La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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domingo, 10 de abril de 2022

Carta al Sr. Presidente de la República

 

                               Montevideo, 6 de abril de 2022

 

Sr. Presidente de la República

Oriental del Uruguay.

Dr. Luis Alberto Lacalle Pou.

 

Estimado Presidente:

Como lo puso de manifiesto el teniente coronel retirado José Nino Gavazzo en el Tribunal de Honor que  Guido Manini Ríos ocultó a la justicia, la desaparición forzada de ciudadanos fue una práctica represiva bestial del Estado uruguayo. Fue una estrategia represiva institucional de las Fuerzas Armadas.

El estado uruguayo adhirió a la Carta Interamericana de DDHH al retornar a la democracia, mediante la ley 15.737,  y en un acto soberano aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de DDHH.

En noviembre del año pasado, dicha corte, en la sentencia Maidanik y otros, entre otras recomendaciones, impuso a Uruguay la obligación de continuar la búsqueda de los restos de los uruguayos detenidos desaparecidos.

Por disposición de la Ley 19.822 la búsqueda de los Detenidos Desaparecidos corresponde a la Institución Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo que ha delegado la conducción de las actividades a los Doctores Mariana Mota y Wilder Tayler. Ambos han llevado a cabo su labor con solvencia, compromiso y responsabilidad.

Como colectivo, valoramos y reconocemos altamente el aporte que su gobierno ha venido brindando a la INDDHH al respecto. Ahora nos dirigimos a Ud. para  solicitarle su apoyo para que ambos puedan continuar al frente de la tarea más allá de que el Parlamento no llegara a renovar su mandato como directivos de la institución.

De acuerdo a los compromisos asumidos por Uruguay, la desaparición forzada de ciudadanos es una práctica represiva cruel y repugnante de carácter permanente que se sigue cometiendo hasta que se encuentren los restos de las personas o se diluciden totalmente las circunstancias.

Es público y notorio que las personas procesadas y condenadas, por las graves violaciones a los DDHH cometidas desde 1968 en adelante,  que se encuentran en la cárcel de Domingo Arena, en la Guardia Republicana y/o en prisión domiciliaria, son quiénes saben que ocurrió y además quiénes saben al respecto. Las evidencias y los indicios al respecto son indudables.

El Estado tiene la obligación por mandato de la Corte IDH y de su propio compromiso con las normas de DDHH de continuar la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos. Esperamos contar con su pleno respaldo a nuestra iniciativa al respecto.

En segundo lugar, solicitamos a Ud. formalmente que envíe, a la mayor brevedad posible, un proyecto de ley que permita que todas y todos los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones, además de acceder a la Pensión Especial Reparatoria, tal cual ha sido recomendado por varios Relatores Especiales de la ONU.

Tal como lo señala la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, al cumplir con sus obligaciones reparatorias con las víctimas y sobrevivientes del terrorismo estatal, no  puede obligar a las mismas a renunciar a otros legítimos derechos para acceder a dichos beneficios.

Remitir al Parlamento un proyecto de ley que permita que las ex presas y los ex presos políticos puedan cobrar sus jubilaciones y pensiones será un importante aporte al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y de respaldo a las normas de Derechos Humanos. Prestigiará al país y a su presidente. Será una contribución muy valiosa que el Partido Nacional realizará al proceso de afirmación del Estado de Derecho.

Desde la recuperación democrática, todas las  iniciativas de carácter reparatorio hacia las víctimas y sobrevivientes de la dictadura cívico militar fueron promovidas por el Partido Colorado y el Frente Amplio.

Sin otro particular, agradeciendo desde ya,  lo saludan atentamente,

 

Gastón Grisoni                                            Enrique Chalar

Presidente                                                   Secretario 

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