EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DEL PRESIDENTE VÁZQUEZ
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El Secretariado Ejecutivo del PIT CNT
envió una carta al presidente Tabaré Vázquez acercándole una serie de
propuestas para el trabajo del gobierno en relación al tema de los Derechos
Humanos. La central reconoce los avances en la materia de los gobiernos frenteamplistas
al tiempo que reclama el cumplimiento de las recomendaciones de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
La misiva
de la central obrera señala responde a la solicitud que el presidente Vázquez
hizo en su discurso por cadena nacional el pasado 1º de marzo, horas después de
haber asumido la primera magistratura.
Según explican los trabajadores, en este documento, sintetizan en esta
propuesta la “larga experiencia reclamando en los últimos treinta y cinco años
justicia ante los tribunales nacionales y extranjeros”. Y argumentan que ello
les ha permitido detectar “los graves problemas que afectaron y aún afectan” a
la Justicia.
Al reconocer los avances de los gobiernos del Frente Amplio, el PIT CNT
cuestionó la organización que se dio el Estado “para responsabilizar penalmente
a los terroristas” que actuaron en su nombre. Reclamando que “una política que
desestructurara la impunidad, no debe ubicarse sus causas solamente en los
aspectos jurídicos. También tiene que ver con aspectos de orden estructural e
institucional”.
Por esto se señala que estos aspectos “no deben continuar recayendo en
las espaldas de la sociedad civil y de las víctimas, sino que deben ser
encaradas y resueltas por el Estado”, por estar dentro de sus deberes.
“No es una tarea que deba descansar sobre una suerte de Comisión Ad-oc
integrada por la sociedad civil”, enfatiza el documento.
Dentro de la solicitud del movimiento sindical se enumera una serie de
ítems que integrarían un plan de derechos humanos vinculado a los hechos del
pasado reciente que cumpla con las obligaciones que estableció la sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Estado uruguayo y que fuera
recogido en el informe de Pablo de Greiffl el Relator Especial de Naciones
Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las
garantías de no repetición.
Entre las medidas administrativas reclamadas están: “Designar en los
Ministerio de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores (y en todos
aquellos que se considere necesario) un funcionario responsable al que se
dotara de las facultades y los medios necesarios (materiales y humanos) para
recabar toda la documentación de interés en esta materia, El mismo será
responsable de responder en tiempo y forma todos los pedidos de información,
documentación y colaboración que le sea solicitada ya sea de otros poderes del
Estado y otros organismos con responsabilidad en el tratamiento de estos temas.
(En especial del Sistema Judicial y el Equipo Especial Auxiliar de la Justicia
en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior, cuando
corresponda). Dicho funcionario podrá así mismo solicitar información,
documentación y colaboración a los distintos Ministerios si fuera necesario a
los efectos de complementar su trabajo. El no cumplimiento de estas
obligaciones, la negligencia y la obstrucción serán consideradas faltas graves
administrativas y en su caso de corresponder serán pasibles de ser denunciadas
penalmente”.
En el segundo punto se señala que “se debe facultar a que los distintos
ministerios y organismos públicos remitan al Equipo Especial Auxiliar de la
Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior toda
información recabada a los efectos del cumplimiento de sus cometidos. Y en caso
de corresponder a la Unidad Especializada en Crímenes de Terrorismo de Estado
de la fiscalía (que debe crearse)”.
En cuanto a los recursos para el cumplimiento de la ley: “Dotar al
Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del
Ministerio del Interior y a la Unidad Especializadas en Crímenes de terrorismo
de Estado de las Fiscalías, de expertos en investigación criminalística y todas
aquellas especialidades que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de
sus funciones”.
Y gestionar ante el Poder Judicial el “descongestionamiento de aquellas
sedes penales que tengan una cantidad de causas que por su número o complejidad
sea necesario a los efectos de avanzar en la investigación y eventual
establecimiento de responsabilidades”.
A nivel de las fiscalías penales “tomar las medidas administrativas que
correspondan a los efectos de descongestionar aquellos turnos que tengan un
número de causas o que por la complejidad de las mismas, sea necesario a los
efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de
responsabilidades”.
Además reclaman la atención a las víctimas mediante servicio de
acompañamiento establecido por convenio con la Universidad de la República.
El PIT CNT reclama que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia evalué
“el eficaz cumplimiento de las medidas dispuestas e informará al Poder
Ejecutivo”.
Se pide que el Ministerio de Educación y Cultura realice un relevamiento
de los exhortos tramitados al extranjero relativo a estos temas, de manera tal que
todas las sedes penales puedan disponer de ellos en caso de ser necesarios y ya
se encuentren en nuestro país.
Ya que según argumentan en algunas causas de violaciones a los derechos
humanos cometidas en el marco del terrorismo de Estado y de la coordinación
represiva del Plan Cóndor, como parte de las investigaciones y las pruebas, se
hace necesario contar con expedientes e información que se han sustanciado en
la justicia de la región.
Por lo expuesto los trabajadores piden “rever aquellas disposiciones que
constituyen trabas y demoras en el proceso de justicia y contar con lo
solicitado precedentemente”.
Luego se establece un grupo de medidas legislativas se solicita:
“Dar trámite urgente al desglose del Proyecto de reforma de la Fiscalía
Nacional del artículo que faculta al Fiscal de Corte la creación de Unidades
Especializadas, mediante un agregado al artículo 7 del Decreto ley 15.365 que
faculte crear, modificar y/o suprimir unidades especializadas centralizadas en
las materias que entienda pertinente, que desempeñan funciones en las áreas de
asesoramiento, análisis, coordinación, capacitación, elaboración y difusión de
las mismas”.
“Establecer por ley la Unidad Especial del Ministerio del Interior.
Modificación de las leyes preparatorias de acuerdo a las recomendaciones de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo”.
Además los trabajadores piden “tomar el ejemplo de la Argentina sobre
los diversos programas vinculados con la asistencia y acompañamiento de los
testigos y/o presuntas víctimas que deban prestar declaración testimonial en el
marco de causas vinculadas con delitos de lesa humanidad”.
Entre las medidas presupuestales se reclaman además:
“Dotar de recursos presupuestales a la Unidad Especial del Ministerio
del Interior”.
Además “dotar de recursos presupuestales a la Unidad especializada en
crímenes de terrorismo de Estado de la Fiscalía”.
Reclama además “recursos necesarios para atender el Servicio de
acompañamiento a las víctimas de Terrorismo de Estado”.
Finalmente la comunicación establece que no se ignora la importancia del
mensaje institucional dado por el Poder Ejecutivo que “constituye un compromiso
que asume el actual gobierno en un tema que no se ha resuelto”.
Y remarca que estas propuestas “no se contraponen” a la instalación del
Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia anunciado el pasado 13 de febrero y que
“tampoco constituyen directa o indirectamente un cuestionamiento” a su integración.
A
CONTINUACIÓN LA TRANSCRIPCIÓN DEL TEXTO PRESENTADO POR EL PIT CNT AL PRESIDENTE
VÀZQUEZ:
Sr PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
Dr. Tabaré VAZQUEZ
PRESENTE:
De nuestra mayor consideración.
El 1º de marzo al dirigirse por cadena de radio y televisión a la
ciudadanía, Ud. expresó que impulsaría un Grupo de Trabajo integrado por
diversas personas de la sociedad civil para encarar un proceso de Verdad y
Justicia sobre nuestro pasado reciente. Y exhorto a que: “Aquellas personas u
organizaciones que crean tener una propuesta mejor que la que hemos anunciado,
por favor, que la presenten formalmente a Presidencia de la República para su
debida consideración”.
Atento a ello y al compromiso que hemos mantenido a lo largo de nuestra
historia para resolver adecuadamente las secuelas del accionar ilegal del
Estado en el pasado reciente, el movimiento sindical le traslada a Usted,
algunas propuestas atendiendo a lo solicitado en la oportunidad antes
mencionada.
Las mismas recogen y sintetizan nuestra larga experiencia reclamando en
los últimos treinta y cinco años justicia ante los tribunales nacionales y
extranjeros. En diversas oportunidades comparecimos ante los Tribunales de la
República Argentina, de España y de Italia, además de comparecer ante diversos
organismos internacionales. En el escenario de nuestro sistema judicial, desde
el Observatorio Luz Ibarburu venimos realizando, conjuntamente con otras
organizaciones de la sociedad civil, el seguimiento de más de dos centenares de
causas radicadas a lo largo y ancho del país y el patrocinio directo en más de
tres decenas de ellas. Ello nos a permitido, detectar los graves problemas que
afectaron y aún afectan al proceso de justicia en nuestro país, y sobre esas
dificultades hemos trabajado desde hace mucho tiempo para superarlas, ya sea
reclamando y/o proponiendo medidas concretas.
Es desde esa experiencia que nos consideramos con la autoridad
indiscutible para afirmar, que el Estado uruguayo a los efectos de dar
cumplimiento a sus obligaciones emergentes del derecho internacional de los
derechos humanos, deberá necesariamente tomar urgentemente un conjunto de
medidas administrativas, legislativas y presupuestales de acuerdo a los
estándares internacionales establecidos por los organismos de supervisión. Y
que esas obligaciones no deben ni pueden seguir siendo sostenidas desde la
sociedad civil.
Esas medidas, que reiteramos deben tomar el Estado en forma urgente,
tienen que estar en consonancia con el cumplimiento en tiempo y forma de la
sentencia de la Corte IDH y referirse a todos los delitos cometidos en el marco
del Terrorismo de Estado.
En el pasado dictatorial y en el periodo de autoritarismo estatal que lo
precedió, el Estado uruguayo supo organizarse para aplicar sus políticas
terroristas. Posteriormente en los primeros gobiernos democráticos, el Estado
supo organizarse para aplicar y sostener políticas de impunidad. Los dos
gobiernos que precedieron al que Ud. hoy preside, aunque tuvo notoriamente
políticas que se diferenciaron a los anteriores, el Estado no se organizó
adecuada y coherentemente para responsabilizar penalmente a los terroristas de
Estado.
El hecho de no haber tenido el Estado uruguayo una política que
desestructurara la impunidad, no debe ubicarse sus causas solamente en los
aspectos jurídicos. También tiene que ver con aspectos de orden estructural e
institucional. Aspectos estos que no deben continuar recayendo en las espaldas
de la sociedad civil y de las víctimas, sino que deben ser encaradas y
resueltas por el Estado, ya que. la tarea de investigar sigue siendo parte de
los deberes del Estado. No es una tarea que deba descansar sobre una suerte de
Comisión Ad-hoc integrada por la sociedad civil.
El movimiento sindical, las organizaciones de la sociedad civil y las
víctimas, vamos a seguir reclamando a su gobierno lo que le hemos reclamado a
todos los gobiernos anteriores: Un plan de derechos humanos vinculado a los
hechos del pasado reciente que cumpla con las obligaciones que le estableció al
Estado uruguayo la sentencia de la Corte IDH y que fuera recogido en el informe
de Pablo de Greiffl el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción
de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición.
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS.
1.- Designar en los Ministerio de Defensa Nacional, Interior y
Relaciones Exteriores (y en todos aquellos que se considere necesario) un
funcionario responsable al que se dotara de las facultades y los medios
necesarios (materiales y humanos) para recabar toda la documentación de interés
en esta materia, El mismo será responsable de responder en tiempo y forma todos
los pedidos de información, documentación y colaboración que le sea solicitada
ya sea de otros poderes del Estado y otros organismos con responsabilidad en el
tratamiento de estos temas. (En especial del Sistema Judicial y el Equipo
Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de Estado del
Ministerio del Interior, cuando corresponda). Dicho funcionario podrá así mismo
solicitar información, documentación y colaboración a los distintos Ministerios
si fuera necesario a los efectos de complementar su trabajo. El no cumplimiento
de estas obligaciones, la negligencia y la obstrucción serán consideradas
faltas graves administrativas y en su caso de corresponder serán pasibles de
ser denunciadas penalmente.
2.-Facultar a que los distintos ministerios y/o organismos públicos
remitan al Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de Terrorismo de
Estado del Ministerio del Interior toda información recabada a los efectos del
cumplimiento de sus cometidos. Y en caso de corresponder a la Unidad
Especializada en Crímenes de Terrorismo de Estado de la fiscalía ( a crearse).
3.- Dotar al Equipo Especial Auxiliar de la Justicia en Crímenes de
Terrorismo de Estado del Ministerio del Interior y a la Unidad Especializadas
en Crímenes de terrorismo de Estado de las Fiscalías, de expertos en
investigación criminalística y todas aquellas especialidades que fueran
necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
4.- Gestionar ante el Poder Judicial el descongestionamiento de aquellas
sedes penales que tengan una cantidad de causas que por su número o complejidad
sea necesario a los efectos de avanzar en la investigación y eventual
establecimiento de responsabilidades.
5.- A nivel de las fiscalías penales tomar las medidas administrativas
que correspondan a los efectos de descongestionar aquellos turnos que tengan un
número de causas o que por la complejidad de las mismas, sea necesario a los
efectos de avanzar en la investigación y eventual establecimiento de
responsabilidades.
5.-Establecer mediante convenio con la UDELAR un Servicios de
Acompañamiento a las Victimas.
6.- El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia evaluará el eficaz
cumplimiento de las medidas dispuestas e informará al Poder Ejecutivo.
7.- El Ministerio de Educación y Cultura realizara un relevamiento de
los exhortos tramitados al extranjero relativo a estos temas, de manera tal que
todas las sedes penales puedan disponer de ellos en caso de ser necesarios y ya
se encuentren en nuestro país.
En algunas causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en el
marco del terrorismo de Estado y de la coordinación represiva del Plan Cóndor,
como parte de las investigaciones y las pruebas, se hace necesario contar con
expedientes e información que se han sustanciado en la justicia de la región.
En algunos casos, dado que no se han creado las unidades especiales a nivel de
la fiscalía a que hacemos mención en otro punto de esta nota, se repiten las
mismas solicitudes, y cuando no es así, se producen excesivas demoras que ponen
en entredicho supuestos acuerdos de cooperación entre Uruguay y la Argentina.
Cuando desde el Observatorio se ha buscado prestar colaboración ya sea para
saber si lo que se solicita ya fue anteriormente enviado al país, o para
agilitar su trámite, la repartición de este Ministerio encargada de dichos
tramites manifiesta que no se puede brindarnos ninguna información.
Por lo expuesto se deberá rever aquellas disposiciones que constituyen
trabas y demoras en el proceso de justicia y contar con lo solicitado
precedentemente.
8.- Reglamentar la Ley 18.435 promulgada el 12/12/2008 que crea el
Archivo Nacional de la Memoria y se proceda a integrar su Consejo Directivo de
acuerdo a su artículo 5 literal c designando en él a un representante de una
organización defensora de los derechos humanos.
MEDIDAS LEGISLATIVAS.
1.-Dar trámite urgente al desglose del Proyecto de reforma de la
Fiscalía Nacional del artículo que faculta al Fiscal de Corte la creación de
Unidades Especializadas, mediante un agregado al artículo 7 del Decreto ley
15.365 que faculte crear, modificar y/o suprimir unidades especializadas
centralizadas en las materias que entienda pertinente, que desempeñan funciones
en las áreas de asesoramiento, análisis, coordinación, capacitación,
elaboración y difusión de las mismas.
En el apartado Nº 273 de le sentencia de la Corte IDH se establece que:.
El Estado informó que se “ha elaborado un proyecto de ley por el cual se crean
unidades especializadas en el Ministerio Público [y] en el Poder Judicial con
jurisdicción para [participar] en „la investigación de denuncias de graves
violaciones de derechos humanos‟”.
En reiteradas oportunidades a través del Observatorio Luz Ibarburu se
requirió de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación que se
diera cumplimiento a dicha creación, ya que la misma constituiría una
herramienta que ayudaría a que el proceso de justicia se cumpliera en forma
eficaz y en plazos razonable,
2.-Establecer por ley la Unidad Especial del Ministerio del Interior.
3.-Modificacion de las leyes preparatorias de acuerdo a las
recomendaciones de la INDHYDP.
4.- Tomar el ejemplo de la Argentina sobre los diversos programas
vinculados con la asistencia y acompañamiento de los testigos y/o presuntas
víctimas que deban prestar declaración testimonial en el marco de causas
vinculadas con delitos de lesa humanidad.
MEDIDAS PRESUPUESTALES.
1.-Dotar de recursos presupuestales a la Unidad Especial del Ministerio
del Interior.
2.- Dotar de recursos presupuestales a la Unidad especializada en
crímenes de terrorismo de Estado de la Fiscalía.
3.- Dotar de los recursos necesarios para atender el Servicio de
acompañamiento a las víctimas de Terrorismo de Estado.
Estas propuestas no se contraponen a la instalación del Grupo de Trabajo
por Verdad y Justicia anunciado el pasado 13 de febrero,
Tampoco constituyen directa o indirectamente un cuestionamiento a su
integración.
Tampoco ignoramos la importancia del mensaje institucional en tanto
constituye un compromiso que asume el actual gobierno en un tema que no se ha
resuelto.
Estas propuestas creemos que son funcionales al compromiso asumido el 1º
de marzo y estamos convencidos que de ser tenidas en cuenta a la hora de
establecer los mecanismos y responsabilidades correspondientes para el
cumplimiento de los objetivos planteados, constituirán un importante avance. Y
reiteramos no se trata de un cuestionamiento al profundo sentido simbólico que
encarnan los nombres de las personas designadas.
Sin otro particular lo saludan.
Secretariado Ejecutivo del PIT/CNT
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