lunes, 15 de noviembre de 2010
Reanudarán a inicios de 2011 excavaciones en cuarteles
SE COMENZARÁ POR EL BATALLÓN N° 14, DONDE HAY INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE UN CEMENTERIO CLANDESTINO
Últimas Noticias. 15 11 10. Por Valeria Gil.
El gobierno retomará a inicios de 2011 las excavaciones en predios militares en búsqueda de detenidos desaparecidos. Los primeros trabajos de desenterramiento comenzarán en el Batallón 14, en la zona conocida como "Arlington".
El secretario de la Presidencia de la República, Alberto Breccia, dijo a Ultimas Noticias que entre enero y febrero de 2011 se iniciarán las excavaciones en los predios del Batallón 14 delimitados por el equipo de antropólogos de la Universidad de la República (Udelar).
"Vamos a retomar las excavaciones a través de un convenio con la Universidad estatal y estamos recabando los datos del presupuesto, que comprende personal técnico y auxiliar que se encarga de hacer las tareas manuales con las maquinarias", informó Breccia.
Además, el gobierno está instrumentado una serie de acuerdos con las intendencias de Montevideo y Canelones para que proporcionen las maquinarias necesarias para comenzar con los trabajos de remoción de tierra en el predio militar.
En tanto, desde el Poder Ejecutivo se está negociando un convenio para renovar el contrato de los antropólogos e historiadores que hacen parte del grupo de trabajo liderado por el jefe de Antropología Forense de la Udelar, José López Mazz.
Según Breccia, hasta que no finalicen las negociaciones, que concluirán en la firma del acuerdo, no se puede manejar cuál será el costo que deberá asumir el gobierno por el reinicio de las excavaciones.
Los primeros trabajos de desenterramiento comenzarán en el Batallón 14, en la zona de enterramientos clandestinos conocida como "Arlington", tal como lo solicitó la Justicia. En setiembre de este año, el magistrado penal de 2º Turno Pedro Salazar dispuso medidas de no innovar en el Batallón 14, donde se presume la existencia de enterramientos clandestinos durante la última dictadura militar
Salazar envío una nota al Poder Ejecutivo en la que solicitó al gobierno que se reiniciaran las excavaciones en "Arlington" en la búsqueda de los restos de la desaparecida María Claudia García de Gelman.
En los trabajos realizados por López Mazz y su equipo en noviembre de 2009 ya se había identificado la zona donde posiblemente se encuentren los restos de María Claudia. Sin embargo, por razones presupuestales los trabajos de los arqueólogos habían cesado.
El grupo de antropólogos que trabajó en el Batallón 14 detectó en "Arlington" indicios de movimientos de tierra. El hallazgo da indicios de la existencia de la denominada "Operación Zanahoria", por la cual los cuerpos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar habrían sido desenterrados en los terrenos del Batallón 13 de Infantería y vueltos a inhumar en el predio del Batallón 14.
En el oficio judicial en el que Salazar pidió al Ejecutivo retomar las excavaciones, se ordenó el inicio de una inspección ocular para determinar lugares de eventuales búsquedas que puedan coincidir con datos recibidos.
Sin embargo, la reanudación de las excavaciones se demoró debido a que la nota escrita por Salazar estaba dirigida directamente a Breccia, por lo que éste, para dar cumplimiento a la normativa vigente, solicitó que el pedido volviera a realizarse en nombre del presidente, José Mujica, directamente.
Durante el tiempo que estuvieron suspendidas las excavaciones, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos-Desaparecidos se reunió con Mujica para solicitarle que reiniciara la búsqueda de los restos de los ex presos políticos.
La organización le exigió al gobierno que se asignaran los rubros económicos para que continuara en funcionamiento la Comisión de Seguimiento del Poder Ejecutivo para los casos de desaparición forzada durante la dictadura.
Por otra parte, Macarena Gelman, hija de María Claudia, lanzó fuertes críticas hacia el Poder Ejecutivo al declarar que "en este gobierno hasta ahora no ha habido ninguna señal, hechos concretos, apoyo. No siento que haya voluntad política, más allá de las palabras", aseguró.
En la misma línea, Gelman lamentó que en 2010 tiene la misma información que reunió su abuelo diez años atrás. "No ha habido aportes por parte del Estado, tampoco colaboró en la búsqueda", aunque aclaró que no es algo personal hacia un gobierno en particular, sino hacia "el Estado en su conjunto".
------
Audiencias definitivas en Quito ante la CIDH por caso Gelman
Hoy y mañana. Denunciantes exponen; Estado uruguayo admitirá responsabilidad.
La República. 15 11 10
Se desarrollarán entre hoy y mañana las audiencias definitivas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la demanda entablada por la familia Gelman contra el Estado uruguayo. Es por la vigencia de la Ley de Caducidad, y será la primera vez que Uruguay responda ante el organismo internacional.
El Estado uruguayo deberá comparecer entre hoy y mañana , en Quito, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la demanda entablada por la familia Gelman, por los impedimentos existentes en Uruguay para el efectivo acceso a la Justicia, en virtud de la vigencia de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
El máximo órgano jurisdiccional del concierto interamericano recibirá en esta instancia el testimonio de los denunciantes, testigos y peritos propuestos por las partes, así como los alegatos finales de los denunciantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Estado uruguayo, como forma de dilucidar el litigio existente.
La demanda impulsada por la familia Gelman fue interpuesta en 2006 ante la CIDH por la violación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos (violación de las garantías judiciales y de protección judicial de las víctimas), entre otros, ante la clausura de la indagatoria judicial en Uruguay por el crimen de María Claudia García, en atención de los preceptos emanados por la Ley de Caducidad.
El proceso culminó el pasado 21 de enero cuando la CIDH resolvió elevar el caso ante la CorteIDH, cuyos fallos son inapelables y de cumplimiento obligatorio para los Estados, formulando diversos cuestionamientos contra la vigencia de la Ley de Caducidad.
La CorteIDH decidió entonces fijar audiencia para el pasado 4 de octubre, en la ciudad de Quito (Ecuador). Sin embargo, el alzamiento institucional de los efectivos policiales contra el gobierno constitucional de Rafael Correa implicó la postergación del actual período de sesiones, el cual se desarrollará en la misma ciudad desde hoy.
Estrictamente en lo inherente al "Caso Gelman", los ministros de la CorteIDH recibirán, a pedido de los denunciantes, el testimonio de Juan y Macarena Gelman, y la fiscal Mirtha Guianze y el historiador Gerardo Caetano (como peritos), mientras ya prestaron testimonio, por escrito, los periodistas Gabriel Mazzarovich y Roger Rodríguez (testigos), y el abogado Pablo Chargoñia y la psicóloga Ana Deustch (como peritos).
En este sentido, la familia Gelman intentará probar durante la audiencia que la normativa existente en Uruguay impidió el acceso a la justicia efectiva, por cuanto la vigencia de la Ley de Caducidad no posibilitó realizar "una investigación seria, profunda y exhaustiva en búsqueda de la verdad", según declaró oportunamente a LA REPUBLICA la abogada Ariela Peralta, representante de Macarena Gelman en el litigio internacional.
Por su parte, el Estado uruguayo no desarrollará ninguna acción que apunte a deslindar su responsabilidad en la desaparición de Maria Claudia García, y se reconocerá responsable directo en los delitos perpetrados y caratulados como de lesa humanidad durante el desarrollo de la dictadura cívico-militar.
En este sentido, los representantes del Estado ante la CorteIDH, Carlos Mata y Amelia Bastos (ambos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores), detallarán todos los aspectos vinculados con la búsqueda de la verdad en torno a los crímenes perpetrados durante el "Terrorismo de Estado" desde la restauración democrática y noticiarán sobre la existencia de un referéndum y un plebiscito, en donde no se alcanzaron los votos necesarios para erradicar la norma del orden jurídico uruguayo. El Estado uruguayo no solicitó testigos ni propuso peritos.
En tanto, la CorteIDH analizará también durante el actual período de sesiones, una demanda contra el Estado de Perú por un supuesto perjuicio económico contra 233 miembros del sindicato de Funcionarios, Profesionales y Técnicos de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Lima.
Asimismo, el máximo órgano jurisdiccional del concierto interamericano analizará la posibilidad de aplicar medidas provisionales en la Audiencia Pública de Asuntos Penitenciarios de Mendoza (Argentina), ante las condiciones de reclusión existentes en los establecimientos penitenciarios de dicha provincia argentina.
---------
sábado, 13 de noviembre de 2010
Estela: los caminos de la dignidad
Estela Sabalsagaray es la hermana menor de Nibia. Es esa amiga entrañable con quien hemos compartido tantas cosas desde hace treinta años. Representa lo que en otro artículo caractericé como “la generación del silencio” o, más bien, la generación silenciada. Silenciada por el terror, por la muerte, por el miedo, por la ausencia de respuestas a las preguntas más fundamentales: ¿por qué?
Caras y Caretas. 12 11 10. Por María Elena Laurnaga.
No ha sido fácil la vida para ella y su familia, especialmente para ella. Es hija de un obrero de Juan Lacaze, despedido de Campomar cuando la huelga general de 1973 y que murió en la pobreza después de buscar trabajo por todos lados. El despido trasciende la empresa… en esa época nadie empleaba fácilmente a alguien que había sido censurado por protestar contra el golpe de Estado. Vivió esperando la compensación por despido;; ya en sus últimos días esperaba dejar como herencia a sus hijos esa indemnización que, obviamente, nunca llegó. Estela hizo su carrera de arquitecta –entre otros trabajos– vendiendo quesos de Colonia Suiza que traía los fines de semana en el bolso, procediendo a su distribución casa por casa.
Siendo apenas una adolescente aquel día de 1974 vio llegar el féretro de su hermana muerta rodeado de militares, con la prohibición rotunda de ser abierto. Así llegó el cuerpo asesinado de Nibia a Nueva Helvecia (o Colonia Suiza, nunca nos pusimos de acuerdo). Lo dejaron después de entregar a la familia un certificado falso de defunción que configuraba la causa del deceso como suicidio. Y después las amenazas, las detenciones de familiares, el acoso cuando el pueblo hizo un homenaje recordatorio colocando una placa con el nombre de Nibia al año de su asesinato. Siempre la amenaza y el miedo.
Estela es una mujer con ideas muy claras, pero no ha sido una militante por opción. Tantas veces hemos analizado en aquellos años las diversas formas de resistencia a la dictadura y el autoritarismo. Y los modos de contribución de cada uno a la democracia. Ella hizo y hace hoy la opción por un perfil bajo: hacer en silencio.
Hay hechos épicos en la historia: son aquellos acontecimientos tan significativos que marcan transformaciones y configuran emblemas en los que se identifica un pueblo, una generación, una región. Son en general hechos excepcionales. Pero hay hechos heroicos, –sí, digo heroicos– que forman parte de muchas vidas cotidianas, que no tienen la espectacularidad de los épicos hasta que son realmente dimensionados. Y que tejieron la historia de tantas y tantos uruguayos en los años oscuros.
Estela, en el marco de su propia historia de dolor y miedos, tuvo el coraje de hacerse cargo individualmente de un caso tan difícil, tan duro, que constituye uno de esos actos heroicos anónimos. Quiero compartirlo aquí para tratar de comunicar que éste, entre otros miles de gestos, forma parte de la base social y política en la que nos basamos para confiar en la democracia, para querer esta tierra, para apostar finalmente por la justicia.
Desde esa actitud silenciosa enfrentó sus miedos para provocar los dos acontecimientos más emblemáticos de la lucha contra la ley de impunidad: la primera interpretación de la Suprema Corte de Justicia acerca de la inconstitucionalidad de la ley y su inaplicabilidad en el caso de Nibia (en octubre de 2009), y hoy la prisión por homicidio especialmente agravado del primer general en actividad, procesado por coparticipación en la tortura y asesinato de su hermana.
En octubre de 2004 Estela presentó el caso de Nibia solicitando la revisión de la carátula de “suicidio” por la de “homicidio”. Estela pide dignidad para su hermana, ni más ni menos. Ni siquiera se animó a soñar con la justicia y menos aun con el castigo a los culpables, encubiertos hasta hoy por la aberrante Ley de Caducidad.
El Dr. Tabaré Vázquez excluye en 2005 el caso de Nibia de la Ley de Caducidad habilitando su paso a la justicia. En octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia interpreta por primera vez la Ley de Caducidad como una ley inconstitucional y por tanto inaplicable en el caso. Hoy, noviembre de 2010, el general en actividad Miguel Dalmao es procesado con prisión por homicidio especialmente agravado en la causa de Nibia.
Este gesto de Estela ha sido posible porque muchos amigos, compañeros y compañeras de Nibia pudieron ponerles nombre a los rostros, mencionar las cosas vividas, denunciar. Y porque los del mismo palo se inculparon entre sí… Porque uno de los acusadores de Dalmao es el otro procesado en el caso, el coronel retirado Chialanza, quien parece haber roto el pacto de silencio.
A la estatura moral de Estela se contrapone el enanismo ético de Miguel Dalmao, que configura uno de los actos más vergonzantes de estos últimos años: un general del Ejército saliendo del juzgando haciendo un gesto obsceno con el dedo del medio levantado en el puño cerrado y gritando frente a Estela y demás testigos: “Va fangulo”.
Y más vergüenza aun, cuando el comandante en jefe del Ejército, el general Rosales, reafirma su confianza en él, ese mismo día y después de ese gesto. Después del juzgado, Estela volvió a su casa y el general Dalmao, a la Región Militar Nº 4 de la que es (¿era?) jefe, cubriendo de vergüenza seguramente a cientos de soldados que son (¿eran?) sus subordinados.
La gente de mi generación conoció las mil caras del terror. Aquel miedo que atenaza el estómago e inhibe la palabra. La adrenalina que corre cuando el ascensor para en nuestro piso y esperamos… No, no es esta vez para nosotros. Cuando nos llegaban los nombres de aquellos a quienes sí les había llegado el momento.
Estela transformó ese nudo de silencio en la garganta en un grito enorme de dignidad que por esta vez, y por decisión e interpretación de la Suprema Corte de Justicia, vino acompañado de justicia, Y seguramente también de castigo a los culpables.
Es mucho más de lo que ella se permitía soñar;; es mucho menos de lo que Nibia se merecía de la vida que le quitaron.
-------
Se acata sin desacato
LA JUSTICIA SE SACUDE LA IMPUNIDAD QUE LA SOMETIÓ POR 25 AÑOS
El general Dalmao está preso. No hubo desacato militar. La ley interpretativa se pospuso. Uruguay será condenado en la OEA por el caso Gelman. La Suprema Corte de Justicia habilitará la inconstitucionalidad para los fusilados de Soca. Se abriría indagatoria por el asesinato de Trabal. Brasil extradita a Uruguay al ex agente Barreiro Neira, testigo en el caso de los vinos envenenados y en la muerte de Goulart.
Caras y Caretas. 12 11 10. TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy
El procesamiento con prisión del comandante de la División de Ejército IV, general Miguel Ángel Dalmao, junto con el coronel (r) José Chialanza, por el delito de coautoría de homicidio especialmente agravado de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974 sacudió el escenario político y tuvo repercusiones en el gobierno, en el ámbito parlamentario y en la interna militar, que observan cómo el sistema judicial se sacude la impunidad a la que había estado sometido desde la reinstitucionalización del país.
El primer encarcelamiento de un militar en actividad por casos de violaciones a los derechos humanos en los años de la dictadura se concretó en la primera causa judicial en que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la polémica Ley de Caducidad con la que durante veinticinco años se amparó los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el golpe de Estado de 1973 y por la cual Uruguay será condenado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA la próxima semana.
El pronunciamiento del juez penal de 10º turno, Rolando Vomero, admitiendo la tipificación solicitada por la fiscal de 2º turno, Mirtha Guianze, provocó contenidos comentarios desde el Poder Ejecutivo, cuyo titular, José Mujica, se limitó a expresar un contundente “es una decisión de la justicia;; no es opinable, se acata”, mientras el ministro de Defensa Nacional, Luis Rosadilla, se guardaba a silencio público ante una interna militar azuzada desde los clubes y logias de militares retirados.
Todos los generales en actividad fueron convocados por el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, quien les confirmó el procesamiento del camarada, cuya inocencia había defendido públicamente días antes al punto de merecer una sanción (aunque mínima) de parte del gobierno. La reunión, autorizada por el Poder Ejecutivo, fue cerrada por el propio ministro Rosadilla, quien se apersonó en la sede del Comando castrense en la avenida Garibaldi.
LAS REPERCUSIONES
Sólo uno de los altos oficiales, Willy Purstcher (quien, uniformado, se solidarizó con Dalmao y lo esperó frente a la Jefatura de Policía cuando lo trasladaron para ser fichado), se atrevió a pedirle la renuncia a Rosales: “Si yo estuviera en tu lugar, doy un paso al costado, doy una conferencia de prensa, digo mi verdad y me voy”, dijo el subordinado, a quien no acompañaron los demás miembros del generalato, por considerar que un relevo del mando los perjudicaría en la defensa de otros intereses.
Fuentes allegadas a la interna militar explicaron a Caras&Caretas que si bien la prisión de Dalmao constituyó un golpe duro para el Ejército, la preocupación de la oficialidad está más centrada en sus reivindicaciones respecto del presupuesto quinquenal que estudia el Parlamento: reclaman mejoras salariales, mayor inversión en sanidad militar y el mantenimiento de algunas prebendas y cargos, como el de las agregadurías militares y otras misiones en el exterior que les reportan importantes ingresos económicos.
La prisión de Dalmao no mereció comentarios de los comandantes de la Armada y la Fuerza Aérea, que han estado sometidos a sus respectivas crisis. La fuerza del aire trata de sobrevolar los coletazos de los juicios por el “segundo vuelo” y el homicidio de Ubagesner Chavez Sosa por el que ya fueron encarcelados dos pilotos, mientras que los marinos aún no terminan de calmar sus aguas luego de la tormenta de corrupción interna por la que varios oficiales también fueron encarcelados.
En el ámbito parlamentario, el encarcelamiento del general terminó de posponer el debate de la ley interpretativa con la que desde el Poder Ejecutivo se intentó “dejar sin efectos” la Ley de Caducidad para atenuar el impacto de la condena que la Corte de Derechos Humanos de la OEA realizará en Quito cuando se lleven a cabo las audiencias por el caso Gelman. La sentencia judicial fue utilizada como razón de la sinrazón por los senadores frenteamplistas que se negaban a dar su voto para eliminar esa ley.
LO QUE SE VIENE
El caso Dalmao no derivó en los desacatos que se auspiciaban desde los clubes militares y las logias de la dictadura. El general procesado no irá a la cárcel de Domingo Arena donde ya reside una docena de militares y policías encausados por violaciones a los derechos humanos. Dalmao (al mando de Hospital Militar en el que se asiló Ernesto Ramas desde hace cuatro años, del que se fugó Gilberto Vázquez y donde José Gavazzo se hizo fotografiar maniatado) no sería bien recibido por esos represores y será recluido en la Guardia de Coraceros, por un compromiso del gobierno.
Sin embargo, la interna militar no promete aquietarse, ya que en los próximas días se confirmará un nuevo pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia por el que se declarará inconstitucional la Ley de Caducidad en el caso de los fusilados de Soca, en el que cinco militantes tupamaros secuestrados en Argentina el 8 de noviembre de 1974 fueron torturados en Buenos Aires y trasladados en el “vuelo cero” a Uruguay, donde terminaron siendo ejecutados en la localidad canaria en diciembre de aquel año.
Esa nueva causa judicial (que se suma a la de 19 casos de muertes por tortura sobre los que la semana pasada el máximo órgano de justicia sentenció la inconstitucionalidad de la Ley 15.848) derivará en la apertura de otro expediente en el que por primera vez en Uruguay se indagará el asesinato del coronel Ramón Trabal, cuyo homicidio en París, en diciembre de 1974, habría sido la excusa alegada para los fusilamientos en Soca. El caso Trabal podría develar uno de los mayores secretos de la dictadura.
Y, como si fueran poco, en las últimas horas el Supremo Tribunal Federal brasileño otorgó la extradición a Uruguay del ex agente de la dictadura Mario Ronald Barreiro Neira, requerido desde 2001 por delitos vinculados a las “polibandas” que actuaron en la década del noventa, quien desde su prisión en Porto Alegre reveló entretelones del caso de los vinos que envenenaron a Cecilia Fontana de Heber en 1978 y denunció que João Goulart fue asesinado, con participación uruguaya, por el Plan Cóndor en 1976.
--------
Las declaraciones de Rosales
La República. 13 11 10. Por Gustavo González Analista
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la semana anterior se despachó con declaraciones de prensa a favor, sin dudar un ápice en su solidaridad para con el general Dalmao, quien hoy se encuentra investigado por la Justicia por el asesinato de una compañera presa política en el período de la dictadura.
Pero estas declaraciones hay que enmarcarlas en el reclamo realizado también hace pocos días por una movilización que llegó hasta las puertas del Ministerio de Defensa, por militares y familiares de éstos que reclamaban mejoras en el Hospital Militar, donde por micrófonos de la TV se oyeron consignas tales como "volveremos, volveremos".
Si le sumamos a ello la solicitud de los militares retirados publicada en varios medios de prensa reivindicando el mejor trato a las Fuerzas Armadas, la situación es realmente preocupante.
Y si seguimos analizando las idas y venidas de senadores del Frente en cuanto a la derogación de la ley de impunidad, la realidad es más compleja aún.
Frente a anteriores declaraciones de Rosales a favor de que no se tocara la ley de impunidad, existió por parte del Poder Ejecutivo una "amonestación leve" que en realidad es nada o casi nada.
Las Fuerzas Armadas de este país hasta el momento no han tenido ningún atisbo de autocrítica en cuanto a su proceder en el período de la dictadura, es decir frente a torturas salvajes, muertes, desapariciones realizadas por integrantes de ellos. Por lo tanto su derecho a ser bien tratados carece de todo valor moral, ético y político. Ya están los asesinos y torturadores en una cárcel VIP, no precisamente recibiendo el inhumano trato que ellos dieron a sus víctimas.
Pero toda esta indefinición de efectivamente castigar con todo el peso de la ley a quienes mancharon sus manos con sangre de nuestro pueblo, no hace más que dar impulso a los reclamos que estamos teniendo que soportar a diario, yo diría además que tiene grandes rasgos de desestabilización, lo cual pareciese preocupar a poca gente.
A no mentirse: quien no fue capaz de reconocer los horrores cometidos sigue fundamentando el golpismo, sigue creyendo en la teoría macabra de "los dos demonios".
Ni hablemos de la corrupción en la Armada Nacional, que no hace más que demostrar la putrefacción existente en los mandos de esa fuerza.
Debemos reparar en esta situación que es realmente preocupante, no precisamente sumarse a los cantos de sirena de que los que desestabilizan son los sindicatos y sus reclamos ¡por favor! Las medidas de lucha asumidas por los sindicatos son por mejores condiciones de vida, son para profundizar en definitiva los cambios por todos esperados.
¿Qué dirá Rosales si se llega a dar que la Justicia encuentre culpable a Dalmao? ¿seguirá siendo solidario con su camarada de armas?.
--------
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, en la semana anterior se despachó con declaraciones de prensa a favor, sin dudar un ápice en su solidaridad para con el general Dalmao, quien hoy se encuentra investigado por la Justicia por el asesinato de una compañera presa política en el período de la dictadura.
Pero estas declaraciones hay que enmarcarlas en el reclamo realizado también hace pocos días por una movilización que llegó hasta las puertas del Ministerio de Defensa, por militares y familiares de éstos que reclamaban mejoras en el Hospital Militar, donde por micrófonos de la TV se oyeron consignas tales como "volveremos, volveremos".
Si le sumamos a ello la solicitud de los militares retirados publicada en varios medios de prensa reivindicando el mejor trato a las Fuerzas Armadas, la situación es realmente preocupante.
Y si seguimos analizando las idas y venidas de senadores del Frente en cuanto a la derogación de la ley de impunidad, la realidad es más compleja aún.
Frente a anteriores declaraciones de Rosales a favor de que no se tocara la ley de impunidad, existió por parte del Poder Ejecutivo una "amonestación leve" que en realidad es nada o casi nada.
Las Fuerzas Armadas de este país hasta el momento no han tenido ningún atisbo de autocrítica en cuanto a su proceder en el período de la dictadura, es decir frente a torturas salvajes, muertes, desapariciones realizadas por integrantes de ellos. Por lo tanto su derecho a ser bien tratados carece de todo valor moral, ético y político. Ya están los asesinos y torturadores en una cárcel VIP, no precisamente recibiendo el inhumano trato que ellos dieron a sus víctimas.
Pero toda esta indefinición de efectivamente castigar con todo el peso de la ley a quienes mancharon sus manos con sangre de nuestro pueblo, no hace más que dar impulso a los reclamos que estamos teniendo que soportar a diario, yo diría además que tiene grandes rasgos de desestabilización, lo cual pareciese preocupar a poca gente.
A no mentirse: quien no fue capaz de reconocer los horrores cometidos sigue fundamentando el golpismo, sigue creyendo en la teoría macabra de "los dos demonios".
Ni hablemos de la corrupción en la Armada Nacional, que no hace más que demostrar la putrefacción existente en los mandos de esa fuerza.
Debemos reparar en esta situación que es realmente preocupante, no precisamente sumarse a los cantos de sirena de que los que desestabilizan son los sindicatos y sus reclamos ¡por favor! Las medidas de lucha asumidas por los sindicatos son por mejores condiciones de vida, son para profundizar en definitiva los cambios por todos esperados.
¿Qué dirá Rosales si se llega a dar que la Justicia encuentre culpable a Dalmao? ¿seguirá siendo solidario con su camarada de armas?.
--------
El caso del carmelitano Perrini
CRIMEN DURANTE LA DICTADURA: RECLAMO DE VERDAD Y JUSTICIA
La República. 13 11 10. Gabriel Monteagudo. COLONIA
La presentación de una denuncia penal por la muerte en 1974 del ciudadano carmelitano y militante frenteamplista Aldo Francisco Perrini Guala ha despertado el interés de la población local, que se enteró del caso a través del diario LA REPUBLICA.
La denuncia fue presentada en Montevideo por el abogado Oscar López Goldaracena ante la jueza penal de 7º turno Mariana Mota. El letrado representa a uno de los hijos de Aldo Perrini, un comerciante de 34 años que tenía un local de venta de helados en la ciudad de Carmelo, que fue detenido en su domicilio y llevado esposado por la dictadura militar el 26 de febrero de 1974.
Perrini era adherente del Frente Amplio sin militancia conocida, hacía nueve años que estaba casado y tenía entonces tres hijos de 6, 5 y 1 año. Este último, de nombre Piero, fue quien promovió la acción penal.
Aquella madrugada del verano del 74 Perrini fue trasladado con otros 11 carmelitanos detenidos al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, que estaba al mando del Comandante Boscan Hontou. Allí muere como consecuencia de las torturas recibidas. Perrini era un hombre jovial, absolutamente concentrado en su familia y su comercio y a los 34 años presentaba un estado de salud envidiable. No fumaba y por ello tan arbitrario como su asesinato fue la causa de la muerte que certificaron los médicos civiles que apoyaban a la dictadura en Colonia "edema de pulmón como consecuencia del consumo de cigarrillo y el estrés" escribieron los hasta ahora impunes cómplices de su muerte.
El caso de Aldo Perrini conmocionó a la sociedad de Carmelo en aquellos años de la dictadura militar. Su muerte en el cuartel de Colonia produjo tal preocupación en los torturadores que suspendieron la tortura sistemática que desde hacía semanas practicaban a todos los detenidos en ese cuartel, según declaró al Semanario EL ECO el compañero de infortunio de aquel día, el dirigente frenteamplista de Colonia Román Chipolini. "Chiquito Perrini salvó a muchos carmelitanos", dijo.
Su muerte generó que los detenidos fueran blanqueados y pasados a la Justicia Militar. Algunos marcharon al exilio inmediatamente, los menos. Los más terminaron en el Penal de Libertad por la sola culpa de su pensamiento político. Desde entonces, el caso Perrini ha sido un caso emblemático para la ciudad. La apertura de su causa "es un paso importante para la recuperación de la memoria histórica de la comunidad" señalaron a LA REPUBLICA varios ex presos políticos al conocer la noticia.
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad fue dispuesta en la causa caratulada "Organizaciones de Derechos Humanos" emitida el pasado 29 de octubre por la Suprema Corte de Justicia, anexa al expediente madre contra el dictador Juan María Bordaberry, por la cual se indaga el homicidio de Aldo Perrini y otras 19 personas entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976.
--------
La República. 13 11 10. Gabriel Monteagudo. COLONIA
La presentación de una denuncia penal por la muerte en 1974 del ciudadano carmelitano y militante frenteamplista Aldo Francisco Perrini Guala ha despertado el interés de la población local, que se enteró del caso a través del diario LA REPUBLICA.
La denuncia fue presentada en Montevideo por el abogado Oscar López Goldaracena ante la jueza penal de 7º turno Mariana Mota. El letrado representa a uno de los hijos de Aldo Perrini, un comerciante de 34 años que tenía un local de venta de helados en la ciudad de Carmelo, que fue detenido en su domicilio y llevado esposado por la dictadura militar el 26 de febrero de 1974.
Perrini era adherente del Frente Amplio sin militancia conocida, hacía nueve años que estaba casado y tenía entonces tres hijos de 6, 5 y 1 año. Este último, de nombre Piero, fue quien promovió la acción penal.
Aquella madrugada del verano del 74 Perrini fue trasladado con otros 11 carmelitanos detenidos al Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, que estaba al mando del Comandante Boscan Hontou. Allí muere como consecuencia de las torturas recibidas. Perrini era un hombre jovial, absolutamente concentrado en su familia y su comercio y a los 34 años presentaba un estado de salud envidiable. No fumaba y por ello tan arbitrario como su asesinato fue la causa de la muerte que certificaron los médicos civiles que apoyaban a la dictadura en Colonia "edema de pulmón como consecuencia del consumo de cigarrillo y el estrés" escribieron los hasta ahora impunes cómplices de su muerte.
El caso de Aldo Perrini conmocionó a la sociedad de Carmelo en aquellos años de la dictadura militar. Su muerte en el cuartel de Colonia produjo tal preocupación en los torturadores que suspendieron la tortura sistemática que desde hacía semanas practicaban a todos los detenidos en ese cuartel, según declaró al Semanario EL ECO el compañero de infortunio de aquel día, el dirigente frenteamplista de Colonia Román Chipolini. "Chiquito Perrini salvó a muchos carmelitanos", dijo.
Su muerte generó que los detenidos fueran blanqueados y pasados a la Justicia Militar. Algunos marcharon al exilio inmediatamente, los menos. Los más terminaron en el Penal de Libertad por la sola culpa de su pensamiento político. Desde entonces, el caso Perrini ha sido un caso emblemático para la ciudad. La apertura de su causa "es un paso importante para la recuperación de la memoria histórica de la comunidad" señalaron a LA REPUBLICA varios ex presos políticos al conocer la noticia.
La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad fue dispuesta en la causa caratulada "Organizaciones de Derechos Humanos" emitida el pasado 29 de octubre por la Suprema Corte de Justicia, anexa al expediente madre contra el dictador Juan María Bordaberry, por la cual se indaga el homicidio de Aldo Perrini y otras 19 personas entre el 27 de junio de 1973 y el 12 de junio de 1976.
--------
viernes, 12 de noviembre de 2010
Se busca: Dolcey Marcelino Pedro Brito Puis
- PSICOLOGO DE LA MUERTE-
COLABORADOR DE LA DICTADURA y ASISTENTE DE LA MISMA NACIDO EN FLORIDA 23/10/1930 CASADO CON ANA RUTH ROMERO ¿SABE DONDE VIVE? ¿CONOCE SU ROSTRO?
PRONTUARIO DE UN CRIMINAL IMPUNE
Dolcey Brito es psicólogo de profesión, actuó en el Penal de Libertad, desde 1972.
Varios expresos políticos denuncian que fue: “Arquitecto del monstruoso programa de experimentación psicológica del Penal de Libertad”.
Visitaba frecuentemente la prisión y estaba involucrado en el programa de experimentación medica y con drogas. Brito fue el cerebro detrás de un esquema científico pensado para “arrasar sistemáticamente sus personalidades”.
Brito fingía ser un “devoto amigo de los presos”. Brito manipuló test psicológicos, como Rorscharchs y entrevistas para “precisar donde y hasta qué profundidad sangrar la psiquis”.
El juego que Brito jugaba requería constante manejo sobre la salud mental de los prisioneros. Así Brito y otras autoridades" SABIAN cuando tratar de empujar a un prisionero hacia la depresión, alucinación y otros desórdenes, y cuando apartarlo del borde del suicidio".
Brito es el que dirige la campaña de " desmantelamiento personal" individuo por individuo, denuncia otro exprisionero.
Brito" no crea sistemas, se dedica a cada persona, la estudia, la conoce, y después empieza lentamente a desarmarla. Se toma su tiempo para hacerlo a fondo. El realmente los desarma y frente a la técnica psicológica no hay forma de esconderse".
Brito fue quien dispuso los mecanismos de funcionamiento del Penal de Libertad que se consideran torturantes en si mismos.
Si en el curso de la visita el preso deja trasparentar la menor preocupación o contrariedad sobre problemas de su familia, la educación de sus hijos, etc., será convocado en los días siguientes por el psicólogo.
Brito se muestra muy simpático, trata al preso de igual a igual, mientras que aquel frente a un militar no puede dirigírsele sino es con los ojos bajos, las manos detrás de la espalda y a tres pasos de distancia.
Brito se muestra condescendiente, se preocupa de la alimentación, de la salud del preso: Luego de la entrevista, Brito va a cuidar del preso, y este se encuentra con que, en numerosos casos, lo cambian de celda para ubicarlo con otro preso que tenga problemas psiquiátricos, o ya sea un enfermo mental reconocido.
Tendrá que compartir durante meses un espacio de seis metros cuadrados con un enfermo, prácticamente 24hs sobre 24, con media de recreo, pero a menudo el detenido es sancionado, no sabiendo que actitud tomar con su compañero de celda, teniendo a cada rato una crisis , una tentativa de suicidio, y testigo, sin poder intervenir, de los malos tratos infligidos por los militares al enfermo.
Brito es el que indica a los psiquiatras que vienen a intervalos regulares a la prisión, que tratamientos deben administrar a los enfermos".
Brito llegaba todos los días vestido de civil, con su portafolio, y sube a su oficina del 5º piso como si los controles no existieran para él, las puertas a distancia a su paso le dan el aire de ser el comandante.
En 1974, el director de reclusión era el Mayor Maciel, del Servicio de Inteligencia del Ejercito. Fue bajo su dirección que el sistema de seguridad y de aislamiento psicológico de los prisioneros fue puesto a punto. Se podía ver a Brito y Maciel desplazarse juntos casi todos los días, se los vio observando a los presos con binoculares desde lo alto del edificio.
En esa época nuestro compañero MAS-MAS, tuvo una crisis nerviosa muy grave; Brito ayudó personalmente a los guardianes a dominar al Mas Mas y a inyectarle el medicamento CALMANCIAL; esta crisis fue la consecuencia de un aislamiento continuo durante varios meses.
Brito siguió de cerca la atención médica posterior en el Hospital y en "La Isla", construcción aparte donde son aislados los presos castigados. Allí se suicidó José Artigas, un compañero que estaba solo en una celda. Brito y el Capitán Caubarrere utilizaron la cuerda que José Artigas había hecho para colgarse, para provocar a los otros compañeros que se encontraban en ese momento en las otras celdas.
Brito tiene entrevistas frecuentes con compañeros que estaban en mal estado mental, intenta por ese medio obtener informaciones sobre la vida de los otros presos; propone acuerdos a los compañeros de modo que ellos pasen a colaborar con las autoridades.
Entre los muchos casos, hay uno bien conocido por todos los presos es el de ( se omite el nombre) , un preso que no pudo resistir mas el aislamiento y el terror de la tortura y colabora con las autoridades, confesando después toda la historia a sus compañeros.
Brito era una de las personas encargadas del contacto con él para recibir las informaciones y mantenerlo en estado de terror. Uno de los modos mas refinados de desequilibrar a los presos es acusar de homosexualidad a los dos compañeros de una misma celda. Un día le tocó a nuestros compas,( se omiten sus nombres) que fueran llevados 3 meses a "La Isla" con una sanción de aislamiento absoluto bajo acusación de homosexualidad. A uno de ellos se le administra Calmancial; Brito personalmente fue a persuadirlos por toda suerte de medios, para que firmen un texto dónde reconocían su "falta".
El pianista argentino Miguel Ángel Estrella, estuvo preso en el Penal de Libertad, entre el 78 y el 80.
El 14 de julio del 80 detalla la conducta del psicólogo Dolcey Brito: " Existen hombres que usan su capacidad intelectual para perturbar y hasta enloquecer a otros hombres que no tienen otra defensa que su fuerza moral, hay profesionales como Brito que usan su conocimiento para tratar de que miles de seres humanos, en ese pequeño país que es Uruguay, salgan de las prisiones inhabilitados para reinsertarse normalmente en la sociedad".
"Fue consejero en la formulación de reglas durísimas y cambios de rutinas, dirigidas a infligir un sufrimiento mental".
Otro torturador médico aun impune Dr. Martín Gutiérrez, afirmó que la misión de Brito era aconsejar a los oficiales en el diseño del régimen carcelario.
Varias fuentes militares habrían revelado que Brito compartía la visión de los militares de que los presos políticos eran " enemigos" en una "guerra que continuaba tras los muros de la prisión ".
Esta sugestiva leyenda en el cuadro colgado en una de las paredes de su despacho del 5º piso del Penal habla de él . –“Te arrancaré los ojos y me los pondré tú me arrancarás los míos y te los pondrás, así tu me mirarás con mis ojos y yo con los tuyos –“León Bischwanger.
PARA ROMPER SU IMPUNIDAD ENVIANOS SU PARADERO A :
sebuscadolceybrito@gmail.com
-RECOMPENSA: MEMORIA y JUSTICIA
“ NO CREA SISTEMAS, SE DEDICA ACADA PERSONA , LA ESTUDIA LA CONOCE, Y DESPUES EMPIEZA LENTAMENTE A DESARMARLA, SE TOMA SU TIEMPO PARA HACERLO A FONDO.
Datos tomados de Uruguay Nunca más - SERPAJ - MEMORIA y JUSTICIA -
------
COLABORADOR DE LA DICTADURA y ASISTENTE DE LA MISMA NACIDO EN FLORIDA 23/10/1930 CASADO CON ANA RUTH ROMERO ¿SABE DONDE VIVE? ¿CONOCE SU ROSTRO?
PRONTUARIO DE UN CRIMINAL IMPUNE
Dolcey Brito es psicólogo de profesión, actuó en el Penal de Libertad, desde 1972.
Varios expresos políticos denuncian que fue: “Arquitecto del monstruoso programa de experimentación psicológica del Penal de Libertad”.
Visitaba frecuentemente la prisión y estaba involucrado en el programa de experimentación medica y con drogas. Brito fue el cerebro detrás de un esquema científico pensado para “arrasar sistemáticamente sus personalidades”.
Brito fingía ser un “devoto amigo de los presos”. Brito manipuló test psicológicos, como Rorscharchs y entrevistas para “precisar donde y hasta qué profundidad sangrar la psiquis”.
El juego que Brito jugaba requería constante manejo sobre la salud mental de los prisioneros. Así Brito y otras autoridades" SABIAN cuando tratar de empujar a un prisionero hacia la depresión, alucinación y otros desórdenes, y cuando apartarlo del borde del suicidio".
Brito es el que dirige la campaña de " desmantelamiento personal" individuo por individuo, denuncia otro exprisionero.
Brito" no crea sistemas, se dedica a cada persona, la estudia, la conoce, y después empieza lentamente a desarmarla. Se toma su tiempo para hacerlo a fondo. El realmente los desarma y frente a la técnica psicológica no hay forma de esconderse".
Brito fue quien dispuso los mecanismos de funcionamiento del Penal de Libertad que se consideran torturantes en si mismos.
Si en el curso de la visita el preso deja trasparentar la menor preocupación o contrariedad sobre problemas de su familia, la educación de sus hijos, etc., será convocado en los días siguientes por el psicólogo.
Brito se muestra muy simpático, trata al preso de igual a igual, mientras que aquel frente a un militar no puede dirigírsele sino es con los ojos bajos, las manos detrás de la espalda y a tres pasos de distancia.
Brito se muestra condescendiente, se preocupa de la alimentación, de la salud del preso: Luego de la entrevista, Brito va a cuidar del preso, y este se encuentra con que, en numerosos casos, lo cambian de celda para ubicarlo con otro preso que tenga problemas psiquiátricos, o ya sea un enfermo mental reconocido.
Tendrá que compartir durante meses un espacio de seis metros cuadrados con un enfermo, prácticamente 24hs sobre 24, con media de recreo, pero a menudo el detenido es sancionado, no sabiendo que actitud tomar con su compañero de celda, teniendo a cada rato una crisis , una tentativa de suicidio, y testigo, sin poder intervenir, de los malos tratos infligidos por los militares al enfermo.
Brito es el que indica a los psiquiatras que vienen a intervalos regulares a la prisión, que tratamientos deben administrar a los enfermos".
Brito llegaba todos los días vestido de civil, con su portafolio, y sube a su oficina del 5º piso como si los controles no existieran para él, las puertas a distancia a su paso le dan el aire de ser el comandante.
En 1974, el director de reclusión era el Mayor Maciel, del Servicio de Inteligencia del Ejercito. Fue bajo su dirección que el sistema de seguridad y de aislamiento psicológico de los prisioneros fue puesto a punto. Se podía ver a Brito y Maciel desplazarse juntos casi todos los días, se los vio observando a los presos con binoculares desde lo alto del edificio.
En esa época nuestro compañero MAS-MAS, tuvo una crisis nerviosa muy grave; Brito ayudó personalmente a los guardianes a dominar al Mas Mas y a inyectarle el medicamento CALMANCIAL; esta crisis fue la consecuencia de un aislamiento continuo durante varios meses.
Brito siguió de cerca la atención médica posterior en el Hospital y en "La Isla", construcción aparte donde son aislados los presos castigados. Allí se suicidó José Artigas, un compañero que estaba solo en una celda. Brito y el Capitán Caubarrere utilizaron la cuerda que José Artigas había hecho para colgarse, para provocar a los otros compañeros que se encontraban en ese momento en las otras celdas.
Brito tiene entrevistas frecuentes con compañeros que estaban en mal estado mental, intenta por ese medio obtener informaciones sobre la vida de los otros presos; propone acuerdos a los compañeros de modo que ellos pasen a colaborar con las autoridades.
Entre los muchos casos, hay uno bien conocido por todos los presos es el de ( se omite el nombre) , un preso que no pudo resistir mas el aislamiento y el terror de la tortura y colabora con las autoridades, confesando después toda la historia a sus compañeros.
Brito era una de las personas encargadas del contacto con él para recibir las informaciones y mantenerlo en estado de terror. Uno de los modos mas refinados de desequilibrar a los presos es acusar de homosexualidad a los dos compañeros de una misma celda. Un día le tocó a nuestros compas,( se omiten sus nombres) que fueran llevados 3 meses a "La Isla" con una sanción de aislamiento absoluto bajo acusación de homosexualidad. A uno de ellos se le administra Calmancial; Brito personalmente fue a persuadirlos por toda suerte de medios, para que firmen un texto dónde reconocían su "falta".
El pianista argentino Miguel Ángel Estrella, estuvo preso en el Penal de Libertad, entre el 78 y el 80.
El 14 de julio del 80 detalla la conducta del psicólogo Dolcey Brito: " Existen hombres que usan su capacidad intelectual para perturbar y hasta enloquecer a otros hombres que no tienen otra defensa que su fuerza moral, hay profesionales como Brito que usan su conocimiento para tratar de que miles de seres humanos, en ese pequeño país que es Uruguay, salgan de las prisiones inhabilitados para reinsertarse normalmente en la sociedad".
"Fue consejero en la formulación de reglas durísimas y cambios de rutinas, dirigidas a infligir un sufrimiento mental".
Otro torturador médico aun impune Dr. Martín Gutiérrez, afirmó que la misión de Brito era aconsejar a los oficiales en el diseño del régimen carcelario.
Varias fuentes militares habrían revelado que Brito compartía la visión de los militares de que los presos políticos eran " enemigos" en una "guerra que continuaba tras los muros de la prisión ".
Esta sugestiva leyenda en el cuadro colgado en una de las paredes de su despacho del 5º piso del Penal habla de él . –“Te arrancaré los ojos y me los pondré tú me arrancarás los míos y te los pondrás, así tu me mirarás con mis ojos y yo con los tuyos –“León Bischwanger.
PARA ROMPER SU IMPUNIDAD ENVIANOS SU PARADERO A :
sebuscadolceybrito@gmail.com
-RECOMPENSA: MEMORIA y JUSTICIA
“ NO CREA SISTEMAS, SE DEDICA ACADA PERSONA , LA ESTUDIA LA CONOCE, Y DESPUES EMPIEZA LENTAMENTE A DESARMARLA, SE TOMA SU TIEMPO PARA HACERLO A FONDO.
Datos tomados de Uruguay Nunca más - SERPAJ - MEMORIA y JUSTICIA -
------
Militares buscan condena a ley de amnistía en foros internacionales
Caso Dalmao. Abren cuenta en Abitab para contratar a un estudio jurídico
El País. 12 11 10. P. MELGAR / D. ISGLEAS
A partir del procesamiento del general Miguel Dalmao, un grupo de militares en actividad y retiro planea recurrir al pronunciamiento de organismos internacionales buscando la condena a la ley de Amnistía de 1985.
Al mediodía de ayer un grupo de militares de alto rango, en actividad y retiro, abrió una cuenta en Abitab para financiar la contratación de un bufete de abogados que presenten recursos en los tribunales internacionales de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos contra la ley de Amnistía, que luego de la dictadura benefició a los ex guerrilleros del MLN-T.
En 1985, el gobierno de Julio María Sanguinetti impulsó tres leyes para apoyar la restauración de la democracia: una ley que amnistió a los presos, la ley de Caducidad, y la ley de restitución de derechos para los funcionarios públicos destituidos en dictadura por razones ideológicas.
La movida de los militares procura, a la vez, conseguir el aporte de fondos para colaborar con la defensa del general Miguel Dalmao, procesado co-mo coautor de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974 en una unidad del Ejército.
Fuentes castrenses confiaron a El País que los militares planearon "una contraofensiva" frente a las distintas acciones legales emprendidas en aquellos tribunales internacionales por los grupos que denuncian violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
"andanada".
El procesamiento de Dalmao provocó el enojo de muchos oficiales en actividad. Algunos de ellos estiman que se viene "una andanada" de nuevos procesamientos por hechos de la última dictadura. En tal sentido, esperan que sean afectados unos veinte oficiales.
En ese contexto el malestar del generalato con el comandante del Ejército, Jorge Rosales, se mantiene. "Es un frenteamplista más y trabaja para el gobierno", dijo un alto oficial, que pidió no ser identificado.
Durante la reunión del generalato del martes 9, donde se analizó la situación de Dalmao, los mandos del Ejército pidieron al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que defendiera a la institución militar frente a los "ataques que viene sufriendo", según relató a El País uno de los participantes del encuentro.
En la reunión en el Comando, el ministro se comprometió a hablar con el presidente José Mujica para trasmitir la inquietud de los generales.
Fue entonces cuando hizo un comentario que sorprendió a los presentes, al suponer que Dalmao no era el responsable de la muerte de Sabalsagaray.
"Los que estuvimos presos sabemos que a los alférez no los dejaban ni pisar los calabozos", afirmó el ministro mirando fijo al centro de la mesa. Dalmao era alférez cuando ocurrió la muerte que se le imputa.
CompROMISO.
Por otra parte, el presidente Mujica admitió ayer que hubo un compromiso para recluir a Dalmao en una unidad militar. "Sí señor, lo convine", dijo el presidente.
Como informó El País, el compromiso con el Ejército fue asumido por él y el ministro Rosadilla. Dalmao, sin embargo, fue recluido en el cuartel de Coraceros.
Ayer, durante su visita a Soriano, Mujica reconoció que el incumplimiento del acuerdo se debió a "un problema con lo que dictó el señor juez" de la causa, el magistrado Rolando Vomero.
"Ni dispuse, ni sugerí, ni recomendé nada sobre el lugar de reclusión de ambos oficiales. Los jueces nada disponemos sobre eso. Esas disposiciones son resorte exclusivo del Ministerio del Interior", declaró Vomero a La República, tomando distancia de la decisión.
Vomero desmintió lo dicho por el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, en cuanto a que tanto Dalmao como el coronel retirado José Chialanza (el otro procesado por el homicidio) fueron a Coraceros por "solicitud del juez y una resolución del Ministerio del Interior".
Adicionalmente, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que la decisión de recluir a Dalmao en Coraceros fue resuelta "en consulta" con Mujica.
-------
El País. 12 11 10. P. MELGAR / D. ISGLEAS
A partir del procesamiento del general Miguel Dalmao, un grupo de militares en actividad y retiro planea recurrir al pronunciamiento de organismos internacionales buscando la condena a la ley de Amnistía de 1985.
Al mediodía de ayer un grupo de militares de alto rango, en actividad y retiro, abrió una cuenta en Abitab para financiar la contratación de un bufete de abogados que presenten recursos en los tribunales internacionales de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos contra la ley de Amnistía, que luego de la dictadura benefició a los ex guerrilleros del MLN-T.
En 1985, el gobierno de Julio María Sanguinetti impulsó tres leyes para apoyar la restauración de la democracia: una ley que amnistió a los presos, la ley de Caducidad, y la ley de restitución de derechos para los funcionarios públicos destituidos en dictadura por razones ideológicas.
La movida de los militares procura, a la vez, conseguir el aporte de fondos para colaborar con la defensa del general Miguel Dalmao, procesado co-mo coautor de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, ocurrida en 1974 en una unidad del Ejército.
Fuentes castrenses confiaron a El País que los militares planearon "una contraofensiva" frente a las distintas acciones legales emprendidas en aquellos tribunales internacionales por los grupos que denuncian violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
"andanada".
El procesamiento de Dalmao provocó el enojo de muchos oficiales en actividad. Algunos de ellos estiman que se viene "una andanada" de nuevos procesamientos por hechos de la última dictadura. En tal sentido, esperan que sean afectados unos veinte oficiales.
En ese contexto el malestar del generalato con el comandante del Ejército, Jorge Rosales, se mantiene. "Es un frenteamplista más y trabaja para el gobierno", dijo un alto oficial, que pidió no ser identificado.
Durante la reunión del generalato del martes 9, donde se analizó la situación de Dalmao, los mandos del Ejército pidieron al ministro de Defensa, Luis Rosadilla, que defendiera a la institución militar frente a los "ataques que viene sufriendo", según relató a El País uno de los participantes del encuentro.
En la reunión en el Comando, el ministro se comprometió a hablar con el presidente José Mujica para trasmitir la inquietud de los generales.
Fue entonces cuando hizo un comentario que sorprendió a los presentes, al suponer que Dalmao no era el responsable de la muerte de Sabalsagaray.
"Los que estuvimos presos sabemos que a los alférez no los dejaban ni pisar los calabozos", afirmó el ministro mirando fijo al centro de la mesa. Dalmao era alférez cuando ocurrió la muerte que se le imputa.
CompROMISO.
Por otra parte, el presidente Mujica admitió ayer que hubo un compromiso para recluir a Dalmao en una unidad militar. "Sí señor, lo convine", dijo el presidente.
Como informó El País, el compromiso con el Ejército fue asumido por él y el ministro Rosadilla. Dalmao, sin embargo, fue recluido en el cuartel de Coraceros.
Ayer, durante su visita a Soriano, Mujica reconoció que el incumplimiento del acuerdo se debió a "un problema con lo que dictó el señor juez" de la causa, el magistrado Rolando Vomero.
"Ni dispuse, ni sugerí, ni recomendé nada sobre el lugar de reclusión de ambos oficiales. Los jueces nada disponemos sobre eso. Esas disposiciones son resorte exclusivo del Ministerio del Interior", declaró Vomero a La República, tomando distancia de la decisión.
Vomero desmintió lo dicho por el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, en cuanto a que tanto Dalmao como el coronel retirado José Chialanza (el otro procesado por el homicidio) fueron a Coraceros por "solicitud del juez y una resolución del Ministerio del Interior".
Adicionalmente, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, aseguró que la decisión de recluir a Dalmao en Coraceros fue resuelta "en consulta" con Mujica.
-------
Dalmao: Presidente del Centro Militar no ve pruebas suficientes
Los retirados se sienten afectados por diversas medidas.
Últimas Noticias. 12 11 10.
El coronel Guillermo Cedrez, presidente del Centro Militar, expresó su preocupación por las medidas que afectan a los retirados, desde las dudas planteadas por la Junta Departamental para mantener las exoneraciones a la institución hasta el caso Dalmao.
El procesamiento del general Miguel Dalmao y el coronel (r) José Chialanza por el crimen de Nibia Sabalsagaray, ocurrido en el Batallón de Transmisiones Nº 1 el 29 de junio de 1974, generó fuerte preocupación en el Centro Militar. Cedrez dijo a Ultimas Noticias que siente “mucha pena” porque cree “en la inocencia de ambos”.
Además, Cedrez señaló que le “preocupa para el futuro inmediato que se produzcan este tipo de hechos en los cuales, por haberse encontrado circunstancialmente ambas personas en un lugar donde se supone hubo un homicidio, tampoco probado fehacientemente, sean tildados de coautores del hecho”.
Respecto a la reunión que se iba a realizar entre el Plenario de Instituciones Sociales de las Fuerzas Armadas y los comandantes de las tres fuerzas el día del procesamiento de Dalmao y Chialanza, dijo desconocer “el motivo de la suspensión”. “Pienso que el comandante del Ejército se encontraba muy agobiado de trabajo con los hechos de pública notoriedad”. Su expectativa es que dicho encuentro se produzca “en breve”.
A la medida judicial, se sumó la decisión de la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental de suspender la exoneración del pago de tributos a la institución por primera vez en más de cien años con el argumento de “no impulsar valores democráticos”.
Sin descartar la posibilidad de reunir las firmas de sus socios y presentar una acción de amparo, Cedrez aseguró que “primero se realizarán los trámites correspondientes ante las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM)”, y adelantó que la intendenta Ana Olivera “avaló nuestra solicitud”.
Por otra parte, puntualizó que “no existe ningún argumento sólido como para decir que el Centro no fomenta la democracia, salvo que sea solamente por el hecho de pensar distinto que es justamente una de las virtudes” del actual sistema de gobierno. Además, enfatizó que las tareas culturales que cumple la institución justifican la exoneración y apuntó que los ediles que la cuestionaron “evidentemente no están bien asesorados”.
En ese sentido, indicó que el Centro brinda a sus más de 6.000 socios “clases de inglés, matemáticas, idioma español, historia, geografía, realiza exposiciones pictóricas, reuniones culturales, charlas sobre la salud, charlas de tango. Además tiene una Biblioteca muy completa como pocas instituciones la deben tener y una actividad deportiva muy profusa”.
------
Últimas Noticias. 12 11 10.
El coronel Guillermo Cedrez, presidente del Centro Militar, expresó su preocupación por las medidas que afectan a los retirados, desde las dudas planteadas por la Junta Departamental para mantener las exoneraciones a la institución hasta el caso Dalmao.
El procesamiento del general Miguel Dalmao y el coronel (r) José Chialanza por el crimen de Nibia Sabalsagaray, ocurrido en el Batallón de Transmisiones Nº 1 el 29 de junio de 1974, generó fuerte preocupación en el Centro Militar. Cedrez dijo a Ultimas Noticias que siente “mucha pena” porque cree “en la inocencia de ambos”.
Además, Cedrez señaló que le “preocupa para el futuro inmediato que se produzcan este tipo de hechos en los cuales, por haberse encontrado circunstancialmente ambas personas en un lugar donde se supone hubo un homicidio, tampoco probado fehacientemente, sean tildados de coautores del hecho”.
Respecto a la reunión que se iba a realizar entre el Plenario de Instituciones Sociales de las Fuerzas Armadas y los comandantes de las tres fuerzas el día del procesamiento de Dalmao y Chialanza, dijo desconocer “el motivo de la suspensión”. “Pienso que el comandante del Ejército se encontraba muy agobiado de trabajo con los hechos de pública notoriedad”. Su expectativa es que dicho encuentro se produzca “en breve”.
A la medida judicial, se sumó la decisión de la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental de suspender la exoneración del pago de tributos a la institución por primera vez en más de cien años con el argumento de “no impulsar valores democráticos”.
Sin descartar la posibilidad de reunir las firmas de sus socios y presentar una acción de amparo, Cedrez aseguró que “primero se realizarán los trámites correspondientes ante las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IM)”, y adelantó que la intendenta Ana Olivera “avaló nuestra solicitud”.
Por otra parte, puntualizó que “no existe ningún argumento sólido como para decir que el Centro no fomenta la democracia, salvo que sea solamente por el hecho de pensar distinto que es justamente una de las virtudes” del actual sistema de gobierno. Además, enfatizó que las tareas culturales que cumple la institución justifican la exoneración y apuntó que los ediles que la cuestionaron “evidentemente no están bien asesorados”.
En ese sentido, indicó que el Centro brinda a sus más de 6.000 socios “clases de inglés, matemáticas, idioma español, historia, geografía, realiza exposiciones pictóricas, reuniones culturales, charlas sobre la salud, charlas de tango. Además tiene una Biblioteca muy completa como pocas instituciones la deben tener y una actividad deportiva muy profusa”.
------
Ley de Caducidad: Poder Ejecutivo excluyó otro caso
Muerte del sacerdote salesiano Guarino Moscatelli en 1982
La República. 12 11 10
El Poder Ejecutivo excluyó el expediente judicial por la muerte del sacerdote salesiano Francisco Guarino Moscatelli del amparo de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", ante la existencia de "nuevos elementos de prueba" en la indagatoria penal.
El expediente judicial IUE 93-127/1982, por el cual se investiga la muerte del sacerdote, fue elevado en consulta al Poder Ejecutivo por el juez Penal de 3er. Turno, Sergio Torres, para determinarse si el caso estaba "comprendido o no dentro del supuesto de caducidad de la pretensión punitiva del Estado consagrado en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848".
En este sentido, "atento a que en la actualidad se han incorporado a la causa nuevos elementos de prueba que habilitan la continuación de la investigación, se estima que el hecho no se encuentra comprendido en el artículo 1º de la citada ley", por lo cual el Poder Ejecutivo resolvió devolver los antecedentes al Poder Judicial habilitando la indagatoria. Guarino Moscatelli era un sacerdote salesiano de 50 años, fallecido en el Hospital Maciel el 9 de diciembre de 1982, tras ingresar al nosocomio con "politraumatismos graves". Sin embargo, "sus lesiones y muerte se produjeron en circunstancias nunca aclaradas", según informó el sitio Montevideo Portal.
"Lo único que supimos (es) que se había accidentado y no había sido así. A mí lo que más dolió en el alma fue que la noche del accidente lo dejaron tirado como un perro. Dijeron que había caído de un edificio en Ciudad Vieja", expresó un familiar del sacerdote.
Caso Perrini
El hijo de un hombre muerto por torturas en las entrañas del Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, en dictadura compareció ayer ante la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea, para ratificar la denuncia penal presentada horas antes por el "homicidio político" de su padre.
La jueza y la fiscal tomaron declaración al hijo de Aldo Perrini Guala sobre los pormenores de la detención de su padre, tras lo cual dispusieron la citación de varios de los testigos propuestos en la denuncia. Los testigos prestarán declaración sobre principios y mediados de diciembre. Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia), por personal militar, siendo trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue "brutalmente" torturado.
Su detención se concretó, en el marco de una represión desatada en Carmelo contra opositores políticos, "especialmente contra jóvenes de ideología política de izquierda (...) identificados con el Frente Amplio", según la denuncia presentada por el abogado Oscar López Goldaracena.
Sin embargo, la familia precisó que Perrini "no era militante comunista" como informara ayer LA REPUBLICA, sino "un hombre sin militancia política activa". Asimismo, la familia dejó constancia que la denuncia no se funda en la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad de la Suprema Corte de Justicia, sino que es parte de un proceso de análisis y recopilación de prueba sustanciado desde hace varios meses.
-----
La República. 12 11 10
El Poder Ejecutivo excluyó el expediente judicial por la muerte del sacerdote salesiano Francisco Guarino Moscatelli del amparo de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado", ante la existencia de "nuevos elementos de prueba" en la indagatoria penal.
El expediente judicial IUE 93-127/1982, por el cual se investiga la muerte del sacerdote, fue elevado en consulta al Poder Ejecutivo por el juez Penal de 3er. Turno, Sergio Torres, para determinarse si el caso estaba "comprendido o no dentro del supuesto de caducidad de la pretensión punitiva del Estado consagrado en el artículo 1º de la Ley Nº 15.848".
En este sentido, "atento a que en la actualidad se han incorporado a la causa nuevos elementos de prueba que habilitan la continuación de la investigación, se estima que el hecho no se encuentra comprendido en el artículo 1º de la citada ley", por lo cual el Poder Ejecutivo resolvió devolver los antecedentes al Poder Judicial habilitando la indagatoria. Guarino Moscatelli era un sacerdote salesiano de 50 años, fallecido en el Hospital Maciel el 9 de diciembre de 1982, tras ingresar al nosocomio con "politraumatismos graves". Sin embargo, "sus lesiones y muerte se produjeron en circunstancias nunca aclaradas", según informó el sitio Montevideo Portal.
"Lo único que supimos (es) que se había accidentado y no había sido así. A mí lo que más dolió en el alma fue que la noche del accidente lo dejaron tirado como un perro. Dijeron que había caído de un edificio en Ciudad Vieja", expresó un familiar del sacerdote.
Caso Perrini
El hijo de un hombre muerto por torturas en las entrañas del Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, en dictadura compareció ayer ante la jueza Penal de 7º Turno, Mariana Mota, y la fiscal Ana María Tellechea, para ratificar la denuncia penal presentada horas antes por el "homicidio político" de su padre.
La jueza y la fiscal tomaron declaración al hijo de Aldo Perrini Guala sobre los pormenores de la detención de su padre, tras lo cual dispusieron la citación de varios de los testigos propuestos en la denuncia. Los testigos prestarán declaración sobre principios y mediados de diciembre. Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia), por personal militar, siendo trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue "brutalmente" torturado.
Su detención se concretó, en el marco de una represión desatada en Carmelo contra opositores políticos, "especialmente contra jóvenes de ideología política de izquierda (...) identificados con el Frente Amplio", según la denuncia presentada por el abogado Oscar López Goldaracena.
Sin embargo, la familia precisó que Perrini "no era militante comunista" como informara ayer LA REPUBLICA, sino "un hombre sin militancia política activa". Asimismo, la familia dejó constancia que la denuncia no se funda en la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad de la Suprema Corte de Justicia, sino que es parte de un proceso de análisis y recopilación de prueba sustanciado desde hace varios meses.
-----
¿Por qué y para qué FFAA?
La República. 11 11 10. Por Julio A. Louis (Profesor, ex preso político).
Otra vez la cuestión de las Fuerzas Armadas está en el tapete. Las aspiraciones presupuestales, la prisión del primer general en actividad por coautoría de homicidio muy especialmente agravado, la anulación de la Ley de Caducidad, declaraciones de dos ex presidentes, de seis ex comandantes del Ejército y opiniones que van desde la defensa acérrima de su pasado reciente hasta la propuesta de su eliminación.
Quienes hemos sido víctimas del terrorismo de Estado, quienes supimos de la muerte de seres queridos con el dolor de vernos en campos de concentración, o peor, asesinados o desaparecidos, quienes hemos visto criarse a nuestros hijos en situaciones terribles, no sentimos ninguna simpatía por estas Fuerzas Armadas. Es honesto y legítimo decirlo. Pero la subjetividad inevitable de todo ser humano no debe cegar ni siquiera guiar el pensamiento. Y surgen nítidamente dos cuestiones medulares a resolver. La primera es si se necesitan o no Fuerzas Armadas, lo que implica resolver ¿por qué? y ¿para qué? La segunda es, ¿qué hacemos con estas Fuerzas Armadas?
Consideramos que sí se necesitan. Las razones son sencillas de comprender: asistimos a un sistema capitalista muy enfermo, que se revuelve en la crisis más grave de su historia de crisis, en un mundo multipolar si atendemos al poderío económico de naciones rivales, pero que es unipolar militarmente, donde EEUU detenta la supremacía indiscutible. Y EEUU, para sobrevivir, necesita de la guerra, por recursos naturales que aseguren su subsistencia, como petróleo, agua, etc.
Ha considerado siempre a nuestra América (indo-afro-latina) como su "patio trasero" y no se resigna a la presencia de países gobernados por fuerzas político-sociales dispuestas a la defensa de sus recursos e intereses. Frente a esa potencia armada hasta los dientes y que golpea con saña como lo hace en diversas zonas del mundo- es suicida levantar el pacifismo y reclamar un país sin Fuerzas Armadas. Para evitar la agresión hay que construir confluencias de Estados, como en nuestra América, es Unasur. Costa Rica que en otras condiciones históricas fue ejemplar por la ausencia de Fuerzas Armadas- hoy es un contra-ejemplo, porque en ella no las hay propias, pero sí 7000 soldados estadounidenses.
Hay quienes desde el infanto-izquierdismo pregonan la abolición de las FFAA. Desean una Revolución Socialista (con mayúsculas) pero no valoran la construcción que ensayan Venezuela, Bolivia, Ecuador, a la que se suma Cuba. Por ejemplo, lo expuesto por el general Henry Rangel, responsable del Comando Estratégico Operacional de Venezuela: "El elemento fuerza armada históricamente ha sido utilizado para derrocar gobiernos [...] La fuerza armada nacional no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe. Nos casamos con este proyecto de país".
La oficialidad de las Fuerzas Armadas de Uruguay debe tener lealtad a la plena defensa de la soberanía (aguas, mar territorial, recursos naturales, ¡seres humanos incluidos!). Debe comprender la evolución hacia la conformación de estados supranacionales, para lo cual es urgente analizar la formación teórica. Debe ver a sus compatriotas civiles como iguales, peleando por los mismos objetivos, y no más como "pichis". La sociedad civil -muy en especial, la izquierda- tiene que apostar a esa comprensión. Pero no se borrará el abismo entre las FFAA y el pueblo si ellas persisten en la defensa de su pasado terrorista.
Cuando el presidente Bush fundamenta la necesidad de la tortura, sería bueno que quienes practicaron esta metodología aprendida en la Escuela de las Américas, y asesinaron a seres indefensos, no siguieran defendiendo su pasado de alcahuetes del imperialismo norteamericano y de asesinos de su pueblo.
Para que se confluya en un abrazo prolongado entre las FFAA y el pueblo, tendrán que limpiarse de la sangre derramada. Y eso no es venganza. Venganza sería formar tribunales con figuras del estilo de Silva Ledesma. Venganza sería torturar a los Gavazzo y Silveira. Venganza sería violar a sus mujeres en su presencia.
No es tampoco venganza, que los futuros militares se eduquen en los mismos liceos que los civiles y aprendan a amar de cerca a su gente. Cuando Mujica ensaya una aproximación con estas FFAA apunta a un objetivo estratégico, aunque mal formulado, porque no habrá auténtico acercamiento sin limpiar sus filas de asesinos, ladrones y cómplices.
Los jefes militares (retirados y en ejercicio) debieran dar el ejemplo opuesto a defender a los participantes del crimen de Berríos, o de darles "cárcel" de lujo a quienes no lo merecen. O debieran aprender de Chifflet a renunciar a sus cargos, abriendo camino a las nuevas generaciones, que deben ser capacitadas para ese giro radical.
--------
Otra vez la cuestión de las Fuerzas Armadas está en el tapete. Las aspiraciones presupuestales, la prisión del primer general en actividad por coautoría de homicidio muy especialmente agravado, la anulación de la Ley de Caducidad, declaraciones de dos ex presidentes, de seis ex comandantes del Ejército y opiniones que van desde la defensa acérrima de su pasado reciente hasta la propuesta de su eliminación.
Quienes hemos sido víctimas del terrorismo de Estado, quienes supimos de la muerte de seres queridos con el dolor de vernos en campos de concentración, o peor, asesinados o desaparecidos, quienes hemos visto criarse a nuestros hijos en situaciones terribles, no sentimos ninguna simpatía por estas Fuerzas Armadas. Es honesto y legítimo decirlo. Pero la subjetividad inevitable de todo ser humano no debe cegar ni siquiera guiar el pensamiento. Y surgen nítidamente dos cuestiones medulares a resolver. La primera es si se necesitan o no Fuerzas Armadas, lo que implica resolver ¿por qué? y ¿para qué? La segunda es, ¿qué hacemos con estas Fuerzas Armadas?
Consideramos que sí se necesitan. Las razones son sencillas de comprender: asistimos a un sistema capitalista muy enfermo, que se revuelve en la crisis más grave de su historia de crisis, en un mundo multipolar si atendemos al poderío económico de naciones rivales, pero que es unipolar militarmente, donde EEUU detenta la supremacía indiscutible. Y EEUU, para sobrevivir, necesita de la guerra, por recursos naturales que aseguren su subsistencia, como petróleo, agua, etc.
Ha considerado siempre a nuestra América (indo-afro-latina) como su "patio trasero" y no se resigna a la presencia de países gobernados por fuerzas político-sociales dispuestas a la defensa de sus recursos e intereses. Frente a esa potencia armada hasta los dientes y que golpea con saña como lo hace en diversas zonas del mundo- es suicida levantar el pacifismo y reclamar un país sin Fuerzas Armadas. Para evitar la agresión hay que construir confluencias de Estados, como en nuestra América, es Unasur. Costa Rica que en otras condiciones históricas fue ejemplar por la ausencia de Fuerzas Armadas- hoy es un contra-ejemplo, porque en ella no las hay propias, pero sí 7000 soldados estadounidenses.
Hay quienes desde el infanto-izquierdismo pregonan la abolición de las FFAA. Desean una Revolución Socialista (con mayúsculas) pero no valoran la construcción que ensayan Venezuela, Bolivia, Ecuador, a la que se suma Cuba. Por ejemplo, lo expuesto por el general Henry Rangel, responsable del Comando Estratégico Operacional de Venezuela: "El elemento fuerza armada históricamente ha sido utilizado para derrocar gobiernos [...] La fuerza armada nacional no tiene lealtades a medias sino completas hacia un pueblo, un proyecto de vida y un comandante en jefe. Nos casamos con este proyecto de país".
La oficialidad de las Fuerzas Armadas de Uruguay debe tener lealtad a la plena defensa de la soberanía (aguas, mar territorial, recursos naturales, ¡seres humanos incluidos!). Debe comprender la evolución hacia la conformación de estados supranacionales, para lo cual es urgente analizar la formación teórica. Debe ver a sus compatriotas civiles como iguales, peleando por los mismos objetivos, y no más como "pichis". La sociedad civil -muy en especial, la izquierda- tiene que apostar a esa comprensión. Pero no se borrará el abismo entre las FFAA y el pueblo si ellas persisten en la defensa de su pasado terrorista.
Cuando el presidente Bush fundamenta la necesidad de la tortura, sería bueno que quienes practicaron esta metodología aprendida en la Escuela de las Américas, y asesinaron a seres indefensos, no siguieran defendiendo su pasado de alcahuetes del imperialismo norteamericano y de asesinos de su pueblo.
Para que se confluya en un abrazo prolongado entre las FFAA y el pueblo, tendrán que limpiarse de la sangre derramada. Y eso no es venganza. Venganza sería formar tribunales con figuras del estilo de Silva Ledesma. Venganza sería torturar a los Gavazzo y Silveira. Venganza sería violar a sus mujeres en su presencia.
No es tampoco venganza, que los futuros militares se eduquen en los mismos liceos que los civiles y aprendan a amar de cerca a su gente. Cuando Mujica ensaya una aproximación con estas FFAA apunta a un objetivo estratégico, aunque mal formulado, porque no habrá auténtico acercamiento sin limpiar sus filas de asesinos, ladrones y cómplices.
Los jefes militares (retirados y en ejercicio) debieran dar el ejemplo opuesto a defender a los participantes del crimen de Berríos, o de darles "cárcel" de lujo a quienes no lo merecen. O debieran aprender de Chifflet a renunciar a sus cargos, abriendo camino a las nuevas generaciones, que deben ser capacitadas para ese giro radical.
--------
El Estado uruguayo asumirá su responsabilidad en caso Gelman
Reivindicará Comisión para la Paz
La República. 11 11 10.
Uruguay no desarrollará ninguna acción que apunte a deslindar su responsabilidad en la desaparición de María Claudia García de Gelman en las audiencias de la OEA del 15 y 16 próximos y se hará responsable. Se dirá que la Comisión para la Paz fue el primer órgano para el hallazgo de desaparecidos.
El Estado uruguayo se reconocerá responsable directo en los delitos perpetrados y caratulados como de lesa humanidad durante la dictadura militar, cuando se reúna la Comisión de Derechos Humanos de la OEA y se lleven a cabo las audiencias del lunes 15 y martes 16 próximos en el marco del juicio iniciado por la familia Gelman contra el país.
Altas fuentes de la cancillería consultadas anoche por este diario y que solicitaron el anonimato, señalaron además que no habrá de aplicarse "ninguna táctica jurídica" que siquiera "roce con la intención de no proceder a reconocer la responsabilidad del Estado" en las violaciones a los Derechos Humanos y en la práctica del terrorismo de Estado y sobre la razón que asiste a los demandantes "en sus puntuales reclamos".
Uruguay, que estará representado en las dos audiencias de la semana próxima por los funcionarios Carlos Mata y Amelia Bastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, informará sobre los pasos dados en materia de Derechos Humanos por el país y se remitirá, como primera medida al respecto, a la instalación de la Comisión para la Paz; órgano estatal promovido en el mes de agosto de 2000, por el entonces presidente Jorge Batlle.
Precisamente fue la Comisión para la Paz la que oficialmente recibió como primero el expediente del caso Gelman tras el anuncio hecho por el presidente Batlle apenas asumió, de que Macarena, la hija de María Claudia García de Gelman, había sido ubicada en Uruguay.
Julio María Sanguinetti, antecesor de Batlle, dijo días antes que "no está en las manos de nadie la capacidad milagrosa de dar una respuesta a la demanda del escritor (Juan Gelman), cuando no aparece nueva evidencia alguna y los hechos ocurrieron en Argentina y fueron protagonizados por argentinos".
Los delegados uruguayos en las audiencias del lunes y martes próximos aludirán también en la defensa sobre el contenido del discurso realizado por Tabaré Vázquez el 1º de marzo de 2005, apenas asumida la presidencia. Allí anunció que el caso de la desaparición de María Claudia García quedaba fuera del alcance de la Ley de Caducidad, como así también de otros casos de detenidos desaparecidos igualmente excluidos de la Ley.
Acerca de la Ley de Caducidad, Uruguay informará a la Comisión de DDHH que la norma fue puesta a consideración de la ciudadanía en un plebiscito y en un referéndum y que en ambas instancias obtuvo el resultado sabido. Además se ilustrará con que una ley interpretativa de la Ley de Caducidad tiene media sanción legislativa y que actualmente está siendo analizada por la bancada de senadores del partido de gobierno.
Los delegados uruguayos explicarán que la Suprema Corte de Justicia ya se expidió en más de una oportunidad en el carácter inconstitucional de la ley de Caducidad y se dejará en claro que "Uruguay defiende la separación de los Poderes del Estado" y que nuestro país "posee una rica historia en la defensa de los derechos humanos y en el respeto del derecho internacional".
También se ilustrará en estas audiencias sobre la vigencia de leyes ya promulgadas que contemplan la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado "y fundamentalmente la ley 18.596" aprobada el 18 de setiembre de 2009 y que repara integralmente a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado, en el período comprendido entre el 13/06/1968 y el 28/02/85.
La familia Gelman, la parte demandante, reclamará determinar el paradero de María Claudia García de Gelman, el hallazgo de sus restos, el reconocimiento en un acto público de la responsabilidad que le cabe al Estado uruguayo sobre su destino, la colocación de una placa recordatoria en el lugar donde se encuentren sus restos, la confección de un protocolo oficial para la búsqueda y hallazgo de personas desaparecidas y hacer frente a todos los gastos que el trámite judicial internacional demande.
-----
jueves, 11 de noviembre de 2010
¿Qué esconde Sanguinetti, el campeón de la impunidad?
El Popular 5 11 10. Por Gabriel Mazzarovich
El debate sobre la vigencia o anulación de la Ley de Impunidad tiene múltiples aristas todas ellas trascendentes pero hay una que expresa la verdadera dimensión de lo que está en discusión: la cerrada defensa de la impunidad de Julio María Sanguinetti.
Este enfoque no pretende quitar importancia al accionar y efectos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al debate político-jurídico sobre la predominancia o no de los derechos humanos universales, a la relevancia de la legislación internacional, al papel y alcance de la democracia directa y a las diferencias internas en la izquierda.
Sin embargo, la postura ultramontana de Sanguinetti, ofrece pistas sobre la profundidad de lo que está en discusión y el papel que la impunidad tiene en la estructura y estrategia de poder de la derecha en nuestro país, y no en el presente, hace más de 40 años.
En medio de un debate complejo, Sanguinetti, acompañado por Jorge Batlle salieron a la palestra con una carta defendiendo la impunidad y alertando, una vez más, sobre los riesgos “para la democracia” de intentar borrarla.
En uno de sus pasajes centrales la carta dice: "Los firmantes, ex Presidentes de la República por el Partido Colorado, responsables por quince de los veinticinco años de gobierno democrático que sucedieron a la apertura de 1985, nos sentimos en la obligación ciudadana de hacer un llamado a la conciencia cívica de la República.
En tal virtud, expresamos que la paz que el país goza y el libre ejercicio de los derechos que poseen los ciudadanos se han asentado en el respeto a una institucionalidad que mucho costó recuperar luego de años de violencia política y dictadura.
Ya no tiene sentido seguir discutiendo la ley. Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista”.
Es exactamente el mismo argumento esgrimido desde hace décadas para defender la impunidad: el miedo, la amenaza, el cuco.
Sanguinetti es una figura central de la derecha uruguaya desde 1963 cuando fue electo diputado. Fue ministro de Industria de Pacheco Areco y de Educación de Bordaberry. Dos veces presidente y senador. Fue el factotum de la Ley de Educación que comenzó un proceso autoritario y de degradación.
En la carta se habla de “violencia política”. Durante su gestión como ministro de Educación se produjo la ola de atentados fascistas contra la enseñanza más grave que recuerde el Uruguay. En una nota de Roger Rodríguez se recuerda que “entre abril y agosto de 1972 se concretaron 230 atentados de corte derechista contra liceos, facultades y comités de base del Frente Amplio, donde se dejaron pintadas consignas como "Viva Pacheco, Hitler volverá", firmados por la MNG (Movimiento Nueva Generación), el CREI (Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes) y la JUP (Juventud Uruguaya de Pie)”.
También durante su gestión como ministro fueron asesinados los 8 obreros comunistas en la Seccional 20º y Rodríguez Muela en el Liceo 8. ¿Será a esa violencia política que se refiere Sanguinetti?.
Mal puede hablar Sanguinetti de respetar la voluntad soberana del pueblo, cuando él nunca recurrió a ella, muy por el contrario hizo todo lo posible para evitar que se pronunciara.
Sanguinetti, como expresión de la derecha política, fue el principal impulsor y también el principal beneficiario político de la impunidad. La impunidad fue, es y será, una pieza clave en la estrategia de poder de la derecha y el principal responsable de la vigencia de la impunidad es el Partido Colorado.
Sanguinetti amparó y alentó al Comandante en Jefe del Ejército, teniente general Medina, cuando guardó las citaciones de la justicia en un cofre y desató la crisis institucional que terminó en la aprobación de la Ley de Caducidad.
Sanguinetti no eligió el camino de fortalecer la democracia, entre gallos y mediasnoches presionó para que se consagrara la impunidad.
Después desde el gobierno hizo todo lo que pudo para impedir el Referéndum, anulando miles de firmas, sancionando a los militares que se salieron del redil y firmaron, desatando una campaña de miedo y hasta censurando el spot de Sara Méndez en complicidad con los grandes medios.
Sanguinetti luego llevó al paroxismo la aplicación de la Ley, cerrando cualquier resquicio de investigación. Amparó en la Ley todas las denuncias y casos y bloqueó por todos los caminos la acción de la Justicia, incluyendo por ejemplo el asesinato de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Pero fue más allá, Sanguinetti ascendió a coronel a Jorge Pajarito Silveira y después lo designó Asesor del Comandante en Jefe del Ejército, ¿ignoraba de quién se trataba?, por supuesto que no.
Otro connotado represor acusado del asesinato de María Claudia Irureta Goyena de Gelman y de Alvaro Balbi, entre otros, Ricardo “Conejo” Medina, fue asesor de uno de los senadores colorados con más poder durante el gobierno de Sanguinetti, Pablo Millor.
Sanguinetti llegó a decir, tres días antes, de que se revelará la identidad de Macarena Gelman: “En Uruguay no hay niños desparecidos”.
La vida y la lucha sin desmayos, contra la concepción de Sanguinetti, han posibilitado abrir espacios de verdad y también de justicia, todos esos espacios fueron conquistados contra la posición de Sanguinetti, que siempre estuvo del lado de la mentira y el ocultamiento.
Sanguinetti fue el ideólogo, gestor y beneficiario de una “transición” que llevó a que factores de poder antidemocráticos y conservadores conservaran toda su vigencia.
La impunidad, que defiende Sanguinetti, ampara a torturadores, secuestradores de niños, violadores y asesinos. Pero también ampara los robos, desfalcos, secuestros extorsivos y maniobras económicas varias que se realizaron, de las cuales la compra de carteras de 1982 y el Operativo Conserva, son solo dos muestras.
A esta altura de los acontecimientos caben las preguntas: ¿Qué sabe Sanguinetti? ¿Qué quiere que permanezca escondido? ¿Su defensa ultramontana de la impunidad es solo por un convencimiento ideológico?
Cuando el debate se centra en fórmulas jurídicas y en diferencias políticas actuales, conviene recordar la totalidad del bosque, para no perderse en los árboles.
Terminar con la impunidad, es esencialmente una batalla por la libertad, por terminar con una transición que sirvió como estrategia conservadora de poder y que no puede ser eterna.
Terminar con la impunidad, más allá del juzgamiento de los responsables de los peores crímenes de la historia del Uruguay, es una batalla democrática, por la libertad plena.
¿De que lado está el doctor Sanguinetti?.
---------
El debate sobre la vigencia o anulación de la Ley de Impunidad tiene múltiples aristas todas ellas trascendentes pero hay una que expresa la verdadera dimensión de lo que está en discusión: la cerrada defensa de la impunidad de Julio María Sanguinetti.
Este enfoque no pretende quitar importancia al accionar y efectos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al debate político-jurídico sobre la predominancia o no de los derechos humanos universales, a la relevancia de la legislación internacional, al papel y alcance de la democracia directa y a las diferencias internas en la izquierda.
Sin embargo, la postura ultramontana de Sanguinetti, ofrece pistas sobre la profundidad de lo que está en discusión y el papel que la impunidad tiene en la estructura y estrategia de poder de la derecha en nuestro país, y no en el presente, hace más de 40 años.
En medio de un debate complejo, Sanguinetti, acompañado por Jorge Batlle salieron a la palestra con una carta defendiendo la impunidad y alertando, una vez más, sobre los riesgos “para la democracia” de intentar borrarla.
En uno de sus pasajes centrales la carta dice: "Los firmantes, ex Presidentes de la República por el Partido Colorado, responsables por quince de los veinticinco años de gobierno democrático que sucedieron a la apertura de 1985, nos sentimos en la obligación ciudadana de hacer un llamado a la conciencia cívica de la República.
En tal virtud, expresamos que la paz que el país goza y el libre ejercicio de los derechos que poseen los ciudadanos se han asentado en el respeto a una institucionalidad que mucho costó recuperar luego de años de violencia política y dictadura.
Ya no tiene sentido seguir discutiendo la ley. Alertamos al país sobre un paso que degradaría la tradición republicana de subordinación al Estado de Derecho que el Uruguay ha forjado desde la gesta artiguista”.
Es exactamente el mismo argumento esgrimido desde hace décadas para defender la impunidad: el miedo, la amenaza, el cuco.
Sanguinetti es una figura central de la derecha uruguaya desde 1963 cuando fue electo diputado. Fue ministro de Industria de Pacheco Areco y de Educación de Bordaberry. Dos veces presidente y senador. Fue el factotum de la Ley de Educación que comenzó un proceso autoritario y de degradación.
En la carta se habla de “violencia política”. Durante su gestión como ministro de Educación se produjo la ola de atentados fascistas contra la enseñanza más grave que recuerde el Uruguay. En una nota de Roger Rodríguez se recuerda que “entre abril y agosto de 1972 se concretaron 230 atentados de corte derechista contra liceos, facultades y comités de base del Frente Amplio, donde se dejaron pintadas consignas como "Viva Pacheco, Hitler volverá", firmados por la MNG (Movimiento Nueva Generación), el CREI (Coalición Renovadora de Estudiantes Independientes) y la JUP (Juventud Uruguaya de Pie)”.
También durante su gestión como ministro fueron asesinados los 8 obreros comunistas en la Seccional 20º y Rodríguez Muela en el Liceo 8. ¿Será a esa violencia política que se refiere Sanguinetti?.
Mal puede hablar Sanguinetti de respetar la voluntad soberana del pueblo, cuando él nunca recurrió a ella, muy por el contrario hizo todo lo posible para evitar que se pronunciara.
Sanguinetti, como expresión de la derecha política, fue el principal impulsor y también el principal beneficiario político de la impunidad. La impunidad fue, es y será, una pieza clave en la estrategia de poder de la derecha y el principal responsable de la vigencia de la impunidad es el Partido Colorado.
Sanguinetti amparó y alentó al Comandante en Jefe del Ejército, teniente general Medina, cuando guardó las citaciones de la justicia en un cofre y desató la crisis institucional que terminó en la aprobación de la Ley de Caducidad.
Sanguinetti no eligió el camino de fortalecer la democracia, entre gallos y mediasnoches presionó para que se consagrara la impunidad.
Después desde el gobierno hizo todo lo que pudo para impedir el Referéndum, anulando miles de firmas, sancionando a los militares que se salieron del redil y firmaron, desatando una campaña de miedo y hasta censurando el spot de Sara Méndez en complicidad con los grandes medios.
Sanguinetti luego llevó al paroxismo la aplicación de la Ley, cerrando cualquier resquicio de investigación. Amparó en la Ley todas las denuncias y casos y bloqueó por todos los caminos la acción de la Justicia, incluyendo por ejemplo el asesinato de Zelmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Pero fue más allá, Sanguinetti ascendió a coronel a Jorge Pajarito Silveira y después lo designó Asesor del Comandante en Jefe del Ejército, ¿ignoraba de quién se trataba?, por supuesto que no.
Otro connotado represor acusado del asesinato de María Claudia Irureta Goyena de Gelman y de Alvaro Balbi, entre otros, Ricardo “Conejo” Medina, fue asesor de uno de los senadores colorados con más poder durante el gobierno de Sanguinetti, Pablo Millor.
Sanguinetti llegó a decir, tres días antes, de que se revelará la identidad de Macarena Gelman: “En Uruguay no hay niños desparecidos”.
La vida y la lucha sin desmayos, contra la concepción de Sanguinetti, han posibilitado abrir espacios de verdad y también de justicia, todos esos espacios fueron conquistados contra la posición de Sanguinetti, que siempre estuvo del lado de la mentira y el ocultamiento.
Sanguinetti fue el ideólogo, gestor y beneficiario de una “transición” que llevó a que factores de poder antidemocráticos y conservadores conservaran toda su vigencia.
La impunidad, que defiende Sanguinetti, ampara a torturadores, secuestradores de niños, violadores y asesinos. Pero también ampara los robos, desfalcos, secuestros extorsivos y maniobras económicas varias que se realizaron, de las cuales la compra de carteras de 1982 y el Operativo Conserva, son solo dos muestras.
A esta altura de los acontecimientos caben las preguntas: ¿Qué sabe Sanguinetti? ¿Qué quiere que permanezca escondido? ¿Su defensa ultramontana de la impunidad es solo por un convencimiento ideológico?
Cuando el debate se centra en fórmulas jurídicas y en diferencias políticas actuales, conviene recordar la totalidad del bosque, para no perderse en los árboles.
Terminar con la impunidad, es esencialmente una batalla por la libertad, por terminar con una transición que sirvió como estrategia conservadora de poder y que no puede ser eterna.
Terminar con la impunidad, más allá del juzgamiento de los responsables de los peores crímenes de la historia del Uruguay, es una batalla democrática, por la libertad plena.
¿De que lado está el doctor Sanguinetti?.
---------
Acción penal. Familia del comunista Aldo Perrini Guala se presenta hoy ante la Justicia
Caducidad: fallo de la SCJ activó nueva denuncia por violación a DDHH en 1974. La declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en la causa "Organización de Derechos Humanos" tendrá hoy su primer efecto.
La República. 11 11 10
La familia de un militante comunista, Aldo Perrini Guala, muerto por torturas en las entrañas del Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, en 1974, interpondrá una denuncia penal por el crimen.
La denuncia será presentada ante la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, en virtud de su "conexión con los hechos" investigados en la causa caratulada "Organización de Derechos Humanos", sobre el cual recayera sentencia de inconstitucionalidad de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado para los cuales la Ley de Caducidad fue declarada "inconstitucional e inaplicable", ante lo cual se habilitó la investigación de la totalidad de los responsables en el crimen, recuerda la denuncia elaborada por el abogado Oscar López Goldaracena.
Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia), por personal militar, siendo trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue "brutalmente" torturado. La detención de Perrini se concretó en el marco de una represión desatada en Carmelo contra opositores políticos, "especialmente contra jóvenes de ideología política de izquierda (...) identificados con el Frente Amplio".
"Todos los detenidos fueron encapuchados, esposados y brutalmente torturados mediante la práctica sistemática de la época: picana eléctrica, submarino mojado en tacho; potro o caballete; plantones y amenaza psicológica permanente". Testigos afirman que los torturadores "se ensañaron particularmente" con Perrini, hasta ocasionarle la muerte.
En este sentido, la muerte por torturas de Perrini pretendió ser ocultada, para lo cual un médico militar firmó un certificado asegurando que había ingresado "herido" al Batallón, siendo el cuerpo sin vida derivado al Hospital Militar, donde no se permitió su ingreso, recuerda la denuncia.
El cuerpo fue entregado a su familia el 4 de marzo de 1974, con un certificado de defunción donde señalaba muerte por "edema agudo de pulmón", aunque más adelante en respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso 2524), el gobierno dictatorial explicó su muerte por "edema agudo de pulmón y stress". El abogado denunciante afirma que la muerte pudo ser provocada a causa de la aplicación del "submarino".
En este aspecto, la familia de Perrini solicita investigar la posible participación de médicos militares en las sesiones de tortura desarrolladas en las entrañas del Batallón de Infantería Nº 4, por cuanto varios testigos afirman que los galenos supervisaban las mismas. La muerte se produjo cuando el jefe de la unidad militar era el general Boscan Hontou, ex comandante en jefe del Ejército en dictadura, hoy fallecido.
"La muerte de Aldo Perrini fue un homicidio político por torturas que, como se verá, califica de crimen de lesa humanidad y deberá ser indagada y determinadas las responsabilidades penales de sus autores, coautores y cómplices", por cuanto son de juzgamiento "necesario y obligatorio" para el Estado uruguayo. En este sentido, la familia reclama el "cumplimiento del derecho humano a un real y efectivo acceso a la justicia".
La denuncia promueve la citación de una decena de testigos, en su mayoría ex presos políticos, y la identificación y citación de una decena de militares activos en dicha unidad militar en 1974, así como de los tres médicos militares cuyas firmas aparecen en los certificados o autopsias elaboradas tras la muerte de Perrini. Asimismo, el escrito solicita una inspección judicial en el Batallón de Infantería Nº 4.
-------
La República. 11 11 10
La familia de un militante comunista, Aldo Perrini Guala, muerto por torturas en las entrañas del Batallón de Infantería Nº 4 de Colonia, en 1974, interpondrá una denuncia penal por el crimen.
La denuncia será presentada ante la jueza penal de 7º Turno, Mariana Mota, en virtud de su "conexión con los hechos" investigados en la causa caratulada "Organización de Derechos Humanos", sobre el cual recayera sentencia de inconstitucionalidad de la Ley Nº 15.848, "Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado".
El caso de Aldo Perrini fue uno de los 19 crímenes perpetrados por el aparato represivo del Estado para los cuales la Ley de Caducidad fue declarada "inconstitucional e inaplicable", ante lo cual se habilitó la investigación de la totalidad de los responsables en el crimen, recuerda la denuncia elaborada por el abogado Oscar López Goldaracena.
Perrini fue detenido el 26 de febrero de 1974 en su domicilio de la localidad de Carmelo (Colonia), por personal militar, siendo trasladado al Batallón de Infantería Nº 4, donde fue "brutalmente" torturado. La detención de Perrini se concretó en el marco de una represión desatada en Carmelo contra opositores políticos, "especialmente contra jóvenes de ideología política de izquierda (...) identificados con el Frente Amplio".
"Todos los detenidos fueron encapuchados, esposados y brutalmente torturados mediante la práctica sistemática de la época: picana eléctrica, submarino mojado en tacho; potro o caballete; plantones y amenaza psicológica permanente". Testigos afirman que los torturadores "se ensañaron particularmente" con Perrini, hasta ocasionarle la muerte.
En este sentido, la muerte por torturas de Perrini pretendió ser ocultada, para lo cual un médico militar firmó un certificado asegurando que había ingresado "herido" al Batallón, siendo el cuerpo sin vida derivado al Hospital Militar, donde no se permitió su ingreso, recuerda la denuncia.
El cuerpo fue entregado a su familia el 4 de marzo de 1974, con un certificado de defunción donde señalaba muerte por "edema agudo de pulmón", aunque más adelante en respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (caso 2524), el gobierno dictatorial explicó su muerte por "edema agudo de pulmón y stress". El abogado denunciante afirma que la muerte pudo ser provocada a causa de la aplicación del "submarino".
En este aspecto, la familia de Perrini solicita investigar la posible participación de médicos militares en las sesiones de tortura desarrolladas en las entrañas del Batallón de Infantería Nº 4, por cuanto varios testigos afirman que los galenos supervisaban las mismas. La muerte se produjo cuando el jefe de la unidad militar era el general Boscan Hontou, ex comandante en jefe del Ejército en dictadura, hoy fallecido.
"La muerte de Aldo Perrini fue un homicidio político por torturas que, como se verá, califica de crimen de lesa humanidad y deberá ser indagada y determinadas las responsabilidades penales de sus autores, coautores y cómplices", por cuanto son de juzgamiento "necesario y obligatorio" para el Estado uruguayo. En este sentido, la familia reclama el "cumplimiento del derecho humano a un real y efectivo acceso a la justicia".
La denuncia promueve la citación de una decena de testigos, en su mayoría ex presos políticos, y la identificación y citación de una decena de militares activos en dicha unidad militar en 1974, así como de los tres médicos militares cuyas firmas aparecen en los certificados o autopsias elaboradas tras la muerte de Perrini. Asimismo, el escrito solicita una inspección judicial en el Batallón de Infantería Nº 4.
-------
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
8 12 12
8 12 12
8 12 12
8 12 12
8 12 12
8 12 12
8 12 12
8 12 12
8 12 12
8 12 12
8 12 12
8 12 12
Día del Liberad@
Club Bohemios. 14 de marzo 2010
Ministro de Educación y Cultura, Dr. Ricardo Ehrlich
Visita a nuestra sede social
Conferencia de Prensa en Crysol
Anunciando celebración del Día del Liberad@
Salsipuedes
Abril de 2010
Vocal
Chela Fontora
Vicepresidente
Baldemar Taroco
Tesorero
Carlos "Tito" Lopéz
Secretario
Enrique Chalar
Presidente
Gastón Grisoni