Denuncian
que el pedido de procesamiento de Jorge Gundelzoph continúa sin resolución
judicial
La
Diaria - 8 de enero de 2020 | Política
nacional | Foto: Andrés Cuenca
Las
causas en actividad son 160 y, de estas, 20 son pedidos de procesamiento
pendientes.
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| Ricardo Perciballe (archivo, diciembre de 2018). |
“¿Vos sos masoquista?
Decí, ¿te gusta que te destrocen, que te golpeen, que te maten? ¿Por qué no
hablás? Y súbitamente, entre golpes y desaforados aullidos, caía y comenzaban
las habituales ‘orgías’ de los señores”, narraba el ex senador José Germán
Araujo el testimonio de Ofelia Fernández, militante de la Unidad de Jóvenes
Comunistas (UJC), en el Parlamento del 2 de julio de 1985. Ese día presentaba
un informe con los relatos de distintas víctimas de tortura, en manos, entre
otros, de Jorge Gundelzoph, alias el Charleta.
Gundelzoph es uno de los
60 indagados con pedidos de procesamiento por delitos de lesa humanidad (según
datos del Observatorio Luz Ibarburu, OLI).
De estos 60, sólo siete ya han sido
procesados o condenados por otras causas. El martes, una carta del actor Iván
Solarich, publicada en Uypress, reavivó lo que viene aconteciendo desde hace
años: la libre circulación de quienes han recibido denuncias por torturas,
violaciones, desapariciones forzadas y un largo etcétera, durante el terrorismo
de Estado.
En la carta dirigida al
presidente electo Luis Lacalle Pou, se muestra a Gundelzoph en una playa de
Punta del Este, y se pide expresamente “que sus hijos y el mío, nuestros hijos,
no tengan que transitar la misma vereda que los responsables de tamañas
monstruosidades”.
Ricardo Perciballe, el
fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, afirmó a la diaria que
Gundelzoph “circula por el país porque está a la espera de la resolución
judicial, lo único que se puede hacer con respecto a eso es cerrar las
fronteras, pero en el país puede moverse tranquilamente, como tantos otros”.
Perciballe sostuvo además que las causas que hoy están en actividad son 160 y,
de estas, 20 son pedidos de procesamiento pendientes. Las 140 causas restantes
están en presumario; en etapa de investigación pero “sin una solicitud fiscal
ni por archivo ni por pedido de procesamiento”.
Según datos proporcionados
por el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Unidad 8 -Domingo Arena-,
destinada para aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, alberga en la
actualidad únicamente a 14 hombres.
Lo
puntual
“Me acercan a una pileta o
a una bañera. No veo nada; hay una gran oscuridad y mucha humedad. Percibo las
voces de un grupo de personas entre los que se destacan inconfundibles “el
Charleta” y Presa (...) Me quitan la ropa y me acuestan boca abajo sobre una
chapa de metal. Me amarran a ella y la chapa comienza a bascular. Me introducen
una y otra vez en el agua podrida”, leía Araújo el relato del doctor Alberto
Grille.
En 2015, la fiscal Ana
María Telechea pidió el procesamiento de Gundelzoph por el delito de tortura.
En 2018, Perciballe ratificó el pedido pero, agregó el cierre de fronteras y lo
imputó por el delito de abuso de autoridad en concurrencia con el delito de
privación de libertad. Lo dicho, enmarcado en su actuación durante la dictadura
en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia.
Gundelzoph fue denunciado
por unas 50 personas, mayormente militantes de la UJC que fueron detenidos en
lo que era la sede de Inteligencia Policial, ubicada en Maldonado y Paraguay.
Pero “él como todos los militares ha presentado todas las excepciones habidas y
por haber y, por eso, es que no se resuelve su situación”, dijo Perciballe.
Aclaró, además, las
excepciones que suelen presentarse para enlentecer la marcha de los
procesamientos: la excepción de prescripción, pero que al respecto “hay
unanimidad en la jurisprudencia y no se prescribe ninguna causa”.
La excepción
de inconstitucionalidad de la ley 18.831, que plantea la “pretensión punitiva
del Estado: restablecimiento para los delitos cometidos en aplicación del
terrorismo de Estado”, según se lee en la ley. Y, por último, la excepción que
para Perciballe, es la que más suelen presentar en el último tiempo: la
inconstitucionalidad de la ley 19.550, que creó la Fiscalía Especializada en
Delitos de Lesa Humanidad.
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