Las Fuerzas Armadas siguen en la misma
Tte. General Mario Stevenazzi, comandante en jefe de las FFAA.
Las cosas en su sitio
A los pocos días, el fiscal especializado en crímenes de Lesa Humanidad, Dr. Ricardo Perciballe, informó en la prensa que había presentado una denuncia penal contra el Director del Servicio de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas (FFAA) por haber autorizado el pago de las jubilaciones de 14 militares prófugos de la justicia uruguaya. Todos ellos imputados de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura civil militar y el terrorismo de Estado.
El Servicio de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas, absolutamente deficitario y al cual Rentas Generales debe aportar anualmente unos 500 millones de dólares para asegurarsu funcionamiento,desde elretorno ala institucionalidaddemocrática,es
parte de la estructura
formal de las FFAA. Reporta directamente al teniente general Mario Stevenazzi, Comandante
en
Jefe.
El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) interpelado
Desde hace mucho tiempo, tanto Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos (Famidesa) como Crysol han manifestado su preocupación por el hecho de que los militares prófugos de la justicia, algunos formalmente procesados, logran cobrar sus haberes jubilatorios estando en el exterior. Esto les permite solventar su subsistencia cómodamente y evadir, así, sus responsabilidades penales.
El argumento de que se les paga los haberes por no estar procesados o condenados es una tomadura de pelo a la inteligencia ciudadana. Inaceptable. No están condenados por que están prófugos. Seguirán estando prófugos mientras el Servicio de Pensiones y Retiros de las FFAA les pague sus haberes con la excusa de que se necesita una ley para suspender dichos pagos. Seguirán cobrando mientras los subordinados del ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin les sigan dando certificados de fe de vida sin ser debidamente sancionados con la gravedad que estas conductas ameritan.
No se precisa ley: el caso Eduardo Ferro
Es un caso paradigmático. Fue acusado de haber secuestrado y asesinado al militante antidictatorial Oscar Tassino en el año 1977, que continúa desaparecido hasta el día de hoy. Estuvo prófugo de la justicia varios años, radicado en España, hasta que el anterior ministro de defensa nacional ordenó se le suspendiera el pago de sus haberes jubilatorios.
Al no poder solventar su subsistencia, el coronel retirado Eduardo Ferro decidió entregarse a la justicia. Fue extraditado y hoy se encuentra recluido en la cárcel VIP de Domingo Arena, procesado por la desaparición forzada de Oscar Tassino, un delito de carácter permanente, que se sigue cometiendo mientras no aparezcan los restos y/o se esclarezcan las circunstancias.
La decisión del anterior ministro de defensa
nacional no le causó perjuicios económicos
al Estado. Una vez que fue condenado, la justicia determinó que se le debían abonar los haberes retenidos mientras
estuvo prófugo. Si bien las jubilaciones, pensiones
y retiros de los militares son privilegiadas (tienen aguinaldo, entre otros
beneficios) son un
derecho que no se puede perder.
De larga data
Antes de la reforma de la Ley Orgánica de las FFAA los militares condenados por la justicia con sentencia firme, debían ser sometidos a Tribunales de Honor para que estos definieran el castigo que correspondía aplicar cuando eran condenados por la justicia. Para egresar de la Escuela Militar, los cadetes realizan un juramento de honor: respetar la Constitución de la República y las leyes.
Desde el momento en que eran condenados por la justicia con sentencia firme, quedaba claro que habían violentado su juramento de honor y estaban en falta. El Tribunal solo debía determinar el castigo que les correspondía, de acuerdo a la gravedad de la falta cometida.
Desde hace
muchos años,esto dejó de efectivizarse.Juristas que nuncafaltanmanejan,
al parecer, detalladas y pormenorizadas justificaciones legales para evitar que los terroristas estatales reciban el castigo administrativo
que les corresponde, de acuerdo
a la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Disfrutan de
beneficios inmerecidos.
Una denuncia penal contundente
La denuncia penal presentada por el Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad Dr. Ricardo Perciballe ha puesto de manifiesto que en la actualidad los mandos de las Fuerzas Armadas desconocen sus obligaciones legales y los pronunciamientos judiciales.
Las FFAA siguen sin informar a la ciudadanía acerca deldestino de las y de los Detenidos Desaparecidos. Una deuda institucional. Además, desconocen los pronunciamientos judiciales e, incluso, le siguen pagando sus jubilaciones a los requeridos y prófugos de la justicia, en muchos casos, como ha quedado demostrado.
El responsable del Servicio de Pensiones y Retiros de las Fuerzas Armadas coronelMario Azcurrain debió y, debe ser, pasado a retiro. El pase a retiro de su superior inmediato, el general Mario Stevenazzi, es perentorio. El pase a retiro es una condición indispensable, para afirmar el Estado de Derecho y los valores básicos de la democracia republicana. Los Estados tienen la obligación legal de sancionar penal y administrativamente a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos y también a sus cómplices.
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Opinando
N° 5 – Año 15 – Jueves 14 de mayo
de 2026
