La Asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay
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Joaquín Requena 1533 esquina Brandzen. Teléfono: 2408 44 65. Montevideo. Uruguay. Dirección electrónica: crysol2003@gmail.com
Horario de atención en nuestra sede social: de Martes a Jueves de 15:00 a 18 horas. Cuota social: $ 330.-
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viernes, 24 de mayo de 2019
jueves, 23 de mayo de 2019
miércoles, 22 de mayo de 2019
Los Senadores de la impunidad, otra vez
La semana pasada, aunque en minoría, los senadores de la
impunidad impidieron que los generales involucrados en despreciar a la justicia
fueran pasados a retiro tal como lo solicitó el Poder Ejecutivo. La medida se
basó en el hecho de que no cumplieron con la obligación de dar paso a la
justicia al tomar conocimiento de las declaraciones de Nino Gavazzo y de Jorge
Silveira. Para estos senadores, al igual que para los involucrados, y sus
apólogos del vocero El País, el hecho de que los integrantes de los Tribunales
de Honor despreciaran los pronunciamientos sucesivos del Poder Judicial, al
procesarlos y condenarlos, no merece ningún reparo. Su conducta no afecta el
honor de las Fuerzas Armadas. Terrible!
Tribunales de Honor
vergonzosos
Una parte importante de los generales en actividad sigue despreciando la Constitución, el
sistema democrático republicano de gobierno y las normas de Derechos Humanos.
Se nota claramente al leer la Resolución de los Tribunales de Honor que
juzgaron las conductas de los criminales
José Nino Gavazzo, Ricardo Maurente y Jorge “Pajarito” Silveira.
A pesar de haber sido juzgados y condenados, con todas las
garantías del debido proceso, por el Poder Judicial por crímenes horrendos, en
el marco del Plan Cóndor, El Honor de
nuestras actuales Fuerzas Armadas acepta, sin ninguna molestia o malestar, las
acciones que el conjunto de la sociedad uruguaya considera abominables y
sancionables penal y moralmente.
Es lo que surge en la interpretación que los generales que
integraron dichos tribunales, Juan
Fajardo, Alfredo Erramún y José González, realizaron y realizan de las
normas vigentes y de la doctrina de honor de las Fuerzas Armadas. La sola firma
de los tres militares en las conclusiones amerita haber sido pasados a retiro en forma inmediata por el
Presidente de la República y el pasaje a la justicia ordinaria por
encubrimiento.
Lo mismo sucede con aquellos que integraron el Tribunal de
Alzada. Demostraron ser absolutamente antidemocráticos, desconociendo las
normas constitucionales. Revelaron una complicidad alarmante con los
principales criminales de nuestro país, un desprecio absoluto por las
decisiones del Poder Judicial.
Para los tres generales, torturar, asesinar y desaparecer
ciudadanos, son conductas honrosas que no dañan ni la moral ni el prestigio de la institución.
Revelan un ideal de institución absolutamente contrario a las normas
constitucionales vigentes y a la sensibilidad de la inmensa mayoría de la
población. Son indignos de permanecer como generales en actividad por su claro
pronunciamiento golpista. Igual situación se ha vivido en la Armada en el
Tribunal de Honor que juzgó a Larcebeau.
No hubo errores ni
excesos: crímenes de Lesa Humanidad
Hasta el momento las Fuerzas Armadas no han brindado la
información que permita saber lo ocurrido con los casi doscientos detenidos
desaparecidos. Es una deuda institucional. La Fuerza Aérea ha reconocido
oficialmente su participación en dos vuelos que transportaron detenidos en
forma clandestina. Proporcionó, además, la información que permitió ubicar los
restos de Ubasgesner Chaves Sosa.
Llegar a la verdad de lo ocurrido, esclarecer los hechos,
cuando los responsables institucionales, las Fuerzas Armadas, se niegan a
proporcionar la misma, es patrimonio exclusivo del Poder Judicial, quien tiene
el monopolio de la actuación al respecto. La investigación criminalística que
solo el Poder Judicial, con el auxilio de la Policía, puede llevar a cabo de
acuerdo a las disposiciones constitucionales, es el camino para romper el
silencio delictuoso de todos los involucrados.
En estos años han habido pequeños avances, pero la Suprema Corte de
Justicia, tal como lo anunció el expresidente de la misma Dr. Jorge Ruibal Pino
en el año 2013, ha continuado siendo “una muralla” inamovible. Desde la
designación de la Dra. María Elena Martínez como integrante de la misma en el
año 2017 han recrudecido las posturas que privilegian el derecho de los
terroristas estatales antes que el de las víctimas y la
necesidad de que haya justicia para evitar la repetición de los hechos.
Ha continuado y continúa tolerando, incluso, todas las
chicanas habidas y por haber presentadas por los defensores para enlentecer las
causas y paralizarlas. Ha permitido la total condescendencia hacia los
criminales para que obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria y tengan
una vejez agradable y apacible, tal como lo puso al desnudo el reportaje
impúdico, hace unos días, del vocero oficial del terrorismo de Estado.
Mucho camino para
transitar
La creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ)
al comienzo del actual gobierno fue un gran avance político, más allá de los escasos
logros obtenidos. Fue una señal reconfortante. Se trasmitió al sistema político, al conjunto
de la sociedad, un mensaje claro y elocuente.
La creación de la Fiscalía Especializada en crímenes de Lesa
Humanidad ha sido también un paso importante, otro claro mensaje del Poder
Ejecutivo y del Poder Legislativo en cuanto a su compromiso con las normas
internacionales de DDHH y con la justicia, un importante paso adelante, pero
que no está en condiciones de derribar, aparentemente “la muralla de la impunidad” en la SCJ.
La negativa de los Senadores a votar a favor del pase a retiro de los
generales involucrados en los tribunales de honor es una vergüenza. Demuestra
que la impunidad, los terroristas estatales, siguen teniendo apoyos importantes
a todos los niveles, incluso a nivel parlamentario.
Votaron para que sigan integrando el Ejército, y con mando de tropa, generales que entienden que el secuestro, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de ciudadanos no ofenden el honor militar. La movilización permanente y constante ha permitido obtener los logros alcanzados hasta ahora. Habrá que seguir movilizados. La marcha del pasado lunes, multitudinaria como nunca, con una lluvia torrencial, fue una digna respuesta popular.
Votaron para que sigan integrando el Ejército, y con mando de tropa, generales que entienden que el secuestro, la tortura, el asesinato, la desaparición forzada de ciudadanos no ofenden el honor militar. La movilización permanente y constante ha permitido obtener los logros alcanzados hasta ahora. Habrá que seguir movilizados. La marcha del pasado lunes, multitudinaria como nunca, con una lluvia torrencial, fue una digna respuesta popular.
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Opinando N° 7 – Año 8 – Miércoles 22 de mayo de 2019
lunes, 20 de mayo de 2019
viernes, 17 de mayo de 2019
miércoles, 15 de mayo de 2019
Son crímenes de Lesa Humanidad
La tortura, el
asesinato y la desaparición forzada
son crímenes de Lesa Humanidad
son crímenes de Lesa Humanidad
A pedido expreso de la Fiscalía Especializada en Crímenes de
Lesa Humanidad, la jueza Staricco dispuso el allanamiento de la vivienda en la
cual reside en régimen de prisión
domiciliaria José Nino Gavazzo. La semana pasada, un equipo policial de
Asuntos Internos se presentó en la casona de Parque Miramar y procedió, por
primera vez desde el retorno a la institucionalidad democrática, a allanar la
residencia, en vida, de un terrorista
estatal. Un paso básico y elemental en cualquier investigación seria de un
hecho delictivo.
![]() |
| Disfrutando plácidamente su prisión domiciliaria |
El operativo, que duró unas cinco horas, sirvió para
incautarse de decenas de “biblioratos” y “varias cajas con documentación” que
contienen información relativa al terrorismo de Estado, según fue informado por
diferentes medios de comunicación.
El allanamiento fue autorizado por la jueza letrada de 7º
turno de Ciudad de la Costa, Elena Iriarte, en tanto la zona de Parque Miramar
forma parte de su jurisdicción.
Luego de restablecida la pretensión punitiva del Estado en
octubre de 2011, hasta el momento el Poder Judicial en su conjunto, salvo honrosas
y destacadas excepciones, ha sido el principal obstáculo para llegar a la
verdad de lo ocurrido con los detenidos desaparecidos y sancionar las graves
violaciones a los DDHH que se cometieron. A diferencia de lo sucedido en
Argentina y Chile donde centenares de represores se encuentran en prisión, aún
con gobiernos claramente de derecha, en Uruguay solo un reducido grupo de
violadores a los derechos humanos ha sido juzgado y condenado.
A pesar de ello, todos los presuntos involucrados en las
graves violaciones, sus abogados defensores, el Centro Militar, sus cómplices y
sus apoyos políticos, económicos, académicos y mediáticos, aducen que el Poder
Judicial es parcial. El alegato político del Gral. Guido Manini Ríos que forzó
su destitución es un ejemplo gráfico de lo que afirmamos. Se victimizan a los
ojos de la sociedad.
Sin justicia no habrá
verdad
Hasta el momento las Fuerzas Armadas no han brindado la
información que permita saber lo ocurrido con los casi doscientos detenidos
desaparecidos. Es una deuda institucional. La Fuerzas Aérea ha reconocido
oficialmente su participación en dos vuelos que transportaron detenidos en
forma clandestina. Proporcionó, además, la información que permitió ubicar los
restos de Ubasgesner Chaves Sosa.
Llegar a la verdad de lo ocurrido, esclarecer los hechos,
cuando los responsables institucionales, las Fuerzas Armadas, se niegan a
proporcionar la misma, es patrimonio exclusivo del Poder Judicial, quien tiene
el monopolio de la actuación al respecto. La investigación criminalística que
solo el Poder Judicial, con el auxilio de la Policía, puede llevar a cabo de
acuerdo a las disposiciones constitucionales, es el camino para romper el
silencio delictuoso de todos los involucrados.
En estos años han habido
pequeños avances, pero la Suprema Corte de Justicia, tal como lo anunció
el expresidente de la misma Dr. Jorge Ruibal Pino en el año 2013, ha continuado
siendo “una muralla” inamovible. Desde la designación de la Dra. María Elena
Martínez como integrante de la misma en el año 2017 han recrudecido las
posturas que privilegian el derecho de los terroristas estatales antes que el
de las víctimas y a la necesidad de que
haya justicia para evitar la repetición de los hechos.
Ha continuado tolerando, incluso, todas las chicanas habidas
y por haber presentadas por los defensores para enlentecer las causas y
paralizarlas. Ha permitido la total condescendencia hacia los criminales para
que obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria y tengan una vejez
agradable y apacible, tal como lo puso al desnudo el reportaje impúdico, hace
unos días, del vocero oficial del terrorismo de Estado.
Tribunales de Honor
vergonzosos
Una parte importante de los generales en actividad sigue despreciando la Constitución y el
sistema democrático republicano de gobierno. Se nota claramente al leer la
Resolución de los Tribunales de Honor que juzgaron las conductas de los
criminales José Nino Gavazzo, Ricardo
Maurente y Jorge “Pajarito” Silveira. El
Honor de nuestras actuales Fuerzas Armadas acepta, sin ninguna molestia
o malestar, las acciones que el conjunto de la sociedad uruguaya considera
abominables y sancionables penal y
moralmente.
Es lo que surge en la interpretación que los generales que
integraron dichos tribunales, Juan
Fajardo, Alfredo Erramún y José González, realizaron y realizan de las
normas vigentes y de la doctrina de honor de las Fuerzas Armadas. La firma de
los tres militares en las conclusiones amerita haber sido pasados a retiro forma inmediata por el
Presidente de la República y el pasaje a la justicia ordinaria por
encubrimiento.
Lo mismo sucede con aquellos que integraron el Tribunal de
Alzada. Demostraron ser absolutamente antidemocráticos, desconociendo las
normas constitucionales. Revelaron una complicidad alarmante con los
principales criminales de nuestro país, un desprecio absoluto por las
decisiones del poder judicial.
Para los tres generales, torturar, asesinar y desaparecer
ciudadanos, son conductas honrosas que no dañan ni la moral ni el prestigio de la institución.
Revelan un ideal de institución absolutamente contrario a las normas
constitucionales vigentes y a la sensibilidad de la inmensa mayoría de la
población. Son indignos de permanecer como generales en actividad por su claro
pronunciamiento golpista. Igual situación se ha vivido en la Armada en el
Tribunal de Honor que juzgó a Larcebeau.
Mucho camino para
transitar
La creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ)
al comienzo del actual gobierno fue un gran avance político, más allá de los escasos
logros obtenidos. Se trasmitió al sistema político, al conjunto de la sociedad,
un mensaje claro y elocuente.
La creación de la Fiscalía Especializada en crímenes de Lesa
Humanidad ha sido también un paso importante, otro claro mensaje del Poder
Ejecutivo y del Poder Legislativo en cuanto a su compromiso con las normas
internacionales de DDHH y con la justicia, un importante paso adelante, pero
que no está en condiciones de derribar, aparentemente “la muralla de la impunidad” en la SCJ.
La impunidad, los terroristas estatales, siguen teniendo
apoyos importantes a todos los niveles, incluso a nivel parlamentario. La
movilización permanente y constante ha permitido obtener los logros alcanzados
hasta ahora. Habrá que redoblarla, convocando al conjunto de la ciudadanía. El
próximo 20: todos a la calle!
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Opinando N° 5 – Año 8 – Martes 14 de mayo de 2019
martes, 14 de mayo de 2019
sábado, 11 de mayo de 2019
Las mentiras de Gavazzo
Las mentiras de Gavazzo: el informe y los
testimonios que
confirman el segundo vuelo
Aunque el represor siempre negó la existencia del vuelo en el
que se trajo desde Argentina a prisioneros uruguayos, siete personas y la
Fuerza Aérea lo ratificaron
Leonardo Haberkorn y Natalia Roba - El Observador - 11 5 19
![]() |
| Camilo dos Santos |
No es la primera vez que Gavazzo niega el “segundo vuelo”. Ni
la segunda. Ni la tercera.
Lo ha negado siempre. Lo negó en la Justicia, cuando fue
condenado por 28 homicidios de prisioneros uruguayos trasladados desde
Argentina. Lo negó en su autobiografía, en la que dedicó muchas páginas al
tema. Lo negó en “Gavazzo. Sin Piedad”. Lo negó en el Tribunal de Honor hace
meses. Y ahora lo ha negado, una vez más, en una entrevista con el diario El
País.
En su autobiografía dijo: “El vuelo nocturno del 5 de octubre
de 1976 no existió; si el vuelo no existió no pudo haber transporte de
prisioneros”.
Gavazzo repite lo que ya ha dicho muchas veces: que aquellos
uruguayos hoy desaparecidos –la mayoría integrantes del PVP– que fueron
capturados en Buenos Aires en 1976, fueron muertos en Argentina por argentinos.
Sin embargo, esta repetida negación choca con otros
testimonios aportados a la Justicia y con lo ya asumido en forma oficial por la
Fuerza Aérea.
La mayor parte de los uruguayos que sobrevivieron al infierno
porteño de Automotores Orletti –donde las torturas fueron terroríficas– fueron
trasladados a Uruguay en al menos dos vuelos clandestinos. Los que vinieron en
el primero, sobrevivieron y fueron usados en una farsa ideada y montada por el
propio Gavazzo, seguramente para alargar la dictadura y conseguir apoyo
internacional: se los hizo aparecer falsamente en el chalet Susy de Shangrilá,
el 28 de octubre de 1976, como un grupo guerrillero que quería invadir el país.
Dando rienda suelta a su sed de protagonismo, Gavazzo habló
esa noche en cadena de radio y televisión, y leyó un comunicado que él mismo
había redactado. En aquel momento de gloria, con su rostro y su voz en todos
los hogares, Gavazzo le contó al Uruguay una mentira detrás de otra sobre
aquellos prisioneros presentados como invasores. En los comunicados que envió a
la prensa, dijo que a los subversivos se le habían incautado documentos que
demostraban que planeaban matarlo... ¡y que al mismo tiempo lo definían como un
excelente padre cuya característica era tener “manifestaciones exageradas de
cariño” hacia su familia!
Ese es Gavazzo.
La historia del segundo vuelo es menos pintoresca, para
empezar porque todos sus pasajeros murieron y están desaparecidos.
“Juan Rodríguez”
Lo que sabemos del “segundo vuelo” lo debemos en gran parte
al tesón del periodista Roger Rodríguez.
Seguramente es por eso que Gavazzo lo llama en forma
despectiva “Juan Rodríguez”.
El periodista informó por primera vez de la existencia del
“segundo vuelo”, el 15 de marzo de 2002, en una nota en la publicación Posdata
Folios.
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“Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado
estaban a cargo del SID, desconociendo las tripulaciones la cantidad e
identidad de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados
en la cabina...”
Fragmento del informe oficial de la Fuerza Aérea de agosto de 2005
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La fuente de la noticia era un represor argentino, integrante
de la banda del paramilitar Aníbal Gordon, que le entregó entonces a Rafael
Michelini la información que permitió ubicar a Simon Riquelo, el hijo de Sara
Méndez.
Roger Rodríguez recuerda hoy el primer encuentro con aquel
confidente argentino. Junto con Michelini llevaban meses buscándolo.
Finalmente, el hombre –para que no molestaran más a su madre
llamándola por teléfono a su casa–, los contactó a través del entonces Síndico
General de la Nación de Argentina, Rafael Bielsa, quien luego sería canciller.
La primera reunión se hizo en la casa de Bielsa, quien
–recuerda Rodríguez– vivía en “un coqueto apartamento reciclado en un antiguo
silo o molino”.
La reunión fue tensa y extenuante. El argentino no se decidía
a hablar. Después de muchas horas y rondas de café, Bielsa sirvió whisky en vasos
de cerveza llenos hasta el tope.
“Creo que hubo un momento de quiebre cuando en medio de
aquella charla tan larga, densa y tensa, le dije mi mejor frase: ‘Lo que yo te
pido vos me lo sacás con cinco minutos de picana y nosotros hace seis horas que
estamos hablando contigo’”, recuerda hoy el periodista uruguayo.
A esa reunión siguieron muchas otras.
Roger Rodríguez las describe en una publicación todavía
inédita que compartió para esta nota.
“Los encuentros eran ‘cinematográficos’ (a él le gustaba mucho
el acting) y yo debía seguir todo un protocolo para poder encontrarlo, en
particular porque durante un período él pasó a estar requerido en una causa
penal. Yo le anunciaba por email que iba a viajar a Buenos Aires. Lo hacía por
la Cacciola y demoraba nueve horas en llegar (si no había tormenta). Tenía
entonces que ir hasta cerca de Retiro y desde un locutorio enviarle otro email
confirmando que había llegado y dónde estaba. Él me daba instrucciones para ir
a otro lado, desde allí, locutorio mediante mandaba otro mensaje (yo creo que
ahí ya me vigilaba) y me decía que fuera a un hotel”.
En el hotel debía esperar que alguien lo llamara por
teléfono. Cuando atendía, su fuente le confirmaba que estaba esperándolo en un
bar cercano. Cuando llegaba, el hombre siempre tenía una apariencia distinta.
“Un día aparecía de traje y corbata, con gomina y sin bigote,
para parecer un funcionario bancario. Otras, podía llegar despeinado, con ropa
vieja y sin afeitar, simulando un trabajador. Una vez de bigote y con mameluco
de obrero. Creo que se divertía haciendo esa escenificación... Pienso que había
visto muchas películas y realmente se sentía ‘El Santo’, su serie preferida de
TV y razón por la que tenía empatía con mi nombre”. (El protagonista era el
actor Roger Moore).
En una de esas conversaciones, el argentino le dijo al
periodista en referencia a los uruguayos detenidos en Orletti: “De Uruguay a
los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a la luz. Pero que no nos
adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti nosotros los
devolvimos”.
Y le informó que se los habían llevado en un avión de la
Fuerza Aérea Uruguaya.
“De Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha
salido a la luz. Pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no
murieron en Orletti nosotros los devolvimos”
Represor argentino integrante de la banda de Aníbal Gordon,
según testimonio del periodista Roger Rodríguez
Avión 511
La confiabilidad del informante argentino quedó demostrada
por los datos verdaderos y precisos que aportó para ubicar al hijo de Sara
Méndez y también por nuevos datos y confirmaciones.
En setiembre de 2002, un militar uruguayo le corroboró a
Rodríguez los datos brindados por el argentino y le dio más detalles. El vuelo
habría ocurrido en las primeras horas de la madrugada de un día a principios de
octubre de 1976. El avión habría sido un C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya, el
511.
“De la aeronave, que según el testigo, carreteó hasta ser
estacionada junto al hangar de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento
(BMA) de la FAU, custodiados por soldados, descendieron entre 14 y 16 civiles
encapuchados –uno de ellos vendado con una bufanda–, quienes fueron subidos a
camiones del Ejército y trasladados con rumbo desconocido”, escribió Roger
Rodríguez en La República.
La nave –según ese informante– tenía como piloto al mayor
Walter Pintos, como copiloto al mayor José Pedro Malaquín y como tripulante al
capitán Daniel Muñoz. La Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento estuvo esa
madrugada a cargo del mayor Walter Dopazo.
Cuando se publicó esta nota, Malaquín era el comandante en
jefe de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Tres años después, la Fuerza Aérea Uruguaya admitió la
existencia de ese “segundo vuelo” en un informe elevado al presidente Tabaré
Vázquez, aunque manifestó desconocer “la identidad y cantidad de pasajeros”.
Según la información oficial, el viaje ocurrió el 5 de
octubre de 1976, partió de Aeroparque y aterrizó en la plataforma de la
entonces Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento.
El vuelo fue ordenado por el Comando General de la Fuerza
Aérea, a solicitud del Servicio de Información de Defensa (SID) del Ejército,
que se habría encargado de todo, menos de pilotear el avión.
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“Llegué a la convicción personal de que había existido (...)
Fue un vuelo nocturno. A la tripulación se le dijo al momento de decolar cuál
era el destino y la razón, que había detenidos uruguayos que sus vidas corrían
riesgo. Fueron características similares al primer vuelo”
Enrique Bonelli, excomandante en jefe de la Fuerza Aérea
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“Las tareas de embarque, desembarque y posterior traslado
estaban a cargo del SID desconociendo las tripulaciones la cantidad e identidad
de los pasajeros, ya que los tripulantes debían permanecer aislados en la
cabina de vuelo de la aeronave durante el transcurso de las operaciones”, dijo
el informe de la Fuerza Aérea incluido en el expediente en el que Gavazzo fue
condenado y al que accedió El Observador.
No se brindó la identidad de los tripulantes.
El informe estaba firmado por el entonces comandante Enrique
Bonelli, quien en todas sus declaraciones judiciales y periodísticas desde
entonces se ha reafirmado en aquella declaración.
“En una fosa común”
El juez Luis Charles instruyó el caso del segundo vuelo junto
a la fiscal Mirtha Guianze.
Bonelli declaró el 2 de mayo de 2007. Relató que él había
sido el piloto del “primer vuelo” –el de los que sobrevivieron para hacerlos
pasar como guerrilleros invasores– y reafirmó que también existió “otro vuelo”.
Sobre el primer vuelo que él mismo piloteó, relató: “Nos
dijeron ‘ustedes se quedan en la cabina, es una misión secreta’. Estuvimos creo
que una hora o más, cuando llegaron las personas entraron por atrás, no sé
cuántas eran. Veía las cosas de los pasajeros, no sé quién las traía”.
“Volvimos a Carrasco, allí alguien nos esperaba, no recuerdo
quién. Se llevaron a los pasajeros por atrás”, agregó y dijo no recordar quién
recogió a los pasajeros tras el aterrizaje.
Sobre el “segundo vuelo” manifestó: “Llegué a la convicción
personal de que había existido (...) Fue un vuelo nocturno. A la tripulación se
le dijo al momento de decolar cuál era el destino, y la razón, que había
detenidos uruguayos que sus vidas corrían riesgo. Fueron características
similares al primer vuelo. Por lo que pude determinar fue el 5 de octubre de
1976”.
Confirmó que el avión fue un C-47 y que personal del SID
recibió a los pasajeros trasladados.
![]() |
| Reproduccion diario El Pais 11021978 |
“Quiero expresar algo. A fines de octubre de 1976 tres meses
después del vuelo que yo hice y días después del segundo vuelo me entero en el
noticiero que se había montado un operativo en el chalet Susy de Shangrilá en
el cual habían tomado prisioneros a determinada cantidad de personas y que
había un rumor entre nosotros que ahí estaban las personas que trajimos. Años
después, investigando para este informe, me entero de que otra tripulación
pensó exactamente lo mismo: pensamos que esa gente iría presa y que eran
ellos”.
Walter Pintos, el oficial que habría sido piloto del segundo
vuelo según el militar uruguayo que fue fuente de Roger Rodríguez, también
declaró ante la Justicia.
Admitió que el 5 de octubre de 1976 hizo un vuelo a Buenos
Aires, pero sostuvo que fue diurno.
A las restantes preguntas que le hicieron el juez Charles y
la fiscal Guianze, Pintos respondió no saber: ¿qué transportó ese vuelo?,
¿quiénes fueron los otros tripulantes?, ¿el Ejército tuvo alguna participación?
Pintos explicó que en 1976 solo el Grupo 3 de la Fuerza Aérea
volaba aviones C-47.
Malaquín declaró el 26 de abril. En 1976 era capitán y
prestaba servicios en el Grupo 3. Dijo que era habitual hacer viajes pedidos
por el Ejército, pero que nunca supo del transporte de detenidos.
El abogado Gonzalo Fernández, entonces secretario de la Presidencia,
declaró el 8 de mayo de 2007 y relató lo que le había dicho el entonces
comandante en jefe del Ejército, Carlos Díaz.
“Me dijo que (a) las personas trasladadas (en ese vuelo) se
las habría trasladado al Batallón 14 y recuerdo que se hablaba entonces de una
fosa común. El equipo de Facultad de Humanidades estuvo buscando restos, pero
no los encontraron. El general Díaz no logró establecer la nómina de las
personas trasladadas, es todo lo que sé”.
“¿En qué se basa usted para afirmar que el Ejército admite y
ratifica que hubo un segundo vuelo?”, le preguntaron en el juzgado.
“En la información que en su momento me brindara el
comandante Díaz y en el informe previo. Díaz me puntualizó después de esas
declaraciones que la operación era del SID que no dependía jerárquicamente del
Ejército sino del Ministerio de Defensa Nacional”.
“Nada me permite
dudar”
Los testimonios que implican a Gavazzo –uno de los
principales oficiales del SID– en la captura, tortura y traslado de prisioneros
uruguayos desde Argentina, son numerosos. Ana Quadros, que estuvo presa en
Orletti y fue una de las pasajeras del “primer vuelo”, declaró en “Sin Piedad”
que escuchó a Gavazzo discutir con los argentinos: los porteños querían
matarlos, Gavazzo quería traerlos a Uruguay.
Hubo, además, otros traslados de prisioneros capturados en
Argentina, que desmienten la pretensión de acotar los traslados únicamente al
primer vuelo. Uno de ellos es el caso de los hermanos Anatole y Victoria
Julien. Sus padres, militantes del PVP, Roger Julien y Victoria Grisonas fueron
descubiertos en la provincia de Buenos Aires el 26 de setiembre de 1976. Julien
se habría suicidado con una pastilla de cianuro antes de ser capturado.
Grisonas fue llevada a Orletti y hoy está desaparecida.
Sus hijos, Anatole y Victoria fueron vistos en Orletti y
luego en Montevideo, en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID),
una casona en bulevar Artigas. Anatole tiene algunos recuerdos de Gavazzo del
lapso que vivió allí. Ambos niños, sin que se sepa exactamente cómo y por qué,
fueron abandonados a fines de noviembre de 1976 en una plaza de la ciudad
chilena de Valparaíso.
El caso de la argentina María Claudia García de Gelman
también refuta la pretensión de negar los traslados: la trajeron embarazada a
Uruguay, esperaron que naciera su hija, que aquí nació. Luego la mataron.
En la entrevista para el libro “Sin Piedad”, Gavazzo dijo lo
de siempre: que el segundo vuelo no existió. Ante la pregunta de por qué la
Fuerza Aérea inventaría semejante historia, nada honrosa para su historia, no
supo dar una respuesta precisa.
Gavazzo parece estar solo en su negativa del “segundo vuelo”
y (casi) nadie parece darle mayor validez a sus desmentidos.
Tres oficiales retirados de la Fuerza Aérea consultados no
dudaron del informe oficial.
“Yo estoy a lo que dijo el comandante de aquel momento, y a
lo que refrendó el presidente de la República. No tengo ningún elemento que me
permita dudar de aquello”, dijo a El Observador el excomandante de la Fuerza
Aérea, Alberto Zanelli.
En el reciente Tribunal de Honor, Jorge “Pajarito” Silveira
también dio como un hecho el segundo vuelo.
Y el propio general Guido Manini Ríos también lo hizo cuando
era comandante del Ejército. Le dijo al portal Ecos el 1° de febrero de 2018:
“Las Fuerzas Armadas capturaron a los principales líderes
guerrilleros y los cuidaron muy bien. Sendic, que fue capturado gravemente
herido en la cara, fue operado varias veces para salvarle la vida. Se lo pudo
haber dejado morir, pero no se hizo. No era la forma de actuar del Ejército.
Pero tres o cuatro años después, sobre todo en el Servicio de Información y
Defensa, comenzó a haber otra forma de actuar. Y ahí comenzaron a ocurrir los
casos más injustificables de la dictadura, como el caso Castro, el segundo
vuelo y el caso María Claudia García de Gelman”.
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(*) La difusión de la presente nota periodística es meramente
de carácter informativo y no supone ningún grado de aceptación y/o compromiso
con los conceptos, juicios o comentarios que en la misma se formulan.
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Exposición de Mario Bergara
viernes, 10 de mayo de 2019
Tenían que hacerlo
La justicia allanó la
casa de Gavazzo
Decenas de biblioratos y cajas con documentación relativa al
terrorismo de Estado fueron incautadas de los archivos del represor, según supo
Sudestada
Walter Pernas / Sudestada / @PernasWalter – 9 5 19
A pedido de la Fiscalía especializada en crímenes de lesa
humanidad la justicia ordenó el allanamiento de la casa del militar retirado
José Nino Gavazzo.
Un equipo policial de Asuntos Internos se presentó en la
casona de Parque Miramar y el oficial al mando mostró la orden de allanamiento
ante el represor, quién devolvió su clásica sonrisa irónica, pero no tuvo más
remedio que franquear el acceso a los agentes.
El operativo, que duró unas cinco horas, sirvió para
incautarse de decenas de “biblioratos” y “varias cajas con documentación” que
contiene información relativa al terrorismo de Estado, según dijeron a
Sudestada fuentes del sistema judicial.
El allanamiento fue autorizado por la jueza letrada de 7º
turno de Ciudad de la Costa, Elena Iriarte, en tanto la zona de Parque Miramar
forma parte de su jurisdicción.
El fiscal Ricardo Perciballe solicitó la medida a la sede
luego de que el diario El País publicara una entrevista a Gavazzo, quien se
dejó fotografiar sentado en el living de su casa, mostrando documentación
vinculada a casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Todas las cajas y biblioratos recogidos por la Policía fueron
trasladados al juzgado penal de 29º turno, donde se tramita el expediente en el
que 28 ex presas políticas denunciaron en 2011 haber sido víctimas de abuso
sexual sistemático, entre otras formas de trato inhumano y degradante de parte
de Gavazzo, Jorge Silveira y otros represores de la época dictatorial.
La jueza Julia Staricco, a cargo de la investigación,
habilitará a que el fiscal Perciballe acceda a la documentación que Gavazzo
tenía en su poder a fin de verificar si existe información relevante para el
proceso.
En la entrevista concedida a la periodista Paula Barquet,
Gavazzo, sostuvo: “Yo lo que niego es la tortura que ellos mencionan. Si yo la
agarro a usted a cachetazos acá para que me diga cuánto gana usted en El País,
es una tortura, pero solo le pegué unos cachetazos. Si en lugar de eso, agarro
un cable y lo enchufo a la corriente, y le pido lo mismo pero le pongo 110
volts, la estoy torturando también. Si la violo, también es una tortura. Bueno,
son distintas eta… Todo está mal.
Pero estamos hablando de la guerra, ¿verdad? Estamos hablando
de la guerra y no de la paz. No existe en el mundo ejemplo de guerra sin tortura”.
Luego relató que prefería el submarino a la picana eléctrica
como método de tortura y caricaturizó la forma en la que actuaba frente a un
detenido en esos momentos: “Los interrogatorios tienen etapas: empiezan duros,
pero al final usted termina tomando un cafecito con ellos. ‘Yo voy a tomar un
cafecito, ¿querés un cafecito?’. ‘Si me das un cafecito, tengo un cuentito para
vos’. Y te contaban de repente que habían matado cinco personas. Así son. Así
es la realidad. Todo lo demás son historias. O historietas. La verdad es esa. Y
no porque lo diga yo. Porque sucedió así”.
Gavazzo está condenado a 30 años de penitenciaría por decenas
de crímenes de lesa humanidad. Las pruebas en su contra, en los diversos
expedientes, fueron consideradas firmes y hasta superabundantes por más de una
docena de magistrados de primera instancia, de tribunales de apelaciones o de
la Suprema Corte de Justicia.
En su momento, la jueza Staricco, recordó: “Surge de la
denuncia presentada que durante el período dictatorial un grupo de mujeres fue
víctima de diversas tortura, cometidos en centros de detención estatales y/o
clandestino, entre ellos, ataques a la integridad sexual, consistentes en
manoseos, violaciones, tocamientos lascivos, imposibilidad de concurrir al
baño, y cuando eran conducidas al baño, debían permanecer con la puerta abierta
o acompañadas por un militar”.
“Las denunciantes consignan haber sido sometidas a ya
conocidas torturas, como eran el uso de la picana; el submarino (consistente en
sumergir a la persona en un tanque lleno de líquido hasta provocarle asfixia);
‘colgada’ (a la persona se la mantiene suspendida en el aire, los brazos hacia
atrás, atados por las muñecas); ‘plantón’ (la persona es obligada a permanecer
de pie durante muchas horas, sin permitírsele dormir); ‘interrogatorios’; el
uso permanente durante meses de ‘capucha’ (la persona permanece vendada o con
la cabeza enfundada en una bolsa de tela), entre otros tormentos, durante el
período que duró la reclusión de estas”, relató la magistrada.
Una tarde, en el juzgado penal de la calle Misiones, una
mujer ex detenida política se enfrentó en careo a Gavazzo: “¡Usted me violó!”,
le espetó mirándolo a los ojos. La defensora del represor, su hija Rosanna
Gavazzo, se levantó y poniéndose del lado de la mujer, se quedó esperando la
respuesta de su padre.
Gavazzo agachó la mirada...
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(*) La difusión de la presente nota periodística es meramente
de carácter informativo y no supone ningún grado de aceptación y/o compromiso
con los conceptos, juicios o comentarios que en la misma se formulan.
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jueves, 9 de mayo de 2019
Encuentro con la corte IDH
Encuentro de organizaciones con jueces
integrantes de Corte IDH
En el día
de ayer, miércoles 8 de mayo de 2019, en la sede de la Fundación Friedrich
Ebert Stiftung, se realizó un encuentro de los jueces integrantes de la Corte
Interamericana de DDHH con representantes de organizaciones de la sociedad
civil uruguaya. Crysol estuvo representada por Gastón Grisoni y el planteo a
formular fue el que detallamos a continuación para conocimiento de todas y
todos.
1.
Señalar que el Poder Judicial en su conjunto, salvo honrosas y
destacadas excepciones, es el principal obstáculo para llegar a la verdad de lo
ocurrido con los detenidos desaparecidos y sancionar las graves violaciones a
los DDHH.
2.
Dejar en claro que para Crysol la investigación criminalística que
solo el Poder Judicial puede llevar a cabo, de acuerdo a las disposiciones
constitucionales, es el camino para romper el silencio delictuoso de las
Fuerzas Armadas.
3.
Poner de relieve que desde la designación de la Dra. María Elena
Martínez como integrante de la Suprema Corte de Justicia en el año 2017 han
recrudecido las posturas que privilegian el derecho de los terroristas
estatales antes que el de las víctimas y de la necesidad de que haya justicia
para evitar la repetición de los hechos.
4.
Manifestar que la creación de la Fiscalía Especializada en crímenes de
Lesa Humanidad ha sido un claro mensaje del Poder Ejecutivo y del Poder
Legislativo en cuanto a su compromiso con las normas internacionales de DDHH y con la justicia,
un importante paso adelante, pero que no está en condiciones de derribar “la
muralla de la impunidad” en la SCJ.
5. Expresar que el Poder Ejecutivo sigue estando omiso en cuanto al
cumplimiento de sus obligaciones en materia de reparación, sin implementar
hasta el momento las recomendaciones formuladas por los Relatores Especiales en
cuanto a que el resarcimiento que el Estado efectúa desde el año 2006 sea
compatible con las jubilaciones y pensiones, además de modificar positivamente
los nefastos Decretos 106/2007 y 297/2010, para beneficiar a las viudas de los
ex presos políticos y asegurar el libre acceso a los servicios de salud como lo
establece la Ley 18 596.
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Día del Liberad@
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Visita a nuestra sede social
Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@
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Vocal
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Vicepresidente
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Tesorero
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Secretario
Enrique Chalar
Presidente
Gastón Grisoni









