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domingo, 10 de noviembre de 2013

LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD ¿En qué estamos?

Por RAÚL OLIVERA ALFARO – SECRETARÍA DD.HH DEL PIT CNT.



Si no se logra construir en el país una cultura de derechos humanos, es decir si no se logra instalar en el conjunto de la sociedad un conjunto de valores éticos, y que su transmisión no quede encapsulada en una generación y se trasmita a las generaciones futuras en torno a la agenda de derechos humanos, el necesario relevo generacional en torno a este aspecto, tendrá serias dificultades.

1. Es bueno saber en qué situación nos encon­tramos hoy, para poder definir lo que hay que planear para intentar hacer en el futuro. Di­cho de otra manera, es importante definir con claridad los desafíos pendientes luego de una suerte de balance, y qué nuevos desafíos se pueden articular a partir de los logros o avances ya logrados.

En este tema de los derechos humanos, no hay que olvidar y se debe tener muy especialmente en cuenta, que la lucha contra la impunidad sobre los hechos de nuestro pasado reciente, es solo una parte de una agenda que debe ser concebida como mucho más amplia. Que comprende un repertorio – que con la aprobación de nuevas leyes (matrimonio igua­litario, discriminación, aborto, etc.) -incorpora nuevos desafíos a los que debemos prestar especial atención. Por distintas razones que no vamos a profundizar aho­ra, es común que se asimile y se constriña el tema de los derechos humanos a aquellos que compren­de el encare de las consecuencias de la aplicación del terrorismo de Estado durante la dictadura y los años que la precedieron.

En ese sentido amplio, en la agenda de derechos humanos, hay desafíos a plantearse a corto, mediano y largo plazo. Dicho de otra manera: una consideración seria y real de una agenda de derechos humanos, debe concebirse como algo de carácter permanente, nun­ca agotada y que debe ser pensada y definida de forma tal que tenga continuidad en el tiempo.

De lo expresado, podemos sacar una conclusión y una tarea que encarada desde el hoy, se articu­le con los desafíos al mediano y largo plazo: el obligado relevo generacional de los protagonistas y animadores actuales de la lucha por los derechos humanos. Si no se logra construir en el país una cultura de derechos humanos, es decir si no se logra instalar en el conjunto de la sociedad un conjunto de valores éticos, y que su transmisión no quede encapsulada en una generación y se trasmita a las generaciones futuras en torno a la agenda de derechos humanos, el necesario relevo generacional en torno a este aspecto, tendrá serias difi­cultades.

En lo que nos toca como movi­miento sindical, ese desafío debe incorporarse en la agenda de los sindicatos y federaciones que integran nuestro movimiento. Es desde allí donde hay que centrar los esfuerzos para incorporar a las nuevas generaciones de trabajadores.

En ese marco, fue muy impor­tante la reunión que la Secretaría de DD.HH del PIT CNT mantuvo con el ejecutivo de la UNTMRA, el pasado 15 de octubre. Ese tipo de relacionamiento en el que se colectiviza con las direcciones de los sindicatos esta problemática, deberá tener continuidad y ex­pandirse al resto del movimiento sindical.

2. Los primeros meses de este año, la lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado, sufrió dos duros reveses: el traslado de la jueza Mariana Mota y la inauguración de una serie de sentencias de la Suprema Corte de Justicia que empezó a levantar una muralla de contención para los avances que se estaban operando en el Uruguay en el sentido de poner fin a largas décadas de derechos a la verdad y la justicia ignorados.

A otro nivel, pese a las reitera­das gestiones del Observatorio Luz Ibarburu, no se lograba ma­terializar la instalación de una Unidad Especial para la investi­gación y apoyo al sistema judicial en los casos de terrorismo de Estado. Mientras se continuaban las gestiones a todos los niveles para concretar esa iniciativa que pese a ser reconocida como una necesidad real e imperiosa no se lograba su materialización, el Observatorio trabajaba silenciosa y activamente para concretar los apoyos académicos – nacionales e internacionales – que fortale­cieran el papel protagónico que siempre debe tener la sociedad civil en la defensa y promoción de los derechos humanos.

En las Sedes penales donde se radican según los registros del Observatorio Luz Ibarburu, más de 220 causas relacionadas al te­rrorismo de Estado, se producía articulada con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, una serie de acciones claramente con­certadas por las defensas de los terroristas de Estado, de recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 18.831 (mal llamada interpre­tativa de la ley de Caducidad) y de recursos contra las investiga­ciones penales aduciendo la pres­cripción de los delitos. Mientras que la colaboración de los orga­nismos estatales – principalmente del Ministerio de Defensa -, seguía siendo escasa o nula.

3. Si bien la batalla que sigue dando la Dra. Mota, no obtuvo resultados en su primer recurso ante la propia Corte uruguaya, el apoyo nacional e internacional que continúa recibiendo no puede catalogarse como una batalla perdida. Nuevos recursos nacionales y en el futuro también a nivel internacional impedirán que esta arbitraria situación no pase en vano como ocurrió en el pasado con situaciones similares.

Los sucesivos resultados de los recursos de inconstitucionalidad contra la ley 18.831, continuaron siendo tan retrógrados y violato­rios de la normativa internacional, como el primero. El apartamiento del Presidente de la Corte en la consideración de los últimos re­cursos pendientes de resolución, con la incorporación al máximo órgano jurisdiccional de diversos integrantes de los Tribunales de Apelaciones, marcará hasta donde calaron las señales dadas por la mayoría de la Corte con sus ante­riores decisiones, en quienes en el futuro podrán pasar a integrar la SCJ.

Sin embargo a nivel de muchos de los fiscales, de algunos jueces de primera instancia y en algunos de los Tribunales de Apelaciones, se percibe claramente en algunas decisiones, que existe un claro desafío a las posiciones sustenta­das por la Corte. Tanto sobre la prescripción de los delitos, la apli­cación de las normas del derecho internacional y el cumplimiento de la sentencia de la Corte IDH.

Tal es el caso de la denuncia pre­sentada por el periodista Rodolfo Porley en la que la defensa de los militares presentan solicitud de clausura y archivo de la denun­cia con el argumento de que los delitos denunciados habían pres­cripto. En esa causa, el Tribunal Apelaciones de 1º Turno confirma la Sentencia de la jueza Penal 7º Turno Dra. Beatriz Larrieu en el sentido de que no habían pres­cripto. 

De igual manera opinó ese mismo Tribunal de Apelaciones al sostener en la denuncia de la muerte del dirigente ferroviario Gilberto Coghlan, que el plazo de prescripción, está fuera de discu­sión, que no corresponde compu­tar el período de facto, ni tampoco es aceptable computar el período subsiguiente, durante el cual, los delitos estaban encapsulados por la ley de caducidad. Otro tanto aconteció en otros casos donde las jueces y fiscales debieron pro­nunciarse sobre la prescripción de los delitos y la intención de los militares de que esas denuncias fueran archivadas.

En resumen, en esas determina­ciones (Denuncia Antonio Viana, muerte de Aldo Perrini, muerte de Norma Cedres, entre otras) se opera una clara línea de argumen­taciones y posicionamientos jurí­dicos desafiantes a las opiniones de la mayoría de la Corte.

También es cierto, que no todos los jueces actúan con ese criterio. Tal es el caso de la Dra Canessa en la denuncia de la muerte de Edgar Sosa y el juez Timbal en el caso de la muerte de Enrique Piegas, don­de ambos magistrados decidieron el archivo de las causas por haber prescrito los delitos afiliándose a la posición de la mayoría de la Corte. En resumen, hay un debate jurídico en el que se puede per­cibir avances en la incorporación de la normativa internacional y una voluntad de cumplir con las obligaciones internacionales del Uruguay, que por supuesto coli­siona con las de la mayoría de la Corte.

4. Si bien finalmente se resolvió la creación de la Unidad especial que reclamó por más de un año el Observatorio Luz Ibarburu, lo cierto es que por distintas razones su accionar efectivo para cumplir sus cometidos, está amenazado: no se le suministran recursos humanos y la SCJ no informa a los jueces penales de su existencia.

En el campo internacional, las organizaciones de la sociedad civil y entre ellas el propio Observatorio Luz Ibarburu, afianzan su accionar a los efectos de informar y alertar a los organismos internaciona­les de la grave situación que aún persiste en el país con respecto al cumplimiento de sus compromisos internacionales. En ese sentido la presencia de dichas organizaciones en el Examen Periódico Universal que se lleva a nivel de Naciones Unidas, presentando sus informes de situación, constituye un factor de lucha que hay que mantener y realizarle un seguimiento.

A ello hay que sumar la acción ante el Relator Especial sobre Ver­dad, Justicia, Memoria y garantías de no repetición de Naciones Uni­das, que contribuyó a que en sus recomendaciones preliminares se recogieran aspectos importantísi­mos de las carencias que el país mantiene sobre esos aspectos.

Finalmente, la participación de un representante del Observatorio Luz Ibarburu en un taller de seguimien­to a nivel de América de los proce­sos de justicia que se desarrollará en Guatemala, al que concurrirán Uru­guay, Argentina, Chile, Brasil, Perú, El Salvador y Guatemala, será una buena oportunidad para trabajar en la coordinación de las distintas organizaciones de la sociedad civil de América con el objetivo de sumar fuerzas en la defensa y promoción de los derechos humanos.

Todos estos aspectos sirvieron para que el pasado 17 de octubre, se reuniera el Observatorio con­juntamente con integrantes de su Consejo Asesor Jurídico Nacional y con el Consejo Consultivo re­presentado por el Maestro Miguel Soler. Allí luego de un interesante intercambio se acordó la conti­nuación de un esfuerzo conjunto para unificar pronunciamientos y la construcción de una reflexión jurídica que contribuya a nivel aca­démico a afianzar las herramientas del derecho internacional.

Tomado de Trabajo y Utopía, Octubre de 2013.

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