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jueves, 5 de diciembre de 2013

La derecha niega las normas de los derechos humanos




En cumplimiento de sus obligaciones jurídicas, políticas y morales, la semana pasada, la Cámara de Diputados de la República Argentina sancionó una ley de carácter reparatorio por medio de la cual se otorga una pensión graciable, sin discriminaciones ni restricciones de ninguna naturaleza, a todas las personas que estuvieron detenidas durante la dictadura militar por razones políticas, gremiales o estudiantiles.


La nueva ley de reparación contó con el apoyo exclusivo del bloque de partidos que respaldan al gobierno y algunos parlamentarios, pocos, de la oposición. Ha sido duramente cuestionada por la derecha en sus diferentes vertientes y envases. Los medios de comunicación tradicionalmente vinculados al proceso militar han llevado la voz cantante. Incluso el conocido Jorge Lanata la descalificó groseramente en su programa televisivo semanal.

La derecha no reconoce las normas de DDHH.

Las críticas que se le han hecho a la denominada Ley Ricardo Scalet (en homenaje al fallecido presidente de la Asociación de expresos políticos de Argentina que fue uno de sus grandes propulsores) ponen al descubierto, una vez más, que los sectores de la derecha en el país hermano, siguen sin aceptar que hay límites para el accionar de los gobernantes y de sus funcionarios. A 30 años del retorno a la democracia continúan sin reconocer que esos límites son las normas de derechos humanos, aunque ellas siempre aparezcan en sus floridos discursos. Se apoyan en ellas, pura y exclusivamente, cuando les conviene, para defender lo que consideran sus sacrosantos derechos y sus privilegios o por demagogia de carácter electoral o electoralista.

Los Estados tienen facultades legales para hacer cumplir y respetar las leyes que regulan la convivencia social. Bajo ninguna circunstancia los Estados pueden violar las normas de derechos humanos. Los cuerpos represivos del Estado no pueden detener arbitraria y discrecionalmente a los ciudadanos, someterlos a procedimientos judiciales sin las garantías del debido proceso, torturarlos despiadada y soezmente, como lo ha reconocido el ex Teniente del Ejército Ernesto “Nabo” Barreiro, jefe de los interrogadores en el campo de concentración de La Perla, en la Provincia de Córdoba (ver www.crysol.blogspot.com), mantenerlos recluidos en condiciones inhumanas como se hizo en la Argentina y en todo el Cono Sur en el marco del Plan Cóndor promovido por los Estados Unidos.

Cuando los estados cometen las atrocidades que se cometieron en la Argentina, en Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay, tienen la obligación de reparar el daño ocasionado por sus agentes e institutos de una manera integral, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 60/147 de la Organización de las Naciones Unidas. Los principios rectores de esa reparación integral son:  restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. La Resolución 60/147 de la ONU incluye como principio básico e indispensable el esclarecimiento, juzgamiento y la sanción penal y administrativa de esas violaciones a los derechos humanos.

La ley Ricardo Scalet recientemente sancionada va en dicha dirección. No es una recompensa para los “amigos montoneros” como la presentan quienes la descalifican. No es un premio para los militantes afines al gobierno. Es un resarcimiento por los sufrimientos ocasionados por los servicios represivos de la época, por los daños y perjuicios, por los proyectos de vida destrozados. Intenta asegurar una vejez digna a miles de luchadores políticos, sociales, gremiales, estudiantiles y, en muchísimos casos, a simples ciudadanos, que bajo el alucinante horror del terrorismo de Estado, fueron bárbaramente torturados y privados de su libertad, en muchísimos  casos, durante períodos  prolongados.

El resarcimiento otorgado, una pensión graciable para las víctimas directas y sus familiares sobrevivientes,  tardío y escaso incluso para el daño ocasionado a las víctimas, es un acto de justicia y de afirmación de los principios básicos de una Estado democrático. 

Cumple con las disposiciones de la normativa internacional de los derechos humanos que los sectores de derecha, una vez más,  desconocen y no aceptan en los hechos. Es parte de la política general que han impulsado los últimos gobiernos y que han permitido que al día de hoy, más de 1.000 represores, asesinos y torturadores estén encausados judicialmente y centenares en prisión.

El Parlamento y el gobierno argentino merecen, en este sentido, el más amplio reconocimiento.

La derecha es inmoral.

Para cuestionar ante la opinión pública  la acción reparadora del Estado, los opositores al gobierno y a la norma,  esgrimen los costos que ella tendrá para el presupuesto estatal. Se escandalizan mediáticamente y cuestionan al gobierno por cumplir con sus obligaciones estatales.

Los costos de las políticas reparatorias que los gobiernos democráticos de la región han debido implementar son un legado maldito del terrorismo de Estado, similar a la herencia maldita de las imponentes deudas externas, que las democracias restauradas debieron afrontar. En las Universidades donde se formaron y se forman los técnicos y profesionales de la derecha, no se computan los costos económicos de las violaciones a los derechos humanos ni son compromisos que haya que afrontar.

Los gastos reparatorios por las violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras militares, no son responsabilidad de quienes las padecieron y las sufrieron en carne propia. Tampoco merecen ser cuestionados los gobiernos que en el cumplimiento de sus obligaciones han impulsado las debidas políticas reparatorias.

Una y otra vez, son los golpistas, los perpretradores de desapariciones forzadas, los asesinos, los torturadores, los secuestradores de niños, los represores, sus cómplices civiles, los grandes grupos económicos, en el caso argentino la propia Iglesia, quienes merecen ser condenados por lo que hicieron, por el daño ocasionado y los estragos inmediatos y largo plazo que generaron.


Los Estados tienen que reparar las violaciones a los derechos humanos para afirmar la democracia. En el caso de los expresos políticos, sin exclusiones, sin discriminaciones, sin obligar a renunciar a otros legítimos derechos ciudadanos. En Argentina y también en Uruguay. El partido de gobierno ya está avisado. Lo hizo la INDDHH y también el Relator Especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff.

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