Montevideo, 6 de setiembre de 2013
Mesa Política Nacional
del Frente Amplio.
Atn. Dra. Mónica Xavier.
De nuestra consideración:
La creación de la Institución
Nacional de DDHH y Defensoría del Pueblo (INDDHH), en el año 2009, fue una gran
conquista de la sociedad uruguaya. Al aprobarse unánimemente en el Parlamento la Ley 18 446, se modernizó positivamente la
institucionalidad democrática y se profundizó la democracia reconquistada con
la resistencia y la lucha de los trabajadores y del pueblo uruguayo.
Las instituciones nacionales de DDHH
son escudos para los débiles, para los ciudadanos más vulnerables y más
desprotegidos de las sociedades. Los banqueros, los grandes industriales y
terratenientes, los dueños de los medios de comunicación, las transnacionales,
tienen los recursos, los medios, para proteger y defender sus intereses, sin
tener que recurrir a órganos como la INDDHH.
El sistema capitalista ya ha
demostrado que no es alternativa para el futuro de la humanidad. El
régimen que lo sustituya se asentará en la plena vigencia de los principios
democráticos, de la libertad, en su profundización, desarrollo y
extensión. Las normas de derechos humanos son y serán el pilar básico y
esencial de dicha sociedad.
El fortalecimiento, desarrollo y
potenciación de la INDDHH es imprescindible para afirmar y profundizar la
democracia uruguaya, para afirmar la libertad y los derechos de los ciudadanos
frente al gobierno, los poderes y la burocracia estatal. Es muy veleidosa la
probidad de los hombres. Los 200 años de historia de nuestro país lo han
demostrado.
La INDDHH es el órgano de la
democracia uruguaya con el cometido específico y exclusivo de proteger,
defender y promover los derechos humanos de todos los ciudadanos.
El 6 de diciembre de 2012, la INDDHH
emitió una Recomendación al Poder Ejecutivo solicitando el envío al Parlamento,
para su aprobación antes del 25 de octubre de este año, de un proyecto de ley
destinado a subsanar las carencias, insuficiencias e inconsistencias de las
leyes reparatorias aprobadas durante el gobierno anterior, especialmente la Ley
18 033.
La INDDHH realizó dicha sugerencia al
constatar que la misma violenta principios básicos de las normas
internacionales de DDHH que Uruguay ha ratificado y que, por lo mismo, en los
hechos, hasta que dicha ley no sea modificada, se continúa violentando los
derechos de las personas que han sido víctimas del terrorismo de Estado,
especialmente de los expresos políticos.
La INDDHH cuando adopta resoluciones como
la señalada, no emite informes. Son decisiones y recomendaciones de carácter
jurídico no vinculante, pero no son informes burocráticos. Son pronunciamientos
que deberían ser seriamente tenidos en cuenta por los actores involucrados y el
sistema político como tal, especialmente por aquellos partidos consustanciados
con los valores y principios democráticos y comprometidos con la defensa y
promoción de las normas de derechos humanos.
La Ley 18 033, aún con sus carencias
señaladas, fue un paso importantísimo en la superación de las heridas causadas
por el terrorismo de Estado a partir del 15 de abril de 1972 en el marco de un
Estado que comenzó a actuar en forma ilegítima desde el 13 de junio de 1968.
Simplemente modificando el Artículo
11 de la Ley 18 033 es posible seguir avanzando en el cumplimiento de las
obligaciones del Estado uruguayo en el sentido manifestado el 6 de diciembre de
2012 por la INDDHH.
Crysol presentó al respecto una
propuesta modificativa con el concurso del Dr. Alejandro Artuccio que es una
iniciativa facilitadora del cumplimiento de la recomendación de la INDDHH.
Por medio de la presente nota,
expresamos a Uds. nuestro profundo malestar como colectivo organizado ante la ausencia
de una resolución explícita por parte del Frente Amplio instando al Poder
Ejecutivo a cumplir con la recomendación de la INDDHH y el escaso respaldo, por
la vía de los hechos, a la propia Institución.
Este silencio debilita y deslegitima
a la INDDHH, expone a Uruguay a ser observado por el Consejo de DDHH de las
Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal (EPU) y posterga para un
futuro incierto la solución a una injusta situación que afecta a un colectivo
reducido y con un promedio de 69 años de edad.
Ratificamos como siempre nuestra
disposición al diálogo y al intercambio franco de opiniones. Fuimos, somos y
seremos una Organización No Gubernamental, comprometida con la Verdad, la
Justicia y la Memoria, con los principios y directrices que emanan de la
Resolución 60/147 de las Naciones Unidas para asegurar efectivamente, mediante
su plena implementación en el país, el Nunca Más terrorismo de Estado.
