Por Niko Schvarz (*)
El lunes 20 de mayo se efectuó en Montevideo la Marcha del Silencio, que este
año sobrepasó en magnitud y concentración las 17 anteriores y se reprodujo en
la mayor parte de los departamentos del interior: en Carmelo, Colonia (en
recordación de Aldo Chiquito Perrini), en San José, Maldonado, Paysandú, Salto,
Durazno, Florida, Tacuarembó y Treinta y Tres.
En los dos días siguientes, martes 21 y miércoles 22, se realizó en París, en
el recinto del Senado del Palais de Luxembourg, un coloquio internacional
titulado: El derecho de saber. URUGUAY: Los desaparecidos durante la dictadura
1973-1985 , con amplia y muy destacada participación.
En Uruguay las manifestaciones desfilaron bajo el lema: En nuestra patria no
hay justicia. ¿Quiénes son los responsables? . El interrogante apunta
inequívocamente a la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, que en una
decisión condenable (y condenada por la opinión pública) declaró
inconstitucional la ley que derogó la impunidad impuesta por la ley de
caducidad. Esta decisión tiende a frenar todas las investigaciones pendientes y
en curso sobre los crímenes y desapariciones perpetradas por la dictadura.
Análogamente, en el coloquio desarrollado en París la decisión adoptada por la
Suprema Corte de Uruguay fue objeto de una crítica intensa y fundamentada desde
todos los ángulos, particularmente a la luz del derecho internacional y de la
salvaguardia de los derechos humanos.
El tema adquirió por ende estatura internacional, con repercusión mundial. A
ello se agregó otra circunstancia. El jueves 23 de mayo, en la sede de la
UNESCO en París se le entregó un pasaporte que certifica la ciudadanía
universal a la jueza uruguaya Mariana Mota, que estuvo presente en el
coloquio. Veamos los antecedentes de este hecho.
Existe un proyecto de creación del Pasaporte de Ciudadanía Universal, con el
objetivo de promover la libertad mundial de circulación y de instalación de las
personas. La iniciativa ha sido sostenida inicialmente por el movimiento Utopía
y presentada en una cumbre en Cochabamba, luego en el Foro Social Europeo de
Estambul en 2010 y reiterada en el Foro Social Mundial de Dakar en 2011.
Con
ese fin, está en proceso la construcción de un nuevo organismo internacional
denominado Organización de la Ciudadanía Universal (OCU), sostenida
principalmente por el Movimiento Utopía, Emmaus Internacional, la Fundación
France Libertés Danielle Mitterrand y el gobierno ecuatoriano.
El lanzamiento
de esta organización se verificó en la UNESCO el 23 de mayo, con la presencia
de Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO; Albert Tévoédjrè,
mediador de la República de Benin, el politólogo y economista italiano Riccardo
Petrella y un conjunto de artistas y personalidades públicas: Florence Arthaud,
Tiken Jah Fakoly, Reza Deghati, Rona Hartner, Oliviero Toscani, Adolfo
Kaminsky, entre otros muchos. Pues bien: el primer acto de la novel
organización (OCU) fue otorgar el Pasaporte Universal a la jueza Mariana Mota.
Está previsto que en el curso del año 2013 sean entregados 100 pasaportes
universales, en forma simbólica.
La OCU solicitará además oficialmente a la
Organización de Naciones Unidas que inscriba en el orden del día de su próxima
Asamblea General una propuesta de conferencia internacional sobre la libertad
de circulación y de instalación de las personas.
La distinción conferida a la jueza Mariana Mota rubricaba el concepto expresado
por el eminente jurisconsulto Luis Joinet en el coloquio del que fue la
verdadera alma mater, cuando al dirigirse a ella le expresó: Usted ha salvado
el honor de la magistratura uruguaya . Este fue el instante de máxima emoción
del encuentro.
Otra prueba de sus repercusiones es la amplia crónica que le dedicó el diario L
Express de la capital francesa bajo el título: Movilización en París por
los desaparecidos de la dictadura uruguaya . Con el subtítulo La Suprema Corte
señalada con el índice , dice que las decisiones de la Corte fueron calificadas de ubuescas en el coloquio, y que las mismas fueron
condenadas en las manifestaciones realizadas en Uruguay, ya que la SCJ declaró
inconstitucional la ley de 2011 que determinaba la imprescriptibilidad de
los crímenes de la dictadura.
Agrega que la jueza Mariana Mota, que llevó a
cabo un largo combate para el esclarecimiento de estos crímenes, después de
haber ejercido durante siete años en la órbita penal e investigado sobre unos
cincuenta casos de violaciones d los DDHH, fue transferida a la órbita civil en
febrero por orden de la Suprema Corte. Sobre este punto cita las opiniones
vertidas en el coloquio por Louis Joinet, Philippe Texier y la senadora
Constanza Moreira. Se detiene en el caso de Macarena Gelman ( la niña robada )
y en las gestiones de su abuelo, el poeta Juan Gelman. Macarena recordó que el
presidente de la Suprema Corte dijo que cuando los procesos judiciales llegaran
al ámbito del organismo se iban a encontrar con una muralla. De ahí surgió la
decisión colectiva de derribar esa muralla. Se ha invocado al respecto el
ejemplo bíblico de la muralla de Jericó.
Los oradores del coloquio expresaron que los crímenes de la dictadura son
crímenes de lesa humanidad, por ende no prescriptibles. Señalaron asimismo:
Increíblemente, la Suprema Corte de Justicia uruguaya pretende que las
decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a
Uruguay en el caso Gelman, no se le imponen. E incluso pretende que los
tratados y convenciones internacionales que Uruguay ha suscrito no pueden ser
adaptados al derecho nacional, lo que constituye una aberración jurídica .
El magistrado Louis Joinet, ex miembro del Tribunal de Cassation
(equivalente a la Suprema Corte de Justicia), a la vez impulsor de la
Convención internacional sobre desapariciones forzadas y ex consejero del
presidente François Mitterrand, formuló la siguiente declaración: La
controversia sobre la justicia que tiene lugar en Montevideo sobrepasa las
fronteras de Uruguay. Concierne a toda la comunidad internacional.
La decisión
de su Corte Suprema, que niega la imprescriptibilidad de los crímenes contra la
humanidad que son las desapariciones forzadas y que ordena el traslado de una
jueza independiente que se esfuerza, con profesionalismo, en luchar contra los
autores de ese drama nacional, constituye un grave precedente, con el riesgo de
que se inspiren en el mismo los Estados predatorios prontos a dar vuelta la
página para que no sea leída.
Pero esto significa olvidar que esta nueva aliada
de la ley que es la antropología científica, con los progresos del ADN,
contribuye a neutralizar esta organización del olvido al permitir retroceder
casi sin límites en el tiempo. Ella facilita en lo sucesivo la posibilidad de
encontrar, exhumar, identificar los cuerpos de nuestros desaparecidos para
restituirlos a sus allegados. El derecho a tener una tumba se ha vuelto un
derecho fundamental .
Sobre este último aspecto insistió el magistrado Philippe Texier en el cierre
del evento, al sugerir caminos a seguir en la lucha contra la impunidad,
subrayando asimismo que lo de Uruguay reviste hoy alcance internacional .
También lo hizo el profesor de derecho civil Olivier de Frouville, especialista
en el tema de las desapariciones forzadas.
El Dr. Oscar López Goldaracena se refirió a las dificultades que se presentan
en las causa judiciales ante la actitud de la SCJ de declarar inconstitucional
la ley que posibilitaba continuar los procedimientos y reabrir casos archivados
por la ley de caducidad, insistiendo en el imperativo de justicia y reparación,
y la búsqueda de los caminos a transitar, en lo jurídico y en lo político,
hacia verdad y justicia en todos los casos .
En su turno la Dra. Mirtha
Guianze, miembro del Instituto Nacional de Derechos Humanos, efectuó un
recorrido histórico de cómo se fueron presentando las pruebas en los procesos,
los cuales fueron fruto de la acción persistente de los denunciantes.
La senadora Constanza Moreira, apoyada en un power-point, enumeró las distintas
etapas de la lucha contra la impunidad hasta llegar a la muralla de la SCJ,
esbozando luego distintas líneas de acción para llegar a la verdad. El Dr.
Edmundo Gómez Mango, médico y escritor uruguayo radicado en Francia, en su
calidad de psicoanalista analizó los traumas padecidos por los torturados y los
familiares de los desaparecidos. Macarena Gelman refirió su peripecia personal
de hija de desaparecidos, que recobró su identidad siendo ya mayor, subrayando
que los golpistas se negaron a proporcionar dato alguno sobre el lugar donde
está sepultada su madre.
No podemos olvidar la contribución que aportó a la organización del coloquio en
todas sus fases el embajador Omar Mesa, él mismo preso y torturado bajo la
dictadura.
En síntesis: la actitud incalificable de la mayoría de la Suprema Corte de
Justicia uruguaya quedó expuesta ante la faz del mundo en estas jornadas, lo
mismo que dentro del país, en el curso de las demostraciones multitudinarias en
Montevideo y en el interior, demostrativas de que esta causa está profundamente
anclada en el corazón del pueblo. Todo ello constituye un aliciente a continuar
la lucha sin desmayo, en busca de verdad y justicia, a pesar de la SCJ y
su muralla. Se ha dicho con razón que las murallas están para ser derribadas o
pasarles por encima.
(*) Periodista
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