LA CORTE SUPREMA CHILENA RECONOCIÓ QUE
OMITIÓ SUS RESPONSABILIDADES DURANTE LA DICTADURA
El máximo tribunal reconoció su responsabilidad en graves acciones y omisiones durante la dictadura de Pinochet. Dijo que no defendió los DD.HH. tras el golpe de Estado. Sin embargo, en su declaración pública, no incluyó la palabra “perdón”.
Página 12 - 8 9 13 - Por Christian Palma - Desde Santiago
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Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. El Poder Judicial hizo su mea culpa 40 años después. |
A cuatro días de conmemorarse 40 años del golpe de Estado
perpetrado por Augusto Pinochet en 1973, liderada por los militares.
Tras varias horas en una larga sesión plenaria, el presidente del
máximo tribunal, Rubén Ballesteros, leyó una “histórica” declaración pública
preparada durante la mañana. En la misiva se señala que el Poder Judicial, y
fundamentalmente la Corte Suprema, por “acciones u omisiones”, no cumplieron su
deber en defensa de los derechos humanos.
El texto agrega que los ministros consideraron “un deber”
reconocer que “el quiebre de la institucionalidad democrática, a partir de
septiembre de 1973, permitió un régimen cívico militar, que violentó las
garantías de los ciudadanos de nuestro país, que terminó con la muerte de
muchos de ellos, desaparecidos, con detenciones irregulares y otros
atropellos”. Donde se registraron también atropellos como “muerte, desaparición
forzosa, detenciones irregularidades y torturas”.
“No cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente
ocurrieron, en parte se debió a la omisión de jueces de la época que no
hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones
delictuosas –las que, por cierto, ofenden a cualquier sociedad civilizada– pero
principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo
para representar este tipo de actividades ilícitas, desde que ella no podía
ignorar su efectiva ocurrencia toda vez que les fueron denunciadas, a través de
numerosos requerimientos jurisdiccionales que se promovían dentro de la esfera
de su competencia, negando de esta manera la efectiva tutela judicial que
gozaban los afectados”, sostiene el documento.
Pero no es todo, el texto destaca que “en tales condiciones, este
máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del
rol que correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la
conclusión de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento
de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió, arrastrando
con ello a parte de la judicatura del país, que claramente, a la hora presente,
y con la mesura y altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una
dejación de funciones jurisdiccionales, por lo que es tiempo de dejarlo en
claro a todos los miembros actuales y futuros de la institución y a las
generaciones ciudadanas que vengan, para que ese comportamiento no se repita,
por contradecir un Estado de Derecho propio de una República democrática”.
La declaración del máximo tribunal llegó dos días después del
llamado de la Asociación Nacional de Magistrados que el pasado miércoles instó
a la Corte Suprema a pedir perdón por los actos y omisiones cometidos por los
jueces durante el período de dictadura, “a las víctimas, sus deudos y a la
sociedad chilena porque, en su mayoría, los jueces –durante los 17 años de
represión– miraron para el techo”.
El pasado fin de semana, el presidente Sebastián Piñera fustigó a
los tribunales de Justicia por su papel en la dictadura: “Hubo jueces que se
dejaron someter y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar
tantas vidas”, dijo a través de un diario. Para el ministro Milton Juica, que
tuvo en sus manos dos causas emblemáticas –el caso Degollados y Operación
Albania–, donde no le tembló la mano para investigar. De hecho, en 1998, la
derecha lo vetó para ascender a la Corte Suprema, pudiendo recién el 2001
llegar a ella”.
“Al poco tiempo era clarísimo que había una represión total, que
había detenciones totalmente ilegales, una tortura permanente (...) los
tribunales consultaban al Ministerio del Interior, este decía que la persona no
estaba detenida y si lo estaba, que era en virtud del estado de sitio. Bastaba
ese informe para aceptar que era así...Aquí hay mucha gente que dice que no
sabía lo que estaba pasando y eso es una mentira del porte de una catedral.
Todas las personas que vivieron en esos años, sobre los 15, 16, 18 años, sabían
perfectamente que se estaba viviendo una situación atroz. Una persona
medianamente informada, con discernimiento, no podía ignorar lo que estaba
sucediendo”, sostuvo Juica a El Mostrador.
Agregó que todos estos mea culpa “debieron haberse producido mucho
antes, dicen ahora lo que debieron haber creído 20 o 30 años atrás”.
Desde la otra vereda, el presidente de la Cámara de Diputados,
Edmundo Eluchans, del derechista partido político UDI, criticó a Piñera
respecto de sus dichos sobre los “cómplices pasivos”.
“Me parece delicado decir eso, puesto que la complicidad no se da
con pasividad, sino con una actuación completa, muchas personas que colaboraron
con el gobierno militar no sabían las atrocidades que se cometían, sin tener
ningún tipo de compromiso con esos actos.”
“Uno, con la perspectiva del tiempo puede mirar con menos pasión
las cosas y darse cuenta que nunca vamos a llegar a un claro entendimiento
sobre si fueron justificadas o no la actuación de las fuerzas armadas durante
el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende”, sostuvo. Agregó que “en la
década del ’70 era muy común que los militares tomaran el poder por la fuerza.
En ese sentido, yo justifico, y aplaudí en aquel momento lo realizado por las
fuerzas armadas. Y no sólo yo, sino la inmensa mayoría de los chilenos que
entendían que el país estaba viviendo una situación caótica”.
“Las atrocidades que ocurrieron después no las avalo bajo ninguna
circunstancia. Algunos políticos deben dejar de sacarle provecho al tema de los
derechos humanos. Yo he conversado con muchos familiares de detenidos
desaparecidos y me parece que es válido su deseo de justicia. Pero algunos
políticos ocupan el tema como bandera de lucha, y eso no me parece”, concluyó.
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