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viernes, 31 de mayo de 2019

CIDH: es grave la impunidad


CIDH: situación más grave para DDHH en Uruguay es la impunidad

Comisión Interamericana también planteó su rechazo a someter a votación derechos de personas trans y privadas de libertad

Sudestada - 29 5 19

Comisionadas Esmeralda Arosemena y Antonia Urrejola durante la presentación del resultado de la visita a Uruguay. Foto: Sudestada.
Terminó este miércoles 29 una visita de trabajo de tres días de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Montevideo, con un severo cuestionamiento al Estado por la persistente impunidad en materia de violaciones a los DDHH en el pasado reciente. En especial, se cuestionó la postura de la Suprema Corte de Justicia contraria al Derecho Internacional al considerar como prescritos los crímenes de la dictadura.

“Grave”, “preocupante”, “incomprensible”, fueron algunas de las palabras que la comisionada Antonia Urrejola (relatora de Uruguay y de Verdad y Justicia) usó para definir la situación del país en esta materia durante la conferencia de prensa realizada en la sede del Mercosur. Junto a Urrejola también integró la delegación la presidenta de la CIDH, la abogada panameña Esmeralda Arosemena.

Si bien reconocieron los avances registrados con la creación de institucionalidad en materia de DDHH, como la Fiscalía Especializada a cargo de Ricardo Perciballe (a la que definieron como “un paso importantísimo”) en el comunicado final la CIDH observó “con suma preocupación la subsistencia de interpretaciones judiciales en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones de los Derechos Humanos. Dichas interpretaciones resultan en la impunidad de los perpetradores de los delitos de lesa humanidad y niegan justicia y reparación a las víctimas”.

En este sentido, Urrejola recordó la obligación del Estado de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó al país en el caso Gelman vs Uruguay. Dicho fallo estableció que “no son admisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los DDHH tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los DDHH”.


Por ese motivo la CIDH llamó al Estado, en especial al Poder Judicial, a “cumplir con su deber de aplicación del control de convencionalidad en el marco de su obligación de respetar y garantizar los DDHH previstos en las decisiones de la CorteIDH y la Convención Americana”.

Según señaló Urrejola, en este aspecto “subsiste una deuda del Estado con las víctimas de violaciones a los DDHH en materia de Justicia y Verdad”. “Las torturas, las desapariciones forzadas, son crímenes de lesa humanidad, y son imprescriptibles. Y las interpretaciones en contrario son una violación a una obligación del Estado”, insistió.
Según la CIDH, la interpretación de la Suprema Corte de Justicia viola una obligación del Estado con los DDHH. Foto: Sudestada.

La comisionada aseguró que “hay una deuda del Estado uruguayo, independientemente de los gobiernos de turno y de quiénes sean los responsables. Hay una deuda que le compete a la sociedad uruguaya completa”. Dijo que entre otras informaciones al respecto, la comisión solicitó la cantidad de condenados y procesados por estos delitos y al conocer los datos “me ha sorprendido lo poco que hay. Nuestra mayor preocupación está ahí”.

Urrejola explicó que hay “urgencia” en abordar y resolver este problema porque “las víctimas y los familiares se están muriendo”. “No puede ser que los familiares se mueran sin saber qué pasó con sus deudos, no puede ser que la gente que estuvo años presa no encuentre Justicia. No puede ser que un país que ha avanzado tanto, tenga esta deuda. Para mí, como chilena, es incomprensible”.

La Comisión también recordó que las reparaciones económica por las violaciones a los DDHH por parte del Estado “deben ser otorgadas en atención a su calidad de víctimas”, y que las mismas “no son incompatibles ni sustituyen los ingresos propios o subsidios provenientes de la seguridad social”. Por esa razón, la CIDH llamó al Estado a ajustar la legislación interna para “permitir una adecuada reparación a las víctimas” y evitar que, como sucede actualmente, estén obligadas a elegir entre la pensión reparatoria y otro beneficio previsional.

En cuanto a las amenazas del autodenominado “Comando Barneix” a 13 defensoras y defensores de Derechos Humanos en 2017, asunto que fue planteado en varias ocasiones al Estado por parte de la CIDH, Urrejola dijo que la comisión le planteó al Ministerio del Interior la realización de una reunión con las víctimas para informarles sobre la marcha de las investigaciones a nivel de los poderes Ejecutivo y Judicial.

“Vamos a seguir monitoreando la situación porque se trata de operadores de Justicia, de abogados, de defensores de DDHH, que para nosotros son aliados para mantener su vigencia. Por lo tanto, cuando son amenazados hay una alerta y el Estado debe actuar de manera urgente”, insistió Urrejola.

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