Militar retirado detenido por vandalizar Placas

Detienen a militar retirado por vandalizar placas de la memoria

Búsqueda - 28 6 18

La Policía de Montevideo detuvo ayer miércoles 27 a un militar retirado presuntamente vinculado con la vandalización de dos placas recordatorias de detenciones y torturas colocadas en el ex Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (CGIOR) y el Hospital Militar, informaron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior.

El militar será interrogado hoy jueves en la Fiscalía para responder sobre su vinculación con el atentado. Una placa colocada el jueves 21 en el ex Cuartel de los 33 de la calle Eduardo Víctor Haedo y República, y otra que había sido puesta tiempo antes en el frente del hospital de las Fuerzas Armadas fueron parcialmente tapadas con pintura verde.

Mientras el Frente Amplio, Familiares de Desaparecidos y otras organizaciones emitieron declaraciones de repudio, los organizadores del acto conmemorativo de la semana pasada y el Ministerio de Educación y Cultura se presentaron el martes ante la fiscal Diana Salvo para denunciar los ataques.

Luego de revisar las imágenes tomadas por cámaras de la zona y consultar al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, la Policía pudo identificar el auto desde el cual, en horas de la madrugada, descendió una persona con el rostro cubierto para realizar el ataque.

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A 45 años del Golpe de Estado

Inauguraron el primer sitio de la Memoria recuperado en Uruguay

La Red - 28 6 18

A 45 años del golpe cívico militar, fecha que no quisieran recordar algunos uruguayos, se inauguró el primer sitio de Memoria, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, ayer durante el acto de apertura de una exposición inaugural de aquellos vestigios de memoria recuperados en Uruguay. El evento se realizó en la antigua sede del Servicio de Información y Defensa (SID), ubicada en la zona de Bulevar Artigas 1532, entre Palmar y Gastón Ramón.

Dra. Mariana Mota, Presidenta de la
Institución Nacional de DDHH (INDDHH).

Eduardo “Pincho” Casanova, encargado de esta exposición, manifestó que la muestra busca representar en el sitio donde estuvieron secuestrados clandestinamente 24 personas que habían traído desde Buenos Aires y que estuvieron en la Casa de Punta Gorda primero, luego en el SID, ese lugar tiene una gran significación porque allí la última vez que se vio a María Claudia García de Gelman y a Macarena, su hija recién nacida.

Dra. Mariana Mota

La muestra consiste en recuperar algunos testimonios y recordar en ese lugar al que se le hizo una reforma edilicia y ahora es la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero en el sótano, que tiene un estilo de principio del siglo pasado, allí era donde estaba la cárcel clandestina y desde ese espacio se hace la muestra que recorre por un lado a través de una línea del tiempo gráfica, una cronología, digamos, desde los años 60 hasta la recuperación de la democracia.

“Con el recorrido del lugar lo que se busca es dar información de lo que pasó, no tiene ningún contenido explícito de juicio de parte nuestra”, manifestó Casanova.

Trabajo de investigación

Se estuvo trabajando arduamente desde el 2009 con El Informe Orletti de Enrique Rodríguez Larretta Piera y a partir de ese material, relata Casanova, los convocaron para trabajar en este sitio, los contenidos están a cargo del Consejo directivo de la institución, no fue tarea fácil pero se lograron llegar a un consenso y se llegó a una línea media donde todos están de acuerdo.

Son aproximadamente unas 50 imágenes que conforman la foto galería, en la parte interior se muestran videos que podrá visitar el público los días miércoles de 15 a 18 horas y los viernes de 10 a 13 horas y también se podrán coordinar las visitas a estudiantes con el instituto previa reserva.

Casanova piensa que el aporte más importante es que en la entrada del sitio, que está a un costado de la entrada del instituto, es una estructura de cristal y es la sala donde estaban los detenidos, una propuesta con un mural de vidrio con los 30 artículos de la declaratoria de los derechos humanos grabados del año 48.

“Para nosotros, Pozo de Agua con Macarena Montañez, es un orgullo haber llegado acá con un equipo importante de personas, después de 10 años que nos convocaran porque habíamos hecho lo de Orletti es una responsabilidad enorme, pero también nos hace recordar que este tema no está laudado, no está en paz, está ahí siempre el dolor que ha vivido el pueblo uruguayo y está bueno poder haber aportado algo para que pueda sanar esa herida terrible, esa es la actitud del sitio de memoria, no tiene una actitud de revanchismo ni recordarlo solo porque sí, sino para que las nuevas generaciones puedan crecer con mayor salud cívica, en ese sentido es una satisfacción”, esbozó Casanova.

Espionaje en democracia

Por su parte, el diputado Gerardo Núñez, manifestó que es un día para recordar lo más triste que vivió el Uruguay, que fue el golpe de Estado, pero también los más heroico que vivió “nuestro pueblo en la historia reciente que fue la respuesta de nuestra gente a esa dictadura que fue la huelga general que tuvo a miles de trabajadores y a estudiantes a lo largo y ancho del país, respondieron como tenían que responder en ese momento en defensa de la libertad de nuestro país”.

Núñez sostiene que la dictadura no encontró un pueblo dormido sino a un pueblo que se paró firme frente a estas embestidas que luchó minuto a minuto desde el primer día que se instaló el golpe cívico militar hasta que se derrotó y se recuperó la democracia.

Sobre la espera de la llegada de la justicia de los familiares o ex presos políticos que suman 307 expedientes y sólo el 3% ha recibido una sentencia, Núñez cree que es parte de las trabas que existen de muchos niveles. “Cuando hablamos de la impunidad hablamos de todas las trabas que existen a nivel institucional, esto implica la justicia pero también implica distintos estamentos a nivel estatal que lamentablemente no han jugado en favor de la verdad, de construir la memoria, de encontrar un camino de dialogo positivo”.

El diputado sostuvo que hasta ahora han encontrado que muchas instituciones, a lo que se refirió a las “Fuerzas Armadas, que fueron las principales responsables de las atrocidades que se cometieron en cuanto a la violación de derechos humanos en dictadura, hemos encontrado una muralla en cuando a reconocer lo que sucedió y también en brindar datos de personas que hasta hoy permanecen desaparecidos y desaparecidas, estamos hablando de 200, es una cifra escalofriante, ojalá podamos avanzar en ese tema”.

Alegó que este día no es sólo para recordar, sino para que no ocurran nunca más estas cosas en el presente. “El valor de reconstruir nuestra historia no solo tiene un valor hacia atrás sino en el presente, hacia el futuro, para construir un país diferente, sin impunidad”.

En cuanto al tema del espionaje, Núñez informó que la Comisión investigadora revelará estos días un informe que presentará ante la Cámara de Diputados “y lo que está claro es que el espionaje existió casi con los mismos mecanismos, la misma metodología utilizada en dictadura y luego desarrollada en democracia, lo que es un hecho enormemente grave, hoy ya reconocido por todos los actores políticos, incluso hasta el propio presidente Sanguinetti terminó reconociendo la presencia de espionaje, lo cual para nosotros es importante porque lo primero es que se reconozca y el segundo que se condene”.

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Muestra fotográfica de Cámaratres en el MEC

Hoy a las 18.00 se exhibirá en el MEC la muestra

Fotógrafos de la apertura, de Cámaratres

Por Débora Quiring – La Diaria – 27 6 18

Al centro: Nené Santana - Grande Nené!!!

La Comisión Especial de Reparación es la encargada del nuevo montaje de la muestra Fotógrafos de la apertura, que se abrirá hoy a las 18.00 en la planta baja del Ministerio de Educación y Cultura (Reconquista 535), a propósito de los 45 años del último golpe de Estado. Se trata de una exposición que coprodujo el Centro de Fotografía (CdF) con el Parlamento en 2015, en el marco de los 30 años de democracia.

Los fotoperiodistas Cyro Giambruno y José Luis Sosa fueron los fundadores y las figuras centrales de Cámaratres, la primera agencia fotográfica uruguaya que documentó la última etapa de la apertura democrática (1983-1985). Este colectivo asumió la lucha contra la dictadura a partir de la ausente “fotografía de calle”, y sus integrantes se convirtieron en protagonistas de las históricas manifestaciones populares que marcaron aquel período. 

En su momento, el CdF recibió la donación del archivo de la agencia (más de 8.000 fotos y documentos de la transición a la democracia), y editó el libro Fotógrafos de la apertura (2015), que cuenta y reconstruye parte de la transición que se dio por finalizada –sin que hubiera finalizado realmente– el 1º de marzo de 1985, con la asunción de Julio María Sanguinetti como presidente de la República.

De este modo, podrá volver a visitarse una muestra que recoge buena parte del trabajo de Cámaratres y sus notables documentos de la época, como la llegada del vuelo de 154 niños hijos de exiliados, que arribaron al país en medio del año 1983, que se convirtió en un emblema (hoy volvían los niños, pronto retornarían los padres), e instaló el desexilio en la agenda nacional e internacional; la celebración, después de tanto, del 1º de mayo; la liberación de Liber Seregni; la intimidad de San Javier (y la tumba de Vladimir Roslik); Wilson Ferreira Aldunate; la concentración frente al teatro El Galpón con un primerísimo plano de Atahualpa del Cioppo; la llegada de Zitarrosa; la estremecedora instantánea de los dirigentes del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, horas después de su liberación.

En aquel momento, Giambruno y Sosa –que falleció en 2017– contaron a la diaria que Cámaratres había nacido de forma fortuita, porque en esa época “la fotografía era una peña, un lugar seguro”. Ambos pertenecían a la categoría C y no tenían acceso al trabajo formal. Giambruno había salido del penal de Libertad a fines de 1976 –había estado tres años recluido–. Como le gustaba la fotografía, decidió volver a Montevideo y anotarse en el Foto Club. Después conoció a Sosa, que siempre había buscado en la fotografía una forma de vida, y fundaron Cámaratres.

Así, comenzaron a hacer fotos “de todo”, y a trabajar con sindicatos y organizaciones sociales, como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Primero se vincularon con Conventuales, donde se reunían varias organizaciones. Y, a partir de la creación del Centro de Investigación y Promoción Franciscano y Ecológico, comenzaron a acompañarlo con el registro de varias de sus reuniones y actividades.

Aunque admitían que la fama de Cámaratres les llegó con la célebre fotografía de las Llamadas de 1984: “En las Llamadas del 84 la Policía había puesto una trampa, y había camiones esperando a la gente por Gonzalo Ramírez. En un momento se armó la batahola, ya que las Llamadas no eran como ahora, sino que la gente desfilaba detrás de las comparsas coreando consignas y ese tipo de cosas. Con los palos vinieron las fotos. La gente se metía en los apartamentos que los vecinos abrían, solidarios. Era increíble. De alguna manera, fue la primera foto que publicó un medio de prensa, porque en esa época no había fotos. Están las fotos simbólicas, o las que se hicieron el día del Obelisco, pero no las otras”.

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La dictadura y sus intereses económicos

A 45 años del golpe de Estado.

Por Daniel Olesker – Brecha 22 de junio de 2018

El golpe del 27 de junio de 1973 llegó luego de un proceso de medidas de seguridad que había comenzado el 13 de junio de 1968, en el que se reprimió y militarizó numerosos sindicatos y organizaciones estudiantiles, y se asesinó al primer estudiante de la larga lista de mártires: Líber Arce. 

No hay lugar a dudas de que los años de la dictadura y los previos, con la represión al movimiento popular, dieron como resultado una sistemática violación de los derechos humanos que dejó miles de personas presas, asesinadas, desaparecidas y otras que debieron partir rumbo al exilio. La memoria sobre la historia reciente debe concentrar un gran esfuerzo en estos hechos.

En esta columna quiero analizar otra visión, complementaria de estos terribles sucesos, referida a la pérdida de calidad de vida de los uruguayos, en particular de la clase trabajadora. Porque esto también es parte de la memoria colectiva del modelo neoliberal de acumulación capitalista que organizó la dictadura cívico-militar y que consolidó la democracia en los noventa.

La concentración de la riqueza. La continuidad de la acumulación de capital dependiente en Uruguay, luego del prolongado estancamiento de los sesenta, requería una rebaja sustantiva de los salarios reales. Para esto era necesario, dada la fortaleza de las organizaciones sindicales y el desarrollo político de las organizaciones populares, alterar las condiciones institucionales democráticas y generar una dictadura que, vía decreto, garantizara esa disminución salarial, y vía represión, la inactividad sindical y popular.1 

A partir del 28 de junio de 1968, el gobierno decidió dejar de convocar los consejos de salarios. En otras palabras, el golpe de Estado se enmarca en el estancamiento de la economía uruguaya en los años sesenta y la dura congelación de salarios de 1968, acompañada de un giro autoritario.

Buena parte del período 1968-1973 se gobernó bajo el régimen de medidas prontas de seguridad. En 1971 asume el gobierno colorado de Juan María Bordaberry y decide reducir los salarios reales con un ajuste a la baja que provocó la pérdida de salario real más grande de la historia del país. El siguiente gráfico es claro sobre la permanente rebaja salarial.

La fijación de salarios sin negociación colectiva y con una dura represión sobre los sindicatos quedó en manos de los decretos del Poder Ejecutivo. Por ende, no hay mediatización de resultados: lo que sucedió es el resultado directo de lo que quiso el gobierno. Nuestra tesis va tomando cuerpo en la medida que hubo una decisión política de la dictadura de reducir los salarios para aumentar los ingresos del capital, concentrando ingresos y deteriorando el nivel de vida de la gente.2

¿Qué fue de ese dinero? Los años de dictadura hasta 1981 no fueron de estancamiento sino de crecimiento económico. La riqueza creció, la masa salarial se derrumbó, aumentó el plusvalor y se produjeron enormes masas de ganancia para el capital. 

El gobierno puso en práctica, como vimos, medidas para bajar salarios y tomó medidas para aumentar las ganancias del capital (véase tabla). Además, en noviembre de 1979 hubo una reforma tributaria en la que se generalizó el impuesto al valor agregado, se derogó el impuesto a las actividades financieras y el impuesto único a la actividad bancaria, que gravaban la actividad financiera, a lo que se sumó, en 1974, la eliminación del impuesto a la renta de las personas físicas. El siguiente gráfico muestra el crecimiento de la riqueza y la caída de los salarios, y, por ende, el aumento de la ganancia del capital.

El trabajo de Jorge Notaro3 muestra las transferencias de los trabajadores en ese período. La metodología aplicada es la siguiente: por un lado, se asume que se mantiene constante la participación de los salarios en el ingreso nacional, como sucedía al inicio del período; por otro, se compara en cada año cuánto serían los salarios con esa participación y cuánto fueron realmente a partir de la reducción.

Y el resultado es una transferencia del trabajo al capital de más de 5.000 millones de dólares en 1983; ese era aproximadamente el valor del Pbi al fin de la dictadura y esa era la magnitud de la deuda externa del país. Es decir, trabajadoras y trabajadores perdimos, durante el golpe de Estado, ingresos equivalentes a la deuda externa uruguaya.

Apoyos de esta política económica. El proceso de intervencionismo reestructurador (así lo llama Notaro) de los primeros años de la dictadura contó con una base social compuesta por muchos sectores empresariales que recibieron ingresos relevantes del proceso de concentración de la riqueza, a través de los diversos mecanismos descriptos en la citada tabla. La notable caída del salario real permitió distribuir riqueza en los sectores del agro, la industria y el comercio, y constituir una alianza socioeconómica que sustentó la estrategia económica de la dictadura.

Diversas declaraciones de gremiales empresariales de la época dan cuenta de este apoyo. Es claro que este no fue un proceso homogéneo en todo el sector empresarial ni en todas sus gremiales ni en todo momento. Pero tuvo su punto álgido en 1973, en 1974 con la asunción de Vegh Villegas como ministro de Economía y en 1978 cuando se liberalizaron los precios agropecuarios. Después de 1980 (tablita mediante) hay un viraje hacia la hegemonía del capital financiero y ello reduce su base social. Al decir de Notaro “el modelo pasó de tener un carácter antipopular a un carácter antinacional”.4

Al mismo tiempo, esta estrategia contó con un apoyo muy importante del Fmi en 1974 para superar el déficit comercial y la reducción de reservas provocada por la caída de precios de las exportaciones y el aumento del precio del petróleo.

¿Qué pasó después? Estas acciones de la dictadura deben verse como un profundo proceso concentrador de la riqueza en contra de la clase trabajadora. Los tres primeros años de recuperación de la democracia el salario real creció, dado que el primer gobierno democrático restituyó los consejos de salarios; luego permaneció casi estancado en los noventa y en la crisis volvió a caer prácticamente al nivel de 1984. Es decir, la década del 90 consolidó la caída del salario real gestada por las clases dominantes durante la dictadura. El gráfico siguiente lo demuestra.

REFLEXIONES FINALES. 

La caída del salario real era un factor cardinal del nuevo modelo de acumulación liberalizador, concentrador y excluyente, y la dictadura, su condición de viabilidad, pues las condiciones de la lucha de clases y la resistencia obrera no lo hubieran permitido en circunstancias democráticas. En las condiciones sociales y políticas de Uruguay, una estrategia tal iba a enfrentar una resistencia organizada y potente del movimiento obrero y las organizaciones políticas de la izquierda.

La dictadura forjó un mix entre un programa económico liberal y aperturista de profunda distribución regresiva del ingreso en beneficio de las élites económicas y en perjuicio de los trabajadores, con un programa político autoritario y represivo sobre las organizaciones sindicales y las políticas de la izquierda uruguaya, de manera de consolidar un modelo de acumulación del capital y de generación de plusvalor. Por ello, cuando la dictadura reprimió duramente a la izquierda, lo hizo consciente de que era la manera de consolidar este modelo de acumulación. La represión política, la concentración de la riqueza y la desestructuración social son parte de un mismo proyecto.

A pesar de haber transcurrido 45 años, no podemos olvidar estos hechos. Los procesos políticos, económicos y sociales similares que viven actualmente Argentina y Brasil, cuyos gobiernos encaminan un proceso de retorno a las recetas neoliberales, concentradoras y excluyentes, nos alertan y nos obligan a recordar ese pasado para  que no se repita jamás.

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 * Por mayor análisis de la base económica de la dictadura véase El negocio del terrorismo de estado (varios autores), Editorial Sudamericana, 2013, en especial el capítulo 4, escrito por Jorge Notaro.

Derechos humanos en Mercedes y Fray Bentos

Gobierno y sociedad civil colocan placa en memoria de Roslik y otras víctimas de dictadura

Tomado de www.presidencia.gub.uy

Los asesinatos como el de Vladimir Roslik son delitos de lesa humanidad que no prescriben y no quedarán impunes, enfatizó la ministra María Julia Muñoz al hablar este domingo en el descubrimiento de una marca de la memoria en el cuartel de Fray Bentos donde fue torturado hasta la muerte el último mártir de la dictadura. Horas antes se procedió a un acto similar en el sitio donde estaba asentado el Batallón Nº 5 de Mercedes.

La primera cita se cumplió en el edificio donde funcionó el Batallón Nº 5 de Infantería del Ejército y que hoy alberga una terminal de ómnibus y centro de compras. En ese lugar, numerosas personas cumplieron detención ilegal durante la dictadura (1973-1985) y fueron víctimas de crueles abusos y torturas.

La fecha elegida para el descubrimiento de placa recuerda el asesinato en 1972, en Montevideo, del estudiante mercedario Joaquín Klüver a manos de un comando de las entonces Fuerzas Conjuntas, mientras repartía volantes en defensa de la educación.

Luego la comitiva se trasladó al Batallón de Infantería Nº 9 del Ejército, en Fray Bentos, donde el médico Roslik, un descendiente de inmigrantes rusos nacido en San Javier, departamento de Río Negro, fue torturado hasta morir el 16 de abril de 1984, en las postrimerías de la dictadura.

En el acto realizado en la entrada del cuartel se leyó una carta de la viuda de Roslik, la actual diputada suplente María Cristina Zavalkin, ante la presencia de autoridades del Ministerio de Educación y Cultura encabezadas por Muñoz, de Río Negro, de la Secretaria de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, del Sindicato Médico del Uruguay y de la Federación Médica del Interior.

Esta placa también fue respuesta al pedido de un grupo de ciudadanos fraybentinos.

Estos sendos actos de memoria y homenaje forman parte de una serie de actividades de ese tenor previstas por la Comisión Especial creada por la Ley 18.596, integrada por los ministerios de Educación y Cultura, de Salud Pública y de Economía y Finanzas, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y por Crysol - Asociación de ex Presas y Presos Políticos de Uruguay.

Los reconocimientos públicos forman parte de una política pública que promueve acciones simbólicas tendientes a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y del uso ilegitimo del poder del Estado uruguayo, como indica la norma.

Anteriormente se fijaron sitios de memoria en el cuartel de Infantería Mecanizada N° 10 de Treinta y Tres, donde fue asesinado por torturas Luis Batalla el 25 de mayo de 1972, cuando aún regía el sistema democrático en el país gobernado por Juan María Bordaberry, y en el Batallón de Infantería N° 4 de Colonia del Sacramento, donde murió de igual manera Aldo Perrini, el 3 de marzo de 1974.

También se colocó una placa de la memoria en la seccional 3ª de Policía de la ciudad de Paso de los Toros, en memoria a las 157 expresas políticas sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes que resistieron las imposiciones de la dictadura entre 1972 y 1985.

La Comisión anunció, además, que el 18 de diciembre se realizarán actividades similares en Montevideo, en los centros de reclusión del Cuerpo de Fusileros Navales (Fusna), la Prefectura Nacional Naval y la Dirección de Inteligencia Naval.

Un médico entregado a su pueblo

Para Muñoz, el homenaje en memoria de Roslik tiene un significado especial dado su condición de colega y por lo que fue su muerte por torturas cuando la dictadura expiraba.

Roslik dio su vida para trabajar con su gente de manera con total capacidad, pero con mucha modestia y entrega para su pueblo, dijo la ministra.

Recordó que en la fecha de su muerte “todos estábamos convencidos de la pronta caída de la dictadura cívico militar del país”.

“Para todo la comunidad médica fue terriblemente doloroso cerciorarnos que, además de Manuel Liberoff (1976) y María Antonia Castro (1977) detenidos-desaparecidos en Argentina, teníamos un compañero asesinado en Fray Bentos”, repasó.

Añadió que en ese momento el Sindicato Médico del Uruguay denunció todas las violaciones de derechos humanos, levantando en alto la bandera de la ética de la profesión. En ese sentido señaló que la Federación Médica del Interior fue la identidad gremial que juzgó a sus propios colegas implicados en delitos de lesa humanidad.

Muñoz subrayó que el asesinato de Roslik no va a quedar impune y, dirigiéndose a su viuda, dijo que comprende su dolor y la dificultad por ello para hacerse presente en el lugar del homenaje a su esposo.

Luego aseguró, en nombre de todos los médicos uruguayos y del Gobierno nacional, que esos asesinatos son delitos de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben y no pueden quedar impunes.

La máxima garantía de que no exista la impunidad y que nunca más haya procesos dictatoriales que afecten la dignidad de las personas son los jóvenes y las organizaciones sociales que están siempre buscando la verdad, puntualizó.

Los familiares de los detenidos desaparecidos, Crysol como organización social que siempre van a estar presentes por verdad y justicia, son parte de esa garantía.

La ministra de Educación y Cultura enfatizó que, con las organizaciones sociales, cualquier gobierno puede estar siempre apoyado.

Por su parte, Nicolás Pons, en nombre de la Comisión de Reparación, dijo que estos espacios de memoria aportan información valiosa para reconstruir la verdad de lo corrido entorno a esas violaciones y servir como material probatorio en los procesos judiciales aquellos que están en curso y los que se pueden abrir en el futuro.

También brindan reparación simbólica para las víctimas y ofrece garantías de no repetición, además de asegurar el derecho a la verdad que fue definido por la comunidad internacional como aquel que tienen las víctimas y sus familiares de conocer lo ocurrido, en particular la identidad de los autores de los crímenes, las causas, los hechos y circunstancias en que estos se produjeron.

Pons sostuvo que las políticas de identificación señalización y creación de sitios de memoria en predios que estuvieron y están bajo la órbita de las Fuerzas Armadas puedan brindar información sobre los hechos y contribuir con los procesos de reforma y concientización de estas instituciones.

Expresó que el ministerio trabaja transversalmente para encontrar los espacios para que los diferentes actores sociales, en especial los vinculados al campo educativo, participen de la reflexión y el debate de como incluir los derechos humanos como componente sustancial de las políticas de enseñanza.

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Conferencia de Alvaro García Linera en la Udelar

En el marco de los homenajes realizados al Ing. José Luis Massera por los 100 años de su nacimiento, el pasado viernes 30 de octubre, el Vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera brindó una conferencia en el Paraninfo de la Universidad.

https://youtu.be/BYnV08RxQ1Y

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En el buzón

Organizaciones civiles podrán presentar sus propuestas para la reforma del Código Penal.

La diaria – 4 11 15

Mayor participación, transparencia y difusión en la discusión de la reforma del Código Penal. Eso reclaman y dejaron en claro en el petitorio que realizaron el 22 de diciembre más de 40 organizaciones sociales al Poder Legislativo: no votar el proyecto y retomar “discusiones serias y abiertas para lograr un Código Penal que realmente garantice los derechos de todas las personas”.

Después de que por críticas de organizaciones sociales se detuvo la votación de la reforma en el período pasado, ahora, mediante el plan Justicia e Inclusión, el gobierno intenta dar cabida a la segunda parte de dicha demanda. Ayer, en el anexo del Palacio Legislativo se dio a conocer la convocatoria dirigida a la sociedad civil para que envíen sugerencias, modificaciones y propuestas con el objetivo de clasificarlas por tema y discutirlas en una “jornada de reflexión”, que será el jueves 3 de diciembre. Los colectivos ciudadanos podrán presentar sus informes hasta el 20 de este mes.

El plan, que tiene como finalidad “contribuir a la mejora de un sistema de justicia penal eficiente y respetuoso con la protección de los Derechos Humanos”, según aparece en su página web, prevé varias actividades para generar “insumos” para los parlamentarios y la sociedad en general de cara a la inminente reforma de un código que rige desde la época terrista. 

Según explicó el coordinador de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pablo Álvarez, el plan es gestionado por la OPP y financiado por la Unión Europea, y surgió a pedido de la Escuela de Gobierno. Se enmarca en el programa de apoyo a la reforma de la Justicia penal, que finalizará en marzo de 2016 con la sistematización de las demandas recogidas de la sociedad civil, de partidos políticos con representación parlamentaria, y la opinión de expertos nacionales e internacionales sobre los “aspectos en los que Uruguay necesita avanzar en la calidad y precisión de su legislación”; a su vez, catalogarán las casi 100 leyes extra Código que se han aprobado en los últimos años y que ahora deberían ser incluidas en la reforma.

Cecilia Bottino, que integra la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara baja, sostuvo que se trata de una iniciativa “muy importante” porque es un acto de democratización. “Se da la oportunidad de expresarse a las organizaciones que quieran”, señaló. Sobre la comisión de legisladores del Frente Amplio que está estudiando la reforma del Código desde junio, aseguró que hay “grandes avances” respecto de delitos relacionados al género y la informática, pero que aún no tienen una redacción final.

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La suma de los factores

Unidad Especializada en DDHH de la Fiscalía se propone capacitar a los fiscales sobre el contexto histórico y político de la dictadura.

La diaria – 30 10 15 – Por Luis Rómboli

 

Chela Fontora, Ariel Cancela, Stella Llorente y María Carolina Rico, ayer en la sede de Crysol.

Foto: Pablo Vignali

El fiscal Ariel Cancela, la fiscal penal Stella Llorente y la fiscal adscripta María Carolina Rico dialogaron ayer con integrantes de la organización de ex presos políticos Crysol sobre los desafíos de la recientemente creada Unidad Especializada en Derechos Humanos, que depende de la Fiscalía General de la Nación. Cancela recordó que el 14 de agosto la Fiscalía pasó a ser un servicio descentralizado y eso le permitió adquirir “mayor autonomía”. Entre las nuevas competencias del organismo está la de crear “unidades especializadas”, algo que se puso en práctica pocos días después de que entrara en vigencia la nueva ley.

El fiscal dijo que si bien el nombre es una “simplificación”, el cometido de la nueva unidad abarca específicamente las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el período de “terrorismo de Estado”, es decir, desde junio de 1968 hasta el 1º de marzo de 1985. De esos hechos, existen en la actualidad 209 causas abiertas, dijo Cancela. La unidad pretende “dar respuesta” a la “falta de capacitación y especialización” en las fiscalías, pero Cancela aclaró que “no es una fiscalía especializada”, sino una “unidad de apoyo”. “Lo que diga no es vinculante. Serán los fiscales los que decidan en base a los insumos que se aporten”, agregó. 

Luego explicó que estas unidades están destinadas a recoger y analizar información, coordinar, capacitar en el contexto de caso y preparar a los fiscales para el cambio que implicará la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, en el que el fiscal actuará en dos áreas: será el encargado de la investigación y responsable de presentar la causa ante el juzgado, y deberá encargarse de la protección y la defensa de la víctima, que deja de ser un “objeto de derecho” para pasar a ser “sujeto de derecho”. Además de mantener un contacto fluido con los fiscales, la unidad tiene como cometido establecer un relacionamiento permanente con organizaciones sociales como Crysol y el Observatorio Luz Ibarburu, por ejemplo.

La fiscal Llorente expuso el plan de trabajo de la unidad, que pretende en el primer año “recoger información de todas las causas abiertas o cerradas, para sistematizar y hacer análisis de contenido posteriores”. Para esto, se elaboraron unos formularios que serán enviados a los distintos fiscales involucrados en casos específicos, para que “viertan información” que será “permanentemente actualizada”.

Los fiscales comunicaron que están trabajando en el Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación, en la calle Uruguay 1225, y se pusieron a disposición de los interesados.

En el diálogo con los presentes, surgieron varias preguntas relacionadas con la lentitud del trámite de algunas causas. Cancela explicó que la unidad va a trabajar para poner en contacto a los fiscales entre sí, porque no tienen “una estrategia en común”, algo que sí tienen los abogados defensores de los militares imputados. 

El fiscal relató que cuando hay un pedido de procesamiento, empiezan interponiendo un recurso sosteniendo la prescripción del delito en primera instancia. Luego de que el juez no hace lugar al recurso, apelan a un tribunal de segunda instancia y luego interponen un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia. Cuando este proceso termina y se habilita el pedido de procesamiento, los abogados inician la misma cadena de recursos sosteniendo la inconstitucionalidad. Esta estrategia, que es aplicada con precisión y en forma coordinada, genera que los procesos parezcan interminables, acotó.

Cancela fue consultado sobre si la unidad tiene potestades para pedir información a los organismos del Estado, y se puso como ejemplo el Ministerio de Defensa Nacional (MDN). El fiscal respondió que además de investigar “con el material que aporten los fiscales”, también pueden “conseguir material” por medios propios, así como recibirlo de las organizaciones sociales. “Creo que tenemos facultades para ir y pedir información al MDN”, enfatizó.

Cancela insistió en que se va a trabajar en forma permanente en la capacitación de los fiscales, en particular para ponerlos al tanto del contexto histórico de los hechos: “Quiénes eran de tal y cual organización política, en qué momentos se decidió golpear a una y otra, y por qué”. “No sabemos si los fiscales manejan toda esa información histórica y política”, dijo Cancela.

Finalmente, informó que se mantienen en contacto permanente con la unidad auxiliar de la Justicia en materia de delitos de lesa humanidad del Ministerio del Interior y respondió, sobre los casos archivados, que a menos que una causa sea “clausurada”, los procesos siempre pueden ser reabiertos. Precisó que el nuevo Código de Proceso Penal establece que cuando un fiscal pide el archivo de un caso, la víctima puede solicitar que la decisión sea revisada por otro fiscal.

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Otro tiempo

Descubrieron placa recordatoria en cárcel de ex presas políticas en Paso de los Toros.

La diaria - 26 10 15 - Por Iván Franco

Ex presas políticas durante el acto de colocación de una placa recordatoria, el sábado, en el frente de la cárcel de Paso de los Toros.
Foto: Virginia Martínez Díaz

La antigua locomotora era un infierno de hierro caliente, fuego y chorros de vapor en la fría y silenciosa madrugada fraybentina. Daba miedo pasar a su lado. Era el invierno de 1974. En el andén iluminado esperábamos mi hermana, de diez años, mi abuela, de 67, y yo, de 13. Huevos duros y bananas eran la comida para el viaje de diez horas que nos llevaría a visitar a mi madre en la cárcel de presas políticas de Paso de los Toros.

A las cinco de la mañana nos ubicamos en un vagón casi vacío, que luego del sonido del pito comenzó a atravesar con un lento traqueteo los barrios más humildes del pueblo. Antes de cruzar cada paso a nivel sonaba varias veces el silbato.

Luego de pasar por el costado del cementerio, salimos a campo abierto. Sólo se veía una franja de pasto, iluminada por la luz que dejaban pasar las ventanillas de los vagones y las estrellas. El sueño me ganó acunado por el vaivén del vagón.

Desperté con el tren parado en el medio del campo. Se había roto la locomotora y debimos esperar cuatro horas a que enviaran otra. Llegamos tarde; se permitieron las visitas durante todo el día hasta las 17.00, eran las 17.10. Luego de justificaciones y súplicas de la abuela, y de que mi hermana se apoyara sobre una regla e hiciera volar el cigarro que el comandante tenía sobre el escritorio, la negativa cerrada dejó paso a la sentencia final: “Cinco minutos y sólo los niños”. La visita fue con mi madre y otras compañeras que nos colmaron de besos, abrazos y cariño. Muy corta, pero sentíamos que las 12 horas de tren habían valido la pena.

El sábado, 41 años después, volví con mi hermana y la vieja a ese lugar que aún funciona como cárcel. Se descubrió una placa recordatoria. Convocadas por Crysol, unas 150 personas, en su mayoría ex presas y familiares, se concentraron frente a la Seccional 3ª de Policía y a la contigua cárcel. Una rueda de ex presas cantaba canciones que recordaban de la prisión.

Abrazos. Apretados abrazos. Extensos. Besos, gritos de alegría. Y lágrimas. Muchas lágrimas corrieron por decenas de mejillas. Es que reencontrarse después de 40 años implicaba observarse, mirarse detenidamente, reconocerse.

Mi madre experimentó “primero una reacción rara, porque fue una angustia de golpe ver el edificio, el lugar, pero después la alegría de ver a mis compañeras, ahí me puse contenta y feliz de estar de vuelta”. “Un recuerdo de años muy jodidos, pero muy vividos también, vividos mal pero vividos bien”. Recuerda que les hacían limpiar las cloacas, no había saneamiento; venían los milicos con un carrito y dos baldes para que pusieran la materia. Otras obligaciones humillantes eran lavar los uniformes de la tropa o ir al jardín del comandante, de pedregullo, a juntar las colillas que tiraba. A mi madre esto le daba asco, por lo que se le ocurrió hacerlo con una pinza de cejas. Al rato, el comandante mandó a decir que ese trabajo había que hacerlo a mano. Se recordaron entre risas conversaciones como ésta:

-Junten los puchos.

-Pero ya no hay más.

-Junten igual.

Luego del acto protocolar con Himno, discursos y el descubrimiento de la placa, se ofreció un cana-tour. Un oficial de policía, muy amable, nos guiaba en grupos de cinco por el interior de la cárcel. Esto cambió, esto está igual, el celdario, etcétera.

Según las ex presas el edificio no cambió mucho, pero está todo más deteriorado. Aquella cárcel nueva y pulcra es hoy un recinto venido a menos, las paredes están sucias y tienen “olor a cárcel”. Más fotos con cámaras, celulares o tablets, muchas fotos. Aquí eran las visitas, dijo la vieja, y se nos quebró.

El marco

La Ley 18.596, de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo de Estado, prevé entre otras formas de reparación la colocación de “placas o expresiones materiales simbólicas” en sitios públicos donde se hayan producido violaciones a los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar. En base a dicha norma, el sábado se colocó una placa recordatoria en la Seccional 3ª de Policía de Paso de los Toros, conocida como “cárcel militar de reclusión femenina Nº 1”, que ofició de centro de reclusión de 157 presas políticas entre 1972 y 1985. En el homenaje participaron representantes de la comisión especial que instrumenta la ley -integrada por varios ministerios y organizaciones sociales- y de la Comisión Memoria, Justicia y contra la Impunidad de Tacuarembó.

Isabel Wschebor, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, dijo que Uruguay tiene “un gran problema” con su política de “construcción de la memoria” porque “aún hay muchos silencios, muchas cosas que no se saben y se tienen que conocer, y por ende, hay mucho por lo que se tiene que trabajar”.

Giovanni Rotondaro, miembro de la Comisión Especial, explicó a la diariaque la solicitud de colocación de placas recordatorias surge de los involucrados, principalmente ex presos políticos, y que la comisión colabora con su implementación: visita el lugar, dialoga con los interesados y las autoridades -en general se trata de predios policiales o militares- y gestiona la colocación de la placa.

Los próximos dos homenajes se harán el 6 de diciembre: uno será en la actual terminal de ómnibus y shopping de Mercedes, que funcionó como centro de reclusión en la dictadura, y el otro en un cuartel de Fray Bentos, donde los militares asesinaron en 1984 al doctor Vladimir Roslik.

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