Junta Departamental de Canelones denominó
Camino de los Fusilados a la Ruta 70
El viernes 25 de octubre la Junta Departamental de Canelones,
en emotiva sesión, con la presencia del Intendente Dr. Marcos Carámbula y altas
autoridades departamentales, con la asistencia del Dr. Juan Raúl Ferreira,
presidente de la INDDHH y numeroso público, con los votos del Frente Amplio y
del Partido Nacional, aprobó que la actual Ruta 70 pase a denominarse Camino de los Fusilados.
La decisión se adoptó en homenaje a María de los Angeles Corbo, Graciela
Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García, víctimas del Terrorismo de Estado cuyos
cuerpos, acribillados a balazos, fueron
encontrados, en las primeras horas del 21 de diciembre de 1974, en plena zona
rural, a trescientos metros de la intersección de la misma con la Ruta 9.
Al designar a la actual Ruta 70 Camino
de los Fusilados, la Junta Departamental de Canelones rindió homenaje a un grupo ciudadanos que fueron
salvajemente asesinados, con premeditación y alevosía, por resistir y enfrentar
a la dictadura militar. Al hacerlo, a casi 39 años de los sucesos, puso de
manifiesto su repudio al golpismo y su compromiso
con la democracia, la libertad, los principios democráticos y las normas de
DDHH como pilar esencial de una convivencia social pacífica y humanista.
María de los Angeles Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha
Hernández, Héctor Brum, Floreal García y Julio Abreu, sobreviviente del
operativo represivo junto con Amaral García, un niño en la época, residían en
Buenos Aires, habiendo escapado de la furia represiva instalada en Uruguay a
partir del 15 de abril de 1972 en que se estableció el Estado de Guerra Interno
y se otorgaron amplísimas potestades represivas a las fuerzas armadas.
Un operativo de las
Fuerzas Armadas en el Plan Cóndor
En el marco del Plan Cóndor que empezaba a funcionar en la
región, fueron secuestrados por las Fuerzas Conjuntas (FFCC) uruguayas y los servicios represivos argentinos en los primeros días del mes de noviembre de
1974 en la ciudad de Buenos Aires y mantenidos en centros clandestinos en dicho
país mientras se los torturaba.
Posteriormente fueron trasladados a Uruguay en forma secreta,
mantenidos desaparecidos en la casa de Punta Gorda conocida como “infierno
chico”, lugar de torturas de los servicios represivos de la OCOA (Organismo
Coordinador de Operaciones Antisubversivas) en la época, para ser ejecutados el
21 de diciembre como supuesta represalia por la muerte en Francia del Cnel.
Ramón Trabal.
La muerte en París del Cnel. Ramón Trabal nunca fue
esclarecida totalmente. Sobran los testimonios que señalan que su designación
como Agregado Militar en Francia tuvo el propósito de impedir su ascenso al
generalato y él mismo, conocedor de la interna militar, llegó a declarar que no
regresaría vivo al país.
Su ejecución ser evaluada a la luz de los enfrentamientos
internos de los grupos y camarillas que pugnaban por el poder interno dentro de
las FFAA que ya eran el centro dominante de la dictadura cívico – militar que
encabezaba Juan María Bordaberry, electo por el Partido Colorado en las
elecciones de 1971.
Una ejecución
institucional
De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes y de
familiares de las víctimas, la decisión de ejecutar a María de los Angeles
Corbo, Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García fue
adoptada formalmente por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) de la época
que presidía el fallecido dictador Juan María Bordaberry, lo integraban los
Comandantes de las tres fuerzas, y del cual era Secretario el actual convicto,
por otros crímenes, Tte. Gral ® Gregorio “Goyo” Alvarez.
El crimen fue perpetrado con premeditación y alevosía, luego
de una decisión adoptada a los más altos niveles del Estado, sin ninguna
justificación, al margen de todas las normas legales, en supuesta represalia
por la muerte del Cnel. Trabal y con el claro propósito de amedrentar a todos
aquellos que levantaban las banderas de la resistencia y de la lucha dentro y
fuera del país.
La sociedad civil
organizada: un rol decisivo en la Memoria.
La solicitud a la Junta Departamental de Canelones de
denominar Camino de los Fusilados a la Ruta 70 fue formulada por la Comisión de
Homenaje a los Fusilados de Soca integrada por vecinos de la zona donde
aparecieron los cuerpos y también por Crysol, entre otras organizaciones sociales
y de DDHH que luchan por Verdad, Justicia, Reparación y Memoria para asegurar
que Nunca Más haya terrorismo de Estado.
A 300 metros de la intersección de la exRuta 70 con la Ruta
9, lugar en que fueron encontrados los cuerpos de María de los Angeles Corbo,
Graciela Estefanell, Mirtha Hernández, Héctor Brum y Floreal García en las
primeras horas del 21 de diciembre de 1974, en el año 2007 la Comisión de
Homenaje a los Fusilados de Soca, erigió un Memorial Recordatorio donde todos los años
se los recuerda y homenajea en un acto militante, a pesar de la lejanía del
lugar.
Una causa judicial
abierta: la muralla caerá.
El esclarecimiento judicial de este cruel episodio represivo
del año 1974, ejecutado en el marco del “Plan Cóndor”, era tramitado por la
Dra. Mariana Mota quien fue apartada al área civil por una decisión de la
Suprema Corte de Justicia (SCJ) en febrero de este año, que ha merecido la más
amplia repulsa a nivel nacional e internacional, para impedir que el mismo
avanzara.
La Ley 18 831 restableció plenamente la pretensión punitiva
del Estado. El tiempo en que estuvo vigente la Ley de Impunidad no puede ni
debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. La
justicia tiene la obligación de investigar y esclarecer todos los crímenes de
Lesa Humanidad, identificar a los responsables intelectuales y materiales y
sancionarlos para evitar que ellos vuelvan a repetirse. Ahora, además, cuenta
con una Unidad Especializada en el Ministerio del Interior como apoyo para sus
obligaciones, también, imprescriptibles.
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