El diario Clarín de
Argentina ha puesto el grito en el cielo pues el Parlamento de dicho país ha
sancionado, hace algunos días, una ley por la cual se concede una pensión
graciable de carácter mensual, vitalicia, con aguinaldo, transferible a los
familiares directos, para todos los expresos políticos, sin exclusiones y sin
tener que renunciar a otros legítimos derechos ciudadanos tales como
jubilaciones y pensiones. Abarca incluso a los niños nacidos en cautiverio y a
quienes han sido indemnizados previamente por leyes anteriores.
Uno de los argumentos utilizados por el mencionado medio de
prensa para criticar la ley ha sido el impacto que tendrá en el presupuesto el
financiamiento de la reparación a los sobrevivientes de la dictadura militar.
Al promover y sancionar la ley “Ricardo Scalet” (en homenaje
al fallecido presidente de la asociación de expresos políticos) el gobierno, en
un verdadero acto de coraje y justicia, no ha hecho más que cumplir con una de
sus obligaciones para con las víctimas del terrorismo de Estado en el país
vecino, continuando y profundizando un proceso iniciado ya hace muchos años
como resultado de una resolución de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH).
La reparación a los expresos políticos, sin dudas, tendrá
efectos en el presupuesto del Estado, del mismo modo que lo tiene el pago de
los intereses de la deuda externa que se generó durante aquel período
siniestro. En ningún momento Clarín ha llamado a suspender el pago de la deuda,
ni sus monstruosos intereses, ni se ha escandalizado por el hecho de que el
Estado, desde el retorno a la democracia, hace 30 años, haya cumplido con sus
compromisos al respecto en la medida de sus posibilidades.
Desde hace años en la mayoría de las Universidades a nivel
mundial ha comenzado a introducirse la enseñanza de la normativa de los DDHH.
En las carreras dedicadas a la economía y a las finanzas, siguen olímpicamente
ignorando estas normas y los costos que ellas generan cuando se violentan. Para
los “Chicago Boys” importan y se computan, religiosamente, los compromisos con
los poderosos, con los grandes financistas, transnacionales y banqueros
internacionales. Esos compromisos son sagrados e ineludibles de honrar. Cuando
se trata de cumplir con las obligaciones vinculadas al sufrimiento, al dolor de
los luchadores sociales, políticos, gremiales, estudiantiles y de simples
ciudadanos se habla de despilfarro y amiguismo.
Las violaciones a los derechos humanos son tragedias para
todos los países, especialmente cuando ellas son masivas y sistemáticas como
las que padeció la región en la década de los 70 y comienzos de los 80. Generan
dolor y sufrimiento a quienes las padecen en carne propia, a sus familiares y
vínculos cercanos. Son también una afrenta para el conjunto de la sociedad pues
el Estado, más tarde o más temprano, tendrá que reparar y resarcir, incluso a
nivel económico, a las víctimas y sus allegados.
En base a la lucha y a la movilización sin descanso llevada
a cabo por los familiares y las víctimas directas del terrorismo de Estado,
Argentina se ha caracterizado, muy especialmente desde la Presidencia del
fallecido Dr. Néstor Kirchner, por desplegar una enérgica, comprometida y
militante política de DDHH con respecto a la dictadura militar y su legado.
El Estado, incluso las propias FFAA, ha asumido públicamente
su responsabilidad por lo sucedido y ha pedido disculpas a las víctimas y a la
sociedad por los crímenes cometidos. Se han anulado las leyes de impunidad, el
Estado ha sido promotor y querellante en las investigaciones y juicio a los
genocidas y represores, se declaró el 24 de marzo Día Nacional de la Memoria
por Verdad y Justicia, la ex Esma es un monumento vivo a las víctimas, se han
recuperado más de 500 niños, hay más de 1.000 torturadores y asesinos
condenados en cárceles comunes y se han aprobado importantes leyes reparatorias
para asegurar una vejez digna a las víctimas, sin exclusiones y sin
condicionamientos arbitrarios, violatorios de disposiciones constitucionales.
Los defensores de la impunidad en nuestro país quieren que éste
sea un modelo a confrontar. En materia de DDHH hacia el terrorismo de Estado,
Argentina es un modelo a imitar. Para que haya Justicia, Verdad y un auténtico,
sólido y sustentable Nunca Más.
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