Militares Gómez y Gavazzo incriminados por homicidio

Juan Carlos Gómez y José Nino Gavazzo. Ambos fueron inculpados por el crimen del joven. El primero de arriba fue quien atacó a Gomensoro con su bayoneta.

Saña predictatorial. Militares Gómez y Gavazzo incriminados por homicidio, en marzo de 1973. Gomensoro fue castrado y falleció desangrado.

La jueza penal de Paso de los Toros, Dra. Lilián Elhorriburu, procesó al Cnel. (r) Juan Carlos Gómez y al Tte. Cnel. (r) José Nino Gavazzo como autor y coautor, respectivamente, del homicidio muy especialmente agravado de Roberto Gomensoro Josman, en marzo de 1973.

La República. Sábado 7 de agosto de 2010. Víctor Carrato

El Juzgado de Paso de los Toros vivió ayer y desde el mediodía de hoy el momento más importante y más terrible en toda su historia.

Los autos de procesamiento, resumidos por la Suprema Corte de Justicia, son terribles para quien los logre leer.

Según consta en este documento de la Justicia, "El Sr. J G [José Gavazzo] se encontraba en Paso de los Toros a fines de 1972 y principios de 1973" aunque no fue el único lugar donde actuó torturando prisioneros políticos, siendo autor de varios asesinatos comprobados. Según Gavazzo su "misión fue re interrogar a toda la dirección militar del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, a los efectos de poder determinar las múltiples operaciones militares que a través de más de diez años había realizado ese movimiento y no habían sido hasta ese momento determinados los responsables...en Paso de los Toros se hizo en el Batallón de Ingenieros Nº 3".

Según informa la Suprema Corte de Justicia, estas declaraciones fueron realizadas por Gavazzo en diciembre de 2009 cuando en presencia de su abogado defensor se lo condujo a declarar en aquel momento como testigo, al igual que al ex coronel Juan Carlos Gómez, autor del asesinato de Roberto Gomensoro Josman, como quedó probado.

En 1973 Juan Carlos Gómez era mayor, según manifestó uno de los testigos, tenía un vehículo que se desplazaba a alta velocidad y participó en varias oportunidades de las torturas en Tacuarembó. Hoy, con más de 80 años, Gómez vive en una torre en Punta del Este. Fue el último jefe de Policía de Maldonado durante la dictadura.

Otro de los testigos "manifestó que los presos se encontraban en el Campo 3, en una pieza chiquita, entrando en el rancho de paja en la primera puerta".

Un tercer testigo manifestó que vio dos veces a Gavazzo en el Campo 3 y que el mayor Juan Carlos Gómez "era severo al extremo, difícil de tratar; vivía en Durazno, cuando tenía guardias se quedaba en el Campo 3".

El testimonio de uno de los testigos, que estuvo detenido desde agosto de 1972 hasta finales de 1973, permitió saber que "en el año 73 un maldito soldado borracho comentó en una reunión que estando en la guardia, que había estado en el movimiento nuestro, y les dijo a los soldados que me preguntaran a mí y eso me mató, y vino de la Región Militar 3, ya el cuartel de ingenieros no tenía nada que ver y vino del Cuartel General de la Región 3, entre ellos G [Gavazzo] y el matador [Juan Carlos Gómez]" .

El testigo agregó que "el matador es el capitán J C G [Juan Carlos Gómez] que era en ese momento capitán de la región 3...J C G [Juan Carlos Gómez] a todos los que tenían problemas que no hacían lo que él decía nos vemos en Paso de los Toros y ahí los llevaba al Campo 3 y ahí me llevaron a mí para interrogarme otra vez, en el año 73... Ahí me desnudaron y me colgaron en los galpones y en determinado momento de ese día trajeron a un muchacho rubio, le hicieron lo mismo, lo desnudaron y lo colgaron... A ese chiquilín le hacían preguntas, lo castigaban, G [Gavazzo] era el peor y estaba ese capitán JCG [Juan Carlos Gómez], era terrible, era muy violento... Este muchacho le contestó de malos modos y lo castraron, el que lo castró fue el JCG [Juan Carlos Gómez] y yo lo miré muy feo; cuando él se dio vuelta y vio que yo lo estaba mirando me dio un hachazo con la bayoneta que lo había castrado y me cortó la rótula...

Roberto "Tito" Gomensoro pasó toda la noche desangrándose. "G [Gavazzo] daba las órdenes y miraba y sonreía mientras los demás las cumplían. Juan Carlos Gómez declaró que en la época detentaba el cargo de mayor, él mismo ordena que castren a Roberto Gomensoro, el que se desangró durante toda la noche perdiendo el conocimiento, en ese momento a otro testigo le rompen los ligamentos...

Esto fue constatado años después, por un médico forense, en cuyo certificado médico se expresa: callo óseo de cara anterior de rótula derecha. En esa época, según declaraciones de Juan Carlos Gómez realizadas el día 5 de agosto de 2010, no había otra persona con apellido G [Gavazzo], "no conozco, no sé, pienso que no debe haber".

Cuando fue encontrado, se comprobó que al cuerpo de Roberto "Tito" Gomensoro le habían mutilado los órganos genitales, como fue declarado por uno de los testigos.

En un diario de la época en nota redactada por un corresponsal, se expresa: "horribles y espantosas mutilaciones...el cuerpo que se hallaba totalmente desnudo había sido mutilado espantosamente, especialmente sus órganos genitales, que aparecían totalmente cercenados". Agrega que "...el cadáver fue trasladado a Tacuarembó, donde en el día de hoy se iba a practicar la autopsia , a los efectos de determinar las causas que determinaron su fallecimiento. El cuerpo no presentaba, a simple vista, heridas de ninguna índole, excepción hecha del cercenamiento de los órganos genitales, que pudiera arrojar alguna luz sobre la forma en que fue asesinado".


Otra testigo manifestó que su padre le comentó que el cadáver tenía piedras entre el tejido y el cuerpo, que estaba desnudo, y "me comentó algo de los genitales, como que estaban mutilados".

El esposo de la testigo mencionada manifestó que su suegro, que era corresponsal del diario "La Mañana", hizo una nota sobre el cuerpo encontrado y comentó a nivel familiar que "estaba cubierto por alambre y tenía piedras, y que estaba mutilado pero no sé en qué parte".

Uno de los testigos declaró que fue a rescatar el cuerpo en esa oportunidad. Ayudó a empujar el cuerpo hasta la orilla, el cuerpo estaba protegido por un tejido con tres piedras dentro, que tenían algo de blanco.

Otro testigo que estuvo de guardia en la morgue durante ocho horas custodiando el cuerpo en esa oportunidad recuerda que "parecía que le habían sacado un testículo", si bien de la autopsia realizada por el forense de la época, Sr. L [Laca], el mismo declaró el motivo por el cual se quedó con la xx (cabeza) de quien a la postre sería Roberto Gomensoro: "...yo pensaba entregar la cabeza a alguien confiable, yo no confiaba en la policía...".

"Una vez producido el deceso se ordena al oficial M (que era encargado del Campo 3), que envuelva el cuerpo en una malla de alambre y le coloque piedras para fondear el cuerpo y evitar que suba a la superficie del lago". A quien M. le comentó "querés que te fondee como al rubio". El testigo A recuerda que el sargento M gritaba en una oportunidad en el calabozo de la Policía "que al policía que lo había traído preso le iba a hacer lo mismo que le habían hecho al tupamaro, que lo habían tirado envuelto en un tejido". El testigo MM expresó que M tuvo un problema con su hermano JM, el hermano le pegó a M que estaba borracho y le hizo volar el gorro y M le gritó "a vos te vamos a hacer lo mismo que a ese que tiramos en el lago". Y F, quien en conversación con el comisario le relató sus investigaciones luego de encontrarse el cadáver, constatándose que el alambrado en el que fue envuelto pertenecía al Batallón y fue traído especialmente para el área perimetral, donde actualmente se encuentran dependencias de la Junta Local.

Si bien era sabido en la época que apareció el cuerpo de Gomensoro en las condiciones relatadas anteriormente, curiosamente el indagado G [Gavazzo] manifestó en el día 5 de agosto que no tuvo conocimiento de tal hecho.

No hay prescripción

La jueza se preguntó: "¿Corresponde computar los años comprendidos en el período dictatorial?". Su respuesta es negativa y se basa en la decisión del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, integrado por los doctores Graciela Barcelona, Daniel Gutiérrez y Roberto Parga, que en sentencia Nº 116 del 27 de julio de 1990 expresaba: "...si bien no se puede entender que el actor durante el referido período estuviera privado de la garantía constituida por una justicia independiente...no regían las garantías de los derechos individuales... El principio general de que al justamente impedido no le corre término es aplicable al caso al tratarse de un principio general que se inscribe en los derechos inherentes a la persona humana, con recepción en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución de la República..." (ADCU tomo XXI caso 911)...., que el término comenzó a correr a partir del 1º de marzo de 1985...".

Agrega que "sobre este punto, el Señor Ministro Doctor José Balcaldi manifestó que: "...En lo que tiene que ver con el período de interrupción de los derechos y garantías de los justiciables, es evidente que no puede correr término alguno a los mismos, si es manifiesto que existía una imposibilidad material de su ejercicio.

En el caso, el titular de la acción penal es el Ministerio Público pero, obviamente, no se aprecia cómo el mismo podría ejercerla libremente.

Más allá de la situación, en relación a quien correspondiera juzgar el caso, la médula está en el actor, y si el mismo no contaba con la posibilidad de ejercer su poder-deber, no le corrió plazo.

Por tanto, resulta contrario a la lógica natural de los hechos que un funcionario público, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, por más que contara con independencia técnica pudiera llevar adelante una acción tendiente a la investigación de este tipo de asuntos.

Por tal razón, el titular de la acción penal estuvo impedido, con justa causa, de promover y ventilar este caso, en esas circunstancias...".

Coincidiendo con el parecer de los restantes integrantes de la Sala, a juicio de este redactor, esclarece el debate planteado, tener presente la reciente (veinte años) historia de este país".

AGRADECIMIENTOS

El hermano de Roberto "Tito" Gomensoro, Arnaldo, dijo a LA REPUBLICA que mucha gente fue fundamental para hacer justicia luego de 37 años. Arnaldo Gomensoro agradeció el apoyo del Serpaj (Servicio de Paz y Justicia) y del doctor Guillermo Payssé, abogado de la familia en la causa, y lo extendió a todos los funcionarios de la Justicia que actuaron buscando la verdad.

"Tanto tiempo entre mentiras"

La hermana de Roberto Gomensoro, Marta, dijo a LA REPUBLICA que "se vivió mucho tiempo entre mentiras, incluso hasta diciembre del año pasado. Fue vivir la mentira durante 37 años". Marta Gomensoro agradeció particularmente a los gobiernos de Tabaré Vázquez y de José Mujica y en particular al Dr. Gonzalo Fernández y a la licenciada Soledad Cibils, secretaria de la Comisión para la Paz, porque según dijo "no es casual que se haga justicia ahora, aunque a veces siempre nos parece poco".

La hermana de Roberto Gomensoro agregó: "Esto tiene un mensaje que significa que no importa el tiempo que pase. Siempre va a prevalecer la verdad. Esto es muy importante para otros familiares que han vivido situaciones similares."


Imprescriptibles
Crímenes de lesa humanidad

La jueza Lilián Elhorriburu estableció que "la gravedad del hecho, en sí mismo, está dada por la entidad del daño producido, por sus consecuencias materiales, por la forma de ejecutarse el delito, etcétera; un conjunto de elementos de juicio que permiten que el intérprete advierta, perciba, que el autor denota un plus de peligrosidad superior al ínsito en la figura delictiva. La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad establece:

Artículo I

Los crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido:

a) Los crímenes de guerra, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, de 8 de agosto de 1945, y confirmado por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, sobre todo las "infracciones graves" enumeradas en los convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, protección de las víctimas de la guerra;

b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nüremberg, de 8 de agosto de 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos.

Artículo II

Si se cometiere alguno de los crímenes mencionados en el artículo I, las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a los representantes de la autoridad del Estado y a los particulares que participen como autores o cómplices o que inciten directamente a la perpetración de alguno de esos crímenes, o que conspiren para cometerlos, cualquiera que sea su grado de desarrollo, así como a los representantes de la autoridad del Estado que toleren su perpetración".

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MPP: Se opondrá a la Anulación de Ley de Caducidad

Montevideo Portal. 6 de agosto de 2010

El Movimiento de Participación Popular planteará ante la mesa política del Frente Amplio su discrepancia con la anulación de la Ley de Caducidad vía Parlamento. "Si hablamos de representar a la gente, tenemos que respetar lo que la gente piensa"
La presentación por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de un proyecto para anular la ley de Caducidad, que fue dos veces confirmada por voto popular, puso el tema sobre la mesa política del Frente Amplio.

En las últimas horas, una delegación del PIT-CNT se reunió con las bases del partido de gobierno y con el presidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto para analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo en el FA para ir con una resolución al Parlamento.

Pero el hecho de que la Ley de Caducidad fue apoyada en consulta popular en dos oportunidades en 20 años pesa sobre sectores y dirigentes que señalan, como lo hizo recientemente el constitucionalista José Korzeniak que el Poder Legislativo no puede votar en contra de lo que la ciudadanía eligió.

"No perdimos una vez, perdimos dos. Si hablamos de representar a la gente, tenemos que respetar lo que la gente piensa", enfatizó el representante emepepista ante la mesa política del Frente Amplio Heber Bousses.

El dirigente informó que la posición del Ejecutivo del Movimiento de Participación Popular es acompañar lo que decida el Frente Amplio en la Comisión que estudia el asunto, pero marcar posición en cuanto a que la discusión de fondo es el papel de la democracia directa y la democracia representativa.

"La democracia directa no puede ser sustituida por la democracia representativa, nos guste o no nos guste perdimos", expresó Bousses que aclaró que esto no quiere decir que se esté "cuestionando la legitimidad" de la anulación en sí.

En el mismo sentido expresó que el hecho de que a través de la democracia representativa se contradiga la decisión que se tomó por democracia directa puede condicionar futuros plebiscitos, "de esa forma todas las definiciones terminan siendo circunstanciales. Fuimos partícipes de esa convocatoria y perdimos", agregó.
Por otro lado, Bousses señaló que cuando se realizó el plebiscito se advirtió sobre el inoportunismo de plantearlo durante una elección nacional, dado que la campaña por las candidaturas le quitó prioridad a la consulta por la anulación.

Pese a ello hizo hincapié en que a la hora de realizar la votación existen datos que dan cuenta de que el votante meditó sobre el tema consultado ante la cantidad de listas del Frente Amplio que aparecieron sin la papeleta del Sí rosado, cuando habían sido ensobradas con ella y la cantidad de papeletas del Sí que aparecieron junto a listas que no apoyaban la anulación y por lo tanto no habían ensobrado sus listas con la papeleta.

"La gente pensó en el tema, ese es el hecho más objetivo, sacó la papeleta específicamente", subrayó. De todas formas, reiteró que el MPP acompañará la decisión de la mayoría de la comisión sobre este punto porque es parte de un colectivo y una correlación de fuerzas.

Los distintos matices sobre la anulación de la Ley de Caducidad existen entre los principales dirigentes y sectores del Frente Amplio desde que se inició el planteo de recolección de firmas.

Varios dirigentes, que integraban el Poder Ejecutivo, llamaron a respetar lo que se había prometido durante la campaña electoral de 2004, que la Ley de Caducidad se respetaría y se aplicaría cabalmente, incluyendo el artículo 4º que da potestades para investigar a fondo los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares y civiles durante la dictadura.

Incluso dentro de ese grupo, había quienes entendían que la promesa electoral implicaba no firmar para alcanzar el plebiscito y no votar su anulación, mientras que para otros alcanzaba con no firmar ni promover una segunda consulta sobre el tema pero en caso de que se llegara a la instancia votar a conciencia.

La firma del presidente para llamar a plebiscito fue anunciada con cierta brusquedad argumentando que "estaba podrido" de ir a la Justicia, ante el llamado a la cúpula del Movimiento de Liberación Nacional ante el juicio que investigaba la muerte de Roque Arteche.

"Acá hay súper crítica para todo lo que es personal, súper análisis para todo lo que es personal, pero no hay valoración de los hechos. El último congreso del FA sacó la decisión de que había que apoyar (la campaña de anulación de la Ley de Caducidad), pero después llegó un plenario donde mandató prácticamente lo contrario.

Yo interpreto que el próximo congreso del FA va a mandatar a los futuros diputados que levanten la mano para derogar esa ley y ante eso, que para mí es inevitable, me parece más racional que la gente tome la decisión por la trascendencia que tiene", había afirmado a la prensa en su momento.

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Carta abierta al pueblo uruguayo por la nulidad de la Ley de Caducidad

Los juicios iniciados recientemente en la Argentina demuestran a diario que constituyen un proceso de fortalecimiento de la democracia, generan instancias reparadoras para las víctimas, permiten empezar a cerrar algunas heridas, acercan a la verdad, afirmando para el futuro que los delitos de lesa humanidad son juzgados y condenados. Así se sientan las bases fundamentales para que este tipo de crímenes no se repitan nunca más. Hoy estamos transitando los juicios gracias a que las leyes de impunidad fueron declaradas nulas e inconstitucionales.

Uruguay tiene ahora la posibilidad histórica de juzgar a sus verdugos, de poner fin a la impunidad. Y esto sólo podrá concretarse con la decisión política de declarar la nulidad de la Ley de Caducidad y con el posterior juicio y castigo a los responsables de crímenes contra la humanidad. El Estado tiene la obligación de condenar esos delitos y todavía está a tiempo de hacerlo.

El pueblo uruguayo y el argentino fueron víctimas del terrorismo de Estado que actuó en forma planificada y conjunta con otras Fuerzas Armadas y de Seguridad del Continente, como las de Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia. Uruguay es nuestro país hermano, con el que compartimos el dolor de los miles de detenidos-desaparecidos, los cientos de centros clandestinos, la búsqueda de hijos en cautiverio, el perverso ocultamiento del destino de los restos de los desaparecidos, la implantación de un modelo económico, político, cultural y social de exclusión y hambre a fuerza de un plan sistemático de exterminio.

Después de muchos años de lucha el pueblo argentino logró en 2003 la declaración de la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían juzgar a los genocidas y luego, en 2005, la declaración de la inconstitucionalidad de las mismas. Esto abrió la puerta a la posibilidad de ponerle fin a la impunidad: actualmente, más de 100 represores de la última dictadura cívico-militar están siendo juzgados en todo el país. Y esto significa un momento histórico y un triunfo del pueblo.

Hoy alzamos nuestras voces desde la Argentina para abrazar al pueblo uruguayo y luchar juntos por justicia. Como familiares de detenidos-desaparecidos afirmamos que la experiencia de los juicios es sanadora. Vemos a diario cuán reparadores son para los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y testigos, y la sociedad en su conjunto, porque no podemos pensar un presente ni un futuro sin condenar los crímenes que nos hirieron a todos.

Apoyamos la nulidad de la Ley de Caducidad y exigimos el juicio y castigo para todos los genocidas de Uruguay, de Argentina y del mundo.

Por la memoria, la verdad y la justicia,
nulidad de la Ley de Caducidad
para terminar con la impunidad

Argentina, agosto de 2010

Abuelas de Plaza de Mayo


Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora


Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas


H.I.J.O.S.- Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio

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No a la anulación

La República. Viernes 6 de agosto de 2010

El Movimiento de Participación Popular (MPP) planteará ante la Mesa Política del Frente Amplio su discrepancia con la anulación de la Ley de Caducidad vía Parlamento. "Si hablamos de representar a la gente, tenemos que respetar lo que la gente piensa", afirmó a Montevideo Portal el dirigente de ese sector Heber Bousses.

La presentación por parte de la Cancillería de un proyecto para anular la ley de Caducidad, que fue dos veces confirmada por voto popular, puso el tema sobre la mesa política del Frente Amplio. En las últimas horas, una delegación del PIT-CNT se reunió con las bases y con el presidente del FA para analizar la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

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Menos impunidad

Menos impunidad. El asesinato del joven Roberto Gomensoro Josman

Inminente procesamiento de Gavazzo y el Cnel (r) Juan Carlos Gómez por homicidio
Hoy a mediodía serían procesados el teniente coronel (r) José Nino Gavazzo y el coronel (r) Juan Carlos Gómez en Tacuarembó por el asesinato por torturas del joven de 24 años Roberto "Tito" Julio Gomensoro Josman en marzo de 1973.

La República.6 de agosto de 2010. Víctor Carrato


Desde la mañana hasta tarde en la noche de ayer, los dos ex militares comparecieron en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros, a cargo de la jueza Lilián Elorriburu. La fiscal Angelita Romano pidió el procesamiento de ambos por homicidio especialmente agravado para Gavazzo y coautoría para Juan Carlos Gómez.

El hermano de "Tito" Gomensoro, Arnaldo, dijo a LA REPUBLICA que "la familia espera que se haga justicia, aunque tarde, pero es como debe ser".

Agregó que los imputados son los "asesinos por mano propia. No se trata de que hayan mandado a otros a realizar la ejecución. A mi hermano lo mataron Gavazzo y Gómez con sus propias manos". Un testigo que fue torturado junto a Roberto Gomensoro en el mismo galpón de la sede de la Región Militar Nº 3, donde finalmente fue asesinado, fue clave con sus declaraciones afirmando además que "Tito" no se doblegó ante la terrible tortura.

Probablemente fue asesinado el 14 de marzo de 1973. El hermano del asesinado dijo a LA REPUBLICA que una importante cantidad de policías testimoniaron sobre los comentarios que hacía un suboficial fallecido que actuó en el homicidio.

Este soldado solía concurrir ebrio a los burdeles de Paso de los Toros, donde contaba en detalle cómo habían matado a Roberto Gomensoro. El abogado de la familia Gomensoro, Guillermo Paysseé, informó a LA REPUBLICA que el procesamiento de los dos ex militares es inminente.

Estudiante y docente de Agronomía

Roberto Julio Gomensoro Josman tenía 24 años cuando fue asesinado. Nacido el 30 de enero de 1949 en Montevideo, casado, domiciliado en Velsen 4484, estudiante y docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, militaba en el Movimiento 26 de Marzo del Frente Amplio, la Agrupación "Epoca 26"; era dirigente de la Asociación de Estudiantes de Agronomía (AEA) y de la FEUU.

Fue detenido el 12 de marzo de 1973 en su domicilio del barrio Malvín a la 1.30 horas de la mañana. Probablemente fue conducido al Grupo de Artillería Nº 1, ubicado en el barrio "La Paloma", en las cercanías del Cerro de Montevideo, donde fue sometido a interrogatorios bajo tortura.

Dos o tres personas vestidas de civil y a bordo de una camioneta "Indio" amarilla se presentan en el domicilio de la madre diciendo que vienen a buscarlo porque temen un atentado de un grupo de derecha contra él. La madre los conduce al domicilio de su hijo, donde lo detienen.

Ante la duda manifestada por la esposa de Gomensoro de que se tratara verdaderamente de efectivos militares, se le invita a que observara en la esquina (a unos veinte metros de la casa) un vehículo del Ejército ("camello") estacionado y varios soldados armados en actitud de vigilancia. Antes de retirarse le dejan a la madre el número de la unidad militar donde podía llamar a la mañana siguiente en procura de noticias, pero el número era falso.

El cuerpo de Roberto Gomensoro fue encontrado el 18 de marzo de 1973 flotando en el lago de la represa de Rincón del Bonete. Estaba desnudo, sujetado con alambres de pies y manos, envuelto con una malla para evitar que partes del cuerpo se desprendieran y atado a tres piedras. Fueron testigos del hecho el dueño de un campo en la zona, su peón y un vecino del lugar, quienes encontraron el cuerpo.

El 15 de marzo de 1973 la Oficina de Prensa de las Fuerzas Conjuntas informó que Gomensoro logró huir cuando se iba a establecer un contacto en Millán y Ariel. Otro comunicado del 21 de marzo de 1973 requiere su captura.

El 18 de marzo de 1973 Aparicio Torres, propietario de un campo lindero al Batallón de Ingenieros Nº 3 de Paso de los Toros, encontró flotando en las aguas del lago de Rincón del Bonete un cuerpo atado con gruesos alambres y rodeado de una malla de alambre, asegurado a tres pesadas piedras con la intención de "fondearlo" en el agua.

Torres y los peones Eduardo Cardozo y Ramón Rodríguez sacaron el cuerpo del agua y dieron cuenta de lo ocurrido a la unidad militar, que envió al cabo Catalino Rosa, el cual dio cuenta a su superior Zenón L. Romero, el que avisó a la Policía local, que encomendó el caso al oficial Darci Ordeix y dos agentes.

El cuerpo fue finalmente enviado a la morgue del hospital departamental, donde el médico policial Emilio Laca le realizó la autopsia el 23 de marzo de 1973. En ella constató que se trataba de un hombre joven de 1,75 metros y complexión delgada que estaba literalmente "amortajado" en una malla de alambre.

En 1987 el fiscal militar José Sambucetti ¬encargado de montar la farsa en torno a la investigación de desaparecidos¬ sostuvo que el Estado nada sabía sobre el paradero de Gomensoro.

Casi treinta años después, en 1993, se descubrió que el médico forense Emilio Laca había conservado el cráneo para "estudiarlo". Se practicaron estudios de ADN y se corroboró que correspondía a Gomensoro.

La tumba fue profanada en 2001 cuando una investigación de Serpaj permitió recuperar su cráneo e identificarlo.

Años más tarde, el antropólogo, Horacio Soya descubrió que los restos óseos que extrajo de una fosa común del cementerio de Tacuarembó corresponden a una mujer y dos hombres, e informó al juez Dardo Martínez que era necesario realizar estudios de ADN para verificar si corresponden a cuerpos de víctimas de desaparición forzada.

La desaparición de "Tito" Gomensoro, aunque ocurrió tres meses antes del golpe de 1973, fue amparada en la impunidad por el presidente Julio María Sanguinetti el 16 de octubre de 1987, cuando ordenó archivar la denuncia radicada el 9 de junio de 1985 por su madre, Marta Josman, ante el juez Jorge Ruival Pino del Juzgado Penal de 1er. Turno.

Otro de los hermanos de "Tito", Hugo Ernesto Gomensoro Josman, también fue secuestrado y desaparecido en Buenos Aires, el 30 de marzo de 1976. Su cadáver, arrojado al Río de la Plata por la dictadura argentina, fue hallado en la costa el 25 de mayo y también enterrado como NN. Su cuerpo fue repatriado y enterrado en Uruguay en junio de 2007.

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Justicia procesaría hoy a Gavazzo y Gómez por homicidio de Gomensoro Josman

"No continúan impunes"


Justicia procesaría hoy a Gavazzo y Gómez por homicidio de Gomensoro Josman.


La Diaria. 6 de agosto de 2010

Tras la exclusión por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Caducidad, la fiscal Angelita Romano pidió el procesamiento de los militares José Nino Gavazzo y Juan Carlos Gómez en calidad de coautor y autor, respectivamente, por el homicidio especialmente agravado de Roberto Tito Gomensoro Josman. Su caso fue el primero en ser separado de la norma en cuestión durante la administración del presidente José Mujica, sobre la base de que el asesinato se produjo en marzo de 1973, antes del inicio formal de la dictadura.

La jueza Lilián Elorriburu, a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paso de los Toros, dictará sentencia este mediodía, pero según información recabada por la diaria, todo indica que hará lugar al pedido de la fiscalía.

Gavazzo fue trasladado desde la cárcel montevideana de Domingo Arena a Tacuarembó, donde ayer prestó declaraciones en calidad de indagado. En tanto, por orden de la magistrada Gómez, quien vive en ese departamento, fue detenido por la Policía y conducido al juzgado para ser interrogado por primera vez. Gavazzo ya había comparecido en esta causa, pero en 2009 y en calidad de testigo, oportunidad en la que reconoció que tomó declaraciones a los presos del Batallón Nº 3 de Paso de los Toros, donde permaneció detenido Gomensoro, pero no recordaba nada relacionado con él. En tanto, Gómez, acusado de ser el asesino del militante del 26 de Marzo, tenía en ese momento un cargo jerárquico en esa unidad militar.

“Me parece extraño todo esto. Porque era una cosa de no terminar. Pasaron 37 años y en poco tiempo supimos que las cosas habían sido de otra manera”, dijo en diálogo con la diaria Marta Gomensoro, hermana de Roberto, que junto con el abogado Guillermo Paysée realizó el seguimiento del caso. El 9 de junio de 1985 la madre de Roberto, Marta Josman, había radicado una denuncia, pero ésta no prosperó al ser incluida en la Ley de Caducidad en 1987 por el entonces presidente, Julio María Sanguinetti. En aquel momento, el Ejecutivo apoyó su decisión en el informe de un fiscal militar en funciones, el coronel José Sambucetti.

Elorriburu decidió realizar una nueva consulta al Ejecutivo tras la aparición de nuevas pruebas, por ejemplo, la confirmación de que la muerte no había ocurrido en La Paloma sino en Tacuarembó.

Gomensoro desapareció el 13 de marzo de 1973 y su cuerpo apareció flotando en el lago de Rincón del Bonete cinco días después, cerca del Batallón Nº 3. En 2001, y en el marco de una investigación del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) sobre cinco cuerpos no identificados, entre los que podía hallarse el de Gomensoro.

En la tumba donde se suponía que había sido enterrado como NN el 20 de marzo de 1973, había restos óseos de un niño. Además, en el cementerio de Tacuarembó no existía constancia de que el cuerpo hubiera sido exhumado.

Ante esos hechos, el entonces intendente y actual senador nacionalista Eber da Rosa recurrió a la justicia penal. Se estableció entonces que la tumba había sido profanada poco antes de que los representantes de Serpaj llegaran al lugar.

Un año después (2002) fue identificado mediante ADN el cráneo de Gomensoro, que hasta entonces había conservado el médico forense Emilio Laca (ya fallecido), quien había realizado la autopsia el 18 de marzo de 1973.

“Hoy no me siento reparada. No siento alivio. Pero es difícil decirlo ahora porque no lo he podido procesar. Pero independientemente de mi sentimiento individual, pienso que lo importante es la repercusión pública. Aunque hayan pasado 37 años, no continúan impunes, alguno [por Gómez] está viviendo en el barrio como si no pasara nada. Creo que esto da fuerzas para seguir”, expresó Marta, haciendo referencia a que ahora deberá comenzar el periplo judicial por su otro hermano, Hugo Gomensoro.

Hugo despareció en Argentina el 30 de abril de 1976; sus restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2005 y dos años después fueron velados. “Creo que ha sido emblemático que hayamos podido encontrar a nuestros dos hermanos y que hayamos, al menos, podido saber algo”, rescató.

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En primera persona

La Diaria. Jueves 5 de Agosto de 2010.


Fue ayer ante el Tribunal Oral en lo Federal Nº 1 de Buenos Aires que siguió el proceso por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti, que funcionó en 1976 en Argentina, y donde fueron detenidos sus padres. Ayer Macarena Gelman declaró por el secuestro y la desaparición de su padre, Marcelo Gelman, cuyos restos fueron encontrados sin identificación en un cementerio de Buenos Aires en 1989.

“Fue una buena experiencia. Me sentí muy cómoda”, dijo Macarena en diálogo con la diaria, en referencia a la presencia durante su relato de los cinco imputados. “En Argentina se hace justicia por lo que pasó en la dictadura”, afirmó. En ese sentido, destacó que independientemente de una eventual condena a los represores, la instancia oral del juicio “tiene un importante significado” como “rendición de cuentas” de los hechos sucedidos durante la dictadura a la ciudadanía “de una manera pública, accesible y con todas las garantías”.

Por la desaparición forzada de su madre, María Claudia García de Gelman, declarará en la causa Plan Cóndor, pero el juicio aún no tiene fecha de inicio. “El 14 de enero de 1977 fui dejada en una canasta en la puerta de una familia que pensé que eran mis padres hasta que me enteré de que era hija de desaparecidos”, dijo ante el Tribunal, según consignó la agencia de noticias EFE. “Cuando yo nací -el 1º de noviembre de 1976, en Montevideo- permanecí un mes y medio con ella hasta el 22 de diciembre, cuando ella fue vista por última vez, según el relato de un soldado uruguayo”, relató Macarena, hoy de 33 años y cuya identidad fue restituida en el año 2000. Por este hecho brindará testimonio en la causa Plan Sistémico, de robo de bebés, cuyo juicio comenzará el 20 de setiembre.

En tanto, de este lado del río espera la fecha de audiencia para comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la demanda abierta por Macarena y su abuelo, Juan Gelman, por denegación de justicia para investigar la desaparición forzada de María Claudia. El caso fue excluido de la Ley de Caducidad por el entonces presidente Tabaré Vázquez, en 2005, pero en diciembre de ese mismo año el Tribunal de Apelaciones decretó el archivo.

La lógica de otro hechos

La Diaria. Jueves 5 de Agosto de 2010.

El FA definió cómo quiere eliminar los efectos de la Ley de Caducidad para evitar un fallo adverso de la Corte Interamericana.

Será en horas de la noche cuando la comisión del Frente Amplio (FA) designada por la Mesa Política le dé la redacción definitiva, tras haber consensuado el contenido y la forma jurídica con la que se eliminará la Ley de Caducidad. También se estableció darle prioridad legislativa para evitar un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la demanda por denegación de justicia para investigar la desaparición de María Claudia García de Gelman.

El articulado del proyecto será un “texto interpretativo de la Constitución que termina con la vigencia de la Ley de Caducidad”, según informó a la diaria el diputado Carlos Coitiño (Partido por la Victoria del Pueblo). En tanto, Daoiz Uriarte (Vertiente Artiguista) añadió que se apuntará al inciso 20 del artículo 85, que le da competencias a la Asamblea General para “interpretar la Constitución, sin perjuicio de la facultad que corresponde a la Suprema Corte de Justicia”.

“Los jueces deberán aplicar las normas internacionales en forma directa cuando se opongan directamente a normas internas. Sobre esa base se establece que toda acción judicial que haya sido suspendida por una decisión del Poder Ejecutivo podrá ser continuada por los jueces sin tomar en cuenta la decisión administrativa”, explicó Uriarte. Según dijo, en ese punto se deja en evidencia “una de las cosas más groseras” de la Ley de Caducidad, a saber, la violación de la independencia de poderes. Por ese camino, entonces, “se quitan, se eliminan todos los efectos”.

Por otra parte, se definió que la exposición de motivos estará basada en “la línea argumental” del fallo de inconstitucionalidad de la ley emitido por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para el caso de Nibia Sabalsagaray una semana antes del plebiscito del 25 de octubre por el sí a la anulación. “Los argumentos de la sentencia serán la columna vertebral del corolario interpretativo para eliminar posibilidades de cuestionamientos”, graficó Coitiño.

En otras palabras, utilizando los argumentos de la SCJ, se busca evitar que prospere una eventual acción de inconstitucionalidad contra la futura norma, que dejará sin vigencia la caducidad. En ese caso, anticipó Uriarte, la SCJ no podrá contradecir los argumentos de su propia sentencia. El vertientista en la comisión remarcó que la fórmula se alcanzó con el visto bueno de “todos los sectores” del FA y también de delegados de base. “Se dio un salto cualitativo en el tratamiento del tema”, celebró Coitiño.

Síntesis

La semana pasada la cancillería anunció el envío de un proyecto para dejar sin efecto la Ley de Caducidad. En la comisión no se abordó este tema, según Coitiño porque “no se conocen contenidos” y porque el ámbito de coordinación es la Mesa Política. Está previsto que el martes los integrantes de la comisión den el visto bueno al texto e inmediatamente se eleve el articulado a la Mesa Política “para que traslade a los distintos ámbitos la propuesta y coordine con el Legislativo y el Ejecutivo”.

El punto fue planteado ayer al presidente del FA, Jorge Brovetto, por una delegación del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. En ese sentido, el dirigente Washington Beltrán saludó los “importantes avances”.

“La fuerza política se ha tomado su tiempo. Pero no se puede ser más realista que el rey. Ya hay pronunciamientos en contra de la ley de los tres poderes, de un enorme porcentaje del pueblo, de los organismos internacionales, en particular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el movimiento sindical, que desde la década del 80 es actor de primera línea en esta lucha, vemos con buenos ojos que los actores políticos hayan acordado una iniciativa para estar bien posicionados”, evaluó Beltrán.

Brovetto, por su parte, indicó que el proyecto que la comisión está elaborando “es el único proyecto del FA” y que “el Ejecutivo está en conocimiento” y descartó que se hubiera generado “ningún cortocircuito” tras el anuncio de cancillería y que “seguramente” el que esa cartera envíe al Parlamento sea el que se concluya el martes de noche. “La fuerza política no actúa por separado del gobierno”, precisó.

Lourdes Rodríguez
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Causa Orletti: declaró Macarena Gelman

PLAN CÓNDOR. EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS COMPARECERÁN DECENAS DE SOBREVIVIENTES URUGUAYOS

La República. Jueves 5 de agosto de 2010.

La Justicia argentina continuó ayer la indagatoria por los crímenes perpetrados en el emblemático centro clandestino de detención "Automotores Orletti", con la comparecencia de Macarena Gelman. En próximas instancias declararán ante los tribunales argentinos una decena de testigos uruguayos.

Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, compareció ayer ante la Justicia argentina, en el marco de la indagatoria judicial por los crímenes perpetrados en el centro clandestino de detención "Automotores Orletti" (OT 18), entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976.

La joven reconstruyó ante los ministros del Tribunal Oral Federal Nº 1 (TOF 1) su historia, en base a la información obtenida por varios testigos calificados y "la información de público conocimiento" sobre los hechos acaecidos durante la coordinación represiva del Cono Sur, en el marco del "Plan Cóndor".

En diálogo con LA REPUBLICA Macarena prefirió no comentar los pormenores de su comparecencia, por cuanto no sabía como su testimonio podía "afectar" la indagatoria. Sin embargo, según informó AFP, en base a fuentes judiciales, Macarena aseguró que los militares uruguayos actuaban asiduamente en "Orletti", al mismo tiempo que reiteró la existencia de un traslado clandestino en octubre de 1976. Asimismo, narró que su madre habría sido vista con vida por última vez en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), según el relato del soldado Julio Cesár Barboza, hoy testigo en varias causas por violaciones a los derechos humanos durante la última Dictadura.

Macarena nació en cautiverio sobre fines de 1976 y fue entregada a un ex policía sobre principios de 1977; la joven fue recuperada en el año 2000 tras una incesante búsqueda. La joven no fue la única integrante de la familia Gelman en declarar ayer ante el TOF 1, puesto que también prestó testimonio su abuela, Berta Shubaroff de Gelman.

LA CAUSA ORLETTI

El juicio oral por las violaciones a los derechos humanos perpetradas en OT 18, comenzó el pasado 3 de junio con la lectura de la acusación del fiscal Federico Delgado, quien catalogó al centro clandestino de detención como un "enclave del terror (...) donde reinaba la cultura de la crueldad, la corrupción degradante de poder sin límites". Los argumentos utilizados por la Fiscalía fueron similares a los utilizados por el juez Federal Daniel Rafecas al elevar la causa a juicio oral, tras disponer el procesamiento de los represores Néstor Guillamondegui, Rubén Visuara, Honorio Martínez Ruiz, Raúl Guglielminetti, Eduardo Cabanillas y Eduardo Ruffo (sindicado como presunto autor de la sustracción del niño recuperado Simón Riquelo, de sólo 20 días de vida, de los brazos de su madre Sara Méndez), por 65 delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos y 6 delitos de homicidio, entre ellos, el de Marcelo Gelman. Incluso, Rafecas comparó "Orletti" con los "campos de concentración del nazismo".

"Automotores Orletti" estuvo bajo la órbita del fallecido ex jefe de la Triple A, Aníbal Gordon, y dependía funcionalmente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), siendo uno de los centros de operaciones de los servicios represivos uruguayos para la persecusión de los exiliados políticos en la República Argentina, en el marco del "Plan Cóndor". Por las entrañas de OT 18 desfilaron unos 200 presos políticos de diversas nacionalidades, entre ellos, la veintena de militantes del PVP trasladados en forma clandestina hacia Uruguay entre el 24 de julio y el 5 de octubre de 1976, entre otros uruguayos. Maria Claudia García sería una de las "pasajeras" del "Segundo Vuelo".

En este sentido, en los próximas semanas comparecerán ante el TOF 1 decenas de sobrevivientes uruguayos detenidos y torturados en "Orletti", familiares de detenidos desaparecidos y connotados investigadores sobre la coordinación represiva de las Dictaduras del Cono Sur.

Por ejemplo, el TOF 1 interrogará próximamente a la niña recuperada Victoria Julien, víctima junto a su hermano Anatole de uno de los crímenes más emblemáticos de la Dictadura uruguaya. Los niños fueron secuestrados junto a su madre (hoy desaparecida) en Argentina y trasladados en forma clandestina hacia Uruguay donde fueron alojados en la sede del Servicio de Información y Defensa (SID), para ser posteriormentes trasladados a Chile, donde fueron abandonados en una plaza de Valparaíso. Victoria Julien declarará, en fecha a confirmar, por videoconferencia
Asimismo, desde el próximo miércoles 1º de setiembre comparecerán ante el TOF 1 una decena de sobrevivientes y familiares de detenidos desaparecidos, entre ellos: Sara Méndez, Elizabeth Pérez Lutz, Ana Inés Cuadros, Nelson Eduardo Dean, Sergio López Burgos, Sandro Soba, Alberto Mechoso y Brenda Falero. En tanto, sobre mediados del próximo mes prestarán testimonio el senador Rafael Michelini y su hermana Maria Margarita Michelini (hijos del extinto senador Zelmar Michelini), y el soldado Julio Cesár Barboza. En octubre, la Sala tiene previsto interrogar al historiador Alvaro Rico, al reconocido investigador chileno Carlos Osorio (integrante de la National Security Archive -NSA- de EEUU) y a los periodistas Roger Rodríguez, Fabián Kovacic y John Dinges.

"UNA SENSACIÓN MUY REPARADORA"

Macarena Gelman consideró ayer como "muy reparadora" la posibilidad de declarar ante la Justicia argentina, por cuanto brinda la posibilidad "de decir lo que sabes y denunciar lo que pasó con tu familia". En este sentido, la joven afirmó que no la sorprendieron las preguntas. "Era más o menos lo que me imaginaba que me iban a preguntar e intenté decir todo lo que sabía. Fue una sensación muy reparadora", expresó la joven en diálogo con LA REPUBLICA.

Asimismo, Macarena afirmó que no la perturbó la presencia en la sala de los imputados por el crímen de su padre ni tener que declarar frente a ellos. "A lo que se les imputa el crimen de mi papá estaban presentes, pero me parecía correcto que estén allí porque son los imputados y tienen que escuchar de que se les acusa", expresó.

"Mis declaraciones en muchos puntos coincidían con las de muchos otros, y que estén allí (los imputados) me parece que es una forma de rendir cuentas. A mi no me conflictuo el hecho que estuvieran presentes, sino que todo lo contrario". "Puede haber gente que la condicione, pero no fue mi caso; hay que entender que cada situación es muy particular y muy personal", dijo la joven.

Probablemente, a fuego lento

Por Baldemar Taroco

4.8.10


El relacionamiento con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nunca ha sido ni fácil ni fluido. Durante la administración anterior fuimos recibidos una sola vez por el Cr. Danilo Astori, cuando era ministro, en los meses previos a la aprobación de la ley jubilatoria 18 033. A pesar de nuestra insistencia, reiterada, machacona, pegajosa, nunca más volvimos a ser recibidos por sus sucesores. Ni por el Cr. Alvaro García ni por el Subsecretario Ec. Andrés Masoller ni por ninguna otra autoridad.

No existe ninguna disposición constitucional que obligue a los Ministros de Estado a recibir a las organizaciones sociales. Tampoco tiene contraindicaciones médicas y mucho menos genera adicción. Es simplemente una práctica democrática saludable, reveladora de una determinada sensibilidad política. Demuestra una actitud positiva, alejada de tecnocratismos, hacia la sociedad civil y hacia las organizaciones representativas de ella. Muy especialmente cuando están en el tapete temas que las involucran.

El 19 de setiembre del año pasado, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Reparación 18 596 para las víctimas del Terrorismo de Estado. El contenido de la misma, a pesar del título pomposo y grandilocuente, no cumple con los estándares internacionales en la materia. El reciente pronunciamiento de la Comisión Interamericana de DDHH ha puesto de manifiesto que no es una Ley de Reparación Integral tal como afirmó, en su momento Crysol, durante los debates parlamentarios.

Su aprobación ha dejado pendientes de resolución un conjunto grande de obligaciones por parte del Estado uruguayo que más tarde o más temprano, algunas en forma casi perentoria y apremiante, han de resurgir ya sea por motivos políticos, sociales o judiciales. La Corte Interamericana de DDHH lo dirá.

Resultado de la amplia movilización de las organizaciones de víctimas, entre ellas Crysol, la Ley 18 596 fue un avance, parcial y tímido, en el camino del cumplimiento de las obligaciones del Estado uruguayo hacia el pasado reciente, hacia algunas de las víctimas y en buena medida hacia la sociedad.

Cumpliendo en parte con las disposiciones de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas, un logro importante fue la consagración en el Artículo 10 del derecho a la salud para una parte del universo de víctimas.

Se establece el derecho a la asistencia integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) dejando a los beneficiarios la posibilidad de optar por el sistema mutual o por la cobertura de ASSE. Además, el texto de la norma incluye las disposiciones del Decreto 268/08 elevando la jerarquía legal de las mismas.

A nuestro entender, el mencionado artículo 10º tampoco es un dechado de virtudes. No ampara a los familiares de los detenidos desaparecidos, ni de los asesinados ni siquiera a nivel psiquiátrico ni psicológico y tampoco contempla a los cónyuges de los ex presos políticos (a menos que estos hayan fallecido).

A casi 10 meses de aprobada la ley, aún no se cuenta con el decreto reglamentario indispensable para la implementación práctica de los beneficios que la misma consagra. El Ministerio de Salud Pública ha enviado el proyecto de decreto y el mismo desde hace un mes está a estudio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Nuestra experiencia institucional nos indica que cuando estas cosas se duermen, florece el secretismo burocrático, cuando nadie da la cara, cuando nadie sabe nada, cuando nadie nos recibe ni da explicaciones es porque algo anda mal. Probablemente, muy probablemente, nos estén cocinando a fuego lento un decreto reglamentario que restrinja o limite el alcance de un texto legal sumamente explícito y que no da lugar a segundas interpretaciones.

Sabemos de que estamos hablando. Algo parecido ocurrió a comienzos del año 2007. Así se aprobó el Decreto 106/2007. Hasta el día de hoy, los cónyuges de los ex presos políticos, cuando ellos fallecen, perciben solamente el 66% de una pensión de sobrevivencia sin poder percibir la jubilación propia y teniendo que renunciar al cobro de ella. Algo no habitual ni común en el sistema previsional uruguayo y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) debería solucionar como ya hemos señalado anteriormente.

Con esa sencillez aterradora y simplificadora con que observan estas cuestiones algunos jerarcas gubernamentales que desconocen olímpicamente las normas de DDHH, atrás de la preocupación y de las gestiones de Crysol verán una simple lucha reivindicativa, de unos pocos, de carácter meramente corporativo.

Nuestra visión es diferente. Sin negar el carácter reivindicativo evidente, el mismo se inscribe en nuestra movilización constante y permanente como colectivo por afirmar y profundizar la democracia barriendo con los vestigios del Terrorismo de Estado. Transformar a Uruguay en un país de primera, pasa inexorablemente por lograr el pleno cumplimiento de las normas internacionales de DDHH, especialmente la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas y la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, por eliminar la Ley de Caducidad, erradicar la cultura vigente de la impunidad, lograr la plena y efectiva implementación de las leyes aprobadas durante el gobierno anterior, entre otras tareas, sin permitir interpretaciones sinuosas y restrictivas de ellas.

Mientras tanto, siguen muriendo nuestros compañeros y el decreto reglamentario en salud sigue durmiendo en el Ministerio de Economía y Finanzas.

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Sanguinetti: el censurador

Los cómplices civiles de la dictadura.

Por Raúl Olivera (*)

El arma más importante para luchar contra la impunidad, es la construcción sólida y convincente de lo que se ha dado en llamar la memoria histórica.

En esa construcción, cada uno de los testimonios de aquellos que sobrevivían al horror, fueron las primeras actas de acusación a la dictadura. Posteriormente, y luego de enfrentar el ninguneo de los grandes medios de difusión y la complicidad de los aparatos del Estado, lo allí consignado fue transformándose en verdades irrefutables.

Pero esa construcción de la memoria histórica sobre nuestro pasado reciente, ha sido una tarea muy dura en la que fue necesario disputar palmo a palmo, cada avance logrado y donde las verdades de las víctimas fueron y son mil veces negadas y otras tantas tergiversadas. Pero siempre, los hechos terminaron poniendo en su justo lugar las verdades y las falsedades.

Una atenta lectura de los cientos de folios que se acumulan en diversas sentencias en los tribunales uruguayos y argentinos, comprueba que no se exageró, que no se invento nada.

Decíamos, que esa lucha por la verdad, no es una tarea fácil. Muchas veces, debió desarrollarse contra el peso del Estado en gobiernos elegidos democráticamente, que se hacían cómplices de los atropellos del Estado dictatorial. Aun en las dos ultimas administraciones, en las que no seria justo atribuirle complicidad, no han sido pocas las dificultades que se encontraron para que el Estado asuma como una responsabilidad primordial de su acción, el contribuir a establecer la verdad y desde ella hacer justicia.

Cuando la construcción de la memoria histórica tiene entre sus prioridades, el lograr la acción punitiva del Estado, muchas veces los acentos son puestos, en el esclarecimiento exhaustivo de la acción de la dictadura, descuidando las complicidades más actuales. Complicidades que muchas veces no calibramos en sus justos terminos lo que ellas constituyen: verdaderos actos delictivos.

La cultura de impunidad existente en los países que vivieron largos y sangrientos periodos de terrorismo de Estado, instaló una lógica perversa. En esa lógica ha sido necesaria, la revelación o la aceptación de los artífices de la mentira y el ocultamiento de algunos hechos, para que, lo que venían sosteniendo las víctimas, fuera aceptado como real. Los “vuelos de la muerte” llevados a cabo por la dictadura argentina habían sido reiteradamente denunciados, sin embargo fue necesario que fuera admitido por el marino Schilingo, uno de los participantes, para que recién fueran aceptados como hechos indiscutibles. Lo mismo pasó con los traslados y las ejecuciones masivas de prisioneros uruguayos por parte de la dictadura de nuestro país.

Sobran los ejemplos en los cuales los artífices de la mentira y el ocultamiento, se transforman en una suerte de garantes de verdad. Esa anomalía, es parte de la cultura de impunidad que aún vivimos.

Dentro de esa lógica, ocurrió en democracia un hecho, al que nos queremos referir. Al igual que los ejemplos mencionados, ese hecho fue en su momento denunciado, pero, sin embargo no parecía tener el “certificado de verdad” indiscutible que solo parece estar habilitados para dar los victimarios y sus cómplices por acción u omisión.

El hecho ocurrió en 1989 durante el gobierno del Dr. Sanguinetti, cuando se realizó el primer intento para anular la ley de impunidad mediante el referéndum del voto verde.

El episodio lo encontramos prolijamente recogido en una edición de la editorial “Fin de Siglo”de abril del 2010. Con el titulo de “LA VIDA TE DA SORPRESAS”, José Luis Guntin. da cuenta de una especie de autobiografía.

¿Quién es Guntín? Ocupó la bancada del Senado por el partido colorado, fue fundador y redactor responsable del semanario “OPINAR”, fue hombre de confianza de Enrique Tarigo y en 1994 ocupo la dirección de Canal 5.

Los hechos de los que se da cuenta en las páginas 206 a 210, ocurrieron en los días previos al referéndum de abril de 1989.

Según relata Guntin, Sanguinetti, imposibilitado constitucionalmente por ser el Presidente de la República de ser “el paladín en contra del “voto verde”, le traspasa esta responsabilidad” Enrique Tarigo, quien “sería el vocero del voto amarillo” en el plebiscito”. Y que “para Sanguinetti era más importante el triunfo en el referéndum que la victoria de Tarigo en las elecciones internas, porque de no lograr lo primero, tendría un enorme problema institucional”.

Pero volvamos al plebiscito - continúa escribiendo Guntin-, en las jornadas previas a la votación. El “voto verde” hacía mucho más ruido y las encuestas indicaban que se aproximaba peligrosamente a ser la mayoría. Cada día, descontaba diferencia.
Sanguinetti estaba muy preocupado y, cuanto más inquieto, más eran los avisos que le hacía hacer a Tarigo.

Las cámaras de Canal 10 siempre se encontraban prontas para filmar por orden de De Feo. Los publicistas asesores eran el gordo Ferrero y Roberto Ceruzzi (de Corporación Thompson) (1), y muchas de las reuniones se llevaban a cabo en la residencia presidencial.

Yo, como hombre de confianza de Tarigo, participé en muchas de ellas. Y así fueron pasando los días y cada vez se fue acercando más la jornada de la votación.

Lo que les voy a contar ahora, sucedió durante la última jornada en que se podía realizar publicidad, es decir, dos días antes del referéndum.

Esa mañana, temprano, serían las nueve, me llamaron urgente de Presidencia para que concurriera al edificio Libertad. Fui lo más rápido que pude.

Subí al séptimo piso y en el despacho del presidente estaban, sentados alrededor de la mesa, Sanguinetti, Tarigo, Miguel Ángel Semino (2), secretario de la Presidencia, Jorge de Feo (3), el ingeniero Horacio Scheck de Canal 12 y Walter Nessi (4), prosecretario de la Presidencia.

Los saludé rápidamente, porque imaginé que el tema era grave y urgente para convocarnos tan temprano en la mañana.

Apenas terminé de saludarlos, el Presidente me dijo que estaban deliberando acerca de un aviso, un tape, que el día anterior, a última hora, había llegado a los canales proveniente de la Comisión pro Referéndum.

“Queríamos que lo vieras y nos dieras tu opinión”, me dijo Sanguinetti. Le contesté: “bueno”, y salí detrás de Nessi a mirarlo.

Aparecía en la pantalla una señora que inmediatamente reconocí. Era Sara Méndez y en el tape hablaba de su tragedia y la de su hijo, Simón Riquelo, desaparecido años atrás.

Hablaba con mucha calma, mirando a la cámara, y contaba su dolor de madre de no saber dónde estaba su hijo. Y afirmaba que el triunfo del “voto verde” podía ayudar a que lo encontrase, porque las circunstancias de su desaparición se investigarían más a fondo. Y que por eso, ella le pedía a quienes la escuchaban que votaran “verde” el domingo próximo, para que ella pudiera reencontrase con su hijo. Todo dicho de un modo muy convincente.

Le pedí a Nessi que me lo dejara ver varias veces. Lo más impactante del aviso era que, después de hablar Sara Méndez, cuando ella se quedaba callada, la cámara continuaba filmándola unos cinco segundos en silencio.

Su cara, su angustia, sus deseos de recuperar a su hijo, su dolor, estaban todos en esos instantes en que ella no hablaba, pero que seguía en pantalla.

Después de la quinta vez en que lo pasó lo miré y le dije a Nessi:

“Está muy bueno”. Entonces, él me dijo que tenía otro proyecto de comercial que quería mostrarme. “Dale”, le contesté.

Ahí me llevó a otro monitor y lo encendió. Comenzaron a aparecer las imágenes y el audio. Se trataba de otro aviso, no muy acabado. Se refería a la muerte de Pascasio Báez, el peón rural que asesinaron los tupamaros, con total sangre fría, en una “tatucera” cercana a Pan de Azúcar, simplemente porque podía advertir a los uniformados lo que había visto por casualidad.

Pero el spot filmado era largo y confuso. No estaba bien estructurado, y aunque por supuesto eso se podía arreglar, no era un aviso para nada efectivo si se pasaba solamente durante una jornada. El otro, el de Sara Méndez, sí.

Se lo dije enseguida al prosecretario. Él quedó un poco desanimado ante mis palabras, porque creía que con este comercial neutralizaría el efecto del otro. Le expresé que, para mí, no sería así. El aviso de Sara Méndez era muy efectivo en un único día de salida al aire, el otro no. No le quise señalar que el suyo estaba confuso y mal realizado, porque ése no era el punto, pero le aseguré que, en mi opinión, era muy superior el efecto de la pieza enviada por la Comisión pro Referéndum. El contra aviso no servía de nada.

Walter me miró con cara de desilusión y me dijo que volviéramos al despacho del Presidente para que yo les expresara mi opinión.

Volvimos. Seguían las mismas personalidades sentadas en torno de la misma mesa. Todas las miradas se centraron en mí, cuando me senté en un lugar libre. Sanguinetti me preguntó qué me habían parecido ambos video-tapes. Contesté, más o menos, lo que le había dicho a Nessi. Que el de Sara Méndez me parecía muy efectivo, aunque se pasara durante un único día; y que el otro, el de Pascasio Báez, no servía de nada, resultaba muy confuso y que, aunque se mejorara, no tendría efecto alguno en una única jornada de proyección.

Los rostros de todos los presentes se tensaron. Qué problema se les había aparecido el día previo al receso publicitario!

Hubo un minuto de silencio en la sala. Por fin, alguien me preguntó si me parecía que con ese aviso podía triunfar el “voto verde”. Les pregunté qué decían las encuestas sobre la diferencia existente ahora.

“Ganamos por poco”, me contestó alguien. “ Cuánto es ese poco?” repliqué. “Unos puntos”, oí decir.

“Entonces, este aviso puede hacer que gane el ‘voto verde”, les expresé.

El silencio y los rostros preocupados aumentaron. Lo rompio De Feo, quien le habló directamente al Presidente.

Le dijo que si era así, bastaba una palabra suya para que esa publicidad no apareciese en ninguno de los canales. Lo miró a Scheck, quien asintió. “Hablamos ahora con Hugo Romay y ninguno de los avisos aparece. Podemos argumentar que llegaron tarde a los canales y que ya teníamos las tandas completas” expresó De Feo entusiasmado.

Sanguinetti lo miró y nos miró a todos con cara preocupada. El silencio se hizo más denso en su despacho. Nadie hablaba. Era el turno de que el Presidente decidiera qué hacer.

Demoró en hablar y, cuando lo hizo, le manifestó a De Feo que sí, que se hiciera así, que no saliese el aviso de Sara Méndez. lo dijo en tono muy bajo, apenas se oyó, pero sí de forma concluyente.

De Feo inmediatamente se dirigió al teléfono a llamar a Romay (5) y todos nos fuimos levantando de la mesa para retirarnos.

Yo estaba impactado por lo que había presenciado. Un presidente constitucional había prohibido una publicidad de la oposición. Sin motivo válido alguno. Sólo para no poner en riesgo el resultado de la votación y salvarse de un grave problema institucional.

Me impresionó mucho, pero me quedé callado.

¿Qué podría haber hecho?, me preguntaba después, cuando me alejaba del edificio Libertad. ¿Decir que era una barbaridad antidemocrática? No me animé. Preferí el cómodo silencio.

Quienes no se quedaron en silencio fueron los perjudicados, los censurados. De lo que voy a contar no fui testigo, pero lo sé por los periodistas de Búsqueda. El día de la prohibición del aviso, concurrieron a este semanario la propia Sara Méndez y el señor Hugo Cores a denunciar lo sucedido. Búsqueda lo consignó y Arbilla denunció ante la SIP esta censura de prensa. Creo que en esos tiempos todos creían que había sido acción exclusiva de los canales privados de televisión. No sabían de la participación directa del presidente Sanguinetti que acabo de relatar.

Tres jornadas después, el “voto amarillo” aventajó al “verde” por un margen no muy grande.

Sanguinetti respiró tranquilo y también todos los que lo rodeábamos”.

Hasta aquí una trascripción textual de lo escrito por Guntin en las mencionadas páginas.

Sanguinetti, sigue escribiendo columnas en el Diario El País” de Madrid, dictando cátedra sobre sus valores democráticos, los De Feo, los Romay, los Scheck siguen liderando un monopolio de los grandes medios de difusión. Y el Uruguay sigue conviviendo con la ley de caducidad. ¡Eso es un claro ejemplo de una cultura de impunidad!

NOTAS

(1) Roberto Ceruzzi de Corporación Thompson y el empresario inmobiliario y accionista de Canal 12, Carlos Cardoso fueron según se denuncio hace poco tiempo, empleadores del ex militar Eduardo Ferro en Hotel Las Dunas de Punta del Este.(N de R)

(2) Miguel Angel Semino, siendo en la administración Batlle embajador en Francia, escribió una columna en ULTIMAS NOTICIAS en la que discrepó con la Suprema Corte de Justicia de Uruguay que sentó la tesis de que la libertad de prensa y de información son derechos tan trascendentales que “pueden ser ubicados en un plano superior al de otros derechos civiles” y que ambas (las dos libertades) conforman una garantía institucional para la vida en democracia. Sobre lo último dice estar totalmente de acuerdo, pero sobre lo primero tiene “grandes reservas” y son dentro del marco de la hipotética polémica sobre los límites de las libertades de prensa y de información.(N de R).

(3) Empresario de televisión. Al frente de la familia que maneja el canal 10, Bajo su égida se encuentra también radio Carve y Nuevo Tiempo, y participa en el canal cable TCC. (N de R).

(4) El periodista uruguayo de la CNN en Español Jorge Gestoso en 1989 afirmó que en Uruguay hay censura y auto censura, y que el Presidente Sanguinetti presionaba a periodistas y directores durante su primer período por intermedio de Walter Nessi. Gestoso en 1989, efectuó una cobertura objetiva del plebiscito contra la ley de impunidad. En esa ocasión, Nessi llamó a Gestoso para decirle que “no le había gustado” una entrevista suya a Sanguinetti para la CNN. En noviembre de 1994, Gestoso volvió a entrevistar al entonces re electo presidente, y le preguntó si en su segundo mandato iba a presionar a la prensa tal como lo hizo en el primero. Dicha pregunta y su correspondiente respuesta nunca se emitieron en el servicio de la CNN que difundía entonces Canal 4. Más aún, pocos días después la televisora dejó de emitir el servicio de CNN. (N de R)

(5) Empresario de radio y televisión. es la principal figura de CX 20 Radio Monte Carlo, de Monte Carlo TV Canal 4 y de la TV para abonados Montecable. Fue uno de los fundadores y directivos de la Organización de la Televisión Interamericana (OTI) y participó en la formación de la Red Uruguaya de Televisión del interior y de la TV satelital (N de R)

(*) Tomado de Trabajo & Utopía, Órgano de difusión del Pit Cnt, Montevideo, Julio de 2010 - Año XI - No. 100.

Esma

La República. Martes 3 de agosto de 2010.

El consejo de ministros del Mercado Común del Sur (Mercosur) aprobó ayer la creación del Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos que empezará a funcionar antes de fin de año.

Durante la sesión inaugural de la cumbre de Mercosur se anunció la aprobación del presupuesto y de la estructura del nuevo Instituto de Derechos Humanos del bloque que tendrá su sede en las antiguas instalaciones del Espacio de la Memoria (ESMA) en Argentina.

La institución estará dirigida por Víctor Abramovich, ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), según informó la agencia de noticias Télam.

Crysol exige la implementación en salud

A más de 10 meses de promulgada la ley 18 596, de reparación a las víctimas del Terrorismo de Estado, el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado el Artículo 10 de la misma, por lo cual los beneficiarios de dicha norma no pueden ejercer los derechos consagrados por ella.

El artículo 10 establece que las personas que hayan estado detenidas más de 6 meses sin ser procesadas o las que hubiesen sido procesadas, las que hayan sufrido lesiones gravísimas y los niños y niñas que hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio junto a sus padres, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y vitalicia prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su asistencia integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). Señala, además, que el Decreto 268/2008 es parte de dicha ley.

Como es de público conocimiento, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), de acuerdo a la Ley 18 211, de 13 de diciembre de 2007, incluye a prestadores públicos y privados. Y está integrado por el sistema mutual y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

A lo largo de estos meses, Crysol ha realizado intensas gestiones para lograr que el Poder Ejecutivo emita el decreto reglamentario de dicho artículo. A fines del mes de junio, el Ministro de Salud Pública, Ec. Daniel Olesker, presentó el proyecto de decreto que, de acuerdo a la información en nuestro poder, está desde esa fecha en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación.

La Ley 18 596 no es una ley de reparación integral como el país necesita para superar las heridas aún abiertas del pasado reciente pues no cumple con los estándares internacionales y con las normas de derechos humanos que Uruguay ha ratificado.

Resultado de la movilización de los organismos de DDHH, la Ley 18 596 fue un avance en la normativa vigente pero debe implementarse efectivamente en todos sus aspectos para no ser letra muerta.

Exigimos la urgente aprobación e implementación efectiva y sin restricciones de los derechos consagrados por el Artículo 10.

Por verdad, justicia y memoria !

¡ Anular la ley de Caducidad !

¡ Nunca más Terrorismo de Estado!

Domingo 1º de agosto de 2010

Pero la ley, ¡ay!, siguió viviendo

La Justicia habilitará juicios sobre 20 homicidios de la dictadura durante el mandato de Bordaberry

Es inminente un nuevo fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en la causa “Organizaciones de Derechos Humanos”. El Poder Ejecutivo y el Legislativo buscan “dejar sin efecto” la norma antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA condene a Uruguay, en el marco del caso Gelman. La ley está muerta, dicen, pero no saben cómo enterrarla.

Caras y Caretas. Viernes 30 de julio de 2010
TEXTO: ROGER RODRÍGUEZ – rogerrodriguez@adinet.com.uy

Veinte casos de homicidio político ocurridos entre los años 1973 y 1976, cuando la dictadura cívico-militar uruguaya todavía mantenía como dictador a Juan María Bordaberry, podrán ser indagados en la justicia penal cuando se haga público un inminente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en el que se volverá a declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad.

El fallo del máximo órgano judicial uruguayo implicará una importante ampliación de las causas en las que finalmente podrán actuar jueces y fiscales en lo penal, quienes a 25 años de reinstaurada la institucionalidad en el país, sólo pudieron investigar casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en el exterior, que implicaran a niños desaparecidos, que se asociaran a delitos económicos o cuya responsabilidad pudo ser adjudicada a civiles o a los máximos mandos militares.

Es que, mientras se mantenga la vigencia de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, todos los casos de desaparición ocurridos en Uruguay y todos los episodios de asesinato perpetrados dentro del territorio nacional, como todos los casos de tortura (un crimen de lesa humanidad sistemáticamente utilizado por la dictadura) ocurridos durante el régimen de facto, se mantendrán impunes.

La causa caratulada “Organizaciones de Derechos Humanos” incluye los casos de Gerardo Alter, Carlos María Argenta, Walter Hugo Arteche, Gilberto Coghlan, Carlos María Curuchaga, Óscar Fernández Mendieta, Amelia Lavagna de Tizze, Nicanor Lerena, Pedro Ricardo Lerena, Julián Basilicio López, Iván Morales Generalli, Eduardo Mondello, Ivo Fernández Nieves, Óscar Bonifacio Olivera, Humberto Pascaretta, Hugo Pereyra Cunha, Aldo Perrini, Silvina del Carmen Saldaña y Nuble Donato Yic, asesinados antes del 12 de junio de 1976, cuando Bordaberry fue destituido por los militares.

LA INCONSTITUCIONALIDAD

El pedido de inconstitucionalidad, realizado por la fiscal Ana María Telechea el 14 de diciembre de 2009, fue admitido por la Suprema Corte a mediados del pasado abril y tuvo en junio un pronunciamiento favorable del fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Dr. Rafael Ubiría, quien ya había establecido su opinión sobre la inconstitucionalidad de la Ley 15.848 cuando un año atrás se le consultó por el caso de homicidio bajo torturas de la militante comunista Nibia Sabalsagaray.

En representación del ministerio público, la Dra. Telechea extrajo la veintena de casos de homicidio del expediente judicial en el que se condenó al dictador Bordaberry por los delitos de atentado a la Constitución, nueve desapariciones forzadas y dos homicidios políticos. La fiscal planteó en su requerimiento que bajo la Ley de Caducidad no podía continuar la indagatoria para identificar y responsabilizar a los autores materiales de los asesinatos. Otro tanto hizo con el caso conocido como el de los fusilados de Soca.

El pronunciamiento favorable de la Suprema Corte de Justicia en el caso Sabalsagaray, difundido el 19 de octubre de 2009, sólo días antes de las elecciones presidenciales y del referéndum del frustrado voto rosado contra la propia Ley de Caducidad, implicó un cambio histórico en el sistema judicial uruguayo que, hasta entonces, había defendido la supuesta constitucionalidad de la ley aprobada por el Parlamento, bajo presión militar, el 22 de diciembre de 1986.

Dos años después, el 2 de mayo de 1988, los entonces ministros de la Suprema Corte de Justicia Rafael Addiego Bruno, Armando Tommasino y Nelson Nicoliello declararon la constitucionalidad de la polémica Ley 15.848, con los votos en contra de Jacinta Balbela de Delgue y Nelson García Otero. Historiadores e investigadores han denunciado recientemente que aquella sentencia favorable también fue tomada bajo presión política y militar.

LA CONDENA QUE VIENE

El procurador general de la Nación y los ministros de la Suprema Corte han sustentado sus fallos de inconstitucionalidad con argumentos similares a los que, como pronunciamiento “político” y no vinculante, ya habían realizado la Presidencia de la República y el Parlamento uruguayo sobre el final de la gestión del presidente Tabaré Vázquez. Todos los poderes del Estado en Uruguay coinciden en que la Ley de Caducidad violenta la propia separación de poderes del Estado y contradice normas de derecho internacional aprobadas por Uruguay como la Convención de Derechos Humanos y la Carta de la Organización de Estados Americanos.

La contradicción de la Ley de Caducidad con las normas internacionales y la carta de la OEA ya provocó dos decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en una recomendación de 1992 había declarado que el Estado uruguayo estaba incumpliendo sus compromisos y que un año atrás impulsó un juicio contra Uruguay ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de secuestro y desaparición de María Claudia García de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman y madre de Macarena Gelman, una joven desaparecida recuperada en Montevideo.

En realidad, el inminente pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia, en el que reiterará que la Ley 15.848 es inconstitucional, sólo estaría adelantando a los tribunales penales la posibilidad de indagar sobre los veinte homicidios ocurridos durante el mandato de Bordaberry, porque también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará en pocas semanas sobre el caso Gelman y condenará al Estado uruguayo a “dejar sin efecto” la polémica ley y a hacer justicia en la causa de María Claudia.

EL ENTIERRO DE UNA LEY

Tan segura es la condena a Uruguay por parte del máximo órgano de justicia continental, que en todos los poderes del Estado se está buscando hoy una fórmula que permita “dejar sin efecto” la ley y habilitar todos los juicios antes de que la Corte Interamericana se pronuncie (probablemente en el mes de setiembre). El Parlamento estudia tres proyectos de ley al respecto y la propia cancillería uruguaya anunció esta semana la elaboración de una propuesta legislativa sobre el tema. Incluso en la Suprema Corte de Justicia se observa la situación y más de un analista no descarta que el órgano judicial sea el que deba actuar si se concreta el fallo de la OEA.

Sea cual sea la fórmula que se encuentre, lo que parece claro es que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado debe dejar de existir antes de fin de año. Y eso implicará que luego de la feria judicial mayor de enero de 2011 la justicia penal tendrá que reabrir todas las causas sobre violaciones a los derechos humanos, ya que “dejar sin efecto” la Ley 15.848, como exigirá la Corte Interamericana, implicará retomar todos los casos, incluso aquellos sobre los que se pretenda imponer la prescripción del delito o argüir que, aplicada la ley, el caso constituye “cosa juzgada”.

En un seminario realizado un mes atrás en la Facultad de Ciencias Social durante la denominada Semana contra la Impunidad, varios panelistas coincidieron en afirmar que “La Ley de Caducidad está muerta y ahora hay que enterrarla”. El problema que se le presenta al sistema político, legislativo y judicial uruguayo –coincidían– es cómo se procesará semejante sepelio y cuánto puede afectar un orden institucional uruguayo cuyo sistema judicial, dentro de un año, quizá deba crear juzgados especiales para actuar ante tantos casos pendientes de violaciones a los derechos humanos.

Al revés que en el poema de César Vallejo, todos dicen querer matar a la Ley de Caducidad, pero la impunidad, ¡ay!, sigue viviendo…

Un asunto importante

Informamos a todo el colectivo que nuestra institución se encuentra muy preocupada.

A casi de 10 meses de haberse promulgado la ley de reparación 18 596, el Poder Ejecutivo aún no ha reglamentado el Artículo 10 de la misma.

Por lo mismo los beneficiarios de la norma, que nos contempla, no podemos ejercer los derechos consagrados por dicha ley.

El artículo 10 establece que las personas que hayan estado detenidas más de 6 meses sin ser procesadas o las que hubiesen sido procesadas, las que hayan sufrido lesiones gravísimas y los niños y niñas que hayan sido secuestrados o hayan permanecido en cautiverio junto a sus padres, tendrán derecho a recibir de manera gratuita y vitalicia prestaciones médicas que incluyan la asistencia psicológica, psiquiátrica, odontológica y farmacológica que garanticen su asistencia integral en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS).

Señala, además, que el Decreto 268/2008 es parte de dicha ley.

Como es de público conocimiento, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), de acuerdo a la Ley 18 211, de 13 de diciembre de 2007, incluye a prestadores públicos y privados.

Está integrado por el sistema mutual y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

A lo largo de estos meses, Crysol ha realizado intensas gestiones para lograr que el Poder Ejecutivo emita el decreto reglamentario de dicho artículo.

A fines del mes de junio, el Ministro de Salud Pública, Ec. Daniel Olesker, presentó el proyecto de decreto que, de acuerdo a la información en nuestro poder, está desde esa fecha en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su aprobación.

El jueves 22 de julio, Crysol presentó una nota al Ministro de Economía y Finanzas solicitando la aprobación de dicho decreto. Hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta oficial a nuestra solicitud por parte ni del Sr. Ministro ni de ninguna autoridad del ministerio.

Dada la falta de una respuesta oficial a nuestra solicitud, a la circulación de rumores inquietantes con respecto a las objeciones que el MEF tiene ante el proyecto de decreto, el Plenario de Crysol realizado el pasado 28 de julio, resolvió hacer un cuarto intermedio hasta el Miércoles 4 de agosto a las 19 horas y encomendó a la Comisión Directiva:

emitir un comunicado público al respecto,

presentar notas ante al Poder Ejecutivo,

convocar al colectivo para realizar una concentración ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el lunes 9 de agosto de 2010 a las 14.30 horas demandando la aprobación del decreto de acuerdo a lo establecido por la Ley 18 596.

Exhortamos a todo el colectivo a tomar conciencia de la importancia de este asunto y a respaldar las gestiones que se están emprendiendo por parte de Crysol para implementar efectivamente y sin restricciones los derechos consagrados por la normativa.

Aspiran a "dejar sin efecto" Ley de Caducidad

Gobierno y FA preparan proyectos por separado

El País. Viernes 30 de julio de 2010.

Aunque por vías separadas, el Poder Ejecutivo y el Frente Amplio (FA) trabajan en dos iniciativas que persiguen un mismo fin: dejar sin efecto la Ley de Caducidad ante la seria posibilidad de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) emita una condena al Estado uruguayo por mantener vigente esa norma, tras una demanda presentada por Macarena Gelman, hija de María Claudia García de Gelman desaparecida en 1976.

La semana próxima, un grupo de trabajo conformado en el FA en abril, hará los retoques finales a una iniciativa que propone dejar sin efecto la Ley de Caducidad aprobada en 1986 y que estableció que militares y policías no pueden ser juzgados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985).

El dirigente del Partido para la Victoria del Pueblo (PVP) Carlos Coitiño, miembro de la comisión del FA, dijo a El País que "hay acuerdo suficiente" para terminar de analizar la próxima semana la iniciativa, que será enviada a la Mesa Política y a la bancada de la coalición de izquierda.

En tanto, el diputado Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), quien también integra el grupo de trabajo, dijo a El País que la idea es que el Parlamento pueda establecer la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad a través de la "interpretación auténtica" de la norma, mecanismo legal previsto en el Código Civil.

En octubre de 2009 la Suprema Corte de Justicia declaró que la Ley de Caducidad es inconstitucional. Ese fallo fue emitido exclusivamente en relación al caso de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, aunque fija la posición de la Corporación en torno al tema.

Orrico dijo que la alternativa proyectada no implica la nulidad de la norma ya que ello no hace falta, porque "si algo es inconstitucional lo es desde el primer día en que se sancionó". El legislador reconoció que la propuesta tiene "una gran sutileza jurídica".

Según Orrico, las denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos que no se pudieron tramitar en gobiernos anteriores porque los casos fueron amparados en la Ley de Caducidad, se podrían volver a plantear.

"LASTRE".

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores enviará en breve una iniciativa al Parlamento para "dejar sin efecto" la Ley de Caducidad, según dijo el canciller Luis Almagro en declaraciones publicadas ayer por el semanario Búsqueda.

El Ministerio de Relaciones Exteriores pretende "dejar sin efecto" los artículos 1,2,3 y 4 de la Ley de Caducidad, que establecen que los delitos cometidos por militares y policías caducaron y que, en caso de presentarse una denuncia, el juez debe consultar al Poder Ejecutivo respecto a si es posible iniciar la indagatoria.

El canciller Luis Almagro dijo que la intención es "prevenir" una condena al Estado por el caso de María Claudia García de Gelman y además "terminar con un lastre que tenía Uruguay ante la opinión pública internacional".

33 años del secuestro del maestro Julio Castro

La República. Jueves 29 de julio de 2010. Por Víctor Brindisi. Maestro


Con este pensamiento encabeza el Movimiento de Educadores por la Paz, el Acto que el 30 de julio realiza en homenaje al Maestro Julio Castro, a las 18 horas, en el Museo Pedagógico. El 1ro. de agosto de 1977 Julio es secuestrado en plena vía pública, saliendo de su domicilio, conducido a un Centro de detención y tortura en la Av. Millán, donde fallece el 3 de agosto víctima de las torturas aplicadas.

Queremos, en este breve artículo expresar tres consideraciones fundamentales:
1-La profunda preocupación que tenemos para que se logre esclarecer la Verdad sobre la circunstancias del secuestro, desaparición y asesinato de Julio.

Deseamos también que se logren las mismas en relación a todos y cada uno de los casos ocurridos durante la dictadura militar. Podemos tomar un camino de convivencia sobre la base de Verdad y Justicia.

Es necesario que la justicia investigue, y para ello es necesario impedir que la ley de Caducidad ponga trabas legales. De allí del interés de que por alguna de la vías posibles se logre.

Actualmente la denuncia penal de familiares de Julio Castro va a ser elevada al Poder Ejecutivo para una nueva consideración del caso. Deseamos, creemos que si se cumple la instancia se logrará abrir el camino.

2- Exhaltar la importante contribución de Julio Castro al pensamiento pedagógico nacional y latinoamericano.

Desde joven, unió su veta de educador al periodismo. Y ya en el año 1933, resaltaba " El valor pedagógico de la prensa", en un artículo publicado el 18 de marzo en Acción.

A partir de la década del 40 comienza una etapa de publicaciones como "El Analfabetismo", "El banco fijo y la mesa colectiva: vieja y nueva Educación", "La Escuela Rural en el Uruguay" y otras, junto a una permanente actividad periodística en Marcha, publicación que honra al Periodismo Nacional, donde tuvo una actuación importante junto a su Director Carlos Quijano.

Además de su obra escrita, Julio participa en forma destacada en importantes instancia de la tarea educativa en el país, de las cuales mencionamos:

-Congresos de Maestros Rurales en 1944 y 1945,

- acompaña a jóvenes estudiantes en la 1ra. Misión Socio Pedagógica en Caraguatá, departamento de Tacuarembó, que abrió el rumbo de una riquísima experiencia en el campo educativo.

- Contribuyó en forma destacada en la elaboración del Programa de Educación Rural, surgido en el Congreso de Maestros de Escuelas Rurales y Granjas que se realizó en Piriápolis en enero de 1949, donde se consideraron los fundamentos y fines de la educación en las zonas rurales.

Ya en 1952 comienza a cumplir importantes tareas en el plano internacional, trabajando en la Subdirección del Crefal, en México, destinado a la formación de especialistas de todos los países latinoamericanos en la Educación Fundamental.

Recorre América Latina, conociendo la vida de los pobres, de los indígenas, que trasmite en forma admirable en un breve libro que tituló "Cómo viven los de abajo en América Latina".

Trabaja durante ese período, hasta 1971 en múltiples actividades encomendadas por la Unesco, elaborando él, o contribuyendo en Comisiones especiales, valiosos documentos sobre Educación, en México, Ecuador, Perú, Chile y muchos otros países.

3- Destacar la figura de Julio como un luchador, social, político, como un hombre comprometido con su país, con sus hermanos, con la libertad, la democracia.

Nunca escapó a los compromisos de hablar y actuar con franqueza, con sencillez. Su importante labor periodística está destinada a calar en lo más hondo, a combatir sin prejuicios los males que azotaban el país y la región, el imperialismo del norte, la explotación de los pobres, la miseria en que vivían millones de campesinos en el continente.

Julio Castro era conciente de que la dictadura, en su tarea represiva reprimía, torturaba, asesinaba. Prefirió quedarse, como dice en algunas de sus cartas, a ayudar a los compañeros: "Seguimos aquí porque todavía somos útiles para algunas pequeñas cosas"--"No podemos siquiera organizar un grupo de ayuda, ni reunirnos algunos para ver qué se puede hacer. Hay colegas que no tienen qué comer. Hay otros que se quedan sin casa".." Aquí las cosas siguen igual, con signos de descomposición y el correspondiente tufo"

La deuda de la sociedad Uruguay con el Maestro Julio Castro es grande.

Como dijo Carlos Quijano "Un día nosotros haremos justicia a Julio. Y si el tiempo se nos va, otros lo harán por nosotros".

Identifican a desaparecidos en la dictadura argentina

DDHH. Los restos aparecieron en un cementerio a 340 km de la capital

Militaban hace 34 años en el guevarista PRT.

Buenos Aires | AFP


Los restos de la mexicana Cristina Cialceta y del francés Yves Domergue, desaparecidos en la dictadura argentina, fueron identificados tras pasar 34 años enterrados sin nombre en el cementerio de un poblado a 340 km de Buenos Aires, anunció ayer martes el hermano de una de las víctimas.

"Encontramos a mi hermano y a su novia. Fueron identificados. Después de 34 años de desgracia, sentimos alivio por encontrarlos y también por saber que sobrevivieron poco y nada en mano de los asesinos", dijo a la AFP Eric Domergue, de 54 años, el único de la familia que vive en Argentina.

La presidenta Cristina Fernández encabezará el miércoles un homenaje a las víctimas en la Casa Rosada.

"Todo homenaje es merecido, por lo que fue, por lo que luchó. Qué esto sirva, que por un instante Yves represente a los 30.000 desaparecidos" de la dictadura (1976/83), según cifras de organismos humanitarios, dijo emocionado el hermano.

Los cuerpos de Yves, uno de los 18 franceses víctimas del terrorismo de Estado, y Cristina, una de las dos mexicanas desaparecidas, estaban en el cementerio público de Melincué (340 km al noroeste), un pueblo rural de 2.400 habitantes en la provincia de Santa Fe (centro-este).

Habían sido enterrados allí sin identificar, el 29 de setiembre de 1976, tres días después de que Agustín Buitrón, el dueño de un campo cercano, ya fallecido, los encontró acribillados a la vera de una ruta rural.

Tras décadas de búsqueda, el círculo se cerró gracias a pobladores de Melincué, entre ellos un ex empleado judicial, Jorge Basuino (61), que protegió el expediente a través del tiempo, y a la profesora Juliana Cagrandi (48) que en 2003 instó a sus alumnos de último año de la escuela media a investigar este caso.

Tras realizar el trabajo, estudiantes y docente no cesaron en su empeño hasta ser escuchados en la secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, que finalmente investigó la existencia de los dos y encontró coincidencias con el caso de Yves.

El 5 de mayo pasado Eric Domergue tuvo la confirmación de que uno de los cuerpos era el de su hermano y hace dos semanas el juez de Melincué, Leandro Martín, 34 años, le anunció oficialmente la identificación de la pareja.

Yves Domergue, nacido en 1954 en Francia, era el mayor de nueve hijos de un matrimonio francés, muy católico, que se instaló entre 1959 y 1974 en Argentina.

Estudiante de ingeniería, Yves Domergue militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT, guevarista), brazo político de una de las organizaciones guerrilleras de los 70.

LA IDENTIFICACION DE DOS JOVENES DESAPARECIDOS SERA ANUNCIADA HOY POR LA PRESIDENTA

“Después de 34 años sentimos alivio”

Página 12. Miércoles 28 de julio de 2010.

El Equipo Argentino de Antropología Forense identificó los restos de Yves Marie Alaini Domergue (francés), de 22 años, y de Cristina Cialceta Marull (mexicana), de 20, enterrados en una fosa común en Melincué, Santa Fe. Los familiares participarán del acto.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciará hoy en la Casa Rosada la identificación de un joven francés y de su pareja mexicana, militantes políticos desaparecidos durante la última dictadura militar y exhumados el año pasado de una tumba NN en la localidad santafesina de Melincué por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La identificación de Yves Marie Alaini Domergue, de 22 años, y de Cristina Cialceta Marull, de 20, secuestrados el 26 de septiembre de 1976 en Rosario, se concretó en el marco del proyecto Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Desaparecidos.

La ceremonia, de la que participará Eric Domergue, hermano de Yves, comenzará a las 19 en el Salón de los Científicos Argentinos del Bicentenario.

Yves Domergue, uno de los 18 franceses víctimas del terrorismo de Estado, nació en París en 1954. Cinco años después llegó con sus padres y dos hermanos a la Argentina, donde tuvo otros seis hermanos.

En 1974, cuando la mayor parte de su familia volvió a Francia, Yves decidió quedarse. Estudiaba ingeniería en la Universidad de Buenos Aires y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cristina Cialceta nació en México en 1956, pero es hija de argentinos. Su padre, el coronel retirado Ignacio Cialceta, ya fallecido, era sobrino político de Juan Domingo Perón y fue su edecán durante la segunda presidencia.

Los cuerpos aparecieron acribillados poco después del secuestro al costado de un camino vecinal cerca de la localidad de Carreras. Tres días después fueron enterrados en tumbas sin nombre en el cementerio de Melincué, un pueblo del interior de Santa Fe donde la noticia causó conmoción. Durante treinta y cuatro años integraron la lista de desaparecidos. “Era como si a Yves se lo hubiera tragado la tierra”, recordó su hermano Eric, el único familiar que siguió viviendo en la Argentina.

El 5 de mayo el EAAF le confirmó la identificación. El martes pasado, el juez de Melincué, Leandro Martín, anunció la identificación de la pareja. “Después de 34 años de desgracia sentimos alivio por encontrarlos y también por saber que sobrevivieron poco y nada en mano de los asesinos”, confesó Domergue, de 54 años.

Jean Domergue se fue de la Argentina con una visión idílica y volvió dos años después para buscar a su hijo secuestrado por el terrorismo de Estado. Todos los hábeas corpus que presentó ante la Justicia tuvieron resultado negativo.

Pese a los reclamos de la Embajada de Francia y las gestiones ante organismos internacionales, iglesias, legisladores norteamericanos, y una intensa campaña en la prensa, la dictadura nunca le dio una respuesta. “El ambiente era terrible. En la Embajada de Francia me advirtieron que tuviera cuidado al marchar por la calle, sobre todo que no hablara con desconocidos”, recordó en una entrevista con el periodista Carlos Gabetta, publicada en el libro Todos somos subversivos.

Cuando volvió a Francia recibió una carta firmada con seudónimo en la que le informaban que su hijo Yves estaba en manos del Batallón de Comunicaciones 121 del Ejército, en Rosario. “Esta persona nos decía que había sido torturado, pero estaba con vida, y nos recomendaba la mayor publicidad posible, ya que su condición de ciudadano francés podía contribuir a salvarle la vida”, recordó durante la entrevista. De regreso en su país fundó la Comisión de Familiares de Ciudadanos Franceses Prisioneros y Desaparecidos en Argentina y Uruguay.

“Me preocupa que la palabra ‘desaparecido’ se esté transformando en una palabra común”, confesó durante una entrevista en el diario La Razón en 1984. “Yo quisiera llevar un cartel luminoso que dijera ‘no se olviden de los desaparecidos’, pero como no lo puedo hacer sigo luchando y afortunadamente puedo gritar más fuerte que cualquiera porque no hago política, lucho para saber dónde están nuestros desaparecidos”, recordó entonces Jean Domergue, que hoy tiene ochenta años y la semana próxima podrá reencontrarse con los restos de su hijo.