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jueves, 7 de abril de 2022

Fusilados de Soca

             El Ejército y la Justicia  militar aún conservan

                evidencias de  los fusilamientos de Soca 

                               en 1974 según un libro


Julio Abreu y Amaral García
 

Solo queda vivo un exintegrante del departamento de operaciones del Sid, el organismo relacionado con el  crimen

 
Por Sergio Israel - Búsqueda Nº2169 7 al 20 de abril 2022

 

Tres M marcadas en la carretera, las huellas de una camioneta Indio, decenas de casquillos de bala calibre 45 y 9 mm junto a los cuerpos acribillados. Después de 47 años del crimen, familiares de los cinco tupamaros secuestrados en Buenos Aires, torturados y luego asesinados en Capilla Cella en diciembre de 1974, un caso conocido como Fusilados de Soca, presentan un libro con testimonios, fotos oficiales y nuevas investigaciones.

El libro será presentado hoy, jueves 7, en el Teatro Atahualpa del Cioppo del Complejo Cultural Politeama con la presencia del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, el investigador canario Federico López Romanelli, el periodista Roger Rodríguez, la exjueza Mariana Mota, el pastor Ademar Olivera, Nélida Fontora, de la organización de expresos Crysol, y Elena Bicera, por los familiares.

Los testimonios y evidencias recogidos en el libro fueron antes entregados a la Justicia, aunque esta aún no se ha expedido.

Plan Dragón

Una investigación que llevó a cabo la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad llegó a la conclusión de que el secuestro y luego los fusilamientos de Capilla Cella, a pocos metros del cruce entre las rutas 9 y 70, fue una operación del Servicio de Información de Defensa (SID), en el marco de un plan mayor.

Una extendida versión extrao cial sostuvo que el fusilamiento fue una respuesta a la muerte del exdirector de ese servicio, el coronel Ramón Trabal, asesinado horas antes en París. Este otro crimen, que los militares en el poder adjudicaron a los tupamaros y estos al Ejército, tampoco se aclaró en el ámbito judicial, pero otra versión sostiene que fue obra de un grupo de ultraizquierda integrado exclusivamente por jóvenes franceses (Búsqueda No 1.639).

Los cinco asesinatos, según varios testimonios de la época, se habrían decidido al más alto nivel, pero ninguna de las versiones pudo ser con rmada debido a las limitaciones que impuso la “ley de caducidad” hasta 2010.

Lo que pudo establecer la Fiscalía, con el apoyo de historiadores, fue que el secuestro y posterior traslado clandestino fue parte del llamado Plan Dragón, una ofensiva contra el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (MLN-T) en Buenos Aires, que entonces estaba pasando por un proceso de división luego de la derrota de 1972.

Con base en un documento o cial fechado el 20 de noviembre de 1974, la Fiscalía que dirige Ricardo Perciballe llegó a la conclusión de que los secuestros en el barrio porteño del Once y otros están relacionados con hechos que ocurrieron luego, entre ellos, los asesinatos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y que son parte de una operación más grande.

El traslado de los tupamaros a Uruguay, conocido como Vuelo Cero (aunque no fue el primero), tuvo mayor repercusión porque, a diferencia de otros casos, gracias al testimonio en 2005 del sobreviviente Julio Abreu, se sabe que fueron torturados en tres centros clandestinos en Buenos Aires y luego llevados al centro de detención de Punta Gorda, conocido como 300 R, que, en esos meses, había sido capturado por el SID al MLN-T.

El testimonio de un policía

El 20 de diciembre de 1974, el hallazgo de los cuerpos de Floreal García (31 años), Mirtha Hernández (29), Graciela Estefanell (34), María de los Ángeles Corbo (26) y Héctor Brum (28), “chupados” 42 días antes, causó gran conmoción en Uruguay, pero la actuación de la Justicia para esclarecer el crimen hasta hoy
no prosperó.

La investigación privada realizada por López Romanelli, contenida en el libro y aportada a la Justicia, incluye una entrevista con el exagente Roberto Verdier, que estuvo a cargo del trabajo de Policía Técnica de Canelones en la escena del crimen.

 


Verdier, un suboficial mayor que falleció poco después de prestar testimonio para el libro en 2014, contó que esa madrugada fue llamado de urgencia por su jefe y fue uno de los primeros funcionarios en llegar al lugar donde estaban los cuerpos acribillados de tres mujeres y dos hombres.

El exfuncionario relató que el entonces juez de Paz de Soca, Ruben Rodríguez Estévez, ordenó la pericia técnica y, en principio, lo protegió de las fuertes presiones que hizo el Ejército, que se presentó en el lugar en un jeep para exigir al perito la entrega de la cámara de fotos, un croquis y otros objetos.

El juez Rodríguez, según el testimonio de Verdier, frenó a los militares y les advirtió sobre posibles represalias contra el policía: “Y no me lo toquen”, habría dicho mientras impedía que se llevaran los registros. Los documentos quedaron entonces en poder de la Policía de Canelones, aunque según López Romanelli hasta hoy “muchas pruebas materiales recogidas por Roberto (Verdier) permanecen incautadas por el Ejército”.

Las presiones que ejerció la Justicia militar llevaron a que el policía finalmente les entregara las pruebas. “Le pidieron que presentara todos los indicios que había levantado en el lugar”, sostiene el libro. Verdier, según el relato, “entregó las evidencias solicitadas en el Juzgado de Instrucción Militar 5°, hecho del cual luego expresó haberse arrepentido”, porque en realidad debió entregarlas al juzgado de Soca.

“La última vez que fue citado, sintió tanta presión psicológica que se presentó al Juzgado militar junto con el jefe de Policía, el coronel Martín. Luego de esta instancia nunca más fue citado”, explica el libro.

La nueva investigación oficial

La exjueza Mota, que antes de ser trasladada del área penal investigó el caso por estar relacionado con la causa del exdictador Juan María Bordaberry, explica en uno de los capítulos que el caso de Soca “ha sufrido las mismas demoras, obstáculos y paralizaciones que han tenido otras causas”.

El expediente pasó del juzgado de Soca a Pando, pero las investigaciones no lograron avanzar a pesar de que en 1976 se presentó una segunda denuncia en el juzgado de la llamada ciudad industrial.

A la salida de la dictadura, transcurrida ya una década del crimen, el caso comenzó a tramitarse en un juzgado penal de Montevideo, pero luego fue incluido dentro de la llamada “ley de caducidad”, que impidió continuar con las investigaciones sobre los crímenes cometidos durante el gobierno de facto.

Entre tanto, en 1984 fue recuperado Amaral, el hijo de dos de los asesinados en Capilla Cella, del excampeón panamericano de boxeo Floreal García y de Mirtha Hernández.

En 2006 —relata Mota— Héctor Corbo, Carlos Brum, Alicia Estefanell, todos hermanos de las víctimas, y Amaral García, bajo el patrocinio de los abogados Javier Miranda, Óscar López Goldaracena, Guillermo Payssé, Walter de León y María del Pilar Elhordoy, volvieron a presentar una denuncia.

Un año antes, el sobreviviente Abreu se había animado, por primera vez, a dar su testimonio al periodista Rodríguez en La República y en 2010 la Suprema Corte de Justicia dejó libre el camino para continuar las indagatorias en este y otros casos tras considerar inconstitucional la “ley de caducidad”.

Desde entonces, los recursos interpuestos por la defensa de los militares investigados llevaron a que el caso esté detenido mientras aguarda un pronunciamiento de la Corte, que tiene que expedirse sobre una excepción de inconstitucionalidad contra la norma interpretativa aprobada en 2011 para dejar nulos los efectos de la “ley de caducidad”.

Entre tanto, todos los supuestos implicados, que integraban entonces tanto el mando del servicio como el Departamento III (Operaciones) del SID han muerto, salvo uno, el excapitán Ricardo Arab, que ya está condenado en otras causas.

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