la asociación de todas y de todos los ex presos políticos de Uruguay

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miércoles, 24 de diciembre de 2014

Lo puntual y lo de fondo





En los tiempos más duros del terrorismo de Estado, Serpaj fue parte de la resistencia del pueblo uruguayo, una destacada militante en defensa de quienes éramos prisioneros políticos en ese momento, demandando una amnistía general e irrestricta que posibilitara nuestra inmediata liberación. 

Nuestra gratitud, como colectivo organizado y plural, fue, es y será una piedra fundamental en la cual se asienta el edificio de nuestro relacionamiento institucional, forjado, además, en una década larga de lucha común y fraternal contra la maldita impunidad.

Rechazamos la actitud agresiva y despreciativa ante opiniones recientemente formuladas por Serpaj en el marco de un sistema democrático en el cual las organizaciones de la sociedad civil nos hemos ganado el derecho a opinar libremente. Además de la ausencia de argumentos sólidos para desmentir lo afirmado por Serpaj, sorprende  el tono y la maledicencia con la actitud y la complacencia mantenida ante reiteradas opiniones, intentando justificar el pasado, de organizaciones que nuclean y representan a los perpetradores de graves hechos delictivos.

El Ministerio de Defensa no ha contribuido en los últimos años a la investigación, el esclarecimiento y la sanción de los graves hechos represivos ocurridos durante el terrorismo estatal. Incluso ha obstaculizado, de manera contumaz y alevosa, la búsqueda de la verdad y de la justicia. El episodio, entre otros, en el cual se impidió fotografiar a la Dra. Mariana Mota dentro de un conocido centro clandestino de detención y tortura es un ejemplo contundente de lo que afirmamos.

A casi 30 años del retorno a la institucionalidad democrática es inconcebible que continúen vigentes normas legales que otorgan beneficios extraordinarios, que no tienen los ciudadanos comunes, a los criminales de guerra. Es inaudito que los tribunales militares manejen códigos, criterios y valores anacrónicos que ofenden los principios más elementales de la democracia. Se llega al absurdo de que el Estado uruguayo pague jubilaciones militares a quienes se han fugado del país y son prófugos de la justicia por ser responsables de desapariciones, asesinatos y torturas. Es una barbaridad que en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas se siga dispensando un tratamiento VIP a criminales confesos y con sentencia firme en tanto se destrata y desprecia a los militares que en su momento se enfrentaron y opusieron al malón fascista. Impacta que se abogue por prisión domiciliaria para quienes expresamente están excluidos de los beneficios de ella por la gravedad de los delitos cometidos.

La dictadura cívico militar fue una gran tragedia nacional cuyo legado, secuelas y efectos de todo tipo perduran hasta el día de hoy, impidiendo y obstaculizando el progreso y desarrollo del país. La democracia solo será sólida y perdurable si se asienta sobre la Verdad, la Justicia, sobre la implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas hasta sus últimas consecuencias para que los hechos no vuelvan a repetirse.

La investigación, el esclarecimiento y la sanción, penal y administrativa de todos los involucrados, autores intelectuales y materiales,  de las gravísimas violaciones a los derechos humanos que se cometieron: desapariciones, asesinatos, crímenes, tortura sistemática, masiva y generalizada, incluyendo abusos sexuales a miles de uruguayos, es el camino irrenunciable para construir un país de justicia. Las nuevas generaciones no deben ser forzadas a seguir cargando la mochila de los crímenes del pasado.

Las 22 recomendaciones formuladas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no repetición, Pablo de Greiff, luego de su visita a Uruguay invitado  por el gobierno, son las medidas básicas e indispensables a transitar a corto, mediano y largo plazo para seguir profundizando la transición democrática iniciada en 1985. Involucran a todo el Estado, a los tres poderes del sistema republicano. 

El Poder Ejecutivo, el Parlamento y el Poder judicial tienen tareas pendientes tal como lo ha señalado la Institución Nacional de DDHH (INDH), la Corte Interamericana de DDHH en el caso Gelman y recientemente el Relator Especial. El sistema político en su conjunto debe tomar cartas en el asunto. Es lo que reclamamos como colectivo organizado. La sensibilidad humanitaria debe enfocarse hacia las víctimas, a sus familiares y sobrevivientes. 

Hoy, Serpaj, somos todos.

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Opinando – Año 3 – Martes 23 de diciembre de 2014