El pasado sábado Tomás Lynn dedicó su columna semanal
a cuestionar a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Puso en
evidencia un enorme desconocimiento en la materia. Grosero, dijera Alberto
Kesman.
Madres y Familiares ofició de portavoz de un conjunto
de organizaciones sociales, más de un centenar, que cuestionan la actuación que
los partidos políticos que integran la coalición gubernamental vienen llevando
a cabo a la hora de renovar las autoridades del Consejo Directivo de la INDDHH.
El cuestionamiento se dirige, entonces, a ese centenar de organizaciones.
El lunes 1º de agosto, antes de comenzar la sesión de
la Asamblea General, las organizaciones sociales procedieron a dar a conocer
una declaración conjunta explicitando su malestar con el proceso de selección y
designación de los próximos directivos de la institución. Elena Zaffaroni, de
Madres y Familiares, hizo de vocera de ese colectivo leyendo una declaración,
junto con Adriana Vaselli de Serpaj, aunque el matutino El País no lo
específicó.
Expresar puntos de vista sin conocimiento de causa,
sin conocer la Ley 18 446, como lo hizo Tomás Lynn, lo dejó en falsa escuadra y
siendo parte del coro reaccionario que viene arremetiendo en manada contra el
organismo que fuera creado en el año 2008 y comenzara a funcionar efectivamente
en el año 2012.
La INDDHH mejoró la calidad de
la democracia
El órgano de prensa que cobija a Tomás Lynn considera
que la Institución es un organismo innecesario, costoso, ineficiente y que
superpone su accionar con el de otros órganos del Estado. No es cierto. Inspirada
en los Principios de París de las Naciones Unidas, la INDDHH es un órgano no
jurisdiccional, distinto al judicial, con procedimientos diferentes, para la
promoción y, fundamentalmente, para la protección de los derechos humanos de
las personas. Es una instancia adicional diferente para mejorar la vida de los
ciudadanos frente a los potenciales abusos de poder de los funcionarios
estatales.
La creación de la INDDHH durante el primer gobierno
del Dr. Tabaré Vázquez, luego de un enorme esfuerzo multipartidario, fue un avance institucional, significó una mejora
sustantiva de la calidad democrática. Los derechos humanos pasaron a ser un
punto específico en las preocupaciones del Estado, destinado a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Vale la pena recordar que en el grupo de trabajo que
elaboró el proyecto de ley con el auspicio de la Alta Comisionada para los
derechos humanos de la ONU en aquel momento Louise Arbour, estuvo integrado por
la actual vicepresidenta de la República Beatriz Argimón, Gustavo Espinoza del
Partido Colorado, Iván Posada del Partido Independiente, Margarita Percovich y
Daniela Payssé del Frente Amplio, con la coordinación del Dr. Oscar López Goldaracena.
Los sectores sociales con los cuales El País se siente
identificado y santifica, los malla oro
según la terminología presidencial, desdeñan las normas de DDHH, no las
reconocen y cuando sienten que sus intereses están amenazados o perjudicados recurren
a estudios jurídicos de primer nivel o, en último caso, de acuerdo a las
circunstancias, a golpes de Estado como ocurrió en nuestro país hace casi 50
años.
Respetar la letra y el espíritu
de la Ley 18 446
En última instancia, lo que las organizaciones
sociales reclaman es que se cumpla a cabalidad con la letra y el espíritu de la
ley que creó la Institución Nacional de DDHH. No se pretende designar a los
próximos integrantes del Consejo Directivo. Esa demanda corre por cuenta del columnista. Se reclama,
legítimamente, que la selección de los mismos se lleve a cabo de acuerdo a las
disposiciones legales vigentes, tanto en
lo que tiene que ver con quienes están en condiciones de proponerlos como en lo
referido a la idoneidad de los mismos, sus orígenes y representatividad,
teniendo muy presente que es recomendable que algunos de ellos aseguren la
continuidad histórica de la gestión.
El Artículo 36 estipula muy claramente que en su
integración se procurará asegurar la representación pluralista de las fuerzas
sociales de la sociedad civil interesadas en la promoción y protección de los
derechos humanos, conforme a los principios de equidad de género y no
discriminación.
Los parlamentarios deben elegir soberanamente en
función de asegurar la representación de
fuerzas y organizaciones sociales interesadas en la promoción de las normas de
derechos humanos. No deben limitarse a elegir personalidades con experiencia,
formación y conocimiento, sino a representantes de organizaciones sociales de
una manera plural con diferentes sensibilidades temáticas.
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Opinando N° 15 – Año 11 – Martes 9 de agosto de 2022
