La hora de cortar

Comisión Internacional de Juristas considera que Grupo por Verdad y Justicia es “la última chance” uruguaya para romper la impunidad.

La diaria – 11 6 15  - Por Azul Cordo

Robert Goldman, Wilder Tayler y Alejandro Artucio, de la Comisión Internacional de Juristas, ayer, en Crysol. Foto: Pablo Vignali

Alejandro Artucio, Wilder Tayler y Robert Goldman son tres de los 60 jueces y abogados que componen la Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Esta semana visitan Uruguay en el marco de una misión de seguimiento al informe que emitieron en enero de este año titulado “Uruguay: la lucha por Verdad y Justicia en la encrucijada” en el que señalaban que los “ataques” del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, a la organización Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) parecían “de los años de la dictadura” y exhortaban al entonces gobierno electo de Tabaré Vázquez a que mostrase “determinación y liderazgo” en el abordaje del pasado reciente y adoptara las medidas necesarias “para prevenir el deterioro del debate”. En diálogo con la diaria, los juristas se manifestaron “optimistas” ante la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, pero advirtieron que ésta es “la última chance” que tiene Uruguay para romper con la impunidad.

Goldman, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), opinó que si a este grupo no se le asigna el liderazgo y los recursos que Vázquez prometió, “Uruguay se convierte en España”, en referencia al estado de parálisis judicial en el que permanecen las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo.

“En estos 30 años de democracia, la falta de progreso en las causas uruguayas es inaceptable”, añadió. “Acá hay 30 años de frustraciones”, continuó Tayler, que enumeró la falta de Justicia desde la recuperación democrática, la aprobación de la ley de Caducidad, los plebiscitos con sus votos verdes y rosados que no aceptaron la anulación de la amnistía para los represores, la Comisión para la Paz y el “retroceso” durante la presidencia de José Mujica, “respecto al avance que significó el primer gobierno del Frente Amplio” en términos de investigación y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado.

“El segundo gobierno de izquierda tuvo un discurso convalidatorio de la impunidad. Por eso el nuevo Grupo genera expectativa -aunque con recaudos- en la sociedad civil. Se quiere creer [que esta vez habrá verdad y justicia]”, sostuvo el secretario general de la CIJ.

La misión mantuvo una reunión el martes con Vázquez, quien “manifestó su voluntad política de avanzar y proveer liderazgo en el tema, brindando instrucciones claras a sus subordinados, cuyas prácticas tengan consecuencias”, sintetizó Tayler.

Por su parte, los juristas destacaron especialmente dos falencias en la reparación a las víctimas del terrorismo de Estado: “Primero, que tengan que optar entre la jubilación y la pensión reparatoria, cuando la primera forma parte del derecho laboral y lo segundo responde a lo que el Estado le debe como compensación por las violaciones que cometió; segundo, que sólo las víctimas que sufrieron lesiones gravísimas pueden calificar para la reparación”.

“Vamos a ver qué nos informan las autoridades en los próximos meses y habrá que reclamar por aquello en lo que no se avanza lo suficiente”, señaló Artucio, quien fue abogado de presos políticos hasta figurar en la lista de “condenados a muerte” por el Escuadrón de la Muerte. Estuvo cautivo en el Batallón 14, el 2º de Infantería, la Escuela de Armas y Servicios y en el sector 2B del Penal de Libertad. Ya libre, se convirtió en una figura emblemática entre quienes denunciaban desde el exilio las torturas y desapariciones en Uruguay. Durante el primer gobierno de Vázquez fue embajador ante Naciones Unidas en Nueva York.

Volver a casa

Seis meses han pasado desde que el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, tildó de “imbéciles” a los integrantes de Serpaj y expresó que si esta organización de derechos humanos “lo autorizaba a torturar” él podía conseguir información de militares, como respuesta a la denuncia pública en la que se establecía que dicha cartera no cooperaba en las investigaciones ni entregaba archivos. En vísperas del 20 de mayo, el jerarca volvió a aludir como “enfermitos y enfermitas” a las organizaciones sociales y personas que ejemplificaban las dificultades para acceder a legajos militares. “Sigue haciendo lo mismo que antes y se deberá evaluar su continuidad en el cargo”, opinó Tayler. “Para la misión es claro que el ministro de Defensa le prestaría un gran servicio a la patria si se fuera para su casa. Si no, habría que cambiarlo. Para la CIJ es impresentable”, expresó Artucio.

“Organismos como Serpaj merecen reconocimiento y un debate respetuoso que permita avanzar en la búsqueda de los desaparecidos. Los ataques del Ministro de Defensa contra las organizaciones de derechos humanos, aludiendo a una conspiración internacional desestabilizadora, son reminiscentes de los años de la dictadura y han causado alarma en la comunidad internacional,” indicó Tayler en el informe de enero.

Tun tun, ¿quién es?

Tayler, Goldman y Artucio también dialogaron con la Institución Nacional de Derechos Humanos, Serpaj, el Instituto de Estudios Legales y Sociales (Ielsur) y la Asociación de ex presos políticos Crysol.

En el informe de enero señalaban que Uruguay “tiene serios problemas”, en comparación con la región, para lograr un contexto de justicia transicional. Yvonne Klingler, una de las 28 ex presas políticas que realizaron en 2011 la denuncia colectiva por violencia sexual aplicada en forma sistemática durante la dictadura, recordó ayer ante los juristas que, en la actualidad, 60% de las causas de derechos humanos están en etapa de “presumario” para la Justicia nacional, a lo que se suman numerosas apelaciones por parte de las defensas de militares y policías imputados que “dilatan” las investigaciones.

Durante la reunión, desde Crysol remarcaron a los juristas su preocupación por la manifiesta “muralla” contra la que se toparían las causas por delitos de lesa humanidad cuando las sentencias llegaran a la Suprema Corte de Justicia.

“La Corte no puede sostener que el Derecho internacional no tiene injerencia en el Derecho nacional porque el primero es superior”, afirmó Artucio al recordar que Uruguay “adhirió a determinados tratados que completan las leyes nacionales y tienen más fuerza que éstas. Ningún juez puede dejar de cumplirlos porque estaría cometiendo un delito”.

El secretario general también criticó la expresión dicha en su momento por Mujica y reproducida hasta el presente: “Esto se acaba cuando nos muéramos todos...”: “Si un grupo de [ex] guerrilleros no quiere su reparación, ellos no tienen derecho moral ni jurídico para negar esto a los demás”, opinó.

“No se cierra una transición por decreto, ni se produce la pacificación por decreto”, agregó y concluyó: “No se puede decir que hay una democracia completa o reparación cuando se sostiene una política de olvido. No se va a conducir a la paz social si quienes han sido torturados deben seguir reclamando justicia”.

---------

Los muchachos

Audiencia en Roma por Plan Cóndor reconstruyó el caso de Daniel Banfi, uruguayo torturado y asesinado en Argentina.

La diaria - 5 6 15 - Por Nadia Angelucci desde Roma

“Nos llevamos los muchachos. Si no surgen pruebas, no pasa nada; si no, los llevamos a Uruguay”. Éstas son las palabras que Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, escuchó, pronunciadas por Héctor Campos Hermida, comisario uruguayo que se presentó en la noche del 13 de setiembre de 1974 en su casa del barrio Haedo, en la provincia de Buenos Aires. Coinciden con la última vez que vio a su marido, Daniel. Una mirada intensa entre los dos, de angustia y miedo, de algo irreversible. “No sabía que era la última vez que nos mirábamos”, declaró ayer Aurora delante de la Tercera Corte de Assise, en Roma, en el desarrollo del juicio por la causa del Plan Cóndor. Los imputados por las desapariciones forzadas y asesinatos de 23 ciudadanos italianos y 18 uruguayos son 31 (15 uruguayos, 11 chilenos, cuatro peruanos y un boliviano).

Meloni reconstruyó para los jueces las circunstancias del secuestro de Daniel Banfi, de Rivera Moreno y de Luis Latrónica, los tres muchachos capturados en su apartamento aquella noche. Fue una casualidad que los tres estuvieran juntos. Rivera Moreno había ido a cenar con ellos y se había quedado a dormir, y Luis Latrónica, uruguayo exiliado en Chile después del golpe de Estado en Uruguay y que llegó a Argentina bajo la protección de la Organización de las Naciones Unidas en espera de ser trasladado a Suecia, vivía con ellos desde hacía un mes y medio. El allanamiento del apartamento de la pareja siguió el guion habitual: golpes, robos, preguntas. Primero a Daniel, pero cuando los militares pidieron los documentos de todos los presentes y se enteraron de que en el mismo apartamento estaba Latrónica, uno de ellos dijo, según relata Meloni: “Metimos un gol desde la mitad de la cancha”. La suerte de los tres muchachos secuestrados esa noche se cruzaría con la de Guillermo Jabif y Nicasio Romero, capturados la misma noche y detenidos ilegalmente juntos. Todos ellos tenían militancia estudiantil más o menos cercana al Movimiento 26 de Marzo y habían dejado Uruguay para huir de la represión; terminaron en una detención clandestina que para tres de ellos acabó en la muerte.

La historia de estos cinco muchachos la cuenta Nicasio Romero, presente ayer en Roma, uno de los dos sobrevivientes del grupo y testigo en el juicio. Su testimonio es detallado y relata más de un mes de torturas, traslados, golpes, palizas y hambre: “Me aplicaron la picana eléctrica en los genitales. No tengo palabras para describirlo”. Estuvieron todo el tiempo vendados y amarrados, custodiados por argentinos e interrogados por uruguayos. Él y Rivera Moreno fueron liberados el 14 de octubre de 1974; los otros tres fueron asesinados y sus cuerpos fueron hallados el 29 de octubre en un campo en San Nicolás. Después de innumerables trámites apareció un juez de apellido Luque, a quien Aurora había consultado varias veces, en su peregrinaje en busca de su marido, con un diario y la noticia del descubrimiento de tres cadáveres, y, a pesar de no tener ninguna prueba, declaró que entre los tres cuerpos se encontraba Banfi. El relato de Aurora Meloni y Óscar Bonilla, cuñado de Jabif, que fueron a reconocerlos, es estremecedor. Meloni y Bonilla llegaron a la morgue del hospital de San Antonio de Areco y encontraron tres cuerpos, dos en una mesa y uno en el piso, sin manos y con quemaduras de cal en todos lados, y reconocieron a Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica. 40 años transcurrieron antes de que Aurora pudiera contar en un juicio los hechos que marcaron de forma indeleble su vida.

Durante la audiencia, los abogados de las víctimas procuraron resaltar la coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas en el marco del Plan Cóndor, en particular las responsabilidades de los militares uruguayos. Al historiador Óscar Destouet se le pidió que explicara la documentación que encontró durante sus investigaciones y que definiera el Plan Cóndor. Respondió que se trató de “la coordinación entre diferentes estados de Sudamérica para el intercambio de información y de personas”, y que “actuó en forma secreta utilizando métodos ilegales y usando como vehículos de comunicación organismos del propio Estado, como el Ministerio de Relaciones Exteriores”. Para sustentar esta afirmación enumeró los diferentes organismos del Estado uruguayo que aportaron documentación para ese intercambio de noticias: ministerios, agencias de inteligencia, Dirección Nacional de Migraciones. 

Esos mismos organismos guardaron documentación sobre los hechos, informes de represores, documentos de viajes, crónicas de decisiones tomadas en el marco del Plan Cóndor. Se habló de Juan Carlos Blanco, José Nino Gavazzo, Jorge Néstor Tróccoli y de los tres grandes momentos operacionales planificados en Uruguay en contra de opositores residentes en Argentina: mayo de 1976 (secuestro y asesinatos de los dirigentes políticos uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otros); junio de 1976 y meses siguientes (persecución a integrantes del Partido por la Victoria del Pueblo); diciembre de 1977 (represión a los Grupos de Acción Unificadora). El profesor Destouet destacó que el Plan Cóndor actuó también antes de esas fechas: “Tiene un proceso fundacional en una reunión de jefes de inteligencia, en Montevideo en 1974, y se formaliza en noviembre de 1975 en un encuentro de ejércitos latinoamericanos en Santiago del Chile”. Los traslados, dijo Destouet, empezaron en 1974, y ese mismo año los miembros del Fusna de Uruguay y de la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina se entrenaron juntos. Ya en 1974 empezaron los traslados de ciudadanos uruguayos desde Argentina a Uruguay, como es el caso de Antonio Diana Acosta.

Fabio María Galiani, que en el juicio representa al Estado uruguayo -también querellante en la causa, junto a los familiares de las víctimas- destacó la complejidad de la materia que se está examinando y la necesidad de proceder paso a paso, para que el jurado pueda entender a fondo el tema y llegar a tener un conocimiento completo. “En la audiencia de hoy se aceleró ese proceso y se generó cierta confusión. A pesar de eso, logramos hacer emerger las cosas más importantes y producir actas y documentación que quedan a disposición del jurado”, destacó Galiani.

De hecho, la complejidad y el trabajo que conllevaron los testimonios de hoy hicieron postergar la declaración de Zelmar Michelini, hijo del legislador asesinado en Buenos Aires en 1976. La audiencia de hoy, viernes 5 de junio, se abrirá con sus palabras.

-------

El proyecto de monumento para la reconciliación

La revolución fundida en los hierros de los dos bandos.

La diaria - 4 6 15 - Por Aldo Marchesi

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. Con esta frase, al comienzo de El dieciocho brumario de Luis Bonaparte, Karl Marx expone las diferencias entre Napoleón Bonaparte y su sobrino Luis. Debe ser una de las frases más citadas de Marx, pero no por eso deja de ser pertinente para pensar diversos ciclos históricos. 

Cuando escuché la iniciativa del ex presidente José Mujica, plasmada luego en un decreto firmado también por el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, acerca de fundir armas utilizadas por el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y el Ejército para realizar una escultura que cierre los conflictos del pasado, la frase comenzó a resonar en mis oídos.

La tragedia griega consistía en contar historias de valerosos hombres que se enfrentaban al destino impuesto por los dioses. La farsa consistía en transformar una historia en algo caricaturesco, alejado de la realidad. Las analogías resultan bastante obvias. El sueño revolucionario de los años 60 tuvo algo de tragedia. Los comentarios actuales de Eleuterio Fernández Huidobro y la propuesta de dicho monumento tienen bastante de caricatura de aquel pasado.

Es cierto que en aquellos movimientos de izquierda de los 60 la dimensión militar tuvo un lugar importante. Tales movimientos, que se expandieron por América Latina, el Tercer Mundo e incluso el Primero, pensaron la acción política como guerra revolucionaria. En un tiempo de “guerra fría”, el lenguaje militar proveyó herramientas para trascender los límites que la acción política parecía tener. En América Latina, Ernesto Che Guevara expresó esta sensibilidad de una forma muy transparente en su mensaje a la Conferencia Tricontinental, publicado en 1967.

El MLN-T fue parte de dicho movimiento global. Logró traducir con inteligencia y creatividad las maneras en que el lenguaje de la guerra revolucionaria se podía incorporar a un país de sectores medios y mayoritariamente urbanos. Sus documentos fundamentales vieron a la guerra como una continuación de la política. Pero la guerra revolucionaria no era un mero conflicto entre dos bandos de militares profesionales. Era una guerra “entre imperio y nación”, cuyo objetivo final era el cambio social, concebido como la liberación nacional y el socialismo. Dicha noción de guerra revolucionaria tenía dimensiones militares pero implicaba un cambio político radical de la sociedad uruguaya.

Esa estrategia nunca llegó a consolidarse. En 1972, cuando los tupamaros se sentían dispuestos a avanzar en la construcción de su ejército revolucionario, la participación de los militares en la lucha antisubversiva (con su Justicia Militar, sus asesinatos políticos, sus métodos sistemáticos de tortura y su ampliación de la represión al conjunto de la izquierda) llevó a una fuerte derrota militar del MLN-T y a que los militares se entronizaran en la vida política del país. Para fines de ese año, gran parte de los militantes de la organización estaban en la cárcel o en el exilio.

En 1973 llegó el golpe y la represión se incrementó aún más. La dictadura cívico-militar desarrolló sistemáticamente el terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas asumieron un rol central en los operativos represivos contra toda la izquierda, algunos sectores de los partidos tradicionales y el movimiento social, mientras que los civiles se dedicaron a otras áreas de la vida estatal como la economía y la cultura.

El MLN-T se mantuvo fragmentado entre el exilio, la cárcel y las autocríticas que llevaban a diversas conclusiones sobre la derrota. Recién en 1985, luego de la liberación de los presos, comenzó a reagruparse. En el contexto de los democráticos años 80, cuando la revolución parecía cosa del pasado, uno de los dilemas que tuvieron que afrontar fue el de cómo explicar su opción por la guerra revolucionaria. Las críticas no sólo venían por la derecha sino también, en varios casos, desde la izquierda. En un documento preparatorio del Tercer Congreso del PIT-CNT, realizado en 1985, sectores cercanos al Partido Comunista plantearon que las acciones del MLN-T en 1972 habían acelerado y habilitado la intervención militar. Frente a esto, los recién organizados tupamaros respondieron con un documento llamado “La Historia no se transa”, en el que describían el golpe de Estado como resultado de un gran plan ideado desde mediados de los 60 por sectores militares.

Ésa fue la retórica central de los tupamaros durante los 80. La dictadura había sido el resultado de una guerra contra el pueblo en la que los militares habían tenido un papel central. Y de ahí se derivaba un discurso fuertemente antimilitarista que, entre otras cosas, los llevó a tener un activo papel en el movimiento por el referéndum para la derogación de la Ley de Caducidad.

Investigadores, periodistas y ex tupamaros han señalado que a partir de los 90 algunos líderes del MLN-T comenzaron a cambiar su visión y a acercarse a los militares. El desarrollo de una ONG integrada por el general retirado Hugo Medina y el ex dirigente tupamaro Mauricio Rosencof fue uno de los encuentros que tuvieron visibilidad. Estos acercamientos, entre personas que efectivamente sentían que habían vivido una guerra pero tenían voluntad de hablar entre ellos, ocurrieron a espaldas del público. Fernández Huidobro, como líder histórico del MLN-T, senador y por último ministro de Defensa, tuvo un activo rol en las conversaciones. No sabemos qué se discutió en ellas, pero por algunas declaraciones de Fernández Huidobro podemos suponer que se ha ido desarrollando una suerte de idea reconciliatoria, seguramente basada en un discurso nacionalista, donde ambos se ven como combatientes que hicieron lo que creyeron justo para defender la nación.

El último momento de esos encuentros parece estar vinculado con la iniciativa del monumento. Dos cosas resultan llamativas. Por un lado, el secretismo con el que se manejó esta propuesta. El decreto fue firmado en total silencio, tan es así, que el actual presidente Tabaré Vázquez declaró no conocer la iniciativa. La reconciliación que se procura realizar parece ser un acto más privado que público, del que queda por fuera el resto de la sociedad, incluyendo a las víctimas del terrorismo de Estado, pero también varios de aquellos tupamaros, que se han expresado duramente sobre la iniciativa.

Por otro lado, llama la atención el cambio de interpretación del conflicto. Aquella guerra parece haber dejado de ser considerada revolucionaria, para ser evocada de la misma manera en que los partidos tradicionales evocaron los conflictos del siglo XIX cuando, durante el XX, intentaron acercarse. En el camino parece haber quedado la idea de revolución vinculada con el cambio social, la liberación nacional, el socialismo, la lucha contra la pobreza y contra la concentración de la propiedad de la tierra, y tantas otras consignas que caracterizaron a la lucha tupamara en la segunda mitad del siglo XX.

-----

Sólo por eso

El Ministro de Defensa ha difundido un comunicado informando acerca del trabajo realizado atendiendo las solicitudes de información por parte del poder judicial. Burocráticamente ha señalado que ha hecho todo lo posible para colaborar, dentro de sus humanas posibilidades, con la justicia.

Como colectivo organizado entendemos que al margen de la evaluación que merece la eficacia y la eficiencia de la labor realizada,   el Ministro debería ser renunciado por el Presidente de la República por la actitud que ha tenido, de manera sistemática y reiterada, hacia las organizaciones de DDHH y las víctimas del terrorismo de Estado. Sólo por eso alcanza.

A la largo y a lo ancho de su gestión ha destratado a quienes reclaman Verdad y Justicia y en el legítimo ejercicio de sus derechos han cuestionado su labor y su desempeño al frente del Ministerio de Defensa.

Al contrario de lo que sostienen el Gral. Bonilla y el Cnel. Cedrés, la justicia no es  un obstáculo para llegar a la verdad. En nuestro país, de acuerdo a las normas constitucionales, corresponde al Poder Judicial investigar, esclarecer y sancionar todos los delitos como los cometidos durante el pasado reciente. Ha sido precisamente la imposibilidad de actuar del Poder Judicial debido a la vigencia de la Ley de Caducidad, desde diciembre de 1986 hasta octubre de 2011, lo que ha obstaculizado avanzar en temas sustanciales como el destino de los detenidos desaparecidos.

El Ministro de Defensa tiene como todo ciudadano derecho a pensar con cabeza propia, a expresar públicamente sus opiniones y puntos de vista. Como jerarca gubernamental, como integrante del gobierno, no puede y no debe destratar e insultar a quienes piensan distinto y mucho menos de la manera en que lo ha hecho en las últimas semanas.

La dictadura cívico militar, apadrinada por EEUU,  apoyada por los grandes grupos económicos nacionales y medios de prensa, fue derrotada gracias a la lucha inclaudicable del pueblo uruguayo y a la solidaridad internacional de pueblos y gobiernos. Las organizaciones como Serpaj y la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), y no sólo ellas,  fueron herramientas que con su accionar contribuyeron al desgaste de la dictadura, a nivel nacional e internacional en los momentos más duros y difíciles. No fueron la bondad y los buenos sentimientos de los integrantes de la dictadura cívico militar, ni del Departamento de Estado, los que impidieron que todos los presos políticos fuéramos ejecutados y finalmente liberados.

En una sociedad democrática, las organizaciones que nuclean y representan a sectores de la sociedad, actuando dentro de las leyes y los marcos legales, deben ser, por lo menos, tratadas con respeto republicano, cosa que el Sr. Ministro no hace. En su caso, además, su virulencia verbal se ha enfocado pura y exclusivamente hacia quienes han trabajado de manera permanente contra la impunidad, exigiendo Verdad y Justicia para conquistar una sociedad plenamente democrática.

El ministro debería ser renunciado. Ya es hora.

------------

Opinando Nº 5 – Año 4 – Jueves 28 de mayo de 2015

Tapando el sol

Ante solicitudes de renuncia, Fernández Huidobro presentó sus números; organizaciones reiteran que cumple “tarde y mal” con los pedidos.

La diaria - 26 5 15 - Por Azul Cordo

“La actitud de este ministerio ha sido siempre la de aportar la información al alcance de sus posibilidades, abriendo el camino a las investigaciones e investigadores en todo momento”, afirmó el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, en un comunicado de prensa publicado ayer en la página web de Presidencia. Estos dichos se contraponen a las numerosas expresiones de organizaciones de derechos humanos y familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que han subrayado las “demoras” y el ocultamiento de archivos militares que podrían esclarecer responsabilidades en delitos de lesa humanidad cometidos en Uruguay durante la última dictadura cívico-militar.

Una semana después de que calificara de “enfermitos” a quienes “permanentemente hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares”, el ministro difundió el documento que presentó al presidente Tabaré Vázquez el lunes durante el Consejo de Ministros como respuesta a los “ataques sistemáticos (y genéricos) que ha sufrido”. En el documento Fernández Huidobro señala que entre 2011 y 2015 su cartera dio respuesta a 211 de los 237 oficios judiciales recibidos.

Consultados por la diaria, integrantes de organizaciones sociales que cuentan con numerosas copias de estos expedientes indicaron que la mayoría de estas respuestas sostienen: “Esta sede carece de información”. “Pareciera que para el ministro, responder es tipear la carta. Tipear es una cosa, responder es otra”, agregaron. Raúl Olivera, de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, remarcó: “El tema no es si contesta los oficios o no, sino qué información aporta en esas respuestas, y si los datos son útiles a la causa o si cumplen meramente con un trámite. El MDN cumple tarde y mal”.

El ministro excusa las “demoras en la tramitación” de los oficios por “la complejidad en cuanto a la ubicación de la información y documentación requerida”, y se remite a un mensaje que envió en 2013 a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el que dice haber “ofrecido” a las sedes penales correspondientes “coordinar” para que los jueces se dirijan a los comandos militares, analicen allí los legajos originales y soliciten copia de las “fojas relevantes para la causa”.

Tanto abogados patrocinantes de diversas causas de derechos humanos como algunos jueces no recordaban una circular de la SCJ que diera cuenta de esta “coordinación”. Sin embargo, existe. Es la 48/2013 y fue girada el 13 de mayo de 2013 a los jueces con competencia penal de todo el país. Remite a una comunicación de Fernández Huidobro en la que expresa las “dificultades” para aportar el listado (nombres y legajos) de los funcionarios del MDN en causas que abarcan el período dictatorial. En dicha comunicación, el ministro establece que “corresponde” que el legajo personal de los oficiales o sus hojas de servicio “permanezcan en la Unidad Militar correspondiente” y subraya la falta de “recursos financieros (en fotocopias, tóner, hojas, etc.) y humanos, no previstos a tal fin” y lo “difícil” que es “desafectar de su labor normal” a los funcionarios “para cumplir esta tarea que es cada vez más demandante”. En esta misiva, Huidobro no habla de “coordinar” con la SCJ sino de “intentar arbitrar medidas alternativas” que permitan superar las dificultades “a través de la determinación concreta y acotada de la información que se requiere”. “Es un ofrecimiento tramposo porque no existe capacidad del Poder Judicial para revisar toneladas de expedientes, sin el auxilio de especialistas en criminología o de funcionarios del MDN”, opinó el abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia.

“La imposibilidad de ubicar los legajos a partir de alias de posibles implicados en delitos de lesa humanidad” es “preocupante”, expresó Chargoñia. “Las víctimas estaban encapuchadas, como parte del método del terror aplicado. Los represores no se presentaban con su cédula”, añadió, y consideró que Fernández Huidobro “banaliza la tragedia”, “ofende décadas de investigaciones realizadas por los familiares, que son quienes más han aportado datos”, y brinda “una insólita aclaración que oscurece”. “Está concluyendo que no hay forma de localizar a aquellas personas que torturaron. El comunicado del MDN es una declaración de negación institucional de Justicia para el esclarecimiento de los crímenes de la dictadura y marca una desprotección absoluta a las víctimas. No hay voluntad política ni capacidad para resolver las investigaciones”, agregó.

“Fernández Huidobro ha mostrado una sintonía fina con los militares condenados”, manifestó el abogado Federico Álvarez Petraglia, quien aseguró que, además de que las respuestas de esta cartera “demoran meses”, “no han aportado nada sustantivo” a las causas.

Otro de los puntos cuestionados es que el MDN afirma que no han encontrado registros del OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas), mientras que el equipo coordinado por Álvaro Rico accedió a documentos, como expedientes de la Justicia Militar, en los que se nombra dicho organismo.

Ayer los sectores del Frente Amplio Casa Grande y el Partido por la Victoria del Pueblo pidieron, en sendos comunicados, la “inmediata remoción” del ministro, sumándose al reclamo de la Vertiente Artiguista.

--------

Todos en cana, todos

Caras y caretas – 22 5 15 – Por Leandro Grille

El pasado martes 19 el presidente de la República emitió una resolución por la que se creó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. En el grupo, honorario, integrado por siete personas designadas por el propio Tabaré, hay representantes de las distintas confesiones mayoritarias, de organizaciones de derechos humanos y también legisladores notoriamente vinculados a las víctimas del terrorismo de Estado, como Macarena Gelman y Felipe Michelini. 

El grupo tendrá el amplio cometido de buscar información, recabar testimonios, hacer el seguimiento de las causas e investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado, tanto sea por agentes estatales como por personeros, en territorio uruguayo o en el exterior, y durante un lapso que no se limita al período formal de la dictadura sino que llega hasta junio de 1968, cuando el entonces presidente Pacheco Areco comenzó a gobernar con medidas prontas de seguridad y a reprimir y matar gente. Este grupo de trabajo no se va a abocar exclusivamente a conciliar versiones para aproximarse a la verdad; es diferente a la comisión para la paz, entre otras cosas porque desde el vamos persigue la justicia y el enjuiciamiento de los responsables. Algo que hoy parece muy difícil, dado el tiempo transcurrido desde que estuvo en vigencia la ley de impunidad y, sobre todo, que la actual integración de la Suprema Corte tiene la voluntad de dejar cerrado para siempre el tema, aunque acepte que son incomputables los años de caducidad a los efectos de establecer la prescripción. El decreto de creación del grupo de trabajo lleva la firma de todo el gabinete, incluyendo la del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, sobre quien han recaído nuevamente críticas y acusaciones de no cooperar, e incluso de obstaculizar la lucha de los familiares por saber la verdad y terminar con la impunidad.

El ministro Fernández Huidobro aparentemente provocó una nueva andanada de reproches al sostener que también en el Frente Amplio se promovía la estigmatización de los militares. Las respuestas no se hicieron esperar, tanto desde familiares como de dirigentes políticos de la izquierda que no dudaron en exigir, nuevamente, que sea desplazado, o incluso cosas peores. Desde el secretario de la Juventud Socialista hasta la senadora Constanza Moreira y muchísimas personas más, en las redes sociales o en declaraciones de prensa, le saltaron al cuello al ministro y, por cierto, al discurso del comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, quien en el acto del día del Ejército Nacional, el pasado lunes 18 de mayo, se quejó del trato que reciben los militares y exigió “que no se los humille y desprecie con soberbia, que no se los denueste por prejuicios del pasado”. Hasta el vicepresidente Raúl Sendic le pegó al Ñato, aunque de forma mucho más medida, al igual que el ex senador Enrique Rubio.

A las pocas horas, la vigésima Marcha del Silencio conmovió con una concurrencia que quizá haya superado el centenar de miles de personas. La herida está abierta. Cientos de miles de uruguayos, entre ellos una porción importantísima de frenteamplistas, demandan la aparición de los desaparecidos y el juicio a los culpables. El número no decrece con el tiempo, por el contrario, se multiplica entre los jóvenes: es una causa sólida, que permite una manifestación cívica sin matices. Indudable. Insoslayable.

La iniciativa de Tabaré es correcta. El decreto es claro. Va de suyo que si algún jerarca no está dispuesto a colaborar con el Grupo de Trabajo creado, abandonará su cargo. Eso incluye a cualquier miembro del gobierno (entre ellos, los ministros) y a cualquier mando militar. La obligación es para todos, y el Grupo tiene que tener todas las puertas abiertas. Pero también es claro que los testimonios que pueda recabar serán voluntarios. No hay ninguna posibilidad de romper la omertá a la fuerza. Este es el rumbo posible, y los designados, pese a la sobreabundancia religiosa, son todas personas que tienen capacidad para llevar esto adelante, además de probidad absoluta y autoridad moral. Son intachables e indiscutibles.

El decreto no ha merecido el respaldo de todo el espectro político, lo que en última instancia representaría una hipocresía. Así que eso es mejor que un consenso trucho. Algunos impresentables, como el ex presidente Jorge Batlle y otros connotados fósiles, han salido a cuestionarlo por incluir al pachecato en el período a investigar. Dicen que el gobierno de Pacheco Areco era una democracia. No pierden oportunidad de indicar que todo empezó antes, cuando comenzó a actuar el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. En realidad, para tipos como Batlle o Sanguinetti no hay inconveniente en pegarles a los tupamaros (son sus enemigos preferidos) ni a los militares. Aunque defienden la impunidad, la soldadesca —o, como la llama Fernández Huidobro, “los fajineros”— les importa bien poco. Pero ir más allá del 73, eso sí no lo pueden tolerar. Porque ahí era todo supuestamente democrático y civil, todo muy colorado, además. En esa supuesta democracia funcionaron los escuadrones que mataron a Ayala, a Castagnetto, a Ramos Filippini y a Íbero Gutiérrez. Y ya no por testimonios interesados, sino por los propios documentos desclasificados por Estados Unidos, tipos muy civiles como Jorge Batlle tienen que ser imputados e investigados. También Julio María Sanguinetti.

Y el puntapié inicial que da Tabaré con este decreto nos permite analizar con otro enfoque algunas de las cosas que dice el ministro Fernández Huidobro, más allá del chisporroteo de agravios que se intercambia con la gente que lo cuestiona. Acá, en Uruguay, las cosas no las hicieron los militares exclusivamente. Y es más: no las condujeron los militares. ¿Qué pasa con los civiles? ¿Qué pasa con los medios de comunicación que participaron del golpe de Estado? Hemos visto hace pocos días cómo el dueño de El mercurio de Chile, Agustín Edwards, era expulsado del gremio de periodistas por su complicidad con el régimen de Pinochet y por haber recibido dinero de la CIA para sostener su campaña de desprestigio contra Allende. ¿Qué habría que hacer entonces con el diario El País, que hasta recibía notas escritas en la embajada? ¿Qué habría que hacer con todos los civiles que formaron parte de las estructuras de gobierno? ¿Qué habría que hacer con los empresarios que arroparon al régimen? ¿Cuándo serán juzgados? ¿Y por quién? ¿Quién los acusa? ¿Quién los persigue?

Este Grupo de trabajo que formó Tabaré va a tener que ir más allá de la investigación sobre la concreción material de los asesinatos, las desapariciones, las torturas y múltiples violaciones de los derechos humanos. Va a tener que ir desenredando hasta llegar a todos los responsables intelectuales. Porque acá no hubo una guerra entre dos demonios, hubo la aplicación del plan continental diseñado por el imperialismo para arrasar con todo. Al Plan Cóndor no lo inventaron un par de soldados trasnochados. Hay que perseguir a los represores, a los genocidas, y buscar la forma de enjuiciarlos, aunque la Suprema Corte de Justicia lo hará dificilísimo. Hay que buscar a nuestros desaparecidos hasta en el último rincón posible. Aunque el paso de los años y el peso del silencio hayan transformado esta búsqueda en una labor casi imposible. Pero también hay que perseguir a los banqueros, a los grandes empresarios, a los políticos, a los dueños de los medios de comunicación, a los jueces cómplices, a los interventores de la Universidad, a todos los que participaron de la nomenclatura dictatorial, todos esos civiles que, sentados detrás de sus escritorios, sin mancharse las manos de sangre ni embarrarse las botas, dieron el toque a degüello y llevan décadas haciéndose los desentendidos. Yo quiero ver sometidos a un juicio justo, como el que no tuvieron sus víctimas, no sólo a los militares y policías que traicionaron la Constitución en junio de 1973 y protagonizaron los crímenes horrendos que todavía nos lastiman, quiero ver a todos los que consintieron el autoritarismo desde junio de 1968 y a los que estuvieron detrás de lo que sucedió hasta el 1° del marzo de 1985. Aunque no sean ni hayan sido milicos o policías. Así tengan apellidos notables o sigan siendo los dueños de los medios de comunicación o tengan un poder económico descomunal. Tienen que ser juzgados e ir presos todos. A nuestra democracia le va a hacer bien que vayan presos unos cuántos civiles, por intocables que parezcan.

-------

Lo roto se repara

Incompatibilidad entre pensiones y jubilaciones para ex presos políticos

Sala de Redacción - Facultad de Información y Comunicación - 

Por Tamara Mardones

Uruguay tuvo 20.000 presos políticos en los años de la Dictadura Cívico Militar (1973-1985), 6.000 sometidos a tribunales militares. Hoy se los obliga a elegir entre una Pensión Especial Reparatoria (PER) y las jubilaciones, subsidios u otras pensiones cuando se presenta la posibilidad de percibir ambas.

MARCO LEGAL

Se encuentra en vigencia la ley N° 18.033 del año 2006, que refiere a aquellos ciudadanos que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985 y a la recuperación de sus derechos jubilatorios y pensionarios.

El artículo 11 de la normativa indica que “las personas comprendidas en el artículo 1° de esta ley que habiendo sido detenidas y procesadas por la Justicia Militar o Civil y que, como consecuencia de ello sufrieron privación de libertad entre el 9 de febrero de 1973 y el 28 de febrero de 1985, tendrán derecho a una Pensión Especial Reparatoria  (PER) equivalente, al momento del inicio de su percepción, a 8,5 (ocho y media) Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC)  mensuales”.

Un aspecto cuestionado desde la Asociación de Ex Presos Políticos (Crysol) sobre esta ley responde a que “no tendrán derecho a percibir la prestación establecida en el presente artículo los titulares de una jubilación, pensión, o retiro o subsidio transitorio por incapacidad parcial, salvo que optaren por la pensión especial reparatoria”. Esto implica que aquellos expresos políticos que cumplan con las condiciones para ser amparados, deben elegir entre percibir esta PER o cualquier otro subsidio y tampoco pueden percibir ingresos superiores a 15 BPC mensuales.

OBLIGACIONES ESTATALES

Gastón Grisoni, presidente de Crysol, expresó a Sala de Redacción que “los Estados tienen la obligación de investigar, esclarecer, castigar a quienes cometen violaciones, solidarizarse con las víctimas y resarcir por el dolor, el daño moral, físico, psicológico y por la destrucción del proyecto de vida. Se tiene que abordar esta temática y, al resarcir, no te pueden obligar a renunciar a otros legítimos derechos, que son propios de un ciudadano”.

Lo ideal, según Grisoni, es compatibilizar el cobro de la PER y otra jubilación o subsidio. Para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), ambos ingresos tienen naturalezas distintas: la PER proviene de una fuente de reparación por haber sido víctima de terrorismo de Estado y la jubilación es un derecho ciudadano adquirido, generado por trabajo, pero en ningún caso puede ser considerada como un “beneficio”, tal como se cataloga en varios pasajes del estatuto.

Como lo sostiene la INDDHH, máximo tribunal en materia de derechos humanos en el país, según la ley N° 18.446, “los Estados tienen que reparar y al hacerlo, no pueden ni deben en honor a las mismas normas de derechos humanos que se invocan, obligar o inducir, compulsiva o implícitamente, a renunciar a otros legítimos derechos ciudadanos, de naturaleza jurídica diferente, como ha ocurrido con las leyes mencionadas”.

José Luis Blasina, ex diputado socialista, estuvo presente en la votación de la ley en el Parlamento e hizo énfasis en su incapacidad para considerarla “beneficio”. Para él, un “beneficio” sería “percibir algo superior a lo que se tiene hoy”, y no es el caso, más allá de que reconoce el proceso que se realizó por parte de los partidos políticos y las organizaciones sociales para ir “de menos a más” e incluir paulatinamente cada vez más mejoras en las leyes. “Creo que apenas es una reparación, aún insuficiente como definición, porque hay cosas imposibles de reparar”, menciona.

Para el ex diputado, el esfuerzo no finalizó con la ley 18.033, sino que ésta fue un paso. Con la insistencia posterior se lograron otras reparaciones -limitadas,  pero de un gran contenido- como es el caso de la Ley N° 18.596 de 2009, que plantea la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de Junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, con el reconocimiento y la reparación a las víctimas.

Independientemente de estas percepciones, Blasina considera que la necesidad de optar entre una jubilación y la PER recae en que muchas de esas jubilaciones se obtuvieron cuando se reconocieron -en forma ficta-, los años de prisión o exilio como efectivamente trabajados y aportados al Banco de Previsión Social, por lo que implícitamente queda reconocida otra reparación, además de la PER, como pensión reparatoria en sí misma. A eso se le adiciona el monto que hubiera significado la doble percepción monetaria a cargo de Rentas Generales, que limita las posibilidades de financiamiento.

Ariela Peralta, representante de la INDDHH, conversó con SdR y manifestó que no existe ningún instrumento o tratado internacional que estipule que la o las reparaciones deban ser de determinada manera: “Los principios de las Naciones Unidas sobre reparaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos se fueron revisando y mejorando. Son justamente los que marcan el alcance de las reparaciones y en Uruguay (las leyes N° 18.033 y la N° 18.596) se quedan súper cortas”, expresó.

Las reparaciones recaen en puntos esenciales: atención psicosocial y jurídica, reparación simbólica y monetaria que, según Peralta, hay que contemplar en su totalidad: “No es un menú de opciones. El Estado tiene que cumplir con todos los puntos para realmente estar en armonía con la reparación integral a víctimas de graves violaciones a derechos humanos de violencia estatal”, remarcó.

La ordenanza 60/147 de las Naciones Unidas es el documento a nivel internacional que establece de manera pormenorizada y detallada las obligaciones de los Estados para superar situaciones traumáticas como las que vivió el país durante el Terrorismo de Estado y para Crysol es el estándar de calidad que se debe aplicar a las leyes actuales.

Basados en esta resolución internacional, Crysol y la INDDHH presentaron hace unas semanas una serie de propuestas a Presidencia de la República referidas al ámbito de la justicia para que fueran “investigadas, esclarecidas y sancionadas las graves violaciones a los derechos humanos”, según Grisoni.

------

No hay excusas

La diaria – 13 5 15 – Por Azul Cordo

Jueza Mota criticó fallo de la SCJ por causa Julio Castro y dijo que Zabala sabía que cumplía una “orden ilegítima”

La Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) interpela: “Tenés derecho a que te chupe un huevo” lo que ocurrió en el pasado. ¿Ocurrió en el pasado? ¿Sigue pasando?

Referentes de la cultura y la academia uruguaya, entre los que se encuentran Alejandro Balbis, Mariana Percovich, Gabriel Calderón, Rafael Cotelo y el ex rector de la Universidad de la República Rodrigo Arocena, convocan a la 20ª Marcha del Silencio mediante un spot de la FEUU y reflexionan sobre la importancia de pensar que la lucha contra las violaciones a los derechos humanos no es un tema del pasado, aunque advierten: “De la verdad no hay retorno”.

Además, exhortan a “no construir la historia desde el olvido” y explican por qué la movilización de los 20 de mayo se sigue haciendo en silencio: “Podríamos juntarnos a gritar, pero no alcanzan las palabras”.

Lo mucho que falta

El video fue presentado ayer en la Facultad de Información y Comunicación (FIC), antes del comienzo de un panel sobre “Impunidad hoy” en el que participaron la jueza Mariana Mota; Elena Zaffaroni y Graciela Montes de Oca, integrantes de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos Uruguayos; Eduardo Contreras, abogado y actual embajador de Chile en Uruguay, y el periodista Samuel Blixen.

“La tragedia no es sólo morir sin saber la verdad”, dice otro tramo del reclame; también podría ser que el Poder Judicial no haya hecho “el menor esfuerzo para abrir los caminos” hacia la verdad y la justicia, sostuvo Zaffaroni, ante decenas de estudiantes que colmaron el salón 5 de la FIC.

La militante destacó que cuando el Frente Amplio llegó al gobierno nacional, en marzo de 2005, hubo un “cambio sustancial” respecto de la actitud para buscar justicia, pero “lamentablemente se fue a menos”. “Pensamos que iba a haber una resolución profunda y abarcativa del Estado. Se hicieron investigaciones sobre las desapariciones y se puso luz sobre operativos represivos, pero no hubo ni verdad ni justicia”.

En estos años, “los familiares se fueron haciendo un poco investigadores y abogados”, agregó. Ante esto, Mota sostuvo que “se necesita formación específica y especialización de los jueces en las causas de derechos humanos”, además de la creación de una unidad especializada.

La magistrada, que en 2013 fue trasladada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la órbita penal a la civil, consideró que desde el Estado “se debe brindar asistencia jurídica a las víctimas” y señaló que los magistrados necesitan “la colaboración por parte de los ministerios para acceder a los archivos del pasado”, además de “aprender a decodificar la información militar que logramos recibir”.

Consultados sobre las expectativas que genera la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, anunciado por el presidente Tabaré Vázquez días antes de asumir su mandato, desde Familiares, que cuenta con un representante en ese ámbito, aclararon que se trata de un espacio que “está en formación” y que su decreto reglamentario “todavía no está firmado”.

También sostuvieron, por otra parte, que es “una amenaza a la democracia” que las Fuerzas Armadas “no hayan aceptado sus delitos” cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985), y criticaron el reciente fallo de la SCJ que absolvió al ex policía Ricardo Zabala como cómplice del secuestro del maestro Julio Castro, “dando lugar al argumento de la obediencia debida”.

Al respecto, la jueza Mota afirmó: “No es cierto cuando un militar dice que no sabía” qué pasaba en las unidades militares. En este caso específico “es impensable que Zabala no supiera que iba a detener a una persona, siendo él parte del sistema de represión”. “No cabe aquí la obediencia debida para Zabala, porque sabía que estaba cumpliendo una orden ilegítima”, continuó.

Emitir una sentencia así, según su punto de vista, “es aislar del contexto histórico el análisis de estas causas” judiciales, y concluyó enfatizando que “esto es un tema de todo el Estado”, en referencia a que “se destrabe” la impunidad.

------------

Nulas y sin ningún valor para siempre

La aprobación de la Declaración del Estado de Guerra Interno el 15 de abril de 1972 por parte del Parlamento marcó el comienzo de una nueva fase de  la escalada represiva en Uruguay. El asalto a la Seccional 20 del Partido Comunista en la noche del domingo 16 fue una señal premonitoria de los tiempos oscuros que se avecinaban en  el país.  

Mediante la  creación de un mecanismo no previsto en Constitución vigente, a instancias del Poder Ejecutivo presidido por Juan María Bordaberry, se suspendieron las  garantías individuales y se consagró la intervención de la Justicia Militar desplazando al Poder Judicial de sus cometidos. Inicialmente  lo fue para el juzgamiento de las personas que fueran detenidas por las Fuerzas  Conjuntas en su plan de aniquilamiento y destrucción de los grupos armados aunque posteriormente se extendería a toda la oposición.

Las fuerzas armadas y la policía política, supeditada operativamente a ellas, obtuvieron una autorización tácita para institucionalizar y potenciar al máximo nivel las torturas a los detenidos que ya se practicaban en forma habitual.

El desplazamiento del Poder Judicial para juzgar a los detenidos supuso una  gravísima  alteración del orden institucional y del  estado de Derecho. La justicia militar, una instancia prevista para juzgar exclusivamente  a  los miembros de las fuerzas armadas, no  era un órgano autónomo e independiente. Era una instancia administrativa supeditada jerárquicamente  a  los mandos militares que ya planificaban el golpe de Estado desde mucho tiempo atrás, como ha quedado documentado.

La intervención de la Justicia Militar supuso la eliminación de las disposiciones constitucionales para detener a las personas: semiplena prueba, in fragranti delito o por orden escrita del juez competente. Además eliminó los plazos legales para la comparecencia ante un juez de los detenidos.

El empleo de la Justicia Militar fue un atropello a la institucionalidad democrática, al Estado de derecho, al sistema republicano de gobierno. Pretendió  darle un manto de legalidad al plan represivo de quienes se apropiarían  del Estado y lo gobernarían hasta el 1º de marzo de 1985.

La detención masiva de ciudadanos, incluyendo menores y adolescentes, la aplicación de torturas en forma sistemática y metódica, la prisión prolongada  en terribles condiciones de reclusión, fue la metodología deliberadamente seleccionada en Uruguay para destruir a las organizaciones políticas, sindicales, gremiales, culturales o individualmente, que se oponían al proyecto de país que se implementó  en el marco de una estrategia continental de dominación diseñada en EEUU.

Con escasas excepciones, los más de  6.000 ciudadanos  puestos a disposición de los tribunales militares desde el 15 de abril de 1972, fueron torturados brutalmente: plantones durante  días, semanas y meses, encapuchados y atados, privados del sueño, de alimentación y atención médica, sin contacto con sus familiares o el mundo exterior, desaparecidos, sometidos a palizas y  golpizas constantes y permanentes, a sesiones de submarino, de tacho, choques eléctricos, colgadas y cuanta bestialidad se les ocurriera a los ejecutores de tales interrogatorios, incluyendo los abusos sexuales y las violaciones.

Los jueces sumariantes de la Justicia Militar integraban los equipos de interrogatorios.  En promedio, los detenidos en Uruguay, durante el terrorismo de Estado, permanecieron incomunicados 100 días antes de ser sometidos ante un juez formal, sin asistencia legal de ningún tipo. Todas las declaraciones de los sometidos a la Justicia Militar fueron realizadas en las salas de tortura que funcionaban en todos los cuarteles y centros represivos de la policía en todo el país.

Todos los procesados por la justicia militar, incluidos menores de edad, lo fueron en base a testimonios propios o de terceros obtenidos en sesiones de tortura. En una sociedad democrática, libre de los valores y de la cultura propia de la impunidad, dichas declaraciones son nulas y sin ningún valor para siempre. Son testimonios documentales del horror que padecieron miles de compatriotas. Todas las personas que comparecieron ante tribunales militares sufrieron gravísimas violaciones a sus derechos humanos y son víctimas directas del terrorismo de Estado.

Sólo mentes enfermas de terrorismo estatal pueden invocar dichas actas y confesiones para intentar desacreditar públicamente a un ciudadano. O ciudadana.

--------

Opinando Nº 4 – Año 4 - Viernes 17 de abril de 2015