Todos los procesos judiciales por las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el terrorismo de Estado han sido iniciadas por los familiares de las víctimas o por los propios sobrevivientes de ellas.
Luego que la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) en febrero de 2011 sentenció que la Ley de Caducidad aprobada en 1986 carecía de efectos jurídicos, el Poder Ejecutivo revocó los actos administrativos por los cuales más de 80 casos habían sido amparados por ella. Al mismo tiempo se iniciaron, con el amparo de las organizaciones sociales y el respaldo de profesionales honorarios, decenas de nuevas denuncias ante la justicia y centenares ante las seccionales policiales de todo el país.
Las víctimas testigos y su compromiso con la justicia.
A pesar de que es obligación del Estado, de sus poderes y órganos investigar y esclarecer las violaciones a los DDHH, ninguna causa judicial ha sido iniciada de oficio por el órgano del Estado que tiene las potestades para ello.
Desde el retorno a la institucionalidad democrática la justicia uruguaya ha actuado de oficio en episodios de riñas y trifulcas en actividades deportivas. En ningún caso los magistrados han considerado conveniente iniciar las investigaciones correspondientes ante los hechos de pública notoriedad que han conmovido a la sociedad por su crueldad y barbarie al encontrarse restos humanos en dependencias militares o denuncias periodísticas sobre torturas sufridas.
Conscientes de que la investigación y el esclarecimiento de las graves violaciones a los DDHH y el castigo penal y administrativo a sus responsables es el único camino para la plena vigencia de las normas y para impedir que los hechos vuelvan a ocurrir, los familiares de los detenidos desaparecidos, de los asesinados y decenas de víctimas directas tomaron la decisión de presentar las correspondientes denuncias para lograr que la justicia asuma sus obligaciones.
Solos contra el mundo.
Ninguna repartición oficial hasta el momento ha tomado la iniciativa de apoyar y respaldar a los ciudadanos que han tenido el coraje y la valentía de presentar denuncias por los delitos, imprescriptibles, cometidos durante la larga noche del terrorismo de Estado.
El movimiento sindical y las organizaciones de DDHH, Crysol entre ellas, con el apoyo de juristas que actúan en forma honoraria, honrando su profesión y su compromiso democrático, han promovido las denuncias, apoyando logística y emocionalmente a los denunciantes ante la inercia y la pasividad de los poderes y dependencias estatales.
La justicia es un calvario.
Para los denunciantes promover las causas a nivel penal es un proceso difícil, doloroso y también riesgoso. Supone volver a revivir todas las circunstancias, todas las humillaciones, los dolores, las angustias, los detalles, de lo sufrido décadas atrás para formularlo por escrito a los efectos de que la denuncia pueda ser formalizada.
Luego de algunas semanas o meses deberán volver a comparecer para ratificar verbalmente lo manifestado por escrito. Supone traslados, horas de espera, tensionantes, desgastantes, en los pasillos judiciales, generalmente inhóspitos. Incluso, en algunos casos, deberán enfrentar operadores judiciales que harán preguntas inadecuadas o absolutamente fuera de lugar, que denotan hostilidad, insensibilidad, desinterés y que en los hechos revictimizan a las víctimas contrariando principios elementales de la justicia y de las normas de DDHH ratificadas por el país. O enfrentar careos con los implicados en condiciones inapropiadas.
Campaña pública de desacreditación.
Si bien todas las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos, que incluyen en numerosos casos violaciones y abusos sexuales, han sido presentadas ante sedes penales, el expresidente Julio María Sanguinetti ha señalado recientemente en una nota de prensa, jugando con un prejuicio extendido en la sociedad uruguaya e incluso en círculos de izquierda parlamentaria y no parlamentaria, que las motivaciones de las presentaciones judiciales son de carácter meramente económico: a los denunciantes los motivan el simple y vulgar afán de lucro económico.
El Dr. Sanguinetti sabe muy bien que si el interés fuera meramente económico las denuncias deberían ser iniciadas ante las sedes civiles y que seguramente prosperarían como ya ha ocurrido en los primeros años del retorno a la democracia. Lo sabe muy bien.
Según las normas internacionales y actualmente nacionales de DDHH, la reparación estatal debe tener un carácter integral y abarcar todas las esferas. En ese marco se inscribe la obligación por parte del Estado de indemnizar por los daños, los sufrimientos y los perjuicios ocasionados. Prima en este sentido el mismo concepto que establecen las disposiciones constitucionales para las situaciones en las que dependencias del Estado ocasionan daños o perjuicios a ciudadanos o personas jurídicas.
Conceptos similares a los del Dr. Sanguinetti han formulado el expresidente Luis Alberto Lacalle, otros publicistas y voceros oficiosos de los centros militares nostálgicos. Han sido difundidos masiva y reiteradamente por el órgano de prensa oficial de la dictadura: El país.
El propósito es claro. A pesar de la resolución de la Corte IDH obligando a Uruguay a castigar las graves violaciones a los DDHH, siguen militando en favor de la impunidad. Se cuestiona a los fiscales que han promovido las causas de DDHH, se organizan campañas mediáticas y administrativas contra los jueces y operadores judiciales que implementan las normas de DDHH y cumplen con la sentencia de la Corte IDH, se presenta públicamente a los criminales como víctimas, se justifican las chicanas jurídicas dilatorias, se pone en duda la honestidad y probidad de los abogados patrocinantes.
Ahora también se arremete contra las víctimas demandantes para condicionar psicológicamente a los operadores judiciales e incluso a la Suprema Corte de Justicia.
Protocolo para las víctimas testigos.
Hace ya dos meses que Crysol solicitó a la Suprema Corte de Justicia que adopte, mediante una acordada, que respete la independencia técnica de los jueces, un protocolo para el tratamiento de las víctimas testigos, proponiendo como modelo a seguir el protocolo argentino adoptado por el máximo órgano judicial del país hermano.
A los efectos de dignificar y de humanizar la comparecencia de los denunciantes hay otros modelos a tener en cuenta como el protocolo de Estambul si no se quiere basarse en el ejemplo argentino. Pero adoptar un protocolo que impida que las víctimas sean o se sientan revictimizadas por los procesos judiciales es urgente y apremiante. La Suprema Corte de Justicia tiene que actuar con energía y decisión y el Parlamento concederle los recursos necesarios para su efectiva implementación.
Límites a la arbitrariedad estatal.
Las normas de DDHH fueron adoptadas para poner límites a la actuación de los órganos del Estado y de sus funcionarios, para dignificar la vida humana y humanizar dignamente la vida en sociedad. Esta es la esencia, el espíritu básico de la normativa de DDHH que Sanguinetti, Lacalle y otros connotados voceros de la derecha vernácula siguen ignorando y despreciando. Solamente los órganos y funcionarios del Estado son quienes violan las normas de DDHH.
La batalla por la plena consolidación democrática, por el fortalecimiento y el desarrollo de ella se da ahora, una vez eliminados todos los obstáculos legales que durante décadas impuso la Ley de Impunidad, también en el plano judicial y con intensidad aunque no sea advertido por la opinión pública. Apoyar y defender, militantemente a los denunciantes sigue siendo un compromiso de todas y de todos. Convocamos a todas y todos los expresos políticos, en primer lugar, y al conjunto de sociedad a materializarlo para que efectivamente haya justicia.
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Opinando - Año 1 - N° 22 - Jueves 28 de junio de 2012
