grande y si a la mañana, como me han prometido, me llaman, no bien se sepa en Oslo la noticia, gritaré sola, festejaré sola, porque vivo sola.

Sin duda va a estar acompañada de muchos otros gritos y festejos en el mundo.
Lo que voy a hacer es llamar a mis compañeras para avisarles y decirles que vamos todas a la casa de las Abuelas en Buenos Aires y que inviten a los nietos, a los amigos y el periodismo porque va a ser realmente una fiesta, una alegría enorme. Significa mucho esto. Uno no le puede quitar importancia. Las Abuelas no estamos detrás de los premios sino que estamos detrás de la conquista de salvar a nuestros nietos de la vida mentida, no hay mejor premio que encontrar un nieto. Pero los premios ayudan, es un mimo, es un cariño.

Es un reconocimiento de una lucha que hemos desarrollado, durante 33 años, abriendo caminos porque nadie hizo esto antes. Nadie ha escrito esto antes, estamos escribiendo nosotros. Ya hoy podemos decirle al mundo entero que para que no pase nunca más, pero si llegara a pasar tienen toda una tarea de leer para saber qué se puede hacer, para romper los designios de una dictadura.

De manera que cuando fuimos avanzando, desde aquel comienzo, cada una haciendo y diciendo lo que podía y lo que sabía, mirándonos hoy todavía las Abuelas, en la comisión directiva que somos las que nos vemos cotidianamente, qué distintas que somos aún. Diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes ideologías políticas pero hay algo tan fuerte que nos une que es el amor por estos hijos que nos mataron, porque están muertos.

A mí me entregaron a mi hija asesinada y el resto ya sabemos y por esos nietos que no conocemos porque nacieron en cautiverio. No sabemos a quién se parecen, algunas abuelas no saben si es varón o mujer lo que estamos soñando encontrar. Encontrarlos y ver que nos acompañan que se realizan, que son libres es maravilloso. El premio Nobel ayuda a que esto se sepa, a los que ignoran en el país o quieren ignorarlo y al resto del mundo porque este es un delito, que si bien ocurrió en Argentina, afectó a toda la humanidad.

A veces yo leo en los periódicos sobre una niñita que se perdió en Italia y el mundo entero la busca, mientras que nosotros estamos buscando 400 de esos niñitos de entonces y hay que buscarlos. En soledad no se puede.

Uno de los primeros artículos sobre las Madres de Plaza de Mayo fue de Julio Cortázar que hablaba sobre las "locas" de Plaza de Mayo.

Sí, ese fue el mote que nos puso la dictadura porque consideraban que estábamos locas al afirmar que había desaparecidos. "Dicen que hay muertos y secuestros, ¿de qué están hablando? Déjenlas, no las molesten que son mujeres y se van a cansar", decían. Y se equivocaron mucho porque no nos cansamos. Vamos a dejar hasta el último hálito de vida en la lucha, tanto las Madres como las Abuelas de Plaza de Mayo, que somos doblemente afectadas porque somos madres y abuelas a la vez.

Si eso sirve, ¡qué bien que hace para cada una de nosotras que dejamos algo en este mundo! Que esa indiferencia, es falta de educación democrática que tuvimos, por la edad que tenemos, porque desde 1930 en Argentina hay dictaduras que entorpecen y cortan los períodos constitucionales.

No nos formamos en defender lo que tenemos que defender sino cuando nos tocaron un hijo y salimos con fuerza y escondimos los miedos. Esto hay que hacerlo visible no solamente para los argentinos sino para el mundo entero. Porque, atención, Argentina es un país extenso, rico, tiene todo y esto pasó.

Nadie puede decir que esto no les va a pasar. ¡Atención! Esto sirve para dejar sentada una historia visible del horror, de la muerte, de la miseria, del robo, del saqueo, de todo lo que hizo la dictadura, para que otros jóvenes como nuestros hijos, puedan pensar en libertad y no tengan miedo ni corran riesgos.

Pasar por este mundo luego de haber sido indiferentes a los golpes militares cuando éramos jóvenes, no salir nunca con un cartel a repudiar. Hoy sabemos que con piedras o con palos vamos a defender la democracia. Ya hemos aprendido mucho.

Ustedes han recuperado la identidad de muchos niños de aquella época y ahora acaba de aparecer otro más.

Sí, apareció el desaparecido 102 [hijo de María Graciela y de su marido Jorge Rochistein]. Cada caso tiene similitudes y diferencias. Cada chico reacciona viniendo solo, de motu propio, a buscar o que lo busca la justicia y se niega al reconocimiento. En este caso fue así, él se negaba, este chico está criado por un militar, él mismo es militar, o sea que le metieron la vocación.

Creo que se equivocó porque esto pasa, cuando este chico conozca y ya conoce, se abrió a conocer su historia, esa cáscara de crianza que les dan los represores para que sean enemigos de sus padres ideológicamente, se les cae. Después aparecen los Juan Cavandier, que es un chico que ahora es parlamentario, o sea sacan de papá y mamá la genética que los represores no les pueden dar porque son todas historias falsas. Así que con este chico, seguro que a corto plazo nos va a venir a visitar a las Abuelas, sobre las que habrá escuchado que "hay brujas que sacan sangre", esas somos nosotras y ahora verá que somos señoras que tenemos ganas de reír, de festejar, de vivir la vida que nos falta, pero siempre en un camino que no hay claudicaciones posibles.

¿Cómo van los juicios que actualmente se están desarrollando en Argentina?

Muy bien, en todo el país, en cada provincia, con sus represores a la vista, con sus centros clandestinos de detención, los testigos sobrevivientes, con gran valentía porque eso duele mucho. Son juicios orales y públicos muy importantes, desde el juicio contra Videla, que es el máximo exponente, hasta todos los que han sido partícipes conscientes de la represión, que se han enriquecido, que han robado, que han violado mujeres, desarrollando prácticas de torturas aberrantes.

Esos no pueden convivir dentro de una sociedad que quiere ser justa. Yo creo que esto va avanzando. Hay algunas oposiciones minoritarias, hay algunas personas que todavía se están reuniendo para vivar a los asesinos. Pero eso ya la sociedad argentina no lo acepta.

¿Usted va a ver al presidente Mujica hoy (por el jueves pasado)?

Hoy voy a ver a un querido amigo, conocido de muchos años, aunque no tantos como hubiese querido, asombrosamente presidente de este país. Cuando nos enteramos los que lo conocemos auténticamente como es él, nos asustamos un poco porque dijimos qué es lo que va a hacer, qué disciplina protocolar va a tener ese hombre, pero nos está asombrando muchísimo, porque es un sabio, es un hombre que tiene el interés puesto en el pueblo y eso es lo más importante en un hombre sano, un hombre honesto. Así que lo vengo a saludar, en nombre de todas las Abuelas, por supuesto y justamente, previo a la noticia que puede venir mañana.

Si no viene mañana el Premio Nobel, yo me levantaré no tan nerviosa, me levantaré más tranquila y voy a ir a trabajar con las otras abuelas y seguiremos buscando nuestros nietos.

Acá en Uruguay se presentó un proyecto para anular la Ley de Caducidad que actualmente está en discusión en el Parlamento, ¿cómo ven esto ustedes?

Yo creo que el pueblo uruguayo merece que exista verdad y justicia, real justicia, efectiva. La Ley de Caducidad tendría que haber sido anulada, no volver a un plebiscito nuevamente porque a veces, por confusión u otras materias que entran en este juego se vuelve a repetir la historia y hay algo que es humano, que es la historia de la humanidad: nunca los crímenes se pueden ocultar porque afloran en otras generaciones. Los nietos del franquismo siguen pidiendo por sus abuelos y por la verdad.

El holocausto no se olvida, la guerra, el genocidio armenio no se olvida. No se pueden olvidar los crímenes de Estado. Entonces esa ley debe terminar y que vengan unas leyes que lleven en tiempo y forma a la posibilidad de la condena a los que acá desarrollaron el terrorismo de Estado, es lo que merece el pueblo. Nosotros vamos a apoyar, como siempre, a nuestros amigos y compañeros de organismos de Derechos Humanos del Uruguay.

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martes, 12 de octubre de 2010

Crysol. La larga lucha por una reparación integral.


Brenda Falero y Julio Martínez. A las víctimas de la dictadura les cuesta asumir que tienen derechos.

Ex presos y exiliados buscan integrarse con todos los derechos al Sistema de Salud. Mañana tendrá lugar una movilización de Crysol, la organización que nuclea a ex presos políticos, exiliados y víctimas del terrorismo de Estado en general. Será a las 15.00 horas frente a la Torre Ejecutiva en reclamo de una integración plena al SNIS con la posibilidad de optar libremente por ASSE o por un prestador privado.

La República. 12 10 10. Julio Guillot |

Crysol surgió hace 11 años como apoyo para la reinserción laboral de los ex presos políticos y sus hijos, y en sus filas militan gentes de diversos orígenes políticos: hay tupas, comunistas, de la ROE, del PCR, y también orejanos, circunstancia que ha permitido que la lucha de Crysol se legitimara. Fueron ellos los impulsores principales de las leyes de reparación votadas en la Legislatura pasada por las cuales se empezó a hacer justicia: la 18.033 y la 18.596. Esas normas significan un avance más en la restitución de derechos, aunque no contemplan todas las aspiraciones de los interesados.

En la sede de Crysol hablamos con Brenda Falero y Julio Martínez, quienes expusieron la situación que viven actualmente. En primer lugar, ambos insisten en que la Ley de Caducidad es un fuerte obstáculo para la reparación integral que reclaman. "Según la resolución 60/147 de ONU, se consagran los derechos de restitución, reparación, indemnización, no repetición", afirma Julio Martínez. "Algo de eso se ha logrado, pero falta mucho aún, por ejemplo, queda pendiente la indemnización por la tortura y la prisión prolongada, y seguimos luchando por eso, porque no ha habido una reparación integral".

Entienden, asimismo, que la garantía de no repetición sólo se puede dar si se juzga a los ejecutores del terror y se conoce la verdad. No obstante, reconocen que la prisión de algunas de las más connotadas figuras responsables de delitos de lesa humanidad ha sido algo muy positivo.

Hay un hecho curioso que destaca Martínez, y es que a los ex presos, exiliados o los que vivieron en la clandestinidad les cuesta asumir que tienen derechos. Y esos derechos pasan, también, por la necesidad de atención psicológica para sus hijos, que ¬según afirman¬ sufren, muchas veces, las secuelas de una infancia con sus padres presos. Ahora están elaborando un nuevo proyecto de ley que llene los vacíos dejados en las leyes ya promulgadas.

Pero la movilización prevista para el miércoles está referida a la Ley 18.596, cuyo artículo 10 reza textualmente:

"Las víctimas definidas en los artículos 4º y 5º de la presente ley, que hubiesen permanecido detenidas por más de seis meses sin haber sido procesadas, o que hubiesen sufrido lesiones gravísimas a raíz o en ocasión del accionar de agentes del Estado o que siendo niños o niñas hayan sido secuestrados y hayan permanecido en cautiverio con sus padres, tendrán derecho a recibir en forma gratuita y vitalicia, si así lo solicitaren, prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su cobertura integral de salud en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sin perjuicio de las mismas, el Estado ofrecerá además, si así lo solicitaren, los apoyos científicos y técnicos para la rehabilitación física y psíquica necesaria para atender las secuelas que obstaculizan la capacidad educativa o de integración social de las víctimas. El Poder Ejecutivo reglamentará la modalidad y extensión de las prestaciones establecidas en los incisos precedentes".

Pues bien, en junio pasado, el Ejecutivo había redactado un decreto reglamentario de esa ley, por el cual se establecía lo siguiente:

"Tendrán derecho a recibir atención integral de salud gratuita y vitalicia, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud: a) las personas a que refiere el artículo 10 de la Ley 18.586 de 18 de setiembre de 2009, sus hijos y nietos, sean ellos biológicos o adoptivos. b) En caso de que quieran optar por un prestador privado, las personas beneficiarias de la Ley 18.033 de 13 de octubre de 2006, sus hijos y nietos biológicos o adoptivos". Y en su artículo 3º, establecía: "La atención integral de salud se brindará a través de los prestadores públicos y privados que integran el Sistema Nacional de Salud".

Este texto fue cambiado por otro, y el decreto finalmente aprobado en Consejo de Ministros elimina la libertad de opción. En efecto, establece, a texto expreso en su artículo 3º, lo siguiente:

"La atención integral de salud se brindará a través de la Administración de los Servicios de Salud del Estado", punto; se elimina de hecho la posibilidad de elegir un prestador privado.
Entienden Brenda Falero y Julio Martínez que se está ante un decreto ilegal pues violenta el espíritu de la Ley 18.696 y particularmente el artículo 10º de la misma que hemos citado más arriba. Recuerdan que la ley que creó el SNIS y el Fonasa establece claramente que los beneficiarios del Sistema Nacional de Salud pueden optar libremente por atenderse en el sistema público de ASSE o en el privado.

"Estamos ante un decreto restrictivo", sostiene Brenda Falero, "pues restringe el texto legal aprobado por el Parlamento y dice que sólo tienen derecho a la cobertura de salud que brinda ASSE, siendo que al integrarse al SNIS todo trabajador tiene derecho a elegir al prestador, sea público o una mutualista. Hay gente que hace treinta o cuarenta años que se atiende en una determinada mutualista, que tiene su médico de cabecera, y es muy injusto decirle que a partir de ahora, si quiere tener cobertura gratuita, tiene que irse de su mutualista. Por otra parte, el derecho a asistirnos en ASSE, ya lo tenemos; entonces, ¿qué beneficio tenemos?".

Ante esta realidad, los integrantes de Crysol piensan llevar adelante una acción ante el mismo Poder Ejecutivo, que es la autoridad que dictó el decreto. A partir de la presentación del recurso de ilegalidad, el Ejecutivo tiene 150 días para expedirse; en caso de que acepte su error, deberá modificar el decreto, y en caso contrario, habrá una instancia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Ejecutivo no tiene potestades para, mediante un decreto, modificar lo que se ha establecido por ley, según entiende Crysol.

"No sabemos por qué se trancó el primer decreto y se optó por este", dice Martínez, y agrega con ironía: "agarraron la motosierra de Lacalle...".

El motivo central de la movilización del miércoles 13 a las 15:00 frente a la Torre Ejecutiva es defender la libre opción en atención de salud, como lo marca la Ley 18.596, pero también estará presente la aspiración de que se llegue a una reparación integral, incluyendo en esa reparación la eliminación de la Ley de Caducidad.

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sábado, 9 de octubre de 2010

La impunidad local


DESAPARICIONES EN URUGUAY SÓLO PODRÁN SER JUZGADAS SI LA LEY DE CADUCIDAD QUEDA “SIN EFECTOS”

Caras y Caretas. 8 10 10

Los casos de desaparición de veinte uruguayos que quedaron archivados por el amparo de la Ley 15.848 sólo podrán volver a abrirse si en Uruguay se aprueba una ley que elimine la impunidad o si la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA obliga al Estado a “dejar sin efectos” la Ley de Caducidad.

TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy

Una veintena de casos de desapariciones forzadas de uruguayos que ocurrieron en el territorio nacional durante la dictadura y que fueron amparados por la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti podrán ser reabiertos en la justicia si el Parlamento “deja sin efectos” la Ley Nº 15.848, como reclama la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El Estado uruguayo ganó tiempo en la carrera contrarreloj que enfrentaba para eliminar la ley de impunidad de la normativa jurídica gracias el fallido golpe de Estado sufrido por el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, que provocó la posposición de las audiencias que entre el 4 y el 8 de octubre iba a realizar la Corte en Quito durante su 42º período de sesiones, en las que iba a tratar el caso Gelman.

El enjuiciamiento contra Uruguay se pospuso para la semana del 15 al 19 de noviembre, por lo que el gobierno y el Parlamento uruguayo ganaron más de un mes para aprobar y promulgar una ley que, sea cual sea su contenido, permita la reapertura de todas las causas ‘caducadas’ durante los gobiernos anteriores y que, con carácter retroactivo, establezca que ningún caso sea considerado ‘cosa juzgada’.

El Parlamento uruguayo tenía previsto iniciar la discusión del tema el 19 de octubre, fecha anunciada para que los legisladores debatan sobre un proyecto de ley interpretativo de la Constitución de la República por el que se establecería que los convenios internacionales ratificados por el Estado deben considerarse, junto con la Carta Magna, normas superiores a las leyes, decretos y demás resoluciones.

La eliminación de la Ley de Caducidad se convirtió en una urgencia para el sistema político uruguayo desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió enjuiciar a Uruguay ante la Corte Interamericana debido al reclamo de justicia realizado por el poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena, quienes exigieron la investigación de la desaparición de María Claudia García de Gelman, ocurrida en 1976.

Aunque el caso Gelman fue reabierto en la justicia uruguaya, luego de ser clausurado en dos ocasiones y amparado en la Ley Nº 15.848, el enjuiciamiento contra el Estado uruguayo continúa firme ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también incluyó en la causa la propia Ley de Caducidad, por considerar que su vigencia viola los convenios y convenciones internacionales firmadas por Uruguay.

CASOS CERRADOS

La vigencia de la Ley de Caducidad impide hoy la investigación judicial sobre los casos de desaparición forzada ocurridos durante la dictadura dentro del territorio nacional, que fueron reconocidos como tales por la Comisión para la Paz (Comipaz) del gobierno de Jorge Batlle y que aparecen en el libro Investigación histórica sobre detenidos desaparecidos, elaborado durante la administración de Tabaré Vázquez.

En su informe final del 2003 la Comipaz consideró confirmada la desaparición de 32 personas dentro del país. La misma cifra mantuvo la investigación sobre los desaparecidos realizada por el primer gobierno del Frente Amplio en 2006, a pesar de que en sus informes de 2005 las Fuerzas Armadas reconocieron que uruguayos secuestrados en el exterior en realidad fueron ‘repatriados’ ilegalmente a Uruguay.

De las 32 desapariciones admitidas por el Estado uruguayo, cinco eran ciudadanos argentinos que fueron devueltos a su país y continúan desaparecidos: los hermanos Lila y Claudio Epelbaum, en 1976;; Oscar de Gregorio, en 1977, y el matrimonio de Claudio Logares y Mónica Grispon (cuya hija Paula fue recuperada luego en manos de represores), en 1978.

De los 27 ciudadanos uruguayos que se aceptan como desaparecidos en el territorio nacional, tres casos ocurrieron antes del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 y no podían ser amparados en la Ley de Caducidad: Adán Ayala y Héctor Castagnetto, víctimas de los Escuadrones de la Muerte en 1971, y Roberto Gomensoro Josman, que aunque desapareció en marzo de 1973, fue incluido en la Ley 15.848 en 1987.

Veintitrés de los 24 casos restantes fueron denunciados ante la justicia penal apenas fue recuperada la institucionalidad democrática en 1985, pero 22 de ellos fueron amparados en la Ley de Caducidad por el presidente Sanguinetti, que sólo dejó fuera de la impunidad el caso del contador Juan Américo Soca, desaparecido en 1981, porque se trataba de un delito vinculado con un negociado económico.

Diecinueve de los casos amparados por la Ley de Caducidad fueron oportunamente denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que no ha conseguido respuestas favorables de parte del Estado uruguayo (desde los años de la dictadura hasta el presente) sobre lo ocurrido con esos ciudadanos víctimas de la desaparición forzada.

CASOS REABIERTOS

A pesar de la Ley de Caducidad, la justicia uruguaya ha podido investigar parcialmente algunos casos, como el de las víctimas de los Escuadrones de la Muerte durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, cuya instrucción está a cargo de la jueza penal de 8º turno, Graciela Eustachio, quien ya procesó a los ex policías Nelson Bardesio y Walter Freitas, a la vez que pidió la captura internacional de Miguel Sofía.

También la justicia ha podido actuar en aquellos casos de desaparición forzada en los que los cuerpos de las víctimas fueron recuperados en el marco de las investigaciones realizadas por un equipo de arqueólogos de la Universidad de la República, a pesar de que las causas originalmente habían sido archivadas por amparo en la Ley de Caducidad.

La desaparición de Roberto “Tito” Gomensoro Josman, que había sido amparada en la impunidad a pesar de ocurrir antes del golpe de Estado, se convirtió en asesinato desde 2002 cuando su cráneo fue identificado a pesar de que su tumba N.N. en el cementerio de Paso de los Toros había sido profanada. El caso, en manos de la jueza Lilián Elorriburu, llevó este año al encarcelamiento del coronel (r) Juan Carlos Gómez.

El caso de Ubagesner Chaves Sosa (desaparecido en 1976 y cuyos restos fueron hallados en 2005) es instruido como un homicidio por la jueza Mariana Motta, que en estas horas podría determinar el encarcelamiento de tres militares denunciados como responsables del crimen. Queda por juzgar el homicidio de Fernando Miranda, desaparecido en 1975 y hallado en una tumba del Batallón 13 en 2006.

Uno de los juicios de más largo proceso es el de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, secuestrada al refugiarse en la embajada de Venezuela en 1976. El caso, denunciado en 1985, fue ‘caducado’ en 1989 pero reabierto para actuar sobre los civiles implicados que no estaban amparados por la Ley de Caducidad. En abril último el juez Juan Carlos Fernández Lecchini condenó al ex canciller Juan Carlos Blanco.

Las desapariciones de Félix Ortiz y Antonio Paitta Cardozo, en 1981, no sólo fueron amparadas en la Ley de Caducidad, sino que cuando las víctimas recurrieron a la Suprema Corte de Justicia y denunciaron a la Ley 15.848 por inconstitucional, el máximo órgano judicial sentenció por mayoría que la polémica ley era constitucional. Ambos casos, como los de otros 20 desaparecidos en Uruguay siguen caducados e impunes.
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Dos oficiales de la FAU a prisión por el asesinato del comunista Chaves Sosa

Enrique Rivero y Araújo Umpiérrez. Les imputaron "homicidio político"; la misma tipificación que al dictador Bordaberry.

La Justicia procesó a dos oficiales de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) por el "homicidio político" de Ubagesner Chaves Sosa. Uno de ellos fue enjuiciado como partícipe directo de las sesiones de tortura.

"A pesar de todo el dolor guardado una sigue teniendo confianza y fe en la Justicia", dijo Isidora Musco, viuda del dirigente asesinado.

La República. 9 10 10. Mauricio Pérez |


La jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, dispuso ayer el enjuiciamiento de los oficiales de la FAU, Uruguay Araújo Umpiérrez y Enrique Rivero, por el "homicidio político" de Ubagesner Chaves Sosa, muerto durante una cruenta sesión de tortura en la Base Aérea Boiso Lanza, en mayo de 1976.

Es la segunda oportunidad en que la Justicia imputa este delito ¬de reciente aprobación¬ previsto por la Ley 18.026 del 25 de setiembre de 2006. La primera vez fue la propia jueza Mota, al condenar como coautor en febrero de este año al dictador Juan María Bordaberry por los homicidios de Chaves Sosa y del escribano Fernando Miranda, cuyos cuerpos fueron recuperados en noviembre y en diciembre de 2005, respectivamente.

En esta oportunidad, la magistrada analizó el cúmulo de la prueba acumulada durante el proceso e hizo lugar al pedido de la fiscal Ana María Tellechea de enjuiciar a ambos oficiales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 18.026, "ante la existencia prima facie de elementos de convicción suficiente para disponer sus enjuiciamientos", según indicaron fuentes judiciales a LA REPUBLICA.

En este sentido, la diferencia en la imputación de ambos oficiales refiere al grado de participación en el crimen del militante comunista, por cuanto Rivero fue enjuiciado en calidad de "autor", mientras Araújo Umpiérrez fue procesado por "coautoría", explicaron las fuentes.

"Según la prueba recopilada en el expediente pudo determinarse que Rivero estuvo presente en las sesiones de torturas; no necesariamente fue el único que lo torturó, ni la tortura infligida por él le causó la muerte, pero fue parte del proceso de torturas que finalmente le causó la muerte a Chaves Sosa", afirmaron las fuentes.

Por su parte, Araújo Umpiérrez fue enjuiciado por "coautoría", como "autor mediato" del crimen, porque "si bien no pudieron adjuntarse pruebas directas de su participación en la sesión de tortura, era el oficial responsable de dirigirlas y autorizarlas, como jefe del S2 en la Base Aérea de Boiso Lanza", agregaron.

Sin embargo, la jueza Mota no hizo lugar al pedido de la Fiscalía de procesar al oficial Alejandro López, por cuanto "su situación no está clara". "No está descartada su participación en los hechos, pero de momento no hay pruebas concretas, por lo cual deberán continuarse diligenciando nuevas medidas probatorias", expresaron las fuentes.

En este sentido, la magistrada dispuso la citación para mediados de noviembre de varios oficiales y subalternos activos en la Base Aérea de Boiso Lanza al momento de la muerte de Chaves Sosa, entre ellos el ex comandante en Jefe de la FAU, teniente general aviador (r) Enrique Bonelli, todos en calidad de "testigos", como informara LA REPUBLICA.

"La herida sigue abierta"

Isidora Musco, viuda de Ubagesner Chaves Sosa, catalogó como "positivo" el fallo judicial de la jueza Mota, disponiendo el procesamiento de dos oficiales de la FAU por el "homicidio político" de su esposo.

Notoriamente emocionada relató a LA REPUBLICA sus sensaciones al recibir la noticia. "A pesar de todos los pesares y de todo el dolor guardado una sigue teniendo confianza y fe en la Justicia; pasó mucho tiempo, 34 años, pero se alcanzó lo que se tenía que haber hecho mucho antes (porque) no es justo quitarle la vida a una persona solamente por pensar distinto", dijo Musco.

El fallo judicial "es ver cumplir un hecho positivo (porque) uno iba perdiendo cada vez más las esperanzas". La resolución "te conforma por un lado, pero el dolor siempre está presente, porque te truncaron todo, te rompieron todo, te deshicieron todo, tus sueños, tus esperanzas. De la mañana a la noche una se encuentra hueca, vacía, sin nada (...) y la herida sigue abierta", señaló.

En este sentido, Musco cuestionó la vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", ya que continúa amparando muchos crímenes de lesa humanidad. "Hay muchos familiares que siguen esperando, y duele, porque sigue siendo tuyo el dolor de los demás compañeros que siguen esperando una respuesta", afirmó Musco.

López Goldaracena; los fundamentos del fallo."La Ley de Caducidad es letra muerta"

El abogado querellante Oscar López Goldaracena destacó la resolución de la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, por cuanto "va en línea con los fundamentos de la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia".

"La fundamentación de la jueza es muy importante porque reafirma, un concepto ya utilizado por el máximo órgano del Poder Judicial", indicó En este sentido, "la aplicación del derecho internacional reafirma que la Ley de Caducidad es letra muerta".
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Caducidad: El FA introducirá modificaciones

Ley de Caducidad: se aplazó la votación de texto interpretativo.El lunes 18 se votaría en Comisión.Aplazamiento. Los legisladores se dieron un tiempo.


El aplazamiento para mediados del mes de noviembre decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las audiencias sobre el estado del juicio que Juan y Macarena Gelman han planteado en ese organismo de la OEA llevó a la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados a postergar para el lunes 18 de octubre, una vez aprobado el Presupuesto quinquenal, la votación de la ley que inhabilitará a la de Caducidad, proyecto presentado por el Frente Amplio.

En la tarde de ayer estaba todo decidido para darle la aprobación al proyecto pero, los cinco legisladores del gobierno propusieron al resto de los integrantes de la Comisión que ante el aplazo de la Corte Interamericana, se contaba con más tiempo para debatir el articulado.

El proyecto consta de tres artículos. El primero señala que el proyecto de ley es una interpretación auténtica (este término se eliminará) de la Constitución.

El segundo establece que los artículos primero, tercero y cuarto de la Ley de Caducidad son inaplicables por violar los artículos 472, 83 y 233 de la Constitución y finalmente que toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida o archivada por la aplicación de la Ley de Caducidad, puede continuar de oficio por la mera solicitud de un interesado o un ministerio público.

El presidente de la Comisión de Constitución, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay) comentó ayer a LA REPUBLICA que "el plazo que nos hemos dado permitirá avanzar en los cambios que pretendemos hacerle al proyecto". Orrico descartó que exista más de una opinión dentro del Frente Amplio en cuanto a la aprobación de la ley interpretativa.

La Comisión tiene, además de Orrico, a los diputados frentistas José Bayardi, Felipe Michelini, Aníbal Pereyra y Daisy Tourné. Por la oposición actúan Gustavo Borsari (PN), Fitzgerald Cantero (PC) y Gustavo Cersósimo (PC).

El lunes 18 el proyecto sería aprobado en Comisión e ingresaría al plenario de la Cámara de Diputados el miércoles 20 en una sesión extraordinaria. Originalmente, la idea era aprobar el proyecto el martes 19.

Con su media sanción, el proyecto será remitido en el día al Senado y aprobado en los primeros días del próximo mes de noviembre.
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viernes, 8 de octubre de 2010

Denuncian nuevo caso de desaparecido

Otro

La Diaria. 8 10 10. Por Lourdes Rodríguez.

Se trata de Alfredo Agustín González Sánchez, militante del Partido Comunista detenido en 1975. Su hermano, José Sánchez, decidió emprender la búsqueda. En ese camino el Ministerio del Interior le entregó un documento del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), pero los nombres de los responsables están tachados. Sánchez procura testigos e información para comenzar a atar cabos.

José tenía 12 años cuando capturaron a Alfredo, su hermano por parte de madre. “Ella ahora está muy viejita, pero fue hace poco que pudimos hablar del tema, aunque no se acuerda de nada, sólo de cómo era Alfredo”, explicó Sánchez, que aquel día estaba en su casa. Pero tampoco “recuerda mucho” cómo sucedió, dijo a la diaria.

Hace unos años hizo denuncias en la Jefatura de Policía de Montevideo y en Interpol pero no tuvo suerte. Ahora, señala, recibió respaldo de la Asociación de ex Presos y Presas Políticos Crysol y quiere seguir adelante.

“Yo no sé nada de estos temas. No soy mucho de la política. Estuve medio cabreado por la desaparición, pero los otros hermanos nunca se movieron”, relató. Asesorado, concurrió a la cancillería. Tras escucharlo, las autoridades de esa cartera dirigieron una carta a los ministerios del Interior (MI) y de Defensa Nacional, así como a la Comisión de Seguimiento, solicitando antecedentes de búsqueda de Alfredo González.

Defensa respondió que no encontró registros, pero Interior proporcionó sus números de cédula y de credencial -“que no los teníamos”- y un documento de la OCOA fechado en 1976 sobre la denominada “Operación Morgan”, lanzada desde 1975 contra los militantes comunistas.

En enero de ese año fue detenido González y en un archivo aportado se señala que era afiliado al Partido Comunista desde 1972 e integrante de la Seccional 17, de Piedras Blancas. Pero para abrir una causa penal necesitan más elementos, por eso Sánchez busca más información. “Sabemos que hay testigos porque un día vinieron a casa a decirnos ‘¡cómo mataron a tu hermano!’, pero ya no están más en el barrio... La política nunca fue lo nuestro”, dijo Sánchez en referencia a su familia.

Tachate ahí

El documento suministrado por Interior creó un antecedente que permitió a Sánchez hacer la denuncia formal de la desaparición de su hermano en esa dependencia. No obstante, en el escrito aparecen tachados todos los nombres, indicó a la diaria Lewis Rostan, integrante de la Comisión por la Memoria de Crysol.

Pero la censura en un escrito entregado a un familiar de desaparecido sucede siempre, aclaró, y citó el ejemplo de dos que fueron dados a Luisa Cuesta sobre su hijo, Nebio Melo, a los que la diaria pudo acceder.

La fecha de entrega es del 20 de julio de 2010 y están sellados por la Dirección Nacional de Información e Inteligencia del MI. Además, acredita que “es copia fiel” y aclara: “bloqueados datos de terceros”, amparándose en el artículo 14 de la Ley 18.331 de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data.

Esta disposición establece que la información proporcionada a los solicitantes debe ser “clara” y “exenta de codificaciones” aunque también dice que en ningún caso “podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado”.

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lunes, 4 de octubre de 2010

Espantemos a Sensemayá


Juicio por caso Gelman movilizó a decenas de personas aunque la instancia pasó para noviembre.

La Diaria. 4 10 10. Por Lourdes Rogríguez.

Cuando las organizaciones desplegaron la flor que ilustra la convocatoria, el viernes en la plaza Libertad, aún quedaban vestigios de las protestas contra la sublevación policial en Ecuador. Por los episodios del jueves, en Quito, se postergó la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) prevista para hoy. “No más gorilas”. “No pasarán”. Eso decían los carteles colgados en la plaza.

Una de las lecturas trazó la conexión entre ambos hechos a través de un cuento de Horacio Buscaglia, convertido en canción para no dormir la siesta: “Ni siquiera Sensemayá con todo su gran poder puede evitar que los animalitos de distintos bosques se ayuden entre ellos. Y eso a Sensemayá la Culebra la mata”. Es que el viernes se instaló en la plaza Libertad una carpa y se puso a disposición un micrófono para quien tuviera ganas de sumarse a la “maratón de lectura” con fines de “construcción colectiva de la memoria”. La consigna: “Iguales y punto”.

La audiencia se trasladó para el 15 de noviembre y será en Quito. Antes de conocerse el aplazamiento, el canciller Luis Almagro declaró a Radio Uruguay que “en este momento” ésa sería la decisión “más conveniente”. Macarena Gelman había partido en la mañana del jueves a Quito, pero la ocupación de los aeropuertos la dejó varada en Lima junto con sus abogadas, Liliana Tojo y Ariela Peralta. El historiador Gerardo Caetano, la fiscal Mirtha Guianze y Sara Méndez -que comparecerá en lugar de Eduardo Galeano- partían el sábado, pero cancelaron el viaje.

En su intervención, el periodista Gabriel Mazzarovich, quien declarará ante la CIDH por escrito, destacó dos momentos claves en ese proceso: el plebiscito de 1980 y la restitución de Macarena en 2000, en el marco de una investigación periodística realizada por él y Roger Rodríguez, quien también dará su testimonio por escrito.
“Ocho días antes de anunciar su aparición, el entonces presidente Julio María Sanguinetti dijo: ‘En Uruguay no hay niños desaparecidos, eso pasó en Argentina’”, recordó Mazzarovich. También denunció el papel de los “grandes medios” por no informar sobre el proceso de búsqueda de Juan Gelman, abuelo de Macarena, y contó las amenazas recibidas, realizadas por militares, durante la investigación periodística. Mazzarovich adelantaba así parte de su comparecencia frente a la CIDH, un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos. “Pasaron 11 años y el Estado, con más recursos que nosotros y menos dificultades, no avanzó nada”, subrayó en referencia al paradero aún desconocido de María Claudia García de Gelman.

Una cosa no quita la otra

La movilización quedó enmarcada en el inminente tratamiento del proyecto que dejaría inaplicable la Ley de Caducidad. Para ese día convocaron a estar presente en los alrededores del Palacio Legislativo. “Que no por estar dispersos somos pocos los que juntando fuerza y organizándonos como podíamos logramos reunir hace poco menos de un año 1.105.768 voluntades que dijeron Sí a anular la ley de impunidad” se dijo el viernes. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena, explicitó su apoyo a la iniciativa.

Para el tratamiento parlamentario, el Frente Amplio había marcado los tiempos en función de los plazos de la CIDH. Los diputados del oficialismo pretenden mantener ese cronograma a pesar de la postergación de la audiencia, aunque si esta semana aparece otra propuesta será analizada, según dijeron a la diaria.

Recordaron, por ejemplo, que el Partido Nacional solicitó un informe de los representantes de cancillería luego de la sesión. De todas maneras, si los planes no cambian, el 19 de octubre el proyecto será discutido en la Cámara de Diputados.
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jueves, 30 de septiembre de 2010

Ex embajador Magariños reconoce que crímenes de Michelini y Gutiérrez Ruiz fueron acto oficial

Ex embajador de la dictadura. Envió télex al canciller Blanco el 20 de mayo a las 7.59 horas


Embajador de la dictadura, Dr. Gustavo Magariños reconoció que el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz fue "un acto oficial aunque no reconocido". ¿Quiénes integraban la Embajada uruguaya en Argentina?

La República. 30 9 10. Víctor Carrato |


Varios documentos encontrados en la Cancillería uruguaya, de la época de la dictadura, comprometen seriamente a civiles no amparados por la Ley de Caducidad, entre ellos se encuentra el ex embajador de la dictadura en Argentina, Dr. Gustavo Magariños.

Uno de los sobrevivientes del centro de torturas conocido como "Automotores Orletti", Sergio López Burgos aportó documentación encontrada en la cancillería uruguaya que prueban la participación de civiles, miembros de la diplomacia uruguaya, en la coordinación represiva del Plan Cóndor orquestado por las dictaduras del Cono Sur.

"La coordinación represiva en estos países era totalmente institucional", declaró Sergio López Burgos ante el tribunal argentino que juzga la masacre llevada a cabo en Orletti.

El testimonio agrega que "dentro del plan de represión, la Cancillería y la embajada uruguaya en Argentina, con Gustavo Magariños al frente, cumplían roles muy precisos. Informaban paso a paso sobre el accionar de los uruguayos en Argentina, a tal grado eso era así que el Dr. Magariños escribe un télex el 20 de mayo a las 7.59 horas de la mañana, dirigido al canciller Juan Carlos Blanco diciendo que el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz "es un acto oficial aunque no reconocido".

Con total desparpajo, Magariños pide los antecedentes políticos de los dos legisladores asesinados a la cancillería". Los cuerpos habían sido encontrados el día 21 de mayo a las 21.20 horas en la intersección de Perito Moreno y Dellepiane (ciudad de Buenos Aires).

El Dr. Gustavo Magariños se desempeñó como embajador uruguayo en Argentina entre 1977 y 1978 y reconoció, el 4 de setiembre de 2007, ante la Justicia la existencia de traslados clandestinos de presos políticos desde Buenos Aires a Montevideo, aunque dijo no tener vinculación alguna con las operaciones.

Tal cual lo consignó LA REPUBLICA, el ex diplomático declaró ante el juez Penal de 19º Turno, doctor Luis Charles y la fiscal Penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, en el marco del expediente que investiga una serie de cinco o seis traslados clandestinos registrados durante el año 1978.

En esa instancia, el Dr. Magariños reconoció la existencia de los traslados de presos políticos uruguayos detenidos en Argentina, aunque aseguró no tener vinculación alguna con esas tareas, las cuales explicó se realizaban sin participación de la Embajada.

Además, declaró desconocer la existencia de planes de coordinación entre los regímenes de facto de Uruguay y Argentina para el traslado de presos políticos entre ambos países.

El ex embajador reconoció haber recibido las circulares de la Cancillería donde se habilitaba a las misiones diplomáticas a enviar a Uruguay a personas exiliadas consideradas "peligrosas". Magariños dijo no haber dispuesto ningún traslado en cumplimiento de esas comunicaciones.

Sin embargo, los documentos hallados en los archivos de la cancillería uruguaya y agregados en la causa de Orletti por Sergio López Burgos demuestran la participación directa de Magariños y otros diplomáticos uruguayos en la coordinación represiva del Plan Cóndor. Ello fue así tanto para la tortura y el asesinato de uruguayos en Argentina, como para el traslado clandestino de uruguayos desde la vecina orilla hacia nuestro país.

Un télex enviado, fechado el martes 5 de octubre de 1976, por el coronel Machado, militar uruguayo, al coronel Villagrán, en el cual le comunica al agregado aeronáutico en Buenos Aires, que tenían que esperar por el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) destinado a trasladar a 24 uruguayos capturados en Argentina, entre los que se encontraban el declarante Sergio López Burgos, la hija del senador Zelmar Michelini, Margarita y su marido, entre otros. Según el documento del coronel Machado, no era posible enviar el avión de la FAU porque no lo podían enviar en esa fecha sino hasta el viernes siguiente.

El avión de la FAU fue finalmente utilizado para el traslado de los detenidos del llamado segundo vuelo que fueron todos asesinados tras haber estado detenidos en el Servicio de Inteligencia de Defensa (SID) de la calle Bulevar Artigas y Palmar, que será destinado a Museo de la Memoria.

A mediados de diciembre de 1976, el teniente coronel José Gavazzo se había traído una parte del dinero que era reclamado por los represores argentinos que comandaban Orletti, a cargo de Aníbal Gordon, según declaraciones de López Burgos a LA REPUBLICA.

En ese momento es que cambian al coordinador uruguayo del Plan Cóndor en Argentina, que hasta entonces había sido el ex mayor Ricardo Arab, hoy detenido en la cárcel de Domingo Arena, que estaba en Buenos Aires durante muchos meses y fue el responsable de los llamados primer y segundo vuelo. "Entonces destacan a otro oficial uruguayo, un mayor que estaba con nosotros en el SID hasta ese momento. Cuando cierran Orletti por la fuga de uno de los detenidos, se le ocurre a este mayor ponernos una reja a los que estábamos presos en el SID.

El 12 o 15 de diciembre de 1976 nos trasladan a los penales y quedan en el SID cinco personas y es entonces cuando vienen Gordon y Patti a la sede del SID a reclamar por el dinero que Gavazzo se había traído", declaró López Burgos.

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Ante la aprobación del Decreto Reglamentario del Artículo 10 de la Ley 18 596

Resolución adoptada por el Plenario

La anterior administración aprobó leyes muy significativas y valiosas para las víctimas del Terrorismo de Estado y para el país todo: la ley 17 949, la ley 18 026, la ley 18 033 y la ley 18 596, entre ellas.

La Ley de Reparación 18 596, una ley cuya presentación ante el Parlamento era prerrogativa del Presidente de la República, fue presentada el 4 de mayo de 2009 por parte del Poder Ejecutivo conteniendo el Artículo 10 (Reparación en Salud).

La presentación de un anteproyecto de ley supone siempre, necesariamente, varios pasos. Entre ellos, hacer el costeo del mismo, es decir, evaluar y prever el costo económico que para el Estado supondrá la aprobación del mismo.

Esta labor tan importante, normalmente, la lleva a cabo el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En ocasión de la presentación del proyecto de ley de reparación, además, es pública y notoria la incidencia negativa que tuvo dicho ministerio en las características de la misma.

El anteproyecto de ley de reparación que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el 4 de mayo de 2009 ya establecía el derecho a la atención gratuita y vitalicia para los ex presos políticos, entre otros grupos de víctimas, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

El Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), creado por la Ley 18.211 de 5 de diciembre de 2007, establece que el mismo está conformado por el sistema mutual privado y el sistema mutual público (ASSE).

El proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo concedía a las ex presas y a los ex presos políticos el derecho de elegir a que prestador de salud recurrir. Se consagraba el derecho para los ex presos políticos de optar por el prestador de salud que cada uno estimara conveniente o apropiado.

Durante el trámite parlamentario del proyecto, este aspecto sustancial y básico del Artículo 10 no fue alterado ni modificado.

La Cámara de Senadores incorporó al Artículo 10, dándole rango legal, al Decreto 268/08, a instancias del magnífico trabajo realizado por la Comisión de Salud de Crysol.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley enviado por la Cámara de Senadores, sin hacerle ninguna modificación, el 9 de Septiembre de 2009.

En todas las leyes que se sancionan, si el Poder Ejecutivo está en desacuerdo con ellas, tiene, durante 10 días, la potestad constitucional de vetar, total o parcialmente su contenido.

El Poder Ejecutivo manifestó su conformidad con el proyecto, y promulgó la ley votada por el Parlamento, con fecha de 18 de Septiembre de 2009. Por lo mismo, la ley entró en vigencia a partir de dicha fecha.

El Decreto Reglamentario del Artículo 10 de la Ley Nº 18.596 que el Poder Ejecutivo acaba de aprobar, otorga la atención en salud, para las ex presas y los ex presos políticos, pura y exclusivamente, en el ámbito de ASSE y difiere sustancialmente con el proyecto de decreto que fuera presentado por el Ministerio de Salud Pública el pasado 23 de junio de 2010.

El decreto aprobado por el Poder Ejecutivo limita, restringe, cercena, el derecho a la libre opción del prestador de salud que la ley 18 596 nos otorgó a todos los ex presos políticos.

De acuerdo a las disposiciones constitucionales vigentes, el Poder Ejecutivo no tiene potestades legales para modificar el contenido de las leyes que aprueba el Parlamento aunque se le haya conferido la potestad de reglamentar la modalidad y la extensión de dicho beneficio en la Ley 18 596.

Esta eliminación del derecho consagrado a elegir el prestador de salud, se lleva a cabo, en el decreto, sin ninguna fundamentación, ni jurídica ni política por parte del Poder Ejecutivo y es, a todas luces, un franco retroceso en el camino por lograr la Reparación Integral que las normas de DDHH establecen.

Crysol, como representante de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay, no puede aceptar que, violentando las disposiciones propias del sistema constitucional vigente en el país, el Poder Ejecutivo restrinja los derechos consagrados por la Ley Nº 18 596 en materia de atención en salud.

Representamos a los miles de ciudadanos que durante el período iniciado el 13 de junio de 1968 y que desembocara en el terrorismo de Estado sufrieron apremios, torturas, prisión ilegítima en condiciones de reclusión aberrantes, diseñadas específicamente para la destrucción física, psíquica y moral, que cuentan, además, por lo mismo, como ya se ha demostrado, científicamente, con menores expectativas de vida que el resto de la población.

A 25 años del retorno a la institucionalidad democrática, por la cual tanto luchamos las ex presas y los ex presos políticos junto a los trabajadores y el pueblo, el Estado uruguayo no ha cumplido cabalmente con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos, específicamente, la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y tampoco con la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles inhumanos y degradantes.

Para superar las heridas aún abiertas del período iniciado el 13 de junio de 1968 y que desembocara en el período más oprobioso de la historia uruguaya, Uruguay sigue necesitando aprobar una Ley de Reparación Integral que cumpla con los estándares internacionales. Dejar sin efecto la Ley de Caducidad, ya declarada inconstitucional para una caso por la Suprema Corte de Justicia, es un paso importante para eliminar una de los estamentos fundamentales de la impunidad.

La batalla por afirmar la democracia, los DDHH y los valores y la cultura destinada a profundizar el Estado de Derecho no se agotan en dicha instancia y seguiremos, empecinadamente, bregando por ello como colectivo organizado.

Por todo lo anterior, el Plenario de Crysol resuelve:

1. Rechazar la interpretación que realiza el decreto reglamentario del Artículo 10 de la Ley Nº 18.596 aprobado por el Poder Ejecutivo por cercenar en forma ilegítima los derechos consagrados en la misma a las ex presas y ex presos políticos.

2. Encomendar a la Comisión Directiva de la institución que lleve a cabo todas las gestiones y tratativas políticas, tanto a nivel nacional como internacional, que considere pertinentes para revertir esta negativa situación.

3. Organizar institucionalmente a todas y a todos los ex presos políticos que quieran recurrir en forma individual dicho decreto, contratando a tales efectos al Dr. Pablo Chargonia y autorizando a la Comisión Directiva a proceder en tal sentido.

4. Demandar una rápida y efectiva implementación del decreto al Ministerio de Salud Pública sin perjuicio de llevar a cabo las otras acciones aprobadas.

5. Llevar a cabo una concentración el día miércoles 13 de octubre de 2010, a la hora 15 en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva en Presidencia de la República.

6. Difundir entre todo el colectivo lo actuado y logrado hasta el momento por la Comisión de Salud de Crysol.


Montevideo, 29 de septiembre de 2010

Muchachas de Abril 2025

Asado CRYSOL 2022

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol



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Día del Liberad@

Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich

Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social

Conferencia de Prensa en Crysol

Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@

Salsipuedes

Salsipuedes
Abril de 2010

Vocal

Vocal
Chela Fontora

Vicepresidente

Vicepresidente
Baldemar Taroco

Tesorero

Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz

Secretario

Secretario
Enrique Chalar

Presidente

Presidente
Gastón Grisoni