La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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martes, 14 de junio de 2022

Hijo de tigre

 


 

Participando en un programa periodístico de la tarde, en la televisión abierta, muy suelto de cuerpo, el diputado Gustavo Zubía afirmó que la Pensión Especial Reparatoria (Per) se trasmite de forma hereditaria a los sobrevivientes de los beneficiarios. Una opinión respetable pero falsa. La prudencia y el decoro lo deberían impulsar a ser más cauto al propalar las falsedades de los terroristas estatales y abordar cuestiones referidas a las víctimas de su propio padre y de su tío, connotados generales del “proceso”.


La Pensión Especial Repatoria, Per, es un resarcimiento patrimonial que otorga el Estado. La perciben todas aquellas personas que fueron procesadas por tribunales militares y fueron privadas de su libertad a partir del 9 de febrero de 1973 o que, sin haber sido formalmente condenadas, pemanecieron más de un año en prisión. El otorgamiento de ella está establecido en el Artículo 11 de la Ley 18 033. Fue aprobada en octubre de 2006, por amplísimas mayorías parlamentarias, a los 21 años de haber retornado a la institucionalidad democrática, durante el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez.


Los Estados no pueden torturar


La tortura, ocasionar dolor y sufrimiento, físico, psicológico o mental a una persona detenida e indefensa por funcionarios del Estado, es un acto cruel y repudiable, tanto desde el punto de vista legal, político o ético, cualquiera sea el fin que se invoque.


Como ha quedado ampliamente documentado a nivel político, parlamentario y judicial, la detención masiva de ciudadanos, asociada a la tortura masiva, sistemática y generalizada y a la prisión prolongada, fue la metodología represiva deliberadamente seleccionada por las Fuerzas Armadas, desde el 15 de abril de 1972, para enfrentar y destruir a la oposición, aterrorizar a la población y mantenerse en el gobierno. Las torturas incluyeron los abusos sexuales y las violaciones.

Según cifras oficiales, más de 20.000 uruguayos fueron privados de su libertad y más de 7.000 fueron condenados por tribunales militares sin garantías legales de ninguna naturaleza, luego de días, semanas y meses de permanecer secuestrados, incomunicados, encapuchados, en unidades militares y en centros de detención y tortura clandestinos. También incluyó a niños y adolescentes.

Aunque no lo señala explícitamente, la Ley 18 033 asume esa realidad fáctica ampliamente documentada y reconocida. En función de ello y de acuerdo a los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en materia de DDHH desde el año 1948, otorga a la mayoría de esos ciudadanos un resarcimiento de tipo económico y beneficios jubilatorios. La pensión otorgada no es un premio, no es una recompensa, es un resarcimiento que el Estado otorgó por haber secuestrado a las personas, haberlas torturado, haberlas condenado mediante tribunales militares y haberlas recluido, en promedio 6,8 años, en campos de concentración diseñados para la destrucción de ellas.


La Pensión Especial Reparatoria no es hereditaria


La Ley 18 033 está reglamentada por el Decreto 106/2007, muy especialmente el Artículo 11. El decreto señala que la PER es equivalente a una jubilación y por lo mismo genera Pensión de Sobrevivencia. Se trasmite a los conyúges, esposas o concubinas e hijos menores como si fuera una jubilación. La Ley 18 596 de setiembre de 2009 incorporó a los hijos discapacitados como ocurre en el sistema previsional.

La peculiaridad distintiva y perjudicial, a diferencia de lo que ocurre con el resto de las jubilaciones que otorga el BPS o la propia Caja Militar, es que quienes pasan a percibir la Pensión de Sobrevivencia generada por la PER deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones, algo que no ocurre en el resto del sistema previsional y mucho menos en la Caja Militar.


La Caja Militar es el verdadero cáncer


Los costos generados por la implementación de la Ley 18 033 corren por cuenta de Rentas Generales y no del BPS. El pago de la PER no le genera al BPS ningún perjuicio ya que los costos de ella los paga Rentas Generales. De acuerdo a cifras oficiales, la implementación de la Ley 18 033 desde el año 2006 ha costado hasta el  momento,  aproximadamente  450  millones  de  dólares.  Esa  suma,
precisamente es la que cuesta por año el déficit de la Caja Militar, desde hace aproximadamente unos 20 años.

Los gastos de resarcimiento a las víctimas por las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante la actuación ilegítima y del terrorismo de Estado, son un legado nefasto de la actuación de las Fuerzas Armadas durante ese período. Cuando los Estados violentan los derechos humanos, tienen la obligación de reparar el daño ocasionado de una manera integral. La Ley 18 033 es una pequeña parte de las obligaciones que se asumieron, tardíamente. De hecho se hizo de una manera que ha sido observada por los organismos internacionales y nacionales de DDHH y que aún están pendientes de resolución.




Opinando 9 Año 11 – Martes 15 de junio de 2022

 

17° Asado de fin de año Crysol (2015)

Julio Abreu sobreviviente del vuelo cero

Reconocimiento a expresidenta Silvia "turca" Yapor

Día del Liberad@ 2014

Fusilados de Soca 2013

Celebración del Día del Liberad@ 2013

2º Encuentro Latinoamericano por la Memoria, la Verdad y la Justicia

Festejo de los 11 años de Crysol

Homenaje a L@s Fusilad@s de Soca - 2010

Asado de fin de año 2 (clip largo) de Crysol 2010

Asado Fin de Año 1 (clip corto)

Mesa para la Paz en Pan de Azúcar el 10 de Diciembre

María Ester Gatti

30 años del NO a la Dictadura

Basta de Impunidad. Concentración en la Plaza Libertad el 24 11 10

Crysol en la concentración del Pit - Cnt el martes 16 de noviembre de 2010 en el Palacio Legislativo

Concentración en el Ministerio de Economía y Finanzas el 9 8 10

Marcha de Crysol el 21 de agosto de 2008


Día del Liberad@ 2010


Sigue siendo injusta


Festejo del 10º aniversario de Crysol