CIDH: situación más grave
para DDHH en Uruguay es la impunidad
Comisión Interamericana
también planteó su rechazo a someter a votación derechos de personas trans y
privadas de libertad
Sudestada - 29 5 19
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| Comisionadas Esmeralda Arosemena y Antonia Urrejola durante la presentación del resultado de la visita a Uruguay. Foto: Sudestada. |
“Grave”, “preocupante”,
“incomprensible”, fueron algunas de las palabras que la comisionada Antonia
Urrejola (relatora de Uruguay y de Verdad y Justicia) usó para definir la
situación del país en esta materia durante la conferencia de prensa realizada
en la sede del Mercosur. Junto a Urrejola también integró la delegación la
presidenta de la CIDH, la abogada panameña Esmeralda Arosemena.
Si bien reconocieron los
avances registrados con la creación de institucionalidad en materia de DDHH,
como la Fiscalía Especializada a cargo de Ricardo Perciballe (a la que
definieron como “un paso importantísimo”) en el comunicado final la CIDH
observó “con suma preocupación la subsistencia de interpretaciones judiciales
en procesos penales que niegan la imprescriptibilidad de las graves violaciones
de los Derechos Humanos. Dichas interpretaciones resultan en la impunidad de
los perpetradores de los delitos de lesa humanidad y niegan justicia y
reparación a las víctimas”.
En este sentido, Urrejola
recordó la obligación del Estado de dar cumplimiento a la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que condenó al país en el caso
Gelman vs Uruguay. Dicho fallo estableció que “no son admisibles las
disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes
de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los
responsables de las violaciones graves de los DDHH tales como la tortura, las
ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias, y las desapariciones
forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables
reconocidos por el Derecho Internacional de los DDHH”.
Por ese motivo la CIDH
llamó al Estado, en especial al Poder Judicial, a “cumplir con su deber de
aplicación del control de convencionalidad en el marco de su obligación de
respetar y garantizar los DDHH previstos en las decisiones de la CorteIDH y la
Convención Americana”.
Según señaló Urrejola, en
este aspecto “subsiste una deuda del Estado con las víctimas de violaciones a
los DDHH en materia de Justicia y Verdad”. “Las torturas, las desapariciones
forzadas, son crímenes de lesa humanidad, y son imprescriptibles. Y las
interpretaciones en contrario son una violación a una obligación del Estado”,
insistió.
Según la CIDH, la
interpretación de la Suprema Corte de Justicia viola una obligación del Estado
con los DDHH. Foto: Sudestada.
La comisionada aseguró que
“hay una deuda del Estado uruguayo, independientemente de los gobiernos de
turno y de quiénes sean los responsables. Hay una deuda que le compete a la
sociedad uruguaya completa”. Dijo que entre otras informaciones al respecto, la
comisión solicitó la cantidad de condenados y procesados por estos delitos y al
conocer los datos “me ha sorprendido lo poco que hay. Nuestra mayor
preocupación está ahí”.
Urrejola explicó que hay
“urgencia” en abordar y resolver este problema porque “las víctimas y los
familiares se están muriendo”. “No puede ser que los familiares se mueran sin
saber qué pasó con sus deudos, no puede ser que la gente que estuvo años presa
no encuentre Justicia. No puede ser que un país que ha avanzado tanto, tenga
esta deuda. Para mí, como chilena, es incomprensible”.
La Comisión también
recordó que las reparaciones económica por las violaciones a los DDHH por parte
del Estado “deben ser otorgadas en atención a su calidad de víctimas”, y que
las mismas “no son incompatibles ni sustituyen los ingresos propios o subsidios
provenientes de la seguridad social”. Por esa razón, la CIDH llamó al Estado a
ajustar la legislación interna para “permitir una adecuada reparación a las
víctimas” y evitar que, como sucede actualmente, estén obligadas a elegir entre
la pensión reparatoria y otro beneficio previsional.
En cuanto a las amenazas
del autodenominado “Comando Barneix” a 13 defensoras y defensores de Derechos
Humanos en 2017, asunto que fue planteado en varias ocasiones al Estado por
parte de la CIDH, Urrejola dijo que la comisión le planteó al Ministerio del
Interior la realización de una reunión con las víctimas para informarles sobre
la marcha de las investigaciones a nivel de los poderes Ejecutivo y Judicial.
“Vamos a seguir
monitoreando la situación porque se trata de operadores de Justicia, de
abogados, de defensores de DDHH, que para nosotros son aliados para mantener su
vigencia. Por lo tanto, cuando son amenazados hay una alerta y el Estado debe
actuar de manera urgente”, insistió Urrejola.
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