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viernes, 13 de septiembre de 2013

Daño colateral

Rico: “La Ley de Caducidad dejó como efecto una cultura de la impunidad y la pérdida del sentido de responsabilidad”


La diaria - 13 9 13


Marcha del Silencio el 20/5 en Carmelo. Foto: Javier Calvelo
Con motivo de la presentación del libro de la editorial Trilce Ley de Caducidad, un tema inconcluso. Momentos, actores y argumentos (1986-2013), coordinado por Aldo Marchesi y escrito por Gianella Bardazano, Álvaro de Giorgi, Ana Laura de Giorgi y Diego Sempol, con la colaboración de Nicolás Duffau y Diego Luján, ayer se desarrolló una mesa redonda con la participación del presidente del Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Juan Raúl Ferreira, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, y el catedrático de la Facultad de Derecho Óscar Sarlo. Si bien estaba anunciada la presencia de la senadora del Frente Amplio (FA) Constanza Moreira, la legisladora se excusó por problemas de agenda y envió una carta con sus consideraciones sobre la obra.
La actividad se proponía, además de presentar el libro, reflexionar sobre las consecuencias del proceso político que se dio luego de aprobada la Ley de Caducidad en 1986 y cómo se vio afectada la mirada de la sociedad sobre los derechos humanos y el sistema jurídico.
En primer lugar se leyó la nota de Moreira, que señalaba que el libro “constituye un aporte valiosísimo en la agenda de derechos humanos” y destacaba que contiene “la intensa reflexión que se dio en los años 80 sobre lo que estaba pasando”. Moreira escribió que “la ley hoy no existe pero sí sus efectos” y que dejó de ser necesaria “porque hizo todo lo que tenía que hacer”. 
“De hecho, desaparece cuando los delitos empiezan a prescribir y perduran los efectos que su espíritu robusto y expansivo produjo en la inoperancia de todos los poderes del Estado mucho más allá de lo que la ley efectivamente decía”. Para Moreira, “la doctrina de la impunidad fue políticamente posible porque sólo afectaba a los derechos humanos de las personas de izquierda” que en ese momento “no era un igual en el sistema de partidos, sino un intruso”. 
Pero aunque la ley ya no está, “estamos como al principio”, ya que “no hay testimonios de las Fuerzas Armadas, son pocos los procesos que encuentran causa en la Justicia” y se asiste “a los desplazamientos de jueces comprometidos”, añadía Moreira. Se depende “de la voluntad de operadores jurídicos valientes” pero que no pueden solos, a menos que “el poder, incluyendo al gobierno, decida que la causa vale y que los derechos están por encima de cálculos”, finalizaba.
Sarlo comenzó la ronda de exposiciones destacando la producción como “una reconstrucción hasta preciosista de los argumentos históricos como para seguir reflexionando sobre estos temas”. El libro dedica un capítulo a los argumentos esgrimidos por los partidos tradicionales, otro a los del FA, un tercero a los planteos de las organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales y, al final, uno sobre cuestiones jurídicas. Sobre este último punto, Sarlo dijo que existía “una carencia teórica” y explicó que la Ley de Caducidad “fracturó a la academia” y la dejó “casi sin Cátedra de Derecho Constitucional”, porque “el derecho terminó siendo absorbido por la política”. 
Explicó algunas tesis que sostienen, respecto de este tema, que los derechos humanos “no son gratuitos” porque “no salen de una entidad sobrenatural”, sino que “tienen costos”, y puso como ejemplo que “la base de los actuales” derechos “costó 60 millones de muertos en cinco años”, en referencia a la Segunda Guerra Mundial. También expresó que “no hay derechos humanos colgados de un texto”, sino que hay que “consolidar un sistema confiable” y que “la causa de los derechos humanos se fortalece cuando se fundamenta en cuestiones éticas y lejos de los escenarios electorales”. Finalmente, preguntó si la sociedad uruguaya “está ajena a la impunidad, o será que todos queremos mantener cierta cuota de impunidad”, y criticó la “judicialización” de los derechos humanos, cuando en realidad se trata de un “problema político”.
Por su parte, Ferreira dijo que el libro tiene “una objetividad histórica admirable pero no con falta de compromiso” y que “el de la Ley de Caducidad es un tema inconcluso”. Ferreira contó que en el proceso que comenzó con su adhesión a la campaña por la anulación de la ley se dio cuenta “del daño que había causado” la norma y de “las cosas que había roto” en el país. Destacó como una de sus consecuencias “la destrucción de un capital político importantísimo, como la acumulación de fuerzas del frente antidictatorial. 
Fue un punto de quiebre fatal entre los que levantaron las mismas banderas”. Luego señaló que en la actual integración del Directorio del Partido Nacional “son muchos más los que no votaron la ley o integraron la comisión del voto verde”, y sin embargo festejaron que no se alcanzaran los votos en el plebiscito de 2009. Ferreira explicó que se fue instaurando “una deformación” de la historia, que proclama que la Ley de Caducidad fue impulsada por “la teoría de los dos demonios”. “Eso es una mentira”, añadió.
Rico señaló que los “efectos” de la ley “son estructurantes del presente” y dijo que si bien no sabe si Julio María Sanguinetti puede ser considerado “un príncipe”, la Ley de Caducidad “es una ley fundante del Uruguay posdictadura”. Uno de los efectos “más importantes” fue “instalar una cultura de impunidad” en el país, que está presente “en la cotidianidad” en situaciones como manejar a alta velocidad porque “no me va pasar nada”, y generar una “pérdida del sentido de responsabilidad” que se percibe en las relaciones “laborales, vecinales, de pareja”, cuando las personas “no asumen las consecuencias” de sus acciones, añadió. La impunidad se ha trasformado en “un elemento cultural y cohesionador en un sentido destructivo”, y si bien hay avances en materia legislativa, “se da en un contexto cultural y social cada vez más conservador y dentro de un sistema legal y penal cada vez más punitivo”, concluyó Rico.
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