Corte Interamericana de DDHH

 Elena Zaffaroni declaró ante la CIDH y reclamó que el Estado uruguayo  obligue a los militares a entregar los archivos operativos de la dictadura

La diaria - 17 de junio de 2021

Este miércoles comenzó la audiencia por el asesinato de “las muchachas de abril” y las desapariciones de Luis Eduardo González y Óscar Tassino.

Acto recordatorio de las Muchachas de Abril (archivo, abril de 2014). Foto: Javier Calvelo

La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este miércoles la audiencia de la causa que investiga la responsabilidad del Estado uruguayo y las dificultades en el acceso a la Justicia en los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurrido el 21 de abril de 1974, y las desapariciones de Óscar Tassino, en el centro de torturas La Tablada, en julio de 1977, y de Luis Eduardo González, en el Regimiento de Caballería 6, en diciembre de 1974.

 

En la primera jornada de la audiencia declararon Elena Zaffaroni, esposa de Luis Eduardo González, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, y el abogado especializado en Derechos Humanos Pablo Chargoñia. En la segunda jornada las partes presentarán sus alegatos finales.

 

En sus declaraciones Zaffaroni se refirió a las circunstancias de la desaparición de su esposo, la responsabilidad del Estado, el rol de la verdad y los límites del Poder Judicial en el acceso a la verdad y la necesidad de que la CIDH reclame al Estado que exija la entrega de los archivos operativos de la dictadura. Además habló de la connivencia entre el poder militar y el poder político y de la necesidad de un quiebre que deje definitivamente atrás al terrorismo de Estado y que permita cesar el crimen de la desaparición.

 

“Ese día, el 13 de diciembre [de 1974], van a mi casa a las tres de la mañana muchos oficiales y soldados y nos llevan detenidos al cuartel que luego supe que era el 6 de Caballería [...] A mí me llevan en varias oportunidades a verlo, yo estaba embarazada, para que él vea mi presencia, lo que le hacen para que sienta mis quejas y presionarlo más. Lo veo en varias oportunidades en el mismo cuartel y el 25 de diciembre [...] nos ponen juntos, encapuchados, porque le proponen el chantaje de nuestra vida y de nuestro hijo, por su colaboración. Esa fue la última vez que lo vi, en un estado muy deteriorado físicamente, muy acosado por ellos. En ese momento no lo tomé como una despedida, que lo era [...] luego entendí que era una decisión que ya estaba tomada por sus torturadores, que lo iban a matar, todavía no sabíamos de las desapariciones forzadas”, declaró Zaffaroni en la audiencia.

 

Zaffaroni también se refirió al sufrimiento de su familia por la desaparición de Luis Eduardo González: “Mi suegra, Amalia, tenía 47 años y hace exactamente 47 años de los hechos, Amalia falleció este año, sin tener noticias, buscando desesperadamente a su hijo, como todas las madres, aceptando con inmenso dolor que no lo iba a encontrar [...] Mi hijo nació estando ya su padre muerto, por muchos años él se despertó en la noche en la hora que nos vinieron a detener, por muchos años, como un loco, con gritos de algo que no sabía qué era lo que le pasaba. Él pensó que como se llamaba igual lo iban a confundir y lo iban a matar o desaparecer, por años fue así cuando era niño”.

 

Al ser consultada por la representante del Estado uruguayo Pilar Álvarez sobre la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, Zaffaroni respondió que la Justicia no puede actuar sola y que necesita de los otros poderes del Estado para alcanzar la verdad sobre los hechos ocurridos durante la dictadura.

 

“La Justicia no puede actuar sola, es imposible que se imparta justicia si no tiene la información aportada por el Poder Ejecutivo”, señaló. Si bien reconoció el trabajo del fiscal Perciballe, planteó que aún en 2021 se desconocen los hechos. “Hemos seguido desparramando la impunidad de ese delito a toda la sociedad, los militares que cometieron ese delito fueron previamente ascendidos por la democracia”, subrayó, y recalcó que se desconocen los detalles de lo que hizo el coronel retirado Eduardo Ferro o Mario Aguerrondo, quien fue felicitado en su legajo por ser el ideólogo del operativo contra el Partido Comunista Revolucionario que culminó con la detención y asesinato de Luis Eduardo González.

 

Zaffaroni dijo que aspira a que el Estado los busque “como si buscara a sus hijos, con la misma desesperación que los buscaron sus madres”. “La reparación tiene que ver con lo que pasó, no es simplemente dar un dinero, la reparación es que esto no vuelva a pasar, y ¿qué es lo que no tiene que volver a pasar, si no sabemos lo que pasó?”, cuestionó.

 

Además, señaló que pidieron a todos los presidentes, después del regreso a la democracia, que incautaran los archivos operativos de la dictadura, pero no lo hicieron.

 

Zaffaroni valoró que se haya traspasado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo la conducción de las excavaciones y recordó que todos los hallazgos de restos de detenidos desaparecidos surgieron de información militar. “La idea no es que agujereen Uruguay, sino que les aporten los datos precisos, que están ahí y que nadie ha exigido”.

 

“Los hallazgos han sido siempre con alguna información militar. En el de Ubagesner [Chávez] es porque los datos estaban en la Fuerza Aérea [...] el de Miranda es porque entregaron un plano exacto de donde estaba, el del maestro [Julio] Castro y el de [Ricardo] Blanco hubo un militar que fue en reiteradas oportunidades al Batallón 14, que fue amenazado e intimidado para que no lo hiciera”, subrayó.

 

Por otra parte, destacó la falta de conocimiento sobre la forma en la que se seleccionó quiénes serían los asesinados: “15 días antes en el mismo cuartel, el mismo equipo de OCOA [Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas] y torturadores mata a otro militante y entrega su cuerpo [...] La Justicia que se ha abierto paso con una lentitud espeluznante, en la que se han muerto madres, en que nuestros hijos han envejecido, a nosotros ya no nos quedan tantos años por delante, mi hijo tiene 46 años y no hemos obtenido ninguna respuesta satisfactoria”.

 

Zaffaroni se refirió también al apoyo que tiene la búsqueda de la verdad en buena parte de la sociedad: “Esa es la única paz que ha dado a nuestras madres [...] que hay quienes siguen con estos principios de verdad y de justicia para la vida”.

 

Consultada sobre los intereses que mantienen la impunidad y el poder de quienes no brindan la información, Zaffaroni respondió: “Esta fue una dictadura cívico-militar y salimos de la dictadura con un pacto. Por qué ese pacto dura hasta 2021 y lo sostienen los distintos gobernantes no lo sabemos”. Zaffaroni cuestionó que los comandantes que brindaron o trasladaron información falsa sobre lugares de enterramiento no hayan sido destituidos en ese momento y recordó como “un gesto simbólico duro” la visita del expresidente José Mujica al general Miguel Dalmao, cuando estaba preso en la unidad de Coraceros.

 

En la audiencia también declaró como testigo pedido por el Estado uruguayo el fiscal Ricardo Perciballe, quien informó sobre el avance de los casos que involucran la causa en la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos], señalando que en el caso conocido como las “muchachas de abril” uno de los imputados podría ser procesado, ya que se resolvieron las excepciones de prescripción e inconstitucionalidad que presentó la defensa del imputado, mientras que hay otros dos exoficiales sobre los que aún está pendiente la resolución de excepciones de prescripción.

 

Con respecto al caso Tassino, señaló que, además del procesamiento de Ferro en octubre del año pasado, la Fiscalía solicitó el procesamiento de dos oficiales del Ejército y lo único que resta es el traslado de la requisitoria fiscal a la defensa y la jueza estaría en condiciones de tomar una resolución.

 

En cuanto a la desaparición de Luis González González señaló que se trata de una causa más compleja, en la que todavía no hay una imputación fiscal, pero aclaró que “están absolutamente identificados los hechos en la fase investigativa” y resta que se resuelvan excepciones de prescripción que han planteado los indagados.

 

En cuanto a los archivos de la dictadura sobre estos casos, Perciballe dijo que no tiene un dato objetivo para decir que esos archivos existen. “Uno tiende a pensar que existen y que en algún lugar están. Los servicios de inteligencia funcionaron, funcionan y funcionarán”. Consultado sobre la posibilidad de reclamarlos desde la Fiscalía, Perciballe planteó que podría “hacer una solicitud amplia al Ministerio de Defensa [Nacional] o al Ministerio del Interior, pero si no decimos dónde se pueden ubicar es difícil que se busquen”. “Esto debe ser parte de una política de Estado, y uno quiere creer que si existe la voluntad en ese sentido sería muy sencillo que el señor presidente de la República dispusiera al respecto”, opinó, al tiempo que aclaró que es un tema que excede a la fiscalía.

 

Por su parte, el abogado especializado en derechos humanos Pablo Chargoñia declaró como perito propuesto por la CIDH. En su intervención resaltó la disparidad de criterios en la Justicia uruguaya para tratar asuntos claves de las causas, como es el caso de la prescripción o la tipificación como crímenes de lesa humanidad.

 

“Los tribunales uruguayos no presentan una posición única sobre un asunto central”, señaló, y destacó su coincidencia con una de las resoluciones de supervisión del cumplimiento del fallo de la CIDH para el caso Gelman, que indicó que “persisten interpretaciones judiciales que no brindan la seguridad jurídica suficiente”.

 

Además, advirtió que en la medida en que se tipifican como delitos comunes acusaciones por delitos de tortura, que prescriben a los diez años, prescribirían este año, considerando el inicio del cómputo del plazo a partir de la derogación de la ley de caducidad, en 2011.

 

También manifestó su preocupación por la falta de una perspectiva de género en la Justicia en general y particularmente en los crímenes de lesa humanidad y resaltó la necesidad de una mayor formación en la materia.

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Las altas jerarquías del terror

 EL PROCESAMIENTO DE AGUERRONDO Y 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES

Samuel Blixen – Brecha -  11 junio, 2021 

El mecanismo de la cadena de mando en las Fuerzas Armadas ofrece evidencias sobre la responsabilidad de los jefes en los asesinatos y las desapariciones durante la dictadura. Esas evidencias apuntalan el currículum de terrorista de Estado del general Mario Aguerrondo, que acaba de ser procesado por torturas en el Batallón de Infantería 13.

Su traslado al juzgado en silla de ruedas reforzó la imagen de anciano desvalido y facilitó el pedido de prisión domiciliaria que sus abogados habían previsto para el caso de que la jueza penal de 27.o turno, Silvia Urioste, decretara su procesamiento. Y así fue. El general (r) Mario Aguerrondo, de 82 años, fue procesado el jueves 3 por los delitos de privación de libertad y violencia privada, es decir, la aplicación de torturas a prisioneros en el Batallón de Infantería 13. Regresó a su domicilio en parte lamentándose de su mala suerte: durante 45 años eludió su responsabilidad en desapariciones y asesinatos, crímenes por los que la Justicia no se pronunció todavía. 

La omertá de los terroristas de Estado podrá mantener el secreto de los lugares donde están enterrados los restos de los desaparecidos, pero el mecanismo de la cadena de mandos que rige la actividad militar hace, en parte, estéril ese esfuerzo, porque revela la responsabilidad de cada uno en aquellos delitos. 

Ese mecanismo parte del axioma de que toda acción responde a una orden del superior: la iniciativa es concebida en el marco de la orden,  y la autonomía es castigada. El eufemismo de la «pérdida de los puntos de referencia», que incorporó el general Hugo Medina para justificar las muertes en tortura, solo pretendía enmascarar la responsabilidad del mando. 

No hubo nunca un oficial degradado o sancionado por esas muertes y tampoco llevado a un tribunal de honor. Dos de los siete procesados por Urioste, los coroneles (r) José Gavazzo y Jorge Silveira, ya habían explicado detalladamente ese mecanismo en sendos tribunales de honor. Detrás del teniente, el capitán o el mayor que torturó, asesinó o desapareció prisioneros siempre hubo un oficial superior que avaló con su orden. Durante algún tiempo el argumento de la obediencia debida fue esgrimido para eludir la culpa, pero también para instalar una especie de chantaje: en 1986, en vísperas de la «solución» ensayada con la ley de caducidad, Gavazzo advirtió al comandante del Ejército, Hugo Medina, que si iba preso por cumplir órdenes, contaba todo. 

La ley de impunidad dilató durante un largo tiempo el castigo a los ejecutores directos, pero también encubrió a los jefes, muchos de los cuales alcanzaron en democracia las más altas jerarquías en la estructura militar. Desplegar en cada episodio la cadena de mandos significa identificar a los responsables, directos o mediatos. 

De ahí que Aguerrondo, identificado como torturador mientras actuó en el batallón 13 con distintos grados, todavía no haya respondido por otros episodios. Por ejemplo, como integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), fue el oficial responsable de la campaña contra el Partido Comunista Revolucionario, en 1974, y, como tal, responsable de la desaparición de Luis Eduardo González González. Siendo teniente coronel, en 1975 asumió la jefatura del batallón 13 y, como jefe, autorizó los enterramientos clandestinos en predios de esa unidad de Fernando Miranda y Eduardo Bleier. 

Puesto que el centro clandestino 300 Carlos estaba instalado en un barracón del Servicio de Materiales y Armamento (SMA), contiguo al batallón 13, y puesto que Miranda y Bleier fueron torturados en el 300 Carlos, es de presumir que los otros desaparecidos que fueron vistos por última vez en ese centro (Juan Manuel Brieba, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Elena Quinteros y Julio Escudero) también pudieron haber sido enterrados allí durante la jefatura de Aguerrondo. Y, por si fuera poco, hay otro eslabón: el jefe del SMA era, a fines de 1975 y 1976, el teniente coronel Juan José Pomoli Gambeta. ¿Acaso podía desconocer el infierno en que se había convertido uno de los galpones de la unidad a su mando? No podría alegar ignorancia: fue identificado como torturador de prisioneros. 

Para desentrañar las responsabilidades en la cadena de mando también es necesario determinar los eslabones de la estructura de funcionamiento. El OCOA 1, con jurisdicción en Montevideo y Canelones, fue un organismo represivo creado en el ámbito de la Región Militar 1 (después División de Ejército 1). El segundo jefe de la división era, a su vez, jefe del OCOA. 

En 1973, cuando el golpe de febrero, el jefe del OCOA era el coronel Luis Vicente Queirolo, y después lo fue el coronel Julio César González Arrondo, que permaneció hasta 1978. En la escala de mando, un teniente coronel era jefe de Divisiones, del que dependían la División Informaciones y la División Operaciones. En 1973 y 1974, el jefe de divisiones del OCOA era el teniente coronel Manuel Calvo Goncalvez y Mario Aguerrondo asumió temporalmente la conducción de la División Informaciones antes de pasar a la jefatura del batallón 13. 

Las dos divisiones del OCOA funcionaban bajo el mando de mayores. En 1976, el mayor Victorino Vázquez era jefe de «India» (Informaciones) y el mayor Ernesto Ramas, jefe de «Óscar» (Operaciones). 

El jefe de Divisiones era el responsable directo de los centros clandestinos de detención: el 300 Carlos, que comenzó a funcionar en el SMA en 1975, y La Tablada, desde comienzos de 1977. Por tanto, Calvo manejó los detalles y convalidó las desapariciones de los ocho prisioneros del 300 Carlos, así como Ernesto Ramas convalidó las desapariciones de La Tablada, a saber: Omar Paitta, Luis Eduardo Arigón, Amelia Sanjurjo, Óscar Baliñas, Óscar Tassino, Ricardo Blanco Valiente, Félix Sebastián Ortiz, Miguel Ángel Mato y Juvelino Carneiro. Ramas fue responsable directo de esas desapariciones, en la medida en que fue jefe de operaciones de los dos centros clandestinos para después asumir como jefe de divisiones del OCOA. 

El cuerpo de Blanco fue ubicado en un enterramiento clandestino en predios del Batallón de Infantería 14, que fue autorizado por el jefe de esa unidad, el entonces teniente coronel Regino Burgueño, cargo al que accedió después de revistar en el OCOA. Si se aceptan como ciertas las declaraciones de Silveira en un tribunal de honor, Burgueño también sabe dónde fue enterrado el cuerpo de María Claudia García de Gelman en el batallón 14. (Incidentalmente: es sugestivo que los dos predios del Ejército utilizados como cementerios clandestinos, los de los batallones 13 y 14, estén por fuera de la jurisdicción de la División de Ejército 1 y su personal responda directamente al Estado Mayor del Ejército, es decir, al comandante en jefe.)

De los siete procesados por Urioste, cuatro lo fueron por primera vez. Rudyard Scioscia era capitán cuando torturaba en el 300 Carlos y en el batallón 13 como oficial del OCOA. Mario Frachelle (a quien los senadores de la Comisión de Defensa recordarán por sus vehementes cuestionamientos a las modificaciones de la caja militar) torturó en el 13 siendo capitán. Otro tanto torturó Mario Cola, que en 1976 revistaba como teniente bajo las órdenes de Frachelle. 

A la lista de culpas no asumidas por Aguerrondo, el cuarto oficial debutante como procesado, hay que agregar su protagonismo en la desaparición y el asesinato del agente chileno Eugenio Berríos. Desde 1992 Aguerrondo ocupaba, ya como general, la jefatura de la inteligencia militar, la Dirección General de Información de Defensa (heredera del antiguo Servicio de Información de Defensa). 

Se le atribuye un papel protagónico en el ocultamiento de los responsables de los sucesivos atentados que sacudieron la presidencia de Luis Alberto Lacalle cuando este introdujo, mediante designaciones y pases a retiro, una sustancial modificación en la relación del poder interno militar. Prácticamente la última contribución de Aguerrondo a la línea que pretendía reforzar la influencia blanca en el Ejército fue el espionaje contra el general Fernán Amado, con la siembra de micrófonos en su despacho, donde ahora funciona, irónicamente, la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente.

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Cayó "Satanás" el jefe del Infierno Grande

Por Carlos Peláez - Facebook - 4 6 21

El general ( r ) Mario Aguerrondo es hijo del fundador de los Tenientes de Artigas, está involucrado a varias desapariciones, es sindicado como responsable de atentados contra Sanguinetti y otros, colaboró con Lacalle Herrera, fue el jefe del batallón de Infantería 13 conocido como “300 Carlos” o “el Infierno grande”.

 Coronel Mario Aguerrondo, 1975, cuando era jefe del Batallón 13 "El infierno grande".

La historia, y el fiscal Ricardo Perciballe, hicieron justicia. Ayer cayó un intocable, porque durante decenas de años los Aguerrondo padre e hijo fueron protagonistas de algunos de los sucesos más espantosos de nuestro tiempo y hasta ahora habían tenido impunidad. Se les terminó.

Ayer la justicia procesó y envió a prisión a 7 terroristas de Estado por las torturas infligidas a centenares de detenidos en el Batallón 13 de Infantería, ubicado en las avenida de Las Instrucciones contiguo a la virgen de Lourdes. Uno de ellos fue el general ( r ) Mario Aguerrondo Montecoral, quién se desempeñó como jefe de esa unidad cuando fueron desaparecidos allí Carlos Arévalo, Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Julio Correa, Julio Escudero, Fernando Miranda,  Otermin Montes de Oca y Elena Quinteros.

Entre noviembre de 1975 y enero de 1977 unas 500 personas fueron secuestradas, salvajemente torturadas, muchas mujeres violadas, en ese Batallón conocido como “El infierno grande”, “300 Carlos” o “La Fábrica”.

El padre golpista

De extracción nacionalista y católica, el general Oscar Mario Aguerrondo  se proclamaba herrerista. Fue Jefe de Policía de Montevideo entre 1959 y 1963, En 1964 fue ascendido a general. Fundó la Logia de los Tenientes de Artigas. Siendo general, comandó la región militar número 1 entre 1966-1967.  En esa época, había dos grandes corrientes ideológicas en las fuerzas armadas uruguayas, una de izquierda y otra "ultranacionalista". Aguerrondo estaba claramente alineado con la última.

En las elecciones de 1971 se postuló a la Presidencia de la República por el Herrerismo, acompañado en la fórmula por Alberto Héber Usher. Presidió el Centro Militar en el período entre 1972 y 1977. También presidió la comisión que dirigió la construcción de la represa de Palmar.

La logia Tenientes de Artigas nació  el 25 de agosto de 1965, según dijo a la revista Posdata uno de sus fundadores,  Alberto Ballestrino. “Ese día se reunieron el general  Mario Oscar Aguerrondo, el teniente coronel Luis Vicente Queirolo y yo. Se hicieron a lápiz los fundamentos de la logia y justamente yo fui el que los pasé a máquina”, agregó Ballestrino.

Pero  aunque no lo menciona, el ideólogo de la logia Tenientes de Artigas, fue el general Julio Tanco hombre de confianza de Luis Alberto de Herrera y Jefe de la Casa Militar.

Ballestrino dijo que “a partir de ese momento se empezó a invitar a los amigos que pensaban igual. Entonces ingresan Abdón Raymúndez, Amauri Prantl, Esteban Cristi; Eduardo Zubía. Era la gente más allegada a Aguerrondo.

Él era Jefe de la División I; yo era Jefe de la Guardia Metropolitana, Queirolo era segundo o tercer Jefe de Bomberos, el general Eduardo Zubía era Jefe de Bomberos (...) Raymúndez estaba en la Brigada de Infantería 1. Prantl... era Teniente Coronel también. Debía estar en el 13 de Infantería, una unidad de nuestro ejército. Es decir que había una cantidad de gente que tenía mando" . Los futuros generales Julio César Vadora, Boscán Hontou; Hugo Medina; Julio C. Rapela; Iván Paulós; Holmes Coitiño también eran miembros de los Tenientes de Artigas, dice Ballestrino.

Agregó que Aguerrondo "era esencialmente un militar, un militar un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados. Era un tipo de mentalidad germánica en los aspectos militares. Aunque él rechazaba, por ejemplo, el concepto de tropas políticas, propio de las SS... Aguerrondo siempre dijo: nosotros no somos nazis ni fascistas: somos orientales y nacionalistas doctrinarios" 

Las ideas de Aguerrondo seguían los lineamientos de la Unión Militar Española (UME), integrada por Francisco Franco, y de una organización peronista contemporánea.

Ballestrino indicó que "... en todos los Ejércitos se crearon grupos de oficiales de tendencia nacionalista para enfrentar lo que se temía como una gran subversión, es decir, un total vuelco de una modalidad histórica de un país... Los oficiales de los tenientes de Artigas eran fundamentalmente nacionalistas, con un gran porcentaje de oficiales creyentes en Dios, vamos a decir así... porque había algunos que no practicaban ir a la Iglesia, pero eran creyentes. Y de origen político, en su mayoría blancos herreristas, pero también había algunos colorados”. 

Otras fuentes definieron a "Aguerrondo como  un militar ultranacionalista y anticomunista que ejercía liderazgo sobre parte de la oficialidad. Su figura había estado asociada desde siempre a los rumores de golpe de Estado. Dentro y fuera del gobierno, mucha gente dudaba de sus convicciones democráticas (...)

Era un militar de línea dura y un hombre inclinado a los pronósticos agoreros. Su prédica tremendista y su influencia sobre muchos oficiales crearon tensiones inútiles y muchos problemas al gobierno de la época. Pero nunca parece haber ido más allá de las palabras. Nada de lo que ocurrió durante la crisis de 1964, ni antes ni después de ella, le impidió ser candidato a presidente en las elecciones de 1971" en las que obtuvo 228.569 votos (un 13,7% del total de votos), poco más de la mitad de los obtenidos por Wilson Ferreira Aldunate (439.649, un 26,4%).

El general Oscar Mario Aguerrondo falleció el 13 de setiembre de 1977.

Aparte de anticomunista, la logia se caracterizaba por una dura crítica a la clase política y a su corrupción, pero también por su posición de enfrentamiento contra los tupamaros. Todos los miembros deseaban una mayor incidencia en la conducción política del Estado. El hecho de que Aguerrondo pasase a liderar una parte del Partido Nacional junto con Alberto Héber Usher (tio del actual ministro de Interior)  luego de consultar a los miembros de la Logia indica sin embargo que en sus primeras épocas los Tenientes de Artigas no pensaban en la posibilidad de un golpe de estado” afirmó Ballestrino.

Sin embargo el 27 de junio de 1973 lo encabezaron. Nada mejor para ejemplificarlo que una de las más recordadas fotografías de ese noche  en la que se ve a un grupo de militares ingresando al Palacio Legislativo.

Salvo Gregorio Alvarez, todos los otros militares de esa foto eran Tenientes de Artigas.

El anticomunismo, el reconocerse como “militares” y otros asuntos que la historia no ha develado aún, llevó a los integrantes de la Logia Tenientes de Artigas y a la dirección del MLN-Tupamaros, a mantener estrechos vínculos por lo menos hasta marzo del 2015 cuando terminó su mandato José Mujica.

Alcanza con recordar el discurso del  entonces Comandante en Jefe, general Guido Manini Rios integrante de la Logia, en el sepelio del ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro.

El hijo torturador

La trayectoria del general Mario Aguerrondo, hijo de Oscar, fue menos visible pero más violenta. Como jefe del Batallón 13, definido como la cárcel secreta más grande de la dictadura, el militar torturó en persona a muchísimas de las personas que tenían secuestradas. Participó en las tareas de desaparición y enterramiento de por lo menos siete detenidos.

Los cuerpos de Fernando Miranda y Eduardo Bleier fueron encontrados en las excavaciones realizadas en esa unidad.

Mario Julio Aguerrondo Montecoral nació el 8 de octubre de 1938. Ingresó a la Escuela Mlitar el 16 de marzo de 1955. En 1967 como oficial superior estuvo a cargo del IMES, en el 69 cumplió tareas en la División 1 del Ejército. Entre 1972 y 73 se desempeñó como subjefe del Batallón 13 y a partir de 1975 y hasta 1978 fue el Jefe. En 1979 pasó como Jefe interino de Inteligencia militar y en 1982 en el ESEDENA (Escuela de Seguridad Nacional) se retiró en 1990 con el grado de general. Uno de sus hijos es actualmente Teniente Coronel.

Al regreso  de la democracia a partir de 1985, los Tenientes de Artigas fueron protagonistas de más de una docena de atentados con bomba, algunas contra el estudio de Julio María Sanguinetti, quién nunca ocultó sus sospechas, y dos veces contra el dirigente del PVP, Hugo Cores. En ese tiempo perdieron parte de su poder.

Pero lo recuperaron cuando asumió Luis Lacalle Herrera, porque el presidente no respetó el orden de “derechas” para el nombramiento de las jerarquías militares.

El general Aguerrondo, hijo del fundador de la logia y jefe de la Inteligencia militar, ordenó colocar micrófonos en el despacho del general Fernán Amado. Estalló una crisis interna, que se saldó con la renuncia al cargo de Agregado Militar en la embajada uruguaya en EE.UU adónde recién había sido nombrado.

La crisis se llevó al entonces Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Rebollo y también al ministro de Defensa, Mariano Brito. Comenzó un tiempo de persecución a militares colorados entre ellos los generales Fernan Amado, Raúl Mermot y Juan Curuchet.

Los atentados con bombas llevaban las pistas de la Policía siempre al mismo lugar: la sede de la compañía de Contrainformación del Ejército ubicada entonces en la calle Dante. Pero recibían una orden: no avanzar.

Una circunstancia concreta llevó a los Tenientes de Artigas a recurrir a los Tupamaros. La relación con Lacalle (padre) eran cada vez peores. Entonces hubo una reunión  de legisladores blancos con el ministro del Interior, Angel María Gianola, donde se habló de la intención del gobierno para transformar al Ejército en una Guardia Nacional, proyecto que alentaba el Departamento de Estado para los países más pequeños de América del Sur.

Miembros de la Logia obtuvieron una grabación de esa reunión y se la entregaron al MLN quién la publicó entera en el semanario Tupamaros.

Al comienzo de su segunda presidencia  Sanguinetti, tuvo que enfrentar otra crisis que se resolvió una madrugada del sábado aceptando la renuncia del Comandante en Jefe, Raúl Mermot.

La crisis se originó tras la decisión presidencial de rehabilitar a 41 oficiales que fueron habían sido sancionados por razones políticas durante la dictadura.

Mermot manifestó su desacuerdo con la decisión de Sanguinetti y anunció su retiro anticipado. Tras una larga reunión con el militar, Sanguinetti aceptó su renuncia y nombró nuevo jefe militar al general Néstor Bertrin, quien se desempeñó interinamente hasta que poco después se nombró a Fernán Amado.

Fue entonces cuando se descubrió una operación interna contra Amado. Militares vinculados a Inteligencia y relacionados con Aguerrondo (hijo) y los Tenientes de Artigas habían instalado micrófonos en una oficina privada que el Comandante en Jefe del Ejército tenía en la Galería Caubarrere.

En el 2017 el general (r ) Raúl Mermot fue denunciado ante la justicia  por “apología del delito” y fiscalía solicitó dos años de prisión. En un discurso pronunciado “el Día de los Caídos”, el militar había justificado la tortura pero la jueza Blanca Riero lo absolvió.

La logia recién volvió a recuperar poder con el acceso de la izquierda a la presidencia cuando se convirtieron en “referentes” para la política hacia las FF.AA. y algunos de sus integrantes llegaron a ser secretarios y asesores del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.

En febrero del 2015, antes de abandonar su cargo, el presidente José Mujica nombró a uno de los más importantes integrante de los “Tenientes” como Comandante en Jefe del Ejército. De ahí hasta hoy la historia de Guido Manini Ríos es por todos conocida.

Involucrados en varios atentados

La Logia Tenientes de Artigas estuvo involucrada en varios atentados con bomba, entre ellos: el estudio Jurídico de Julio María Sanguinetti y Edison Rijo, dos veces contra Hugo Cores, comités de base del FA y el empresario Walter Zeinal entre otros.

Pero además tuvieron un papel protagónico en el secuestro y asesinato del químico chileno Eugenio Berrios. Mario Aguerrondo supo desde el principio, protegió a los coroneles Tomas Casella y Eduardo Radaelli y colaboró para fraguar la coartada de la foto con el diario del día, junto a una carta de Berríos, con la que se pretendió probar que el agente chileno estaba en Italia. En realidad quién estaba en ese país, justo en ese momento, era Aguerrondo quién acompañaba a Lacalle en una gira europea. 

Fueron los Tenientes de Artigas quienes desde Inteligencia militar organizaron una red de espionaje sobre políticos, civiles, sindicatos y organizaciones barriales, que comenzó a funcionar apenas recuperada la democracia y duró por lo menos hasta el 2002, según lo probaron los denominados “archivos Berrutti”.

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Marcas indelebles

               HUELLAS DEL SUBCOMISARIO ZABALA EN LA BOTELLA DE VINO

                CON LA QUE FUE ENVENENADA CECILIA FONTANA DE HEBER

Samuel Blixen - Brecha - 4 junio, 2021

La extrema derecha militar y civil pretendió asesinar en 1978 a los tres principales líderes del Partido Nacional para impedir una apertura democrática. En las botellas de vino envenenado que se cobraron la vida de Cecilia Fontana de Heber, madre del actual ministro del Interior, aparecieron las huellas dactilares de Ricardo Zabala, el subcomisario y agente del SID cómplice del asesinato de Julio Castro.

El subcomisario Ricardo Zabala, antiguo segundo jefe de Brigada de Narcóticos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII), de la Policía, y miembro del departamento operativo del Servicio de Información de Defensa (SID), de las Fuerzas Armadas, aparece involucrado en la conspiración criminal que en setiembre de 1978 intentó eliminar a los tres principales dirigentes del Partido Nacional: Luis Alberto Lacalle, Mario Heber y Carlos Julio Pereyra.

Más recordado por haber sido el responsable del operativo que secuestró en la vía pública al periodista y educador Julio Castro, Zabala estampó tres huellas de sus dedos de la mano izquierda en la botella de vino envenenado que provocó la muerte instantánea de Cecilia Fontana de Heber, después de haber bebido un sorbo del líquido que contenía un potente plaguicida.

Miembros de un supuesto Movimiento Democrático Nacionalista habían depositado en la entrada de servicio de la residencia de Lacalle Herrera tres botellas Los Cerros de San Juan con tarjetas que individualizaban a los tres destinatarios. Un tarjetón proponía un brindis por una apertura política.

A instancias de su esposa, Lacalle prefirió deshacerse del líquido el mismo día que recibió la botella. El martes 5 de setiembre al mediodía, la esposa de Mario Heber (y madre del actual ministro del Interior) optó por probar el vino, con las trágicas consecuencias; Carlos Julio Pereyra entregó la botella a la Policía el miércoles 6.

Mario Heber, por entonces integrante del triunvirato, órgano de dirección del Partido Nacional, hizo la denuncia en la comisaría de la Seccional 10. Pero, inexplicablemente, la investigación del asesinato fue encomendada a la Brigada de Narcóticos de la DNII. En la misma tarde del martes 5, el comisario Hugo Campos Hermida trasladó dos de las botellas (las que recibieron Heber y Lacalle) a la Policía Técnica y solicitó análisis dactiloscópico y de presencia de tóxicos. El comisario recibió el resultado de los análisis al día siguiente, miércoles 6, cuando Carlos Julio Pereyra concurrió a Narcóticos para entregar la tercera botella y cuando, por coincidencia, estaba presente un oficial del Departamento III del SID, según el memorándum 1/78 de esa repartición de la inteligencia militar.

Por esa razón el informe de la Policía Técnica se refiere a dos botellas y no tres. En la que correspondía a Lacalle el informe anota: «[…] Ubicándose en una de ellas un rastro correspondiente al dedo Indice [sic] derecho del Sr. Luis Alberto Lacalle Herrera»; en la otra botella, destinada a Mario Heber, «se revelaron cuatro rastros dactilares, tres de ellos corresponden a dedos Indice Izquierdo, Medío y Anular [sic] de la misma mano del Sr. Sub-Comisario Juan Ricardo Zabala Quinteros, y un cuarto rastro de una huella muy borrosa», que no pudo ser identificada.

La presencia de las huellas de Zabala en una de las botellas nunca fue debidamente investigada. Como tantos otros aspectos de ese episodio, que pretendió descabezar al Partido Nacional (a saber: la maniobra para eludir una resolución judicial sobre la persona que escribió las tarjetas, una funcionaria policial sobre la que recaían los indicios o la ausencia de investigación sobre la eventual participación de elementos de extrema derecha), el papel jugado por Zabala nunca mereció una explicación razonable. Casi inmediatamente después del asesinato de Cecilia Fontana, el subcomisario Zabala fue destinado como guardaespaldas del entonces embajador Jorge Pacheco Areco y permaneció en Europa durante dos años. En 2007, cuando se reactivó la causa judicial, la jueza Gabriela Merialdo solicitó a la Policía Técnica todos los antecedentes sobre las huellas y los análisis toxicológicos. Pero no pudieron ser ubicadas ni las botellas ni los informes, cuyo destino se desconoce. Y cuando la magistrada solicitó la dirección del domicilio del subcomisario Zabala para someterlo a un interrogatorio que nunca antes se había hecho, el inspector mayor Luis Urrutia, encargado de la DNII, se negó a entregarla, sugiriendo que «las citaciones o tramitaciones con respecto al causante podrían hacerse a través de esta dirección nacional».

La manera en que hasta ahora –más de 50 años– el subcomisario Zabala ha logrado eludir el castigo por sus crímenes puede atribuirse en parte a su habilidad para sortear el lazo y en parte a la escasa voluntad de otros. Su nombre quedó ligado a la desaparición de Julio Castro desde que se conoció el testimonio de un soldado que prestaba servicios en el SID y que recibió la orden del propio Zabala de asistirlo en la detención del educador.

Como otros miembros operativos del SID –los mayores Pedro Mato y Walter Miralles, los capitanes Horacio Sasson, Omar Lacasa, Luis Maurente y León Cabrera, el coracero Ricardo Medina y el policía José Sande Lima–, el subcomisario estaba en comisión en el organismo de inteligencia y la designación correspondía a la evaluación de confianza y seguridad que requería la actividad de inteligencia represiva. 

Como lo prueba la documentación ubicada en el llamado archivo Berrutti, a mediados de 1977 Zabala asumía en ocasiones la representación del responsable del Departamento III (Operaciones), cuyo jefe era el teniente coronel José Gavazzo. Como integrante del Departamento III, Zabala operaba habitualmente en el centro clandestino de Millán y Loreto Gomensoro, conocido como La Casona, el destino a donde Zabala condujo a Julio Castro cuando lo detuvo en Rivera y Soca, el 1 de agosto de 1977. 

Dos días después, Julio Castro fue ejecutado de un balazo en la cabeza, después de haber sido torturado en La Casona. Su cuerpo fue enterrado en predios del Batallón 14 de Infantería, cuyo jefe era entonces el teniente coronel Regino Burgueño.

Puesto que no se recopilaron pruebas sobre los torturadores y los ejecutores materiales del asesinato (una lista muy acotada de los oficiales y policías del Departamento III del SID) la fiscal Mirtha Guianze y el juez Juan Carlos Fernández Lechini procesaron en marzo de 2012 a Ricardo Zabala por complicidad y encubrimiento del secuestro y asesinato de Castro. Pero, dos años después, Zabala fue absuelto del cargo de complicidad en homicidio especialmente agravado. Dado que Zabala había admitido su participación en el secuestro, la decisión de los integrantes del Tribunal de Apelaciones de Penal Cuarto, Jorge Catenaccio, Ángel Cal y Luis Charles, convalidada después en casación por cuatro miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) –Jorge Ruibal, Jorge Chediak, Jorge Larrieux y Felipe Hounie, con el voto en discordia de Ricardo Pérez Manrique–, tomó al pie de la letra la versión del procesado para contradecir a los magistrados de primera instancia. 

Así, defendieron el argumento de la obediencia debida asumiendo que el policía Zabala solo cumplía órdenes; desestimaron que hubiera cometido secuestro porque la detención de Castro «se llevó a cabo sin violencia, ni física ni moral», e hicieron abstracción del papel que cumplía el subcomisario en el SID para sostener que no estaba en conocimiento de la vigilancia y el seguimiento a que fue sometido el educador ni las razones de la captura. En definitiva, un policía ignorante de todo el contexto. Y, por tanto, temerariamente afirmaron que Zabala «no tenía elementos para poder evaluar que la persona [Castro] fuera a ser asesinada». Como no se sostuvieron razones para la afirmación, igualmente podría haberse sostenido lo contrario.

Para cuando el tribunal y la SJC emitieron sus fallos, que dejaron en libertad a Zabala, la Justicia ya estaba en pleno conocimiento de que las huellas del subcomisario aparecían en las botellas de vino envenenado. Pero nunca se confrontaron los distintos episodios del legajo del subcomisario, así como la doble función de policía y de oficial del SID parecen obedecer a vidas paralelas en universos paralelos.

La investigación que ahora lleva adelante el fiscal de crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe, a raíz del pedido de reapertura solicitado por Luis Alberto Heber a comienzos de diciembre de 2019, quizás permita reunificar esos universos paralelos del terrorismo de Estado.

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La bata manchada

                   MÉDICO MILITAR IMPUTADO POR ABUSOS 

                            A EX-PRESOS POLÍTICOS

Mauricio Pérez – Brecha - 28 mayo, 2021

La Justicia interrogó a un médico militar imputado por delitos de abuso de autoridad contra ex-presos políticos. Diversos testimonios lo ubican como un partícipe directo de la represión en el 300 Carlos y con activa participación en el parto de María Claudia García.

Ramón Rodríguez de Armas, médico imputado por torturas, junto a la abogada
Graciela Figueredo, a la salida del juzgado Mauricio Zina

Por debajo de la venda o directamente mirándolo a los ojos, una decena de ex-presos políticos reconocieron al médico militar Ramón Rodríguez de Armas como uno de los profesionales que los atendió durante su cautiverio y que controlaba las sesiones de torturas en centros clandestinos de detención durante la dictadura.

El jueves 20, Rodríguez de Armas compareció ante la Justicia, como parte del proceso de indagatoria penal por el secuestro de Enrique Rodríguez Larreta, reactivada en 2011 a partir de la denuncia penal presentada por Elba Rama y otras sobrevivientes del centro clandestino argentino Automotores Orletti. 

Fue una instancia clave para la causa. Sobre fines de 2020, el fiscal Ricardo Perciballe solicitó su procesamiento con prisión por un delito de abuso de autoridad contra los detenidos (La Diaria, 24-XII-20). Ahora, la jueza Silvia Urioste lo interrogó en audiencia ratificatoria, previa al dictado de su resolución. 

En ese ámbito, el médico militar intentó rebatir las acusaciones de decenas de víctimas que lo identifican como Óscar 5, integrante del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), activo en centros de represión como el 300 Carlos y la casona de Punta de Gorda, y en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), ubicada en Bulevar Artigas y Palmar. 

Esos testimonios señalan a Óscar 5 como partícipe del falso operativo del chalet Susy, en Shangrilá, mediante el cual se pretendió blanquear la situación de varios militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), detenidos en Argentina y trasladados ilegalmente a Uruguay en el primer vuelo de Orletti. Según esos relatos, fue el encargado de ocultar los rastros de la tortura y hacer que los detenidos tuvieran un mejor aspecto físico en el momento de la falsa detención. 

Alicia Cadenas declaró: «En un momento, cuando nos sacaron a tomar sol, el médico torturador Óscar 5 dijo: “A estos hay que darles algo para que se recuperen porque van a parecer cadáveres”». Incluso, algunos presos políticos señalan su participación en Orletti. Sergio López Burgos, fallecido en 2013, declaró que le dio una pastilla rosada cuando era torturado con la picana eléctrica y reconoció su voz «jadeante y asmática». 

En tanto, Elba Rama y Sara Méndez lo señalaron como el médico que asistía a la sede del SID para atender a María Claudia García, embarazada de su hija, Macarena. Cadenas dijo que el médico fue notificado por radio cuando la joven argentina estaba por dar a luz y que fue este quien ordenó que la trasladaran al Hospital Militar. 

IMAGEN IMBORRABLE

Tras el pedido de procesamiento contra Rodríguez de Armas, la indagatoria ingresó en sus últimas etapas. Esto implicó la declaración del imputado y de varios testigos, entre ellos, el expresidente de la Junta Anticorrupción y exintegrante del PVP Ricardo Gil Iribarne. 

En su declaración, a la que accedió Brecha, el exjerarca recordó que fue detenido en 1976, en Colonia, por actos de propaganda, y que fue trasladado a diversos centros de detención: el FUSNA, el Grupo de Artillería N.º 1 y el 300 Carlos (o Infierno Grande), ubicado a los fondos del Batallón N.º 13. Fue interrogado y torturado sistemáticamente. Y apuntó que las torturas se intensificaron en el 300 Carlos, tras la detención de los militantes del PVP en Argentina. 

En este marco, reconoció a Manuel Cordero y Jorge Pajarito Silveira como algunos de los partícipes de su tortura. Y aseguró que existe una persona que mencionó en anteriores declaraciones cuya identidad desconocía hasta hace poco: un médico que actuaba en el 300 Carlos bajo el alias Óscar 5. 

Según Gil Iribarne, a ese médico lo vio en cuatro oportunidades: «La primera vez le vi el rostro por debajo de la venda; la segunda vez no le vi la cara […] creo que fue él, pero con menos certeza». La tercera vez fue tras una importante lesión que sufrió en la tortura: «Al otro día va a revisarme, lo primero que me dice es: “Gringo, vos seguís acá –los oficiales me decían Gringo–, vos no entendés que estos te van a matar”, y ahí corrige y dice: “Bueno, te vamos a matar”». La cuarta vez fue tras ser golpeado reiteradamente con un rebenque: «Les dice que me tienen que tener boca abajo por varios días hasta que ceda la inflamación […] en esa oportunidad lo volví a ver, nunca me sacaron la venda, pero lo vi por debajo de ella». 

Ante la jueza, Gil Iribarne lo describió físicamente: «Era un hombre fornido, tirando a obeso, cabeza grande, peinado hacia atrás con el pelo chato, hablaba en voz baja. Yo calculo que tenía como 40 años. Se vestía de sport, saco y camisa sin corbata. De lo que no tengo mucha idea es de su estatura, ya que estaba acostado, parecía de estatura normal, pero no tengo referencia». 

Nunca más lo vio, pero en diciembre de 2020 pudo identificarlo: «Leí la información de que se lo acusaba de ser Óscar 5 a un médico llamado Ramón Rodríguez de Armas, una de las notas de prensa incluía una fotografía, que no tengo dudas de que se corresponde con quien yo conocía como Óscar 5. Reitero que siempre fui cuidadoso de no acusar a nadie si no estoy plenamente convencido». Por eso, decidió comunicarse con fiscalía. 

Tras ser interrogado por la defensa, Gil Iribarne confirmó la participación en actos aberrantes, al actuar en un galpón con gente torturada: «Estar atado y vendado durante meses y que me digan “te vamos a matar”, si eso no es aberrante, no sé qué es». Y afirmó que eso no es contradictorio con los tratamientos que les brindaban: «Obviamente no hizo nada por evitar la tortura […] como cuando me dio una inyección cuando estaba colgado, su objetivo no era cuidarme, sino que me siguieran interrogando». 

El jueves 20, la jueza Urioste interrogó a Rodríguez de Armas. En esa instancia, el médico –equiparado a teniente coronel– afirmó que trabajó en diversas instituciones, entre ellas, el Hospital Militar y que conocía a Pajarito (por Silveira), pero que no tenía ningún vínculo actual con él: «Creo que estuvo en el Hospital Militar, no lo sé decir». 

Durante la audiencia, se le preguntó si atendió a detenidos en el SID: «No, yo atendí en el Hospital Militar desde que ingresé hasta que egresé [entre 1971 y 1996] ». Al preguntarle si alguna vez fue al SID, también contestó en forma negativa: «Alguna vez me dejaban estacionar, pero dentro del SID nunca estuve. Solo en el estacionamiento». 

La jueza le preguntó si alguna vez había atendido a María Claudia García: «No, no tengo noción de quién es esa persona». También le preguntó si atendió partos de detenidas: «Pude haber atendido alguna en el Hospital [Militar], pero no sé diferenciar, no había diferenciación allí». Y admitió que en algunas oportunidades fue al penal de Punta de Rieles para hacerles los controles ginecológicos a presas políticas. 

En este contexto, el médico militar rechazó las declaraciones de un exoficial de la Fuerza Aérea, quien dijo conocerlo y lo asoció con la operativa del OCOA. Rodríguez de Armas dijo no saber quién es ese oficial y aceptó tener un careo para clarificar las diferencias entre ambas declaraciones. El careo se llevará adelante el 10 de junio. Luego, la jueza Urioste estará en condiciones de dictar su fallo.

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Otras piezas del engranaje

DETUVIERON EN ESPAÑA A COLABORADOR DEL FUSNA Y PIDEN SU EXTRADICIÓN

Por Mauricio Pérez

Brecha - 21 mayo, 2021

La Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad solicitó la extradición de Fleming Gallo, un exmilitante del Partido Comunista que colaboró activamente con el aparato represivo de la dictadura.

El delator, detenido en España, es investigado por la tortura de ex-presos políticos, incluida Graciela Villar, excandidata a vicepresidenta por el Frente Amplio.

Graciela Villar fue una de las militantes señaladas por el colaborador del FUSNA.

La Computadora era una agencia interna, creada en 1976, que funcionaba en dependencias del S-2 (inteligencia), en el Cuerpo de Fusileros Navales (FUSNA). Su cometido era sistematizar información de los interrogatorios a los detenidos y analizar la situación de las organizaciones políticas consideradas «enemigas» (véase «El extravío», Brecha, 15-I-16).

Para sus tareas, contaba con una estrecha participación de algunos detenidos que colaboraban con el S-2 en el análisis sobre la veracidad de las respuestas brindadas por el resto de los detenidos, que eran interrogados bajo torturas en esa unidad militar. Con estos elementos, la Computadora completaba fichas de los detenidos y elaboraba informes sobre las estructuras de las distintas organizaciones políticas perseguidas.

Uno de sus primeros colaboradores fue un militante del Partido Comunista del Uruguay (PCU), detenido a principios de 1976, sobre el final de la Operación Morgan, que se quebró durante la tortura y, azuzado por los oficiales del FUSNA, se transformó en delator. Pero no solo eso: tuvo una activa participación en el interrogatorio de varios de sus excompañeros de partido.

El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe solicitó, días atrás, la extradición de Fleming Julio Gallo Sconamiglio, aquel exmilitante comunista que se transformó en colaborador en la Computadora. Gallo fue detenido sobre principios de este año, en España, tras un pedido de captura librado en su contra en octubre de 2019, en el marco de una investigación por delitos de tortura contra ex-presos políticos en el FUSNA.

La extradición de Gallo fue solicitada tras una denuncia penal presentada por Mariana Felártigas, que incorporó los testimonios aportados hace más de una década en otro expediente por tres ex-presas políticas: Sandra Toledano, Beatriz Paciello y Graciela Villar. Las tres fueron detenidas en agosto de 1979 y trasladadas al FUSNA, donde fueron interrogadas y torturadas. Su otrora compañero tuvo un rol clave en esas detenciones y participó activamente de los interrogatorios, preguntando, pero también –en algunos casos– torturando. «Fuimos detenidas las tres juntas, después de que él nos ve», contó Villar a Brecha.

Villar y Gallo tenían una militancia conjunta, pero también un estrecho vínculo familiar. Él era esposo de su prima hermana; el tío de ella, Ramón Núñez Barrera, era militante comunista de toda la vida, estaba preso y supo que muchos militantes comunistas habían sido detenidos porque Gallo «había trabajado marcando gente».

La noche de su detención, las tres habían asistido a un recital de resistencia a la dictadura en la Galería del Notariado. De repente, un compañero se acercó a Villar y le dijo que adelante, en las primeras filas, estaba «su primo», que en ese momento estaba, supuestamente, detenido en el FUSNA. «Ya sabíamos que Fleming no solo se había quebrado, sino que salía a la calle a quemar gente», relató Villar. Fue ahí que él mira hacia atrás y las ve.

«No encuentro palabras para definir lo que sentí», contó. «El dolor, la vergüenza, la vergüenza familiar; mi tío estaba preso, mi prima, que era militante de la UJC [Unión de la Juventud Comunista], y el miedo, un miedo que hoy no podría describir. Fue un decir: “Ahora que nos viste, somos candidatas”. Esa misma noche nos detuvieron, cometimos la ingenuidad de ir a nuestras casas», dijo Villar. Fue detenida junto con su esposo. Su primera hija, Tania, una niña, también fue llevada y entregada a su abuela.

Unicef

Fueron trasladados encapuchados y maniatados al FUSNA, secuestrados, ya que nunca fueron procesados por la justicia militar. Los interrogatorios y las torturas se mezclaban con sus vidas personales: Toledano estaba embarazada de 36 semanas y estuvo internada en el Hospital Militar; Villar y su esposo no sabían el destino de su hija: «Pensábamos que la habíamos perdido». Fueron diez días que parecieron muchos más, porque «ahí los minutos son días y los días son meses».

En 2005, las tres decidieron presentarse ante la Justicia y denunciar las torturas sufridas. Para ellas, poder declarar fue un hecho sustantivo. «Es reabrir heridas y poner en palabras situaciones de violencia extrema y poder decírselas a otras personas», dijo Villar. Sobre todo porque esos diez días en el FUSNA quedaron marcados: «Esto queda latente en el cuerpo nuestro; mujeres sometidas a violación, manoseadas, éramos muy jóvenes. Hay algo que no se borra nunca más, que queda como una marca indeleble».

Poder declarar esas situaciones también fue sentir que existe la justicia y que esos crímenes no quedarían impunes: «Esta es la democracia por la que tanto peleamos», dijo. «Esto ratifica, una vez más, que el pasado, por más que se quiera enterrar, sale […]. El silencio se transforma en un acto de complicidad cuando quienes cometieron estas atrocidades no son juzgados. Fleming no solo traicionó las ideas por las que decía que peleaba, sino que pasó a trabajar directamente con los represores; para mí es profundamente doloroso», expresó Villar.

Un documento titulado «Computadora: resultados de su trabajo y situación al 28 de noviembre de 1979», destacó el trabajo de los servicios de inteligencia del FUSNA en la estructuración de una red de informantes infiltrados en «filas del enemigo», que se construyó mediante la captación de colaboradores entre los detenidos. Esa red «logró el desbaratamiento de la red clandestina del PCU. De no haber mediado un fino trabajo de infiltración (una labor de inteligencia que llegó hasta la detención del primer secretario del PCU en Uruguay) no se hubiera logrado ni cercamente [sic] su desmembramiento» (véase «El extravío», Brecha, 15-I-16).

La participación de Gallo en esa red de colaboradores quedó registrada en diversos documentos hallados en el archivo del FUSNA y en el archivo Berrutti. Según un informe de Interpol, una persona con su mismo nombre y apellido e igual fecha de nacimiento ingresó a Estados Unidos en 1980, por Nueva York; esa persona no tenía antecedentes y por su rol de colaborador no fue procesado por la justicia militar.

Por esos años, Gallo se radicó en México, hasta que fue identificado por la colectividad de exiliados uruguayos en ese país y decidió retornar a Uruguay, donde vivió varios años y trabajó como gerente de una institución médica en Minas (Lavalleja). Fue identificado años después por Villar, entonces dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, durante un conflicto sindical.

Después de ese conflicto, se radicó en España junto con toda su familia. Sería detenido en ese país europeo a pedido de la Justicia uruguaya. El fiscal Perciballe solicitó su extradición por los delitos de privación de libertad y reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, sin perjuicio de que se le puedan imputar otros delitos, dijeron fuentes judiciales a Brecha.

Gallo también aparece mencionado en una denuncia presentada por más de cuarenta ex-presos políticos, nucleados en el colectivo Crysol, por torturas en el FUSNA. En esta denuncia, además de oficiales de la Armada y del Ejército, aparecen mencionados otros dos colaboradores de la dictadura, Roberto Patrone y Ariel Ricci.

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Las formas del terror

       A MEDIO SIGLO DEL PRIMER DESAPARECIDO EN URUGUAY

Álvaro Rico – Brecha - 21 mayo, 2021

Pronto se cumplirán 50 años de la primera desaparición forzada en Uruguay. El 17 de julio de 1971 desapareció Abel Ayala. Según el informe final de la Comisión para la Paz (Comipaz), fue asesinado al día siguiente, pero su cuerpo sigue desaparecido hasta el presente. Un mes después, el 17 de agosto, desapareció Héctor Castagnetto. Según la información que obtuvo la Comipaz, fue fusilado al otro día y su cuerpo habría sido arrojado al Río de la Plata.

Como parte del mismo operativo represivo debemos mencionar el asesinato de Manuel Ramos Filippini, el 31 de julio de ese año, por el Comando Caza Tupamaros Óscar Bargueño y el del estudiante y poeta Ibero Gutiérrez, el 28 de febrero del año siguiente, por el Escuadrón de la Muerte.

Estos primeros casos de desaparición forzada y asesinato con saña en Uruguay asentaron un patrón de castigos estatales secuenciados (secuestro-tortura-asesinato o desaparición) y formas de victimización combinadas (tortura, asesinato, asesinato con desaparición del cuerpo, desaparición), así como estrategias de ocultamiento institucional posterior de los delitos y de sus ejecutantes. Esos rasgos de la represión definieron también el origen y la naturaleza del autoritarismo que se implantó en el país antes del golpe de Estado y la dictadura, en junio de 1973. 

Efectivamente, el fenómeno de la desaparición forzada de personas en Uruguay surgió bajo la vigencia del Estado de derecho y durante el mandato de un presidente electo y un gobierno constitucional. El tipo de delito de lesa humanidad que representa la desaparición forzada por razones políticas puso en evidencia otra dimensión de la crisis del sistema político democrático y de la legalidad de la administración, incapaces, finalmente, de encauzar por medios democráticos y garantistas el conflicto planteado.

En ese sentido, la crisis de la democracia y el Estado de derecho en Uruguay no se explican exclusivamente por el desafío a la autoridad y al monopolio de la violencia legítima del Estado por fuerzas insurgentes –como lo plantean los discursos liberal y conservador dominantes desde aquella época–, sino, también, por el ejercicio autoritario del poder estatal a través del gobierno bajo decreto y la aplicación reiterada de medidas prontas de seguridad –votadas por las mayorías políticas liberales y conservadoras en el Parlamento–, que fueron alterando la relación entre los poderes estatales a favor del Poder Ejecutivo, ampliando la interpretación punitiva y no garantista de la Constitución, e incorporando la institución policial-militar a la institucionalidad política y al cogobierno del país. 

En segundo lugar, podría afirmarse que en el origen mismo del fenómeno de la desaparición forzada de personas en Uruguay, en 1971, sus ejecutores fueron comandos encubiertos que inauguraron una forma de paraestatalidad represiva que tuvo continuidad en la plena reorganización del Estado uruguayo como Estado clandestino bajo la dictadura.

Justamente, las figuras jurídicas y discursivas adoptadas para designar el carácter estatal beligerante, como «estado de guerra interno» y «guerra antisubversiva», operaron también como fundamento y justificación de un tipo de «guerra sucia», no tradicional, que legitimó el accionar paraestatal, clandestino o encubierto de las fuerzas de seguridad del Estado contra los «enemigos internos», alterando e invirtiendo definitivamente en la dinámica represiva las relaciones entre lo legal y lo ilegal, los fines y los medios, el cumplimiento de la orden y su contenido ético.

Asimismo, la integración de civiles, policías y militares en esos comandos represivos a principios de los años setenta ilustra, a través del montaje mismo de la infraestructura clandestina de la represión, la alianza que caracterizará al régimen en su misma cúpula gobernante: la dictadura cívico-militar.

Luego del golpe de Estado y avanzado el proceso de consolidación del autoritarismo, el monopolio de la represión retornó al sujeto militar-policial, como lo había sido en la segunda mitad de los años sesenta en su combate contra la guerrilla. No obstante, resulta necesario tener en cuenta aquel antecedente temprano de los comandos anticomunistas en la etapa predictadura para analizar las formas organizativas y operativas de la represión institucional que sobrevinieron luego en la dictadura, principalmente a través del accionar de organismos como el Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas y el Departamento III del Servicio de Información de Defensa (SID), sobre todo en su operativo extraterritorial.

El secuestro en vez de la detención formalizada, los sitios clandestinos de depósito de prisioneros, la tortura continuada y el asesinato con especial ensañamiento en los cuerpos de las víctimas, el uso de seudónimos y vestimenta de paisano sin insignias ni identificaciones en los procedimientos, la negación de las actuaciones y el ocultamiento institucional de los hechos, la desaparición de los cuerpos, etcétera, demuestran un formato operacional y metodologías secretas de la represión similares en grupos paraestatales y órganos de la institucionalidad policial-militar del Estado. 

El 20 de diciembre de 1974 se comprobó uno de los asesinatos grupales más aberrantes de la historia de la dictadura, que permanece impune: el de los fusilados de Soca, los cinco uruguayos secuestrados en Buenos Aires y vinculados al Movimiento de Liberación Nacional. Mirtha Yolanda Hernández, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanell, Héctor Brum y Floreal García fueron secuestrados en Buenos Aires el 8 de noviembre de 1974, trasladados a Uruguay y acribillados a balazos en las proximidades de la ciudad de Soca, en el departamento de Canelones. 

También fueron secuestrados Julio Abreu y el menor Amaral García, que sobrevivieron a la masacre. Este es un caso que, a diferencia de los ejemplos del Escuadrón de la Muerte, aconteció ya bajo la dictadura uruguaya, pero no aún bajo la Argentina, iniciada en 1976.

Fue una operación represiva clandestina de victimización grupal que involucró situaciones personales conexas (matrimonios, amistades entre parejas, la misma pertenencia política, la migración conjunta a Buenos Aires), realizada, seguramente, por un grupo de represores uruguayos que operó en la vecina orilla en el marco de la coordinación represiva regional, apoyado por las fuerzas de seguridad argentinas para organizar impunemente el traslado ilegal del grupo entre países. 

En Argentina también se utilizaron centros clandestinos de detención para retenerlos casi un mes y medio desde el secuestro hasta la ejecución. En Uruguay se inauguró la Casa de Punta Gorda, que funcionó hasta mediados de 1976, también llamada Infierno Chico, como centro clandestino dependiente del SID. En este caso, como en los del Escuadrón de la Muerte, tanto el fusilamiento como la desfiguración de los cuerpos después de la muerte de las personas y su exposición en lugares públicos (la carretera de Soca, las rocas de Kibón) transformaron el crimen político en un castigo ejemplarizante a mostrar a la población y a no ocultar.

A la vez, si la desaparición inauguró en el país una metodología en la que el crimen político ya no era suficiente como forma extrema de los castigos estatales, el ensañamiento de los victimarios con los cuerpos de los asesinados (quebraduras de brazos, marcas en la piel, una gran cantidad de impactos de bala) buscó prolongar su muerte más allá de la vida o ir más allá de la muerte, un componente de crímenes de odio bajo el ropaje de la ideología antitupamara y anticomunista. 

Otro caso conexo con cuatro víctimas asesinadas y una desaparecida, acontecido bajo las dictaduras en el Río de la Plata, lo representó el secuestro grupal en Buenos Aires, los días 13, 18 y 19 de mayo de 1976, del matrimonio integrado por Rosario Barredo y William Whitelaw y los parlamentarios Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como del doctor Manuel Liberoff, luego desaparecido. 

Nuevamente, víctimas por razones políticas de un grupo represor que actuó en forma ilegal y clandestina, en el marco de la coordinación represiva regional, utilizando para su operativo sitios clandestinos de detención y tortura (OT 18, en la calle Bacacay, y Automotores Orletti, donde actuaban integrantes del SID), caso que también ejemplifica la participación de civiles junto con efectivos militares en los secuestros y los centros de detención (banda de Aníbal Gordon) y la combinación de la desaparición forzada y el asesinato político. 

Este mismo patrón represivo escaló a niveles aún más altos y masivos con la organización de los operativos conjuntos desplegados en Buenos Aires por las fuerzas de seguridad de Uruguay en coordinación con las argentinas, utilizando varios centros clandestinos de detención a la vez y los vuelos ilegales de prisioneros entre países reconocidos por la Fuerza Aérea Uruguaya, con una numerosa secuela de víctimas detenidas desaparecidas. 

Así tuvo lugar el primer vuelo grupal de Argentina a Uruguay, el 24 de julio de 1976, con militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), recluidos luego en la sede del SID que operaba como centro clandestino de detención en Montevideo, sin víctimas mortales ni desaparecidos en este núcleo de uruguayos. Así fue también el operativo en la segunda oleada represiva contra el PVP en Argentina, que provocó el segundo vuelo de sus 24 integrantes detenidos, el 5 de octubre de 1976, desaparecidos hasta el presente. Y otros ejemplos posteriores salientes.

El 20 de mayo de 1976, día de los asesinatos, en Buenos Aires, de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, se constituyó en una fecha emblemática en Uruguay. En cada aniversario la sociedad recuerda la memoria de las víctimas y a los detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado, junto con el compromiso por verdad, memoria, justicia, reparación y nunca más. 

Este año, la activación y la actualización de la documentación y los testimonios en varias de las denuncias penales en curso, el avance de las investigaciones, el aporte de nuevas pruebas y acusaciones hechas por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, la detención y la extradición de connotados represores, y el juzgamiento con sentencia de los responsables en varias causas –entre otras, las que se están procesando referidas a los crímenes del Escuadrón de la Muerte, a los fusilados de Soca y a los asesinatos de los parlamentarios en Buenos Aires– seguramente continuarán rompiendo uno de los legados más firmes de la dictadura en la democracia uruguaya posdictadura: la impunidad.

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