Brecha - 4 10 13
Otra familia de un detenido
desaparecido uruguayo en Argentina pudo confirmar la crueldad de la represión
regional que terminó con la vida de un joven de 22 años, integrante de la
Juventud Peronista. Su nombre era Heber Eduardo O’Neill Velázquez.
“Yo sabía
que vivo a mi hijo no lo iba a encontrar, pero al menos estos huesitos que
aparecieron en Argentina me dejan la tranquilidad de que, después de 37 años de
búsqueda, y al final de mi vida, puedo saber la verdad.”
Ever O’Neill tiene 83 años y vive en Rocha, donde atendió la llamada de Brecha.
Con hablar sereno, de frases cortas y largos silencios, reflexionó de esta
manera ante el hallazgo de los restos de su hijo, Heber Eduardo O’Neill
Velázquez, desaparecido en Buenos Aires en 1977. Y agradeció el trabajo de
técnicos y autoridades de Uruguay y Argentina que colaboraron en todos estos
años.
En los últimos tiempos mantuvo una comunicación constante con la Secretaría de
Derechos Humanos para el Pasado Reciente, y en las últimas semanas, consciente
de la fragilidad de su salud pero sin que sus fuerzas amainaran en la lucha, le
confió a uno de sus miembros que no quería morir sin encontrar a su hijo.
El lunes 30 de setiembre recibió esa llamada que de alguna manera él siempre
esperaba: ahora puede llorar a su hijo muerto.
Eduardo O’Neill tenía 22 años cuando el 18 de enero de 1977 fue detenido “en el
trayecto de su reparto de vino, en una plaza ubicada entre las calles Estomba y
Montenegro, barrio La Paternal” de la ciudad de Buenos Aires, según consta en
la investigación histórica sobre detenidos desaparecidos ordenada en 2006 por
la Presidencia de la República.
Lo encerraron en la comisaría número 39 y luego fue trasladado al centro
clandestino de detención Pozo de Quilmes. El 18 de febrero de ese año, “en muy
malas condiciones físicas por las torturas recibidas, es conducido al centro
clandestino de detención El Vesubio”, señala el documento.
Celmar Alves Heredia, otro joven detenido en aquellas circunstancias, brindó
testimonio ante el Secretariado Internacional de Juristas por la Amnistía en
Uruguay, en audiencia que el 8 de agosto de 1978 se desarrolló en París: “(...)
Momentos más tarde Eduardo O’Neill es liberado, se le entregan objetos
personales y se le hace firmar el libro de salidas. Luego es llevado a un
calabozo donde se lo escucha gritar momentos después: ‘No firmen ningún tipo de
papel, esto es una trampa, no van a ser liberados’. Al escucharlo, los guardias
entran en su celda y comienzan a golpearlo (...)”, declaró.
Este hecho es atribuido a “policías uniformados pertenecientes a la Seccional
número 39 de la Policía Federal. Según la circular número 12 del sijau, la
seccional estaba a cargo del comisario Carvallo”.
La familia O’Neill comenzó a buscarlo de inmediato por comisarías e
instituciones del gobierno argentino, sin resultado. Obteniendo mentiras en
cada organismo al que se presentaban.
Un parte diplomático describe: “Con fecha 15 de agosto de 1978 su padre señor
Heber Germán O’Neill García denuncia su desaparición ante el señor ministro de
Relaciones Exteriores” de la República Argentina. Y entre los documentos que se
acopiaron para la investigación consta un ejemplar de Compañero, periódico del
Partido por la Victoria del Pueblo, fechado el 1 de setiembre de 1978, que bajo
el título “¿Dónde están?” registra su nombre en la “nómina de uruguayos vistos
en prisión en Buenos Aires, en fecha 18 de enero de 1977”.
Por “Oficio confidencial número H3-2/978 (2255), de la Embajada de Uruguay en
la República Argentina, fechado en Buenos Aires el día 17 de octubre de 1978”
se informa que según la División Búsqueda de Personas Desaparecidas de la
Policía Federal Argentina “el día 21-I-977 fue procesado por actividades
subversivas” con intervención del “Consejo de Guerra Estable número 1” a donde
fue “remitido” el detenido el “día 28-I-977”.
Pero al solicitarse información a ese organismo de la dictadura, se obtuvo por
respuesta la siguiente: “En mi carácter de presidente del Consejo de Guerra
Especial Estable número 1/1, tengo el agrado de dirigirme al señor cónsul a los
efectos de informarle que en este Consejo de Guerra no existe ningún
antecedente relacionado con el ciudadano uruguayo Heber Eduardo O’Neill
Velázquez”.
Desde entonces Ever soportó obstáculos de toda índole, pero no claudicó en la
búsqueda de su hijo, quien dejaba una hija pequeña, Yamila, quien ahora también
podrá dar sepultura digna a los restos de su padre. La Secretaría de Derechos
Humanos para el Pasado Reciente ha comenzado los contactos para cumplir con los
pasos del sepelio que decida la familia. Las investigaciones penales tomarán en
cuenta esta nueva información que puede servir como prueba para eventuales
acciones contra criminales de lesa humanidad.
Se trata de un caso de coordinación represiva regional, como los que se practicaban
bajo el Plan Cóndor. Ya en su momento, al pedir la condena de varios criminales
militares uruguayos, la entonces fiscal Mirtha Guianze se había referido al
caso de O’Neill para significar cómo se daba la coordinación del aparato
represivo y cuál era la actitud del gobierno uruguayo: “No admitieron las
operaciones en Argentina, ni en otros países, ni las
detenciones-desapariciones, y aun brindaron reiteradamente informes en los que
se falseaban los hechos”, aseveró.
Durante el gobierno de facto, el Ministerio de Relaciones Exteriores integraba
el Consejo de Seguridad del Estado. En función de ello, una de las tareas
primordiales de la Unidad de Derechos Humanos era servir de enlace y de
ejecutor de las políticas que diseñaba el Servicio de Información e Inteligencia
de las Fuerzas Armadas, en particular del Departamento II, Exterior. Cuando la
reapertura democrática, en 1985, se localizaron diversos archivos con abundante
información sobre lo que el Servicio de Información de Defensa ordenaba
trasmitir al exterior en relación con los desaparecidos. Muchos de estos
documentos revestían la autodenominación de “secretos”.
“Así, por
ejemplo –explicaba la fiscal Guianze–, en el caso de Heber Eduardo O’Neill,
detenido desaparecido en la República Argentina, existía un ‘memo’ secreto que
informaba, mucho tiempo después de su desaparición, que dicho ciudadano estaba
vivo, en la República Argentina, a disposición del ‘Tribunal de Guerra’
argentino”, señaló. Durante la dictadura esta información integró un amplio archivo
guardado en la cancillería.
La fiscal recordó que “en los estertores del gobierno autoritario se dio orden
de destruir dichos documentos, pero la misma no se ejecutó” y que “los
documentos referidos se hallaban en el Archivo Histórico del Ministerio de
Relaciones Exteriores”, según surge textualmente de un informe confidencial
firmado el 3 de mayo de 1996 por la abogada Silvia Izquierdo, del Departamento
de Derechos Humanos de la cancillería.
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