Un oportuno pico de estrés
Escrito por: Samuel Blixen – Brecha 15 6 12
El general Pedro Barneix, principal implicado en el asesinato de Aldo Perrini, ocurrido en el cuartel de Colonia en 1974, tuvo un oportuno ataque de estrés que le impidió concurrir al juzgado donde presumiblemente iba a ser procesado por homicidio especialmente agravado.
¿Cuántos de sus prisioneros del cuartel de infantería de Colonia tenían el privilegio de pedir la suspensión de los interrogatorios alegando que estaban sufriendo estrés? Ninguno, ni los vivos ni los muertos. Pero hoy el general Pedro Barneix puede darse el lujo de introducir esa monumental chicana para dilatar un procesamiento por homicidio especialmente agravado que debía haberse concretado en la audiencia que el miércoles 13 dispuso la jueza penal Mariana Mota en la indagatoria del asesinato de Aldo Perrini, ocurrido en marzo de 1974.
El miércoles concurrieron al juzgado, además de Barneix, los coroneles retirados José Puig-vert, José Baudean y Washington Perdomo, responsables del interrogatorio al que fue sometido Perrini y que culminó con su muerte en la sala de interrogatorios del cuartel de Colonia. Pero, como se detalla más abajo, el abogado de Barneix renunció a la defensa y fue necesario suspender la audiencia para ayer jueves, a la que sólo debía concurrir el general.
En la tarde de ayer, en lugar de Barneix concurrió al juzgado un abogado de apellido Suárez Franco, quien presentó en la sede un certificado médico según el cual su defendido fue internado en el Hospital Militar aquejado de estrés, una dolencia de síntomas difusos porque no presenta sarpullidos ni fiebre alta, ni espuma en la boca. Según el certificado médico, Barneix no puede recibir visitas ni ser interrogado ni ser sometido a situaciones de estrés.
La jueza Mota se disponía, al cierre de esta edición, a remitir a la Suprema Corte de Justicia todo el expediente de Perrini, que el máximo órgano judicial pretende analizar para determinar la validez de un recurso de inconstitucionalidad. La orden de la Suprema Corte ocurre en el momento en que Barneix monta una chicana mayúscula.
Por esa razón el abogado de la familia Perrini, Óscar López Goldaracena, solicitó a la magistrada que ordene inmediatamente el cierre de fronteras para todos los indagados; que la Policía verifique si el general Barneix está efectivamente internado; en caso afirmativo, que se disponga guardia policial permanente; que médicos forenses informen si Barneix está o no en condiciones de ser interrogado; y en ese caso, que la magistrada instale la sede judicial en el hospital. El abogado fundamentó sus pedidos: "Valoro que hay un intento de sustracción a la acción de la justicia".
La jornada del miércoles estuvo también dominada por las chicanas. Los abogados defensores interpusieron recursos –de queja, de nulidad, de inconstitucionalidad– para dilatar el pronunciamiento de la jueza Mota, en función del pedido de la fiscal Ana Tellechea, que reclamaba el procesamiento de los cuatro militares indagados por delitos de lesa humanidad.
Cuando los abogados defensores exigieron la nulidad de la audiencia de los médicos que habían realizado la autopsia histórica, la jueza automáticamente la otorgó. Al parecer, la magistrada había dispuesto la audiencia para ofrecer mayores garantías a los demandados; de hecho, el resultado de esa autopsia era concluyente: Aldo Perrini había muerto "en el contexto" de torturas que explicaban las múltiples heridas, contusiones y hematomas internos.
Asimismo, la jueza Mota tomó nota del recurso de inconstitucionalidad del delito de "homicidio político" previsto en la ley 18.026, aprobada en 2007, presentado por el abogado de Barneix, el ex juez penal Ruben Eguiluz. La magistrada se permitió puntualizar que aún no había dictado ningún procesamiento, que no se podía presumir qué delito iba a tipificar y que por lo tanto el recurso se adelantaba a los hechos; pero de todas formas reivindicó la potestad del juez de continuar las actuaciones judiciales y que no necesariamente éstas deben suspenderse mientras se sustancia el reclamo.
Fue entonces que el abogado Eguiluz anunció su decisión de renunciar "por falta de garantías". El anuncio no pareció sorprender a los indagados ni a sus abogados, pero Barneix reclamó tiempo para nombrar un nuevo abogado privado, y la magistrada suspendió la audiencia por 24 horas.
El abogado de la familia Perrini, uno de los primeros en abandonar la sede judicial, comentó la decisión de su colega Eguiluz: "Esa película ya la vi. Cuando el juez Luis Charles se disponía a procesar al general Gregorio Álvarez por múltiples homicidios, utilizó la chicana de la renuncia de su abogado para dilatar un pronunciamiento. Y también la defensa de Álvarez interpuso un recurso de inconstitucionalidad respecto del delito de desaparición forzada, con el mismo objeto de dilatar su procesamiento. La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso en menos de diez días". Visiblemente molesto por las chicanas ("llevan treinta años de impunidad y no les parecen suficientes las garantías de que gozan"), López Goldaracena agregó: "Si cobran penal, yo lo pateo, con arquero o sin arquero".
La suspensión de la audiencia tuvo imprevistas repercusiones en la puerta del edificio de los juzgados penales en la calle Misiones, donde se congregaron periodistas, militantes de derechos humanos y familiares de Perrini. Desconociendo qué había ocurrido en la sala de juzgado, Dino Perrini, uno de los hijos del heladero de Carmelo asesinado en 1974, supuso que Barneix había eludido un pronunciamiento de la justicia, al verlo salir de los ascensores en compañía de su abogado; la familia Perrini daba por descontado que Barneix y los otros tres militares indagados quedarían recluidos después de una dilatada indagatoria judicial, que fue extremadamente cuidadosa en el respeto de los derechos y exhaustiva en la búsqueda de los elementos de prueba.
Rodeado de periodistas, cercado por micrófonos, Barneix no alcanzó a completar una frase cuando se acercó Dino y le gritó: "Yo soy el hijo de Perrini. Vos lo mataste". Barneix contestó: "Yo no lo maté", y Dino alcanzó a lanzarle dos puñetazos antes de que lo separaran, mientras lo insultaba. Barneix, dirigiéndose a los micrófonos, repitió una y otra vez: "Yo nunca le pegué a nadie, son ustedes los que ahora golpean, yo nunca pegué", una afirmación que muchos han puesto en duda, considerando que Barneix era, en el cuartel de Colonia, un oficial de inteligencia encargado de los interrogatorios a los prisioneros; un oficial que durante toda la dictadura realizó una carrera siempre ascendente y llegó a ser director de Inteligencia del Estado.
Inmediatamente después de los incidentes, Dino Perrini se excusó y declaró a la prensa que él nunca actúa así, agresivamente, pero que sintió impotencia al ver salir a Barneix. "Salen diciendo que no hicieron nada, cuando mataron, torturaron, violaron. No sé por qué salió si ahí (en el juzgado) está todo." El abogado López Goldaracena dio una explicación: "Estos son los problemas que surgen cuando la justicia no actúa de inmediato. Si la muerte de Perrini se hubiera indagado en la justicia ordinaria inmediatamente, en 1974, los familiares no llevarían a cuestas esta carga, durante más de treinta años".
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