Expertos advirtieron que Suprema Corte uruguaya “no garantiza
la independencia judicial interna”
La diaria - 29 10 13 - Por Lourdes Rodríguez
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Ana María Jerez y Daniel Urrutia. Foto: Pablo Rincón |
Ante las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia
(SCJ), la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ), una organización no gubernamental
creada en 2003, decidió visitar Uruguay con el fin de recabar información y
confeccionar un análisis del “estado del sistema de Justicia en Uruguay”.
Los
comisionados culminaron su labor el viernes, con un informe en el que destacan
la falta de aplicación del derecho internacional, la preocupación por la
criminalización de la protesta ante decisiones de la SCJ y los traslados
arbitrarios de jueces y fiscales. “Los jueces uruguayos dentro del Poder
Judicial no tienen garantías”, afirmó a la diaria el juez y comisionado chileno
Daniel Urrutia Laubreaux.
La RIJ está integrada por jueces y operadores jurídicos de
Haití, Nicaragua, El Salvador, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, España,
México, Guatemala, Honduras y Chile; y tiene como principal objetivo la
promoción de los derechos humanos y las garantías judiciales. Comenzó a
gestarse en 2003, pero su existencia fue oficializada en Chile el 27 de marzo
de 2004 y sus visitas internacionales se iniciaron en 2009, tras el golpe de
Estado en Honduras.
El juez Urrutia y la actuaria cordobesa Ana María Jerez
llegaron el martes 22 a Uruguay en su calidad de comisionados ante la RIJ. Mantuvieron
encuentros con ministros de la SCJ, con organizaciones (Serpaj, Institución
Nacional de Derechos Humanos, Colegio de Abogados, Asociación de Magistrados,
Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay), con los legisladores Ope
Pasquet (Partido Colorado) y Óscar López Goldaracena (Frente Amplio), abogados
especializados, jueces y fiscales.
Las conclusiones de la visita fueron plasmadas en un informe
preliminar (http://ladiaria.com.uy/media/attachments/COMUNICADO_URUGUAY_FINAL.pdf),
que establece como preocupación general que la SCJ “en forma expresa y
reiterada ignora en su actuación jurisdiccional y administrativa el derecho
internacional de los Derechos Humanos y la falta de adecuación del derecho
interno a la Convención Americana sobre derechos Humanos vigente en el país,
incumpliéndose así […] las recomendaciones dispuestas por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman”.
En el mismo sentido, hace unas semanas, el relator especial
de la ONU sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las
Garantías de no repetición, Pablo de Greiff, concluyó que “nada parece amenazar
más las posibilidades de progreso en el área de la Justicia que decisiones
recientes de la SCJ” (ver la diaria del 07/10/13). “Las nuestras son
conclusiones de observaciones de especialistas en temas del derecho y tienen un
peso ético. Ya no somos islas, en algún momento damos exámenes ante la
comunidad internacional y éste es un examen”, explicó Urrutia a la diaria.
El informe de los comisionados de la RIJ hace referencia a la
denuncia que la SCJ radicó tras las protestas frente a su sede en febrero de
2013, durante la ceremonia donde se concretó el traslado de la jueza Mariana
Mota: “Se observa con especial preocupación la judicialización penal y
pretendida criminalización de la protesta social impulsada por la misma SCJ [y]
llamamos a respetar en toda su extensión el derecho a la legítima protesta
social”.
Supremo mensaje
La RIJ alerta sobre la “concentración -no reglada y falta de
criterios uniformes públicos- de facultades jurisdiccionales y administrativas
de la SCJ”; señala que esto se manifiesta en la “discrecionalidad para el
ingreso, ascensos, traslados y egresos de la carrera judicial” y que se
necesita “mayor transparencia y rendición de cuentas a través de mecanismos de
control ciudadano”. “No es sólo Mota, cuyo caso tuvo repercusión internacional.
Escuchamos otros jueces que nos dijeron que estaban investigando determinados
temas y de repente los ascendieron”, puntualizó Urrutia a la diaria. El
comisionado chileno indicó que nuestra estructura judicial hace que los jueces
uruguayos “tengan que pensar que lo que resuelvan no tenga un costo para
ellos”.
Explicó que la independencia judicial puede verse afectada
mediante actos externos -presiones del Ejecutivo, por ejemplo- o internos. “En
el caso uruguayo, estructuralmente los jueces no tienen independencia judicial
interna. Los jueces pueden sentir que son independientes y actuar con
honorabilidad, pero lo que está en cuestión es que estructuralmente no se
asegura su independencia. La SCJ está dando una señal equivocadísima: señores
jueces, si quieren hacer carrera no apliquen el derecho internacional. No
ocurre en casi ningún otro país del mundo que sin preguntarle a nadie, sin
rendir transparentemente nada, toma a un juez y lo traslada. La garantía de
inamovilidad es una garantía para los ciudadanos, no es primeramente para el
funcionario”.
Otro punto relevante del informe de la RIJ es el
incumplimiento de la SCJ de sus compromisos internacionales. Uruguay, por
intermedio de la SCJ, forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que en
los últimos años aprobó documentos de autorregulación para limitar sus propias
normas. “La SCJ uruguaya no cumple con el Estatuto del Juez Iberoamericano, ni
con el Código de Ética Judicial, ni con la declaración que conforma las 100
reglas de Brasilia para la mejor administración de justicia”, señalan los
comisionados.
Surtido
Entre las recomendaciones de la Red Iberoamericana de Jueces
(RIJ) se encuentran: garantizar los recursos humanos y económicos para el
funcionamiento de la INDDHH; asegurar el acceso de las mujeres a los espacios
de poder del Poder Judicial y la transparencia del procedimiento en el
nombramiento de los miembros de la SCJ; concretar la reforma del sistema
procesal penal que “no cumple los estándares de garantías judiciales y del
debido proceso”; y asegurar la investigación de los delitos de lesa humanidad
ocurridos durante el terrorismo de Estado.
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