OTRO QUE TAMBIÉN LA HACE CHIQUITA

No asonarás

Siete procesamientos sin prisión de personas que se movilizaron contra el traslado de la jueza Mota.

La diaria - 5 - 11- 13 - Por Natalia Uval

Jorga Zabalza e Irma Leites al salir del juzgado. Foto: Javier Calvelo

La jueza Gabriela Merialdo procesó ayer sin prisión por “asonada” a siete personas que participaron en la manifestación en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en contra del traslado de la jueza Mariana Mota. La denuncia había sido presentada en febrero por la propia SCJ. Los procesados no fueron citados al Juzgado; el Departamento de Operaciones Especiales (DOE) los fue a buscar a sus casas, en un procedimiento similar al realizado en ocasión de las citaciones. La defensa apelará y podría presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La “asonada” es uno de los considerados delitos “contra el orden político interno de un Estado”. El Código Penal vigente, aprobado en 1933, dispone que cometen asonada “los que se reúnen en número que no baje de cuatro personas, para causar alboroto en el pueblo, con algún fin ilícito que no esté comprendido en los delitos precedentes o para perturbar con gritos, injurias o amenazas, una reunión pública, o la celebración de alguna fiesta, religiosa o cívica, o para exigir de los particulares alguna cosa justa o injusta”. 

Esta figura fue la que aplicó Merialdo a Jorge Zabalza; Irma Leites; Patricia Borda; Eduardo, Álvaro y Diego Jaume; y al secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (ADEOM), Aníbal Varela.

El fiscal Gustavo Zubía había pedido el procesamiento por “atentado”, una figura que los abogados defensores coincidieron en señalar como más grave que la asonada. Merialdo la rechazó por el número elevado de manifestantes que concurrieron a la SCJ y porque no hubo lesiones a las autoridades.

En el auto de procesamiento Merialdo evalúa que los procesados “participaron de una reunión tumultuaria que afectó el bien jurídico orden político interno del Estado, menoscabando por la estruendosa e ilícita ocupación del Edificio público donde tiene asiento la SCJ, el normal desarrollo de las actividades jurisdiccionales”. Estima que se produjo una “clara perturbación mediante gritos e injurias en la celebración de audiencias públicas de juramentos a sus nuevos cargos de varios jueces, las cuales, por consecuencia directa de los hechos, debieron suspenderse y prorrogarse por más de tres horas”.

Con respecto al argumento de la defensa de que se está afectando la libertad de expresión, la jueza sostiene que “los argumentos políticos no pueden ignorar la existencia constitucional de límites al principio de libertad”.

Hola, soy el DOE

En la mañana de ayer, la profesora Patricia Borda fue la primera en recibir en su casa la visita del DOE, personificado en dos autos blancos en los que viajaban tres personas. Entre otros, un oficial al que los activistas conocen como “inspector Mieres”, vestido de camisa a cuadros celeste y blanca. Mieres es la misma persona que abordó en la plaza Independencia a un fotógrafo, indagado por este mismo hecho, para citarlo al juzgado, y luego también lo interrogó. Ayer, los oficiales del DOE no se identificaron, no mostraron orden judicial y le pidieron a Borda que los acompañara. Borda tuvo que dejar a su hijo solo en su casa. Durante el viaje preguntó dónde la llevaban y le respondieron que se dirigían a Jefatura, pero la trasladaron al DOE. “Usaron la mentira, el atropello, los mismos parámetros que en dictadura”, relató Borda.

Más tarde se supo que el DOE había utilizado el mismo procedimiento con Eduardo y Álvaro Jaume. Diego Jaume llegó último al Juzgado. El DOE también se llevó de la misma manera a Varela, que estaba en la sede de ADEOM. “Me sacaron del sindicato como si fuera un delincuente”, relató.

Sobre el mediodía, otro de los implicados, Jorge Zabalza, envió un correo electrónico a sus contactos en el que avisaba que estaba al tanto del operativo del DOE y que él concurriría a presentarse voluntariamente al Juzgado, algo que hizo minutos después.

En el Juzgado de Misiones ya se habían juntado cerca de 50 personas. Un altoparlante repetía: “Procesamiento a los que luchan, mientras los gorilas están impunes o en cárceles de lujo. Basta de criminalizar la protesta”. Militantes de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES) de Montevideo -que ayer paralizó sus actividades- colgaron una pancarta en el vallado dispuesto para la ocasión: “Se criminaliza la protesta. Tocan a uno, tocan a todos”.

La activista de Plenaria Memoria y Justicia Irma Leites llegó al Juzgado a las 14.30 e inmediatamente fue abordada por la prensa. Aclaró que no tenía pensado ingresar al Juz gado porque nadie la había citado, y que asistió para “movilizarse”. Miembros del DOE habían ido a buscarla a su casa pero no la encontraron. “Mientras los asesinos de [Aldo] Perrini siguen libres, a nosotros nos tratan como a delincuentes. No fueron capaces ni siquiera de notificarnos”, cuestionó.

Después de que se alejaron las cámaras, el “inspector Mieres” se acercó a Leites. Tuvieron un breve diálogo y luego Leites levantó los brazos. “Bueno, me acaban de detener”, comentó. “Tiene que entrar”, le dijo Mieres. “¿A qué hora estoy citada?”, le preguntó Leites. “Ahora”, le contestó el inspector. “Voy a esperar a mi abogado”, le dijo Leites. “Si quiere, yo la acompaño”, se ofreció Mieres. Y así entró la activista al Juzgado mientras algunas personas cantaban: “Se escucha, se escucha, arriba los que luchan”.

Consultado por la diaria, Mieres se excusó de hablar del operativo y explicó que fue una decisión de la jueza Merialdo. Confirmó que los detenidos por el DOE estuvieron unas horas en las dependencias de ese departamento, antes de ser trasladados a la sede judicial.

Ya dentro del Juzgado, y según relataron los procesados, Merialdo les dijo que se habían excedido en la protesta porque “había habido gritos”. También se asombró por la molestia de los activistas y les hizo notar que les impuso una pena más leve de la que pedía Zubía. Les dijo que les iba a leer la sentencia pero finalmente no lo hizo.”Parece el tribunal militar”, comentó ayer Zabalza en conferencia de prensa.

Apelable

Sobre las 15.30, los abogados defensores salieron a dar la noticia a la prensa. Gustavo Salle, representante de Leites, valoró que Merialdo no haya dado lugar a la tipificación de Zubía, que a su juicio pretendía hacer “una selección” de los manifestantes. Informó que Merialdo continuará investigando a todos los que participaron en la manifestación ante la SCJ. No obstante, valoró que no ve a la jueza “en absoluto entusiasmada” con esa indagatoria.

El abogado de Borda, Pablo Donnangelo, anunció que apelará y que evalúa presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. “Entendemos que existe una relación de tensión entre dos derechos, el derecho a manifestarse y el derecho a realizar un acto público en tiempo y forma. El acto de asunción de la doctora Mota se retrasó, es cierto, pero eso no es una conducta penalmente relevante”, estimó.

Juan Fagúndez, abogado de los Jaume, también apelará. “Si bien pudo haber una conducta que distorsionó en algo un acto público, de ninguna manera había una intencionalidad de cometer un delito, porque lo que juzgan acá son delitos, no que alguien grite o moleste”, señaló. “No estamos hablando del reglamento de OSE ni de UTE, estamos hablando del Código Penal y de procesar gente como delincuentes”, agregó. El abogado presentará una denuncia ante la Fiscalía de Corte contra Zubía, ya que éste lo increpó en forma “bastante desagradable”. “Le pedí explicaciones y no me las dio”, afirmó. Fagúndez había opinado que Zubía tiene “una visión ideológica de los hechos” y “tergiversa la realidad”.

A las 19.30, los procesados dieron una conferencia de prensa. Zabalza afirmó que la SCJ utilizó esta instancia para procesarlos “de cualquier manera”, y que se utilizan métodos del “terrorismo de Estado”. Leites denunció que se está “limitando el derecho a la protesta” y que el Poder Judicial “le está haciendo los mandados a la impunidad”.

En contra

El PIT-CNT también manifestó su rechazo a los procesamientos mediante un comunicado. Los calificó como “un profundo error jurídico y político que perjudica a las organizaciones de la sociedad civil y a la democracia misma”.

Estuvieron

El director del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular y suegro de Zabalza, Henry Engler, estuvo ayer en el Juzgado. Dijo a la diaria que siente “una vergüenza impresionante”. “Considero que el derecho internacional debe ser respetado. Si hay una autotitulada Suprema Corte de Justicia que viola el derecho internacional, la indignación me parece muy sana por parte de la gente que se manifestó. Nosotros no somos una isla en el universo, somos parte del mundo, y hay leyes internacionales que continuamente se están violando”, opinó. Respecto del traslado de Mota, dijo que la jueza cometió “el error de ser inteligente, joven, y además interesada en el derecho internacional, y eso no fue admitido por una especie de machismo patriarcal que interfiere 50 causas que se estaban estudiando”.

El músico Daniel Viglietti, quien participó en la manifestación en febrero ante la SCJ, concurrió junto a Engler. “Todo esto ha sido un procedimiento absolutamente inaceptable. 

El hecho de que no hayan sido condenados a prisión es un matiz que no cambia el fondo del asunto, porque han sido procesados”, declaró a la diaria. “Acá los procesos que tendrían que estar funcionando en pro de una Justicia sana y ética son los de los torturadores y los represores, que están circulando libremente todavía, y sobre quienes actuó la SCJ en sentido inverso: en vez de afirmar los procesos y de afirmar a la jueza Mariana Mota, se la desplazó”, agregó. Consideró que se debe llegar a la conclusión de que hay “una mala intencionalidad”. Deseó que “se pueda limpiar la foja de estos honorables ciudadanos [en referencia a los procesados], más allá de matices políticos, y que realmente se condene a los criminales y a los torturadores”. 

-----

Los Fusilados de Soca hacen camino

Junta Departamental de Canelones denominó Camino de los Fusilados a la Ruta 70

El viernes 25 de octubre la Junta Departamental de Canelones, en emotiva sesión, con la presencia del Intendente Dr. Marcos Carámbula y altas autoridades departamentales, con la asistencia del Dr. Juan Raúl Ferreira, presidente de la INDDHH y numeroso público, con los votos del Frente Amplio y del Partido Nacional, aprobó que la actual Ruta 70 pase a denominarse Camino de los Fusilados.

La decisión se adoptó en homenaje a  María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García,  víctimas del Terrorismo de Estado cuyos cuerpos, acribillados a balazos,  fueron encontrados, en las primeras horas del 21 de diciembre de 1974, en plena zona rural, a trescientos metros de la intersección de la misma con la Ruta 9.

Al designar a la actual Ruta 70  Camino de los Fusilados, la Junta Departamental de Canelones rindió  homenaje a un grupo ciudadanos que fueron salvajemente asesinados, con premeditación y alevosía, por resistir y enfrentar a la dictadura militar. Al hacerlo, a casi 39 años de los sucesos, puso de manifiesto su  repudio al golpismo y su compromiso con la democracia, la libertad, los principios democráticos y las normas de DDHH como pilar esencial de una convivencia social pacífica y humanista.

María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum, Floreal García y Julio Abreu, sobreviviente del operativo represivo junto con Amaral García, un niño en la época, residían en Buenos Aires, habiendo escapado de la furia represiva instalada en Uruguay a partir del 15 de abril de 1972 en que se estableció el Estado de Guerra Interno y se otorgaron amplísimas potestades represivas a las fuerzas armadas.

Un operativo de las Fuerzas Armadas en el Plan Cóndor

En el marco del Plan Cóndor que empezaba a funcionar en la región, fueron secuestrados por las Fuerzas Conjuntas (FFCC) uruguayas y  los servicios represivos argentinos  en los primeros días del mes de noviembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires y mantenidos en centros clandestinos en dicho país mientras se los torturaba.

Posteriormente fueron trasladados a Uruguay en forma secreta, mantenidos desaparecidos en la casa de Punta Gorda conocida como “infierno chico”, lugar de torturas de los servicios represivos de la OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas) en la época, para ser ejecutados el 21 de diciembre como supuesta represalia por la muerte en Francia del Cnel. Ramón Trabal.

La muerte en París del Cnel. Ramón Trabal nunca fue esclarecida totalmente. Sobran los testimonios que señalan que su designación como Agregado Militar en Francia tuvo el propósito de impedir su ascenso al generalato y él mismo, conocedor de la interna militar, llegó a declarar que no regresaría vivo al país.

Su ejecución ser evaluada a la luz de los enfrentamientos internos de los grupos y camarillas que pugnaban por el poder interno dentro de las FFAA que ya eran el centro dominante de la dictadura cívico – militar que encabezaba Juan María Bordaberry, electo por el Partido Colorado en las elecciones de 1971.

Una ejecución institucional

De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes y de familiares de las víctimas, la decisión de ejecutar a María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García fue adoptada formalmente por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) de la época que presidía el fallecido dictador Juan María Bordaberry, lo integraban los Comandantes de las tres fuerzas, y del cual era Secretario el actual convicto, por otros crímenes, Tte. Gral ® Gregorio “Goyo” Alvarez.

El crimen fue perpetrado con premeditación y alevosía, luego de una decisión adoptada a los más altos niveles del Estado, sin ninguna justificación, al margen de todas las normas legales, en supuesta represalia por la muerte del Cnel. Trabal y con el claro propósito de amedrentar a todos aquellos que levantaban las banderas de la resistencia y de la lucha dentro y fuera del país.

La sociedad civil organizada: un rol decisivo en la Memoria.

La solicitud a la Junta Departamental de Canelones de denominar Camino de los Fusilados a la  Ruta 70 fue formulada por la Comisión de Homenaje a los Fusilados de Soca integrada por vecinos de la zona donde aparecieron los cuerpos y también por Crysol, entre otras organizaciones sociales y de DDHH que luchan por Verdad, Justicia, Reparación y Memoria para asegurar que Nunca Más haya terrorismo de Estado.

A 300 metros de la intersección de la exRuta 70 con la Ruta 9, lugar en que fueron encontrados los cuerpos de María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García en las primeras horas del 21 de diciembre de 1974, en el año 2007 la Comisión de Homenaje a los Fusilados de Soca, erigió  un Memorial Recordatorio donde todos los años se los recuerda y homenajea en un acto militante, a pesar de la lejanía del lugar.

Una causa judicial abierta: la muralla caerá.

El esclarecimiento judicial de este cruel episodio represivo del año 1974, ejecutado en el marco del “Plan Cóndor”, era tramitado por la Dra. Mariana Mota quien fue apartada al área civil por una decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en febrero de este año, que ha merecido la más amplia repulsa a nivel nacional e internacional, para impedir que el mismo avanzara.

La Ley 18 831 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. El tiempo en que estuvo vigente la Ley de Impunidad no puede ni debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. La justicia tiene la obligación de investigar y esclarecer todos los crímenes de Lesa Humanidad, identificar a los responsables intelectuales y materiales y sancionarlos para evitar que ellos vuelvan a repetirse. Ahora, además, cuenta con una Unidad Especializada en el Ministerio del Interior como apoyo para sus obligaciones, también, imprescriptibles.

------

Otro derecho

Según el Observatorio Luz Ibarburu, sólo dos jueces archivaron causas después del fallo de la SCJ contra imprescriptibilidad.

La diaria – 1 11 13 – Por Luis Rómboli

El Observatorio Luz Ibarburu, de seguimiento de las denuncias penales por violaciones a los derechos humanos, solicitó hace dos semanas una reunión con autoridades del Ministerio del Interior (MI) para conocer la situación de la unidad especial de esa cartera creada para colaborar con el Poder Judicial en las investigaciones relacionadas con crímenes cometidos durante la dictadura. 

También pidió una reunión con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que apoyó la creación de la unidad. Raúl Olivera, vocero del Observatorio, explicó que en diversas instancias con operadores judiciales se pudo relevar que “los jueces aún no han sido informados de la existencia de esa unidad auxiliar” por parte de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). La unidad fue creada en agosto y la resolución ministerial establece que se trata de una dependencia de la Dirección de Asuntos Internos del MI, cuya responsable es la abogada María Stella González.

González ya comenzó a trabajar al frente de la unidad especial y tras mantener una reunión con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, éste elaboró un oficio por el que informó a los representantes del Ministerio Público sobre la existencia de la unidad auxiliar y sus cometidos. Pero si bien los fiscales ya están al tanto de que pueden pedir la colaboración de este equipo especial en las investigaciones sobre crímenes del terrorismo de Estado, los jueces no han recibido ninguna circular que les informe sobre la nueva herramienta. 

Consultado sobre esta situación, el vocero de la SCJ Raúl Oxandabarat explicó que aunque no tiene información de si la SCJ ya recibió un comunicado del MI sobre el tema, “los interesados pueden enviar una nota a la Corte solicitando que se les notifique a los magistrados la resolución del MI. Es un procedimiento habitual”.

A pesar de esta situación, una magistrada ya pidió el auxilio de la unidad para la investigación de un caso a su cargo. Se trata de la jueza Penal de 14º Turno, María Helena Mainard, quien solicitó apoyo para el caso de la denuncia de torturas contra el oficial de la Fuerza Aérea Rodolfo Rolando, destituido y preso político de la dictadura que falleció poco después de ser liberado en 1985. 

Se trata de una de las dos causas que fueron recientemente desarchivadas por iniciativa del Observatorio, y Mainard fue informada de la existencia de la unidad en una reunión con representantes de la organización. Olivera dijo que “la preocupación” es que “la sociedad civil hace toda la gestión para crear la unidad y después también tiene que estar comunicándole a los jueces que la unidad existe”.

Los integrantes del Observatorio sostienen que la resolución que la creó “está muy bien”, pero advierten que “no va a poder cumplir con su cometido si no le habilitan los recursos materiales y humanos, y si los que pueden hacer uso del instrumento no saben que existe”, expresó Olivera. Oxandabarat dijo que aunque no exista un comunicado de la SCJ los magistrados pueden pedir la intervención de la unidad porque “la Policía es la auxiliar de la Justicia en materia de investigaciones”. Según pudo saber la diaria, ni González ni otras autoridades del MI se han reunido con la SCJ por este tema.

Los menos

El Observatorio se encuentra procesando información para presentar una evaluación del progreso de los procesos judiciales durante el año, y en particular del impacto sobre los jueces del fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad (18.831). Según datos recabados en el relevamiento, solamente dos jueces han procedido a archivar causas luego del fallo de la SCJ. Se trata de la jueza Penal de 6º Turno, Fanny Canessa, y el juez Penal de 11º Turno, Roberto Timbal.

Este fin de semana el Observatorio se reunirá en Tacuarembó, el departamento del interior con mayor cantidad de denuncias presentadas, con denunciantes y abogados para continuar el relevamiento de la situación de las causas.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió ayer una declaración en la que considera que el fallo de la SCJ que declaró inconstitucional la ley de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es contraria a la legislación internacional sobre derechos humanos. Según informó Efe, el organismo entiende que la SCJ “no reconoce” que los crímenes de lesa humanidad no pueden prescribir.

El informe, que incluye conclusiones y recomendaciones, insiste en que Uruguay debe encontrar “una solución que se ajuste plenamente a sus obligaciones” y recuerda al país que “las amnistías son generalmente incompatibles con la obligación de los estados de investigar actos de tortura”. El presidente del comité, Nigel Rodley, dijo en conferencia de prensa que se ha enviado un mensaje directo al Poder Judicial uruguayo, que es la parte del Estado “que se ha puesto en una situación de violación de sus obligaciones”, y que debe reconsiderar su decisión. 

------

Imborrable

"Marca de la resistencia" en la sede de la Federación del Vidrio recuerda el lanzamiento de la huelga general en junio de 1973.

La diaria - 1 11 13

Luis Iguiní haciendo uso de la palabra. Foto: Nicolás Celaya

En la madrugada del miércoles 27 de junio de 1973, el Secretariado de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), presidido por José Pepe D’Elia, se reunió en el local de la Federación del Vidrio, en la esquina de Laureles y Carlos Tellier, en La Teja. 

La dirección de la CNT terminó de ejecutar una decisión que ya estaba tomada: decretar la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo para manifestar el rechazo al golpe de Estado. Pocas horas después, la Mesa Representativa de la CNT ratificó la resolución en una asamblea realizada en la textil La Aurora, en Paso Molino. Todos los sindicalistas integrantes del comando de la huelga general pasaron rápidamente a la clandestinidad: el sábado 30 los medios de prensa publicaron la primera requisitoria y el domingo se divulgaron las fotos y los nombres de los 51 sindicalistas de la CNT requeridos.

Ayer, en ese local de la Federación del Vidrio, varios dirigentes sindicales que participaron en la huelga general fueron homenajeados, en el marco de un proyecto de Asociación Memoria de la Resistencia, que consiste en colocar “marcas” en 26 lugares que fueron claves en la oposición a la dictadura militar. Participaron, entre otros, el ex presidente Tabaré Vázquez -que estuvo un rato y se retiró sin hacer declaraciones-, los ministros Daniel Olesker y Liliam Kechichian, y la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Vázquez estuvo un rato y se retiró sin hacer declaraciones.

Olesker había sido designado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) en 1973 para integrar el comando de la huelga general, junto a Jorge Landinelli y Álvaro Jaume. “Fueron 17 días que vivimos con mucha intensidad. Había miles de estudiantes en las calles en esos días”, recordó Olesker. Según el ministro, con la llegada del Frente Amplio al gobierno en 2005 fue posible “reconstruir la cultura social y solidaria del movimiento obrero-estudiantil”.

Edgardo Oyenart, del Secretariado del PIT-CNT, dijo que la memoria es “un pedazo de presente”. “Si se transforma solamente en una marca le estamos errando. Esto tiene que servir para saber a dónde vamos”, dijo.

Agregó que la “organización política” tiene la responsabilidad de que sus acciones sirvan como herramientas contrahegemónicas. “La clase trabajadora es el destinatario principal de las acciones de cualquier gobierno de izquierda, o si no, no es un gobierno de izquierda. Es imposible transformar si no se es anticapitalista. Es imposible pensar en una sociedad en la que se pueda repartir el pan y las rosas si no se elimina la explotación del hombre por el hombre. Estamos acá porque estas marcas de la resistencia también forman parte de nuestra concepción ideológica”, señaló Oyenart, que homenajeó a uno de los impulsores de esta iniciativa, Universindo Rodríguez, que falleció en setiembre de 2012.

Olivera, en tanto, homenajeó a los dirigentes de la CNT que ya no están, en especial a D’Elía, y también a un “barrio de trabajadores” como La Teja, mientras que la ministra de Turismo planteó la importancia de que “las personas que llegan a Uruguay puedan conocer qué hizo el pueblo uruguayo contra la dictadura”. 

Consultado por la diaria, el dirigente Luis Iguini, uno de los que participaron en la reunión del 27 de junio, destacó la “gran conciencia democrática de los trabajadores”, al punto de que Uruguay fue el único país de la región en el que los procesos dictatoriales se enfrentaron con una huelga general. 

“La solidaridad siempre fue una seña de identidad del sindicalismo uruguayo”, señaló. En esos años, según Iguini, se forjó una “cultura de la convivencia” que todavía persiste: “Veníamos de una experiencia de enfrentamientos. Los dirigentes sindicales muchas veces ni nos hablábamos, por broncas que habíamos tenido. Sin embargo, empezamos a convivir, a aprender en los hechos qué cosas nos unían”.

Iguini subrayó definiciones que facilitaron ese proceso unitario y que se incluyeron en el primer estatuto de la CNT: ningún dirigente podía ocupar cargos políticos, se prohibió la filiación internacional y también que al frente de los sindicatos hubiera funcionarios. 

“Hubo una convergencia por la necesidad de la unidad: comunistas, socialistas, anarquistas, demócratacristianos, y también votantes blancos y colorados”, recordó.
Según el ex dirigente de COFE, el aprendizaje de aquellos años permitió que hoy todavía exista una central única en Uruguay. “Hay diferencias pero se resuelven, porque al que quiere romper la unidad, su gremio al final se la cobra. El sentimiento de unidad es muy profundo, es hasta un consejo del viejo Vizcacha: unidos sean los hermanos, ésa es la ley primera; si no se unen los de adentro, los devoran los de afuera”, concluyó.

----------

Se viene el asado de fin de año

----------

Reparación a víctimas "no está terminada"

Reparación a víctimas de la dictadura “no está terminada”, asegura el Frente Amplio.

Búsqueda - 31 10 13

La tarea de reparar a las víctimas de la última dictadura “no está terminada”, por lo que habrá que “actuar en consecuencia”,  se planteó en un documento del Frente Amplio que recoge reclamos de organizaciones sociales respecto a que el Estado reconozca los crímenes de lesa humanidad y la existencia del “Plan Cóndor” (coordinación represiva entre dictaduras de la región), y que amplíe la cantidad de personas a ser reparadas de manera económica y simbólica.

La Agrupación de Gobierno del Frente Amplio re- solvió conformar una comisión para analizar las leyes reparatorias 18.033 (recuperación de los derechos jubilatorios y pensionarios de personas que no pudieron acceder al trabajo por razones políticas o sindicales) y 18.596 (reparación a las víctimas de la “actuación ilegítima” del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985). El grupo de trabajo fue coordinado por el senador del Frente Líber Seregni Rafael Michelini, y recibió a organismos del Estado y organizaciones sociales vinculadas con el tema.

La Institución Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe en el que identificó más de diez leyes que buscaron “compensar o reparar” los daños causados por la dictadura y advirtió que quedan todavía “universos no reparados”.

La organización Crysol reclamó que sea más abarcativa la ley 18.033 y recordó que hay varios niños y adolescentes, familiares de detenidos, que no han sido contemplados en las leyes de reparación.

La asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos reclamó un “reconocimiento por parte del Estado de los crímenes de Lesa Humanidad” y de la existencia del “Plan Cóndor”. Además señaló que el Estado debe asumir un protagonismo “activo” para ayudar a resolver los casos de desapariciones de uruguayos en Argentina. La Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, en tanto, planteó que es difícil reunir las pruebas requeridas para lograr indemnizar a las víctimas, sobre todo los “clandestinos” en dictadura.

● Tarde e insuficiente. 

En el documento se sostiene que las iniciativas aprobadas en el primer gobierno del Frente Amplio fueron tardías e insuficientes. “Tardía por el plazo que pasó entre la recuperación democrática y el plazo de aprobación parlamentaria”, se especifica. 

“Se considera que las leyes analizadas han sido insuficientes en su objetivo reparatorio, ya que dejan víctimas aún no reparadas, tanto en los aspectos simbólicos y de reconocimiento, como también desde el punto pecuniario”, se agrega. La comisión concluye que la “parte más importante de la reparación a las víctimas son la Verdad y la Justicia. Y sobre esto hay mucho todavía para hacer”.

También se insistirá con la reparación simbólica: “Debería analizarse con más detalle si los aspectos de reparación simbólica están a la altura de las circunstancias o se puede hacer aún más, tanto en la aplicación de la ley, así como en las ceremonias de entrega de los reconocimientos correspondientes”.

-------

Empezar por casa

Expertos advirtieron que Suprema Corte uruguaya “no garantiza la independencia judicial interna”

La diaria - 29 10 13 - Por Lourdes Rodríguez

Ana María Jerez y Daniel Urrutia. Foto: Pablo Rincón

Ante las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ), una organización no gubernamental creada en 2003, decidió visitar Uruguay con el fin de recabar información y confeccionar un análisis del “estado del sistema de Justicia en Uruguay”. 

Los comisionados culminaron su labor el viernes, con un informe en el que destacan la falta de aplicación del derecho internacional, la preocupación por la criminalización de la protesta ante decisiones de la SCJ y los traslados arbitrarios de jueces y fiscales. “Los jueces uruguayos dentro del Poder Judicial no tienen garantías”, afirmó a la diaria el juez y comisionado chileno Daniel Urrutia Laubreaux.

La RIJ está integrada por jueces y operadores jurídicos de Haití, Nicaragua, El Salvador, Perú, Argentina, Brasil, Bolivia, España, México, Guatemala, Honduras y Chile; y tiene como principal objetivo la promoción de los derechos humanos y las garantías judiciales. Comenzó a gestarse en 2003, pero su existencia fue oficializada en Chile el 27 de marzo de 2004 y sus visitas internacionales se iniciaron en 2009, tras el golpe de Estado en Honduras.

El juez Urrutia y la actuaria cordobesa Ana María Jerez llegaron el martes 22 a Uruguay en su calidad de comisionados ante la RIJ. Mantuvieron encuentros con ministros de la SCJ, con organizaciones (Serpaj, Institución Nacional de Derechos Humanos, Colegio de Abogados, Asociación de Magistrados, Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay), con los legisladores Ope Pasquet (Partido Colorado) y Óscar López Goldaracena (Frente Amplio), abogados especializados, jueces y fiscales.

Las conclusiones de la visita fueron plasmadas en un informe preliminar (http://ladiaria.com.uy/media/attachments/COMUNICADO_URUGUAY_FINAL.pdf), que establece como preocupación general que la SCJ “en forma expresa y reiterada ignora en su actuación jurisdiccional y administrativa el derecho internacional de los Derechos Humanos y la falta de adecuación del derecho interno a la Convención Americana sobre derechos Humanos vigente en el país, incumpliéndose así […] las recomendaciones dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Gelman”.

En el mismo sentido, hace unas semanas, el relator especial de la ONU sobre la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, Pablo de Greiff, concluyó que “nada parece amenazar más las posibilidades de progreso en el área de la Justicia que decisiones recientes de la SCJ” (ver la diaria del 07/10/13). “Las nuestras son conclusiones de observaciones de especialistas en temas del derecho y tienen un peso ético. Ya no somos islas, en algún momento damos exámenes ante la comunidad internacional y éste es un examen”, explicó Urrutia a la diaria.

El informe de los comisionados de la RIJ hace referencia a la denuncia que la SCJ radicó tras las protestas frente a su sede en febrero de 2013, durante la ceremonia donde se concretó el traslado de la jueza Mariana Mota: “Se observa con especial preocupación la judicialización penal y pretendida criminalización de la protesta social impulsada por la misma SCJ [y] llamamos a respetar en toda su extensión el derecho a la legítima protesta social”.

Supremo mensaje

La RIJ alerta sobre la “concentración -no reglada y falta de criterios uniformes públicos- de facultades jurisdiccionales y administrativas de la SCJ”; señala que esto se manifiesta en la “discrecionalidad para el ingreso, ascensos, traslados y egresos de la carrera judicial” y que se necesita “mayor transparencia y rendición de cuentas a través de mecanismos de control ciudadano”. “No es sólo Mota, cuyo caso tuvo repercusión internacional. Escuchamos otros jueces que nos dijeron que estaban investigando determinados temas y de repente los ascendieron”, puntualizó Urrutia a la diaria. El comisionado chileno indicó que nuestra estructura judicial hace que los jueces uruguayos “tengan que pensar que lo que resuelvan no tenga un costo para ellos”.

Explicó que la independencia judicial puede verse afectada mediante actos externos -presiones del Ejecutivo, por ejemplo- o internos. “En el caso uruguayo, estructuralmente los jueces no tienen independencia judicial interna. Los jueces pueden sentir que son independientes y actuar con honorabilidad, pero lo que está en cuestión es que estructuralmente no se asegura su independencia. La SCJ está dando una señal equivocadísima: señores jueces, si quieren hacer carrera no apliquen el derecho internacional. No ocurre en casi ningún otro país del mundo que sin preguntarle a nadie, sin rendir transparentemente nada, toma a un juez y lo traslada. La garantía de inamovilidad es una garantía para los ciudadanos, no es primeramente para el funcionario”.

Otro punto relevante del informe de la RIJ es el incumplimiento de la SCJ de sus compromisos internacionales. Uruguay, por intermedio de la SCJ, forma parte de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que en los últimos años aprobó documentos de autorregulación para limitar sus propias normas. “La SCJ uruguaya no cumple con el Estatuto del Juez Iberoamericano, ni con el Código de Ética Judicial, ni con la declaración que conforma las 100 reglas de Brasilia para la mejor administración de justicia”, señalan los comisionados.

Surtido

Entre las recomendaciones de la Red Iberoamericana de Jueces (RIJ) se encuentran: garantizar los recursos humanos y económicos para el funcionamiento de la INDDHH; asegurar el acceso de las mujeres a los espacios de poder del Poder Judicial y la transparencia del procedimiento en el nombramiento de los miembros de la SCJ; concretar la reforma del sistema procesal penal que “no cumple los estándares de garantías judiciales y del debido proceso”; y asegurar la investigación de los delitos de lesa humanidad ocurridos durante el terrorismo de Estado.

---------- 

El querellante

Por Iara Bermúdez y Waldemar García – El reporte – 

www.elreporte.com.uy

El martes 22 del corriente se realizó, en la sede de Crysol, (Asociación de ex pres@s polític@s) una conferencia a cargo del Dr. Federico Álvarez Petraglia, informando de la propuesta de introducción de la figura del “querellante” en la reforma del código de proceso penal que se encuentra en marcha actualmente, con el objetivo de una mayor democratización de la justicia.

De izquierda a derecha: Gastón Grisoni (Presidente

de Crysol) y el Dr. Federico  Alvarez Petraglia 

En la presentación de la conferencia, Gastón Grisoni , presidente de Crysol, dijo que “caminamos hacia una sociedad diferente, una sociedad basada en la libertad y la democracia, una sociedad que va a superar lo logrado hasta ahora en cuanto a derechos básicos, que tiene que ver con la democracia, con la separación de poderes, la libertad, los derechos humanos, y que va a tener como pilar básico las normas de derechos humanos, no solo como derechos de los ciudadanos, sino como límites para la actuación de los gobernantes y de los funcionarios del Estado. En ese marco, el poder Judicial, uno de los poderes del Estado, se ha de democratizar y aumentar la participación ciudadana. Eso tiene que ver con la mejora y la profundización de la Democracia por la cual nosotros (Crysol) hemos luchado para reconquistarla, para afirmarla, para profundizarla. En ese sentido estamos propiciando la reforma del código de proceso penal introduciendo legalmente la figura del querellante.”

La Carta de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”, establecen que todos los individuos deben tener el derecho a la tutela judicial efectiva. El gobierno ha de garantizar que cada individuo tenga la posibilidad de tener un juez ante el cual puedan hacer cualquier tipo de planteos y puedan recibir una respuesta por parte de ese juez a cualquier demanda, sea civil, sea penal, sea tributaria, sea cual fuere.

“La experiencia nuestra en Uruguay –dijo el Dr. Álvarez Petraglia- es que la víctima no tiene más derecho que la de ser un testigo o la de subir hasta la escalera del juzgado, declarar y volverse a su casa sin tener otro derecho: ni exigir una tutela, ni exigir una respuesta, ni tampoco a pedir que se juzgue o que se condene a cual o tal persona.”

“Actualmente en nuestro país -continuó explicando- el proceso penal reconoce tres sujetos que participan en el mismo. Por una parte el juez, por otra el fiscal, y finalmente el imputado. El fiscal tiene, según la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, la hegemonía absoluta del ejercicio de la acción penal. Eso quiere decir que los fiscales son los únicos que pueden pedir el procesamiento o la condena de alguien. Son también los únicos que pueden iniciar un proceso penal en Uruguay. La víctima solo tiene un papel marginal. Puede ser el denunciante, participar como testigo, tiene derecho a declarar y contar lo que haya visto, lo que haya padecido, el daño que ha sufrido, pero ahí se acaba su participación en el proceso.”

Para aclarar este punto el Dr. Álvarez puso un ejemplo muy ilustrativo. Si tenemos un problema con un vecino podemos, en un juicio civil, ir al juzgado, denunciarlo y pedir que lo condenen a que nos repare el daño que nos ha hecho; podemos participar del proceso civil. Pero si ese mismo vecino nos mata un familiar, entonces podemos hacer la denuncia, declarar como testigos, pero no podemos pedir su condena ni su procesamiento, porque en un proceso penal, en Uruguay, el único que puede hacerlo, es el órgano fiscal.

Esta es una situación,” incuestionablemente, muy injusta”, dijo. “Que el Estado, en un proceso penal, le haya expropiado, completamente, a la víctima el conflicto y se lo atribuya a una persona, una persona que es un funcionario público. Un funcionario público que es nombrado por órganos políticos y que está, nos guste o no, sometido a una determinada política criminal que decida el gobierno de turno. Es una situación injusta, inadecuada, violatoria de los tratados internacionales o la constitución nacional, que tengamos como único protagonista del proceso penal al fiscal o al ministerio público.”

En la mayoría de los países del mundo se le reconoce a la víctima la posibilidad de participar no solo como denunciante o como testigo sino también como querellante.

La figura del querellante da la posibilidad de que la víctima, o el ofendido por el delito -que puede ser un sucesor, si la víctima falleció, puede ser un familiar de la víctima, padre, madre, hijo, esposo, esposa, o pueden ser también organizaciones, ya sean de derechos humanos, ya sean de la lucha contra la violencia de género, cualquier organización con personería jurídica que defiendan cualquier tipo de interés o grupo minoritario- pueda participar, junto con el fiscal y además del fiscal, como parte del proceso. 

Si admitimos que aparte del fiscal exista la figura del querellante -es decir una persona que tenga las mismas posibilidades que el fiscal para participar de todo el proceso penal, desde que se inicia hasta que se culmina, que pueda pedir pruebas, que pueda pedir el procesamiento de las personas que crea que han participado en el hecho delictivo, que en otra etapa, pueda apelar las resoluciones que se dicten en el curso del pre-sumario y el sumario y que a su vez pueda participar en el juicio penal propiamente dicho, pidiendo la condena lo que implica la imputación de delitos, el pedido de condena preciso (tantos años de prisión), que pueda también recurrir la sentencia de primera instancia que absuelva o que condene pero que le convenza y que pueda también recurrir ante la corte, en lo que es el último recurso, en tercera instancia mediante el recurso de casación- daremos más garantías al proceso penal y la justicia será un poco más justa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el proceso penal de cada país debe de garantizar el acceso de la víctima a la tutela judicial efectiva, sin embargo según el Dr. Álvarez, “el proceso penal uruguayo de hoy es un proceso penal anacrónico, es un proceso penal escrito, no es oral, no hay un juicio oral, no se ve al acusado, es un proceso lento y es un proceso penal, este de 1980, que excluye a la víctima absolutamente.”

“En este momento –explicó Álvarez Petraglia- hay un proyecto de ley que modifica el proceso penal, que pasa de ser escrito a ser un proceso penal por audiencia, oral, más moderno, pero en el que se sigue insistiendo en que la víctima solo tenga una participación como testigo o como denunciante, no pudiendo participar como querellante en ninguna etapa del proceso. No puede pedir enjuiciamiento, no puede pedir condena, no puede participar del proceso, no puede recurrir, sigue dependiendo de un fiscal que es omnipotente, que puede pedir el archivo de un expediente, como ha pasado en algunos casos.”

El Dr. Álvarez Petraglia propone la implantación, en este proyecto de ley, de la figura del “querellante autónomo”, una persona que, como víctima, pueda participar en todo el proceso penal. El artículo 22 de la Constitución ya prevé la posibilidad de que el juicio penal no solo se inicie a través del ministerio fiscal, sino que también pueda iniciarse a pedido de un acusador privado y ha habido algún caso en que se ha invocado este artículo para reabrir un proceso que había sido archivado por parte del fiscal.

Las razones que da el Dr. Álvarez para la implantación de la figura del querellante son: primero, “porque la víctima es quién mejor sabe lo que ha pasado, lo que ha sufrido y en muchos casos conoce mejor que nadie el accionar de los victimarios, por lo que la víctima no tiene que conformarse con ser solo un testigo sino que tiene que tener voz y voto en el proceso penal, voz y voto para impulsarlo y voz y voto para impulsar líneas de investigación y no conformarse con las verdades “oficiales” sino buscar la verdad material que muchas veces se le niega porque muchas veces los órganos oficiales no solo persiguen un afán de justicia o de legalidad sino que a veces defienden a pares políticos.”

Segundo, “porque en un proceso de democratización de la justicia, es importante que el pueblo, la gente que es afectada por un delito, que pueda acceder a un instrumento idóneo, ya que no podemos votar a los jueces, no podemos votar a los fiscales, ya que no podemos votar a los abogados de los imputados, esta es una forma de participación directa o a través de una organización, sindicato, asociación que los defienda.”

En tercer lugar “porque la figura del querellante implica que se terminen determinadas impunidades. Ha pasado que se ha quitado un fiscal porque intentaba imputar a algún político y sustituirlo por otro que ha archivado el caso. La figura del querellante autónomo permite reabrir la causa ya que puede actuar con independencia del ministerio fiscal.”

Finalmente-apuntó- “sirve también para evitar los acuerdos que se hacen entre jueces, fiscales e imputados a espaldas de las víctimas y sin que éstas hoy en día puedan hacer nada, pero que si tienen acceso al proceso podrán denunciar y evitar que se lleven a cabo.”

El Reporte tuvo la oportunidad de hablar con el Dr. Álvarez Petraglia una vez terminada la conferencia.

El Reporte: ¿Que precedentes hay a nivel internacional de la figura del querellante?

Álvarez Petraglia: En realidad deberíamos hacer la pregunta al revés, ¿dónde no está instalada la figura del querellante? 

Prácticamente en todos los países existe, Uruguay es de los pocos que no lo tienen.

ER: Poniendo como ejemplo el caso de las víctimas del terrorismo de Estado. Éstas se han unido en organizaciones, contratan un abogado y este los representa. ¿En que cambia que exista la figura del querellante?

AP: Actualmente el abogado presenta la denuncia pero no puede hacer nada más. La acusación, el pedido de la pena, todo queda en manos del fiscal. La víctima no tiene acceso al sumario, no participa en el pedido de pena, en definitiva no participa del proceso, queda al margen y solo es informado al final de la sentencia. Con la figura del querellante, la víctima estará al tanto del sumario, podrá participar en el juicio, pedir la condena para el acusado, aportar pruebas, presentar recursos. Tendrá mucho más garantías de tener un juicio justo.

--------