Con 93 años, Luisa Cuesta sigue en busca de indicios sobre su
hijo Nebio Melo, desaparecido desde 1976.
La diaria - 20 12 13 - Por Cecilia Álvarez
Luisa Cuesta tiene 93 años, bromea con que no sabe con
cuántos años va “a terminar” y ya está cansada. Ayer, pese al calor, llegó
hasta el predio militar del Servicio de Material y Armamento (SMA), que está
ubicado al lado del Batallón de Infantería Nº13, a acompañar la inspección
ocular ordenada por el juez Juan Carlos Fernández Lecchini, a cargo de la causa
por la desaparición de su hijo, Nebio Melo.
Estaba tranquila, y se quedó
sentada en el auto junto a su sobrino, Nilo Patiño, mientras el juez, la fiscal
Adriana Costa, el equipo del Grupo de Investigación de Antropología Forense
(GIAF), la Policía Técnica, el personal del Ministerio de Defensa y los
abogados denunciantes recorrían las construcciones del SMA.
El objetivo era reconocer en el lugar los datos aportados por
los relatos de los testigos, identificar en cuál de las barracas funcionó el
300 Carlos -el centro de torturas al que habría sido trasladado Nebio Melo- y
avanzar en la ubicación, con el asesoramiento de los antropólogos, “de
eventuales lugares de enterramientos: hay algún testimonio primario que puede
indicarlo de manera inicial”, explicó Cecilia Blanco, abogada que junto a José
Luis González lleva adelante la causa.
La Justicia ya había ingresado al 300 Carlos en setiembre de
2012, en el marco de una denuncia por torturas de seis ex presos políticos que
estuvieron allí recluidos, pero no lo había hecho el equipo de antropología con
el objetivo de identificar las zonas de eventuales enterramientos.
Tras la inspección, el expediente pasará a la vista fiscal, y
a partir de entonces Fernández Lecchini puede ordenar medidas cautelares, como
no innovar en determinados predios. No se descarta que se solicite el inicio de
las excavaciones.
El periplo
La denuncia cumplió un año el 10 de diciembre, y según
Blanco, en este tiempo se ha “solidificado una hipótesis razonable” respecto de
la desaparición de Melo. Los datos indican que fue secuestrado en Buenos Aires
el 8 de febrero de 1976, junto a Winston Mazzuchi. Ambos eran militantes del
Partido Comunista Revolucionario (PCR). Melo tenía 32 años, estaba casado y
tenía una hija pequeña.
Tras su secuestro habría sido trasladado al centro
clandestino Campo de Mayo, según los datos recogidos para la Investigación
Histórica de Detenidos-Desaparecidos de Presidencia. Al día siguiente, unas 15
personas armadas y vestidas de particular que se desplazaban en dos automóviles
Ford Falcon allanaron la finca en la que Melo y su esposa habían vivido hasta
dos meses antes, pero no encontraron a nadie.
Blanco explicó que comenzaron a trabajar sobre la hipótesis
de un traslado desde Buenos Aires a Montevideo y que hay “indicios
testimoniales” de personas que estuvieron detenidas en la Casa de Punta Gorda,
también conocida como Infierno Chico o 300 Carlos R, “que permiten decir que
Melo y Mazzuchi fueron trasladados a Uruguay en febrero de 1976 [y recluidos en
la Casa de Punta Gorda]. Parados en Punta Gorda se siguió trabajando con la
teoría del 300 Carlos, en el análisis del sistema represivo y en que había
cierta conexión entre el Infierno Chico y el Infierno Grande [como se conoce al
300 Carlos]”.
La Casa de Punta Gorda, ubicada en la rambla República de
México frente a la playa Los Ingleses, era un lugar de detención, y el 300
Carlos fue creado posteriormente por el Órgano Coordinador de Operaciones
Antisubersivas (OCOA). Según explica Blanco “los mandos coincidían entre Punta
Gorda y el 300 Carlos”, y tres de los testigos que declararon en la causa
fueron trasladados desde el Infierno Chico al Infierno Grande antes de ser
llevados ante la Justicia Militar.
También hay coincidencias de procedimientos con la Operación
Morgan, que apuntó contra militantes y bienes del Partido Comunista. Muchos
detenidos por la Operación Morgan estuvieron recluidos en la Casa de Punta
Gorda. Por ejemplo, Eduardo Bleier fue detenido y recluido allí, luego fue
visto en el 300 Carlos y luego en el Batallón Nº13.
También Fernando Miranda estuvo detenido en el 300 Carlos y
sus restos fueron hallados, en 2005, en un enterramiento primario en el Batallón
Nº13. “La desaparición forzada no era al azar, se trabajaba sistemáticamente”,
apuntó Blanco.
Conexiones
“Vos lo que hiciste era ir a trabajar con compañeros,
ayudándolos. Y eras muy joven, demasiado joven”, le comentaba Luisa Cuesta a
Nilo Patiño ayer, cuando lo consultamos sobre su vínculo con su primo Nebio
Melo. Patiño se llevaba seis años de diferencia con Melo y también militaba en
el PCR. Se separaron cuando Melo se exilió en Buenos Aires, en 1973, ya que
Patiño permaneció clandestino en Montevideo hasta 1981, cuando se fue a Suiza.
Una de las pruebas documentales encontradas a partir de la
apetura de la causa fue una carta que Patiño le envió a Mazzuchi días antes de
que fueran detenidos. “Yo no me acordaba de la carta. Un día revisando cosas
del archivo aparece una carta que no estaba identificada, tenía un alias”.
Estando en el archivo escuchó que Blanco hablaba de la firma de la carta, a
nombre de “León”, y así, casi de casualidad, identificaron que la carta era
suya. En la carta Patiño le hablaba a Mazucchi de “temas políticos y alguna
cosa que escribíamos entre nosotros, cosas humanas... él me había regalado una
botella de ginebra [...]”. La nota apareció en el archivo general de documentos
sobre el PCR y en la ficha del propio Patiño. Pero lo llamativo es que la carta
estaba en Uruguay, lo que prueba que las fuerzas represivas uruguayas
“estuvieron involucradas en el secuestro en Argentina o que eso se procesó
acá”, señaló Blanco.
Miguitas
A la espera de las medidas que puedan surgir a partir de la
inspección judicial en el 300 Carlos, a Patiño lo que le gustaría es “que se
dijera toda la verdad. Si no, no hay forma de zanjar. Luisa hace 40 años que
está reclamando por su hijo y sabe que está muerto, esto no es un problema
individual. El objetivo de la lucha de Luisa y de Familiares es establecer la
verdad. Que sirva de aprendizaje y se establezcan los valores donde deben
estar”, comentó a la diaria. “Que cada uno asuma su parte si es necesario, pero
hay cosas y cosas; una cosa es el error individual y otra cosa es un error del
Estado. El problema es no volver a repetir”, dice.
Siempre surgen dificultades para obtener información. “La
dificultad de la prueba es por muchas razones. No accedés, está la teoría de
que los registros militares se han destruido, y el propio paso del tiempo hace
que la gente vaya perdiendo muchos recuerdos de momentos dolorosos. Es muy
difícil la búsqueda de la prueba, vas consiguiendo unir razonablemente
miguitas”, añade Blanco. “Hay cantidad de gente oculta dentro de las fuerzas
militares y nadie dice nada”, lamenta Patiño.
Las causas judiciales, además de buscar una “verdad judicial
lo más cercana a la realidad”, cumplen su papel en “deconstruir una cultura de
impunidad”, consideró la abogada. “Creo que no tenemos idea hasta dónde tiene
las raíces en la sociedad uruguaya, cuando en estas causas tenés que estar
todos los días peleando, las víctimas tienen que estar remangándose; uno no ve
hasta dónde llega la impunidad”, agregó.
“Las viejitas no sólo buscan los huesitos, han dicho verdades
y luchan por eso, y es más importante eso que la búsqueda de los huesitos.
Desentrañar todo eso nos va a llevar mucho tiempo, posiblemente la vieja no lo
vea, y yo tampoco”, dijo Patiño, y explicó: “Levantar las causas significa eso,
explicar a las generaciones nuevas que construir un Uruguay solidario, mejor,
era nuestro objetivo, y en la medida que podamos seguir peleando por eso,
seguiremos”.
Para Blanco, la actitud de Luisa Cuesta y de su sobrino fue
siempre la de “tratar de construir la causa con una cabeza de memoria, más allá
de lo individual. Si se llega al 300 Carlos y se puede, a partir de esto,
reconstruir su historia, vale la pena”.
Boquita sin llave
Hoy, a las 9.30, familiares de detenidos desaparecidos
ingresarán al Batallón Nº13, ubicado en la avenida de las Instrucciones y
Casavalle, para ver el trabajo que lleva adelante en ese predio militar el
equipo de antropólogos liderado por José López Mazz, en el marco de la
investigación de la desaparición de María Claudia García de Gelman. Ignacio
Errandonea, integrante de la Asociación de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos, expresó a la diaria que intentarán ponerse al tanto
“de las posibles novedades del trabajo de los antropólogos, para ver si podemos
acceder a nuevos datos en nuestra búsqueda, en ese lugar en el que funcionó el
centro de tortura 300 Carlos”.
Errandonea informó que la asociación realizará
hoy un pedido de información sobre el destino de sus familiares. “Hacemos este
pedido no sólo a la población, sino también a soldados rasos e incluso mandos
militares que estuvieron en determinados lugares, en determinados momentos y
que pudieron haber visto algo. Si no han dicho nada hasta ahora o guardaron
información, queremos pedirles que lo digan, que nos puede ser de mucha ayuda”,
expresó Errandonea.
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