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jueves, 30 de mayo de 2013

Fiscales podrían ir a Corte de DDHH

LOS MAGISTRADOS INSISTIRÁN CON LA NORMATIVA INTERNACIONAL

El país digital - 30 5 13


El enfrentamiento entre cinco fiscales y cuatro ministros de la SCJ está lejos de terminar. Los representantes del Ministerio Público, incluso, están dispuestos a evaluar la opción de llevar los casos de los militares a la Corte Interamericana.


La recusación que los fiscales penales Ana Tellechea, María de los Ángeles Camiño, Carlos Negro, Gilberto Rodríguez y Ariel Cancela presentaron contra cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a los que acusan de prejuzgar en casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) es un hecho inédito ya que se tendrá que formar un tribunal especial que deberá decidir sobre el punto.

Los planteos de los representante del Ministerio Público son en relación a 11 expedientes que están a su cargo, y tienen como origen las declaraciones públicas que formuló el presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, quien dijo que todos los casos están abiertos y los jueces y fiscales "tienen la oportunidad de opinar en el sentido que sea", pero "eventualmente van a encontrar una muralla" en lo que refiere a la inconstitucional de la ley que amplió la prescripción de los crímenes cometidos por militares y policías y los definió como delitos de lesa humanidad.

"Cuando llegue el momento, ya sea si se expide el tribunal o que por alguna razón cuando llegue el fin del expediente penal tenga posibilidad de expedirse la Corte, se va a volver a la solución de la Corte si es que tiene la misma integración que ahora", afirmó Ruibal Pino a principios de abril.

El presidente del máximo órgano del Poder Judicial hizo esas declaraciones cuando la Corporación ya se había pronunciado, por mayoría de cuatro a uno, por la inconstitucionalidad de la norma que en los hechos operó como interpretativa de la ley de Caducidad.

Además de Ruibal Pino, los ministros Jorge Larrieux, Jorge Chediak y Julio César Chalar votaron por la inconstitucionalidad de la ley. El único ministro que en minoría se pronunció a favor de la ley interpretativa fue Ricardo Pérez Manrique, y por eso no fue recusado.

"De la manera que se expresó el señor presidente de la Suprema Corte y que los demás ministros no salieran a aclarar que no estaban de acuerdo, es algo que indica que los cuatro opinan lo mismo", declaró Camiño ayer a El País.

Rodríguez, por su parte, comentó que a su juicio lo cuestionable a los ministros de la SCJ es que "cierren toda discusión jurídica".

Interamericana

Camiño indicó que era "esperable" que los cuatro ministros recusados rechazaran el planteo. Lo mismo dijo Rodríguez, para quien ese resultado era "previsible".

Los fiscales buscarán continuar adelante con las indagatorias, intentando hacer valer la normativa internacional, en especial, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en marzo de 2011 condenó al Estado uruguayo a investigar la desaparición de María Claudia García de Gelman, ocurrida en 1976.

De hecho, hay varios jueces de primera instancia que, a pesar de la posición de la SCJ, han decidido seguir adelante con varias indagatorias.

"Seguiremos hasta que podamos manteniendo nuestro criterio y que prime el derecho internacional", dijo Camiño, quien confía en que la SCJ varíe su posición. Para la Corporación tiene más peso la Constitución y las normas internas uruguayas, y por eso declaró la inconstitucionalidad de la interpretativa de la Caducidad.

En caso contrario, los fiscales, en intercambios sobre el tema, han manejado la posibilidad de llevar los casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que eventualmente se llegue a un pronunciamiento de la Corte Interamericana.

"Se ha conversado en algún momento, pero no hay nada en concreto porque la intención es instruir estas causas a nivel nacional", dijo Rodríguez a El País sobre la posibilidad de que los fiscales recurran a organismos internacionales de Justicia. Agregó que a nivel personal es algo que debería "estudiar" ya que "no tiene claro" si los fiscales como tales podrían dar ese paso. Quienes sí están legitimados a recurrir a la Comisión Interamericana son las víctimas directas del terrorismo de Estado y sus familiares.

Camiño, por su parte, dijo que tendría que analizar a fondo esa alternativa, y por ese motivo indicó que no puede "aventurarse" con un juicio definitivo sobre el punto.

El fiscal Ariel Cancela, en tanto, dijo a El País que tiene dudas de que cada fiscal en forma independiente pueda presentarlos ante la Comisión Interamericana o si es algo que debería hacer la "institución", es decir, el Ministerio Público.

"Obviamente que uno se presenta posibilidades, pero no lo he estudiado ni me estoy planteando la posibilidad de hacerlo ahora porque me parece que hay todavía un trayecto para transitar a nivel interno", comentó Cancela.

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