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lunes, 3 de febrero de 2014

Molestias del caso

SCJ tratará hoy informe ante ONU en el que el Poder Ejecutivo dice desconocer si traslado de Mota se ajusta a la Constitución.


La diaria - 3 2 14

La mención al traslado de la jueza Mariana Mota en el informe presentado por el Estado uruguayo en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas será abordada hoy en la primera sesión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) después de la feria judicial, en la que asumirá como nuevo presidente el doctor Jorge Larrieux. Lo aseguró ayer el ministro de la corporación Julio Chalar al diario El País, al que aseguró también que planteará el tema “si otro ministro no lo propone antes”.

El informe que presentó el secretario de Presidencia, Homero Guerrero, el miércoles en Ginebra, señala que el traslado de Mota de una sede penal a una civil por parte de la SCJ “tuvo una importante repercusión sobre la opinión pública uruguaya”. “La jueza Mota tenía bajo su competencia numerosas causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos. El Poder Ejecutivo no conoce las razones de servicio que motivaron la decisión” de la SCJ, “ni si las mismas se ajustaron a los requisitos procedimentales establecidos en el artículo 246 de la Constitución uruguaya. 

Sin perjuicio, cabe señalar que el traslado ha sido impugnado y el caso se está instruyendo de acuerdo a los mecanismos de la jurisdicción administrativa”, añade el documento presentado por el Estado uruguayo.

El jueves, Larrieux dijo al semanario Búsqueda que el caso se encuentra “en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo” (TCA) y se mostró sorprendido por que en un informe sobre derechos humanos se incluya el traslado de un magistrado, cuando se realizan “cientos por año”. Mota presentó primero un recurso de revocación de su traslado ante la SCJ, que fue rechazado, y posteriormente, en setiembre, presentó un recurso de nulidad ante el TCA, que se encuentra en trámite.

Chalar también opinó que existen “procesos en trámite” y que “debe repudiarse todo intento de influir” en la decisión de una sede judicial, “lo que sería groseramente antirrepublicano y antidemocrático”.

Chalar confirmó que la corporación no informó al Poder Ejecutivo sobre los motivos del traslado de Mota, pero que “tampoco correspondería” hacerlo. Para el ministro, las relaciones entre los poderes del Estado “están precisamente reguladas en la Constitución”, que “no contempla esa posibilidad”. 

Chalar opinó también que “el Poder Ejecutivo no está informando a la Comisión de Derechos Humanos”, ya que esa instancia “desapareció” después de “las críticas” que recibieran sus miembros de que “ni siquiera garantizaban los derechos humanos en sus propios países”. “A quien el Poder Ejecutivo le ha informado ahora es al Consejo de Derechos Humanos, organismo sucesor de la Comisión y hoy integrado por, entre otros países, China, Cuba, Rusia, Ghana, cuyo nivel de respeto por los derechos humanos aparece frecuentemente comentado en los medios y por las organizaciones no gubernamentales, nivel que reflejaría el que promueve este Consejo, según los antecedentes de su creación, pero acerca de lo cual no abro juicio”, agregó Chalar. 

Sobre el párrafo del informe en que se pregunta si la decisión de la SCJ fue o no ajustada a la Constitución, el ministro expresó que “ese juicio no es competencia del Poder Ejecutivo”. El informe hace referencia al artículo 246 de la Constitución, que sostiene que la SCJ puede trasladar a los magistrados “en cualquier tiempo, de cargo o de lugar, o de ambas cosas”, pero “después de oído el Fiscal de Corte” y con “sujeción” al voto de tres ministros de la SCJ “si el nuevo cargo no implica disminución de grado o de remuneración”, o al voto de cuatro ministros si el traslado implica lo contrario.

El abogado de Mota, Antonio Rammauro, indicó a la diaria que actualmente el recurso de nulidad del traslado ante el TCA se encuentra en el período de “evaluación de la presentación de pruebas de las dos partes”. Esto significa que ambas partes ya presentaron la primera tanda de elementos probatorios y que éstos “son evaluados” para su contestación, si se considera necesario. 

Rammauro dijo que si bien es posible “acortar los plazos” del proceso, todos los antecedentes similares “tienen una demora de entre dos años y dos años y medio” entre la presentación del recurso y el fallo correspondiente. El abogado agregó que existe “un antecedente de revocación del traslado” de una magistrada, pero que el caso tuvo “características distintas” al de Mota. En el recurso presentado por él, se hace hincapié en que existen “muchos antecedentes” de revocaciones de “resoluciones de la Administración”, que ocurrieron “sin la explicación de motivos” y por lo tanto “no están fundadas”. “En este caso, el Poder Judicial es un órgano más de la Administración, como todos los demás”, concluyó.

El informe del Poder Ejecutivo también se refirió al fallo de la SCJ del 22 de febrero del año pasado, en el que se considera “que no debe aplicarse en forma retroactiva la ley que introdujo el delito de desaparición forzada, a los casos cometidos durante la dictadura militar, permitiendo entonces los plazos de prescripción”, según lo expuesto por Guerrero. Pero “sin perjuicio de ello, hay una tendencia jurisprudencial que emana de los tribunales de primera instancia y de apelaciones que no se ajustan a esa doctrina” de la SCJ, terminó aclarando el jerarca.

Larga duración

Chalar deberá dejar su cargo en la SCJ este año, ya que cumple 70 años de edad. Por su parte el ministro Jorge Ruibal Pino dejará la corporación en junio de 2015, por la misma razón que Chalar, mientras que Larrieux lo hará a fines de 2016, Ricardo Pérez Manrique a mediados de 2017 y Jorge Chediak en 2019.


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