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viernes, 29 de noviembre de 2013

Arrancar el problema de raíz

Institución de Derechos Humanos recomendó mejorar formación y reforzar controles para “erradicar” malos tratos policiales.


La diaria - 29 11 13


Juan Raúl Ferreira, Presidente de la INDDHH.
Foto de Pedro Rincón.
La Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) presentó ayer un informe sobre “casos de violencia institucional e interpersonal verificados”. Se refirió a las denuncias de maltratos policiales luego de las marchas del 14 de agosto (Día de los Mártires Estudiantiles) y 24 de agosto (aniversario de los hechos del hospital Filtro) y a los abusos policiales en el barrio montevideano de Santa Catalina. En algunos de estos casos actuó de oficio, y en otros en base a denuncias de las víctimas o de organizaciones.

En un informe con varias referencias a recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la INDDHH comenzó valorando positivamente la actitud del Ministerio del Interior (MI) por “reconocer públicamente” y pedir “disculpas a toda la sociedad” por intervenciones policiales que, a juicio de la cartera, “han vulnerado derechos humanos de personas sujetas a protección estatal”. “Este tipo de reconocimiento no es común en la historia del país ni en nuestra región, lo que constituye un paso adelante en la asunción, por parte del Estado uruguayo, de su responsabilidad en la defensa, protección y promoción de los derechos humanos ”, destaca la INDDHH. No obstante, alerta que esto no es suficiente.

En el caso de la manifestación del 14 de agosto, la INDDHH “no logró resultados en sus investigaciones” como para pronunciarse sobre si la Policía hizo un “uso abusivo de la fuerza”, consigna el informe. Distinto es el caso de la manifestación del 24 de agosto, en el que hubo denuncias de abusos y “la falta de respuesta por parte del MI” no logró “disipar las dudas razonables respecto a que, luego de haber sido detenidas, estas personas fueron sometidas a tratos degradantes en dependencias de la Jefatura de Policía de Montevideo”.

La INDDHH recuerda que en materia de derechos humanos se entiende que “existiendo una duda razonable, debe decidirse en favor de la parte más débil en la relación”. “El Estado tenía la capacidad, a partir de una investigación conforme a Derecho, de demostrar que la versión de los denunciantes no era correcta, cosa que no hizo, a pesar de las reiteradas solicitudes de la INDDHH”, señala.

En el caso de los malos tratos y del asesinato de Sergio Lemos en Santa Catalina, se destacó la actitud del MI de instruir una investigación y aportar elementos probatorios a la Justicia. La INDDHH niega que la Policía nacional sea “de gatillo fácil”, ya que para eso debería haber una aprobación implícita o explícita de las autoridades y “la consolidación de la impunidad de los responsables”, hechos que hoy no se constatan, según la institución. Atribuye lo sucedido, en cambio, a “carencias en la formación y capacitación de algunos funcionarios policiales, así como a viejas prácticas corporativas, que se vienen arrastrando desde hace décadas y que, a la fecha, el sistema político en su conjunto no ha sido capaz de erradicar”.

Por hacer

Recomienda que el MI “incorpore nuevos métodos de formación y capacitación continua sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego”, así como “revisar el marco doctrinario policial, estableciendo claramente como finalidad institucional el respeto de la vida humana en cualquier circunstancia”. “Los malos tratos en dependencias policiales deben ser erradicados, no solamente porque constituyen hechos delictivos y graves faltas disciplinarias, sino porque también lesionan seriamente la confianza entre la Policía y las personas, y degradan la imprescindible función que la fuerza pública desempeña en una sociedad democrática”, sostiene la INDDHH.

El organismo también considera necesario fortalecer la Dirección de Asuntos Internos con recursos para investigar este tipo de hechos, y mantener “informadas a las víctimas y a los familiares sobre el resultado de las investigaciones”.

En cuanto a las denuncias de que la Policía “infiltró” las marchas del 14 y 24 de agosto, la INDDHH señala que “es imposible que la Policía desarrolle su rol preventivo sin contar con la información pertinente y oportuna”. No obstante, acota que esta actividad tiene que tener “una adecuada regulación de su ejercicio y fuertes mecanismos de control para evitar posibles excesos o ilegalidades”. En ese sentido, recomienda reglamentar “claramente” la actividad de inteligencia y someterla a controles regulares por parte del Parlamento.

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