La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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miércoles, 6 de junio de 2012

Hubo un solo demonio

Es oficial

Estado reconoció su responsabilidad por
violación a derechos humanos.

Herminia Santana, militante de Crysol, 83 años bien militados, recibe su Documento oficial.


La diaria. 5 6 12

Ayer, en un acto público en el Palacio Legislativo, la Comisión Especial para dar cumplimiento a la ley 18.596 de reconocimiento y reparación por la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985 entregó los primeros certificados de reconocimiento a víctimas y familiares de víctimas del terrorismo de Estado durante ese período. También participaron en este acto la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

La entrega de los documentos que acreditan “la condición de víctima y la responsabilidad institucional” que le cabe al Estado estaba prevista en la propia ley, que además establece dos tipos más de reparación: la atención médica y la indemnización económica, según corresponda en cada caso.

En el acto participaron el titular del MEC, Ricardo Ehrlich, el director Nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda, el diputado emepepista Esteban Pérez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa cámara, y en representación de las organizaciones sociales que nuclean a las víctimas del terrorismo de Estado, Roberto Herrera, de Crysol, y María del Carmen Martínez, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Pérez recordó, en primer lugar, a las víctimas que no recibirán el reconocimiento por estar ausentes y dijo que “en este día” hay que apartar del corazón “todo sentimiento de odio” porque “el odio y el rencor son paralizantes” y se necesita seguir construyendo el camino trazado para mejorar, porque “muchas de las causas por las que hemos sido víctimas aún perduran”.

El ministro Ehrlich, en tanto, explicó los contenidos generales de la ley 18.596 e indicó que esta entrega pública fue resuelta “en carácter simbólico” como parte de los objetivos de la normativa. “La ceremonia de hoy debe considerarse parte del esfuerzo de la sociedad que busca cerrar heridas y debe conducirnos a despejar el horizonte para la nuevas generaciones dejándoles el legado de una sociedad que ha asumido con valentía su historia”, concluyó Ehrlich. Para finalizar el acto, fueron entregados simbólicamente los primeros certificados a los representantes de Crysol y de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Una parte

En una mesa contigua, integrantes de la comisión comenzaron a entregar los primeros documentos a la gran cantidad de solicitantes que concurrieron, familiares de víctimas o a los representantes de las organizaciones sociales.

Roberto Herrera, de Crysol, dijo a la diaria que el acto significó “parte del reconocimiento” del Estado por la “sistemática violación” a los derechos humanos y que “es un proceso que vamos ganando”. Sobre el texto del documento explicó que “costó mucho elaborarlo” porque “no podía ser un papel, un volante, un diploma sino una cosa que atesore cada uno y que la pueda guardar como parte de un proceso más profundo”. “Tienen que presentarse más compañeros porque esto tiene efectos de recuperar el sentido de unidad y el vínculo entre todos”, expresó Herrera.

Por su parte, María del Carmen Martínez no cree que este documento pueda tener otra validez que no sea “moral”, ya que se trata de una parte de la reparación integral de la que también forman parte la colocación de placas, de nombres y los actos de homenaje. Martínez expresó que esta instancia es un avance y que en el tema de la violación a los derechos humanos no se puede decir que “se termina en algún momento o se empezó en algún momento”. “Son pasos y procesos largos, y si no miremos lo que pasa en España o en Brasil, donde recién se están abriendo los archivos”, explicó.

El documento entregado tiene el escudo nacional en su portada junto a la inscripción “Certificado de reconocimiento”, y en su interior otro texto, por medio del cual el Estado reconoce a cada persona “como víctima del accionar ilegítimo y/o del Terrorismo de Estado en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985”. Luego dice que el Estado “reconoce la responsabilidad institucional que le cabe al haber afectado su dignidad humana por motivos políticos, ideológicos o gremiales”. El documento lleva las firmas del ministro Ehrlich como presidente de la comisión especial y de los demás integrantes, uno del Ministerio de Salud Pública, otro del Ministerio de Economía y Finanzas y los dos representantes de las organizaciones sociales representativas de las víctimas del terrorismo de Estado.

La comisión ya lleva emitidos unos 250 certificados, muchos de los cuales se entregaron ayer en mano de las víctimas o sus familiares. Aquellos que no hayan podido retirar el documento ayer pueden hacerlo en la sede del MEC. Por otra parte, quienes estén interesados en iniciar el trámite para solicitarlo pueden descargar los formularios correspondientes en el sitio web del MEC y presentarse con la documentación exigida en los lugares allí indicados. Según informaron desde la comisión, no todas las reparaciones aprobadas incluyeron la emisión del certificado porque algunos solicitantes no especificaron que además de las compensaciones económicas o la atención médica requerían el documento de reconocimiento.
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