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lunes, 27 de mayo de 2013

Cascoteando la muralla

Pasos hacia una política estatal de derechos humanos


El acompañamiento a testigos y denunciantes en juicios contra el terrorismo de Estado, y una unidad especializada en la órbita del Ministerio del Interior para recabar información sobre delitos de lesa humanidad, serían los próximos pasos que daría el gobierno para avanzar en la postergada política pública de derechos humanos.


Brecha - Viernes 24 5 2013 - Por Marcos Rey


Cuando en 2011 el presidente Mujica ordenó desarchivar más de 80 causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, la justicia pareció tener las manos desatadas para investigar sin pedir permiso. Sin embargo, las causas avanzaron a los tropezones. A pesar de que el Estado reconoció públicamente su responsabilidad en esa etapa ?después del fallo del caso Gelman?, no promovió suficientes políticas públicas para reafirmar las investigaciones, ni acompañó a los testigos y denunciantes en los juicios, como le fue solicitado por las organizaciones sociales. Los traslados de los jueces o fiscales más voluntariosos entorpecieron aun más el avance: "Nos están desarmando los equipos", advirtió el ex juez Federico Álvarez Petraglia ?promotor de varias denuncias? el año pasado.

La gota que derramó el vaso de la impunidad cayó en febrero cuando la Suprema Corte de Justicia trasladó a la jueza Mariana Mota a una sede civil y declaró inconstitucional la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos en los setenta. Aunque algunos jueces y fiscales desoyeron este fallo, la corporación ?en boca de su presidente Jorge Ruibal Pino? advirtió que levantaría una "muralla" contra quienes apelaran a la figura de los delitos de lesa humanidad. Ante la reacción que generaron estas medidas y las eventuales condenas internacionales, el Poder Ejecutivo parece dispuesto ahora a sacudirse la modorra.

ASUNTO INTERNO. 

Un ya largo reclamo de las organizaciones para agilizar las causas ha sido la creación de una unidad especializada en la órbita del Ministerio del Interior (mi) que investigue y centralice la información requerida por los magistrados. La Policía, como auxiliar de la justicia, debe investigar los delitos, reunir pruebas y colaborar con los jueces. Pero como además de contra militares hay denuncias contra policías, las organizaciones apuntaban a una unidad no dependiente de los mandos policiales sino directamente del ministro.

Finalmente, según supo Brecha, el mi encomendará esta tarea a la dirección de Asuntos Internos ?a cargo de la doctora Estela González?, que opera como auxiliar de la justicia en casos de irregularidades cometidas por policías. Aunque hasta ayer el ministro Eduardo Bonomi no había firmado la resolución, fuentes de esa cartera confirmaron a Brecha que la decisión ya había sido tomada en el gabinete interministerial que aborda los derechos humanos (integrado por Interior, Defensa, cancillería y Educación). Consultada sobre estos cambios, González explicó a este semanario que fue notificada verbalmente y que deberá reorganizar la unidad: "Tendremos que hacer adecuaciones internas porque tenemos escaso personal y diversas tareas. El magistrado nos indicará qué información quiere y dónde ubicarla".

En octubre de 2001 un grupo de mujeres denunció masivamente en comisarías a más de cien militares, policías, médicos y enfermeros por torturas y abusos sexuales sufridos en centros de reclusión. Pero las indagatorias demoraron meses y el proceso estuvo salpicado de obstáculos. Las denunciantes pidieron, por ejemplo, que el mi y el Ministerio de Defensa aportaran los nombres de los funcionarios que trabajaron en los establecimientos y en el Hospital Militar.

ACOMPAÑAMIENTO. 

Testimoniar, enfrentarse a los represores y probar ante un juez las torturas y los abusos sexuales sufridos puede ser para las víctimas una experiencia sanadora pero también traumática. Por ello, en 2010 docentes de la Facultad de Psicología (Sonia Mosquera y María Celia Robaina) propusieron al mec crear un grupo interdisciplinario de acompañamiento psicológico a testigos y denunciantes. Preveían un programa con financiamiento estatal y apoyado en la experiencia de Argentina ?que reabrió las causas del terrorismo de Estado en 2003?, donde existe un plan nacional de acompañamiento que funciona en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos (implementado por el centro Fernando Ulloa).

Pero a pesar de la buena disposición que habría manifestado el ministro Ricardo Ehrlich, el proyecto quedó estancado. Igualmente la Facultad de Psicología acompañó a 15 testigos uruguayos que declararon en Argentina en las causas de Automotores Orletti. 

Los testigos que viajaron a Buenos Aires, o que declararon a través de videoconferencias en el Edificio del Mercosur, fueron acompañados por docentes y pasantes egresadas de esa facultad en el marco de la extensión universitaria. Cuando Macarena Gelman, por ejemplo, testificó en Buenos Aires, no fue Uruguay sino Argentina quien la acompañó en el proceso. Las organizaciones de derechos humanos han buscado extender esta experiencia a todas las causas judiciales referidas a delitos de lesa humanidad de Uruguay. 

Porque además no todos los operadores judiciales están preparados para abordar estos casos, muchos mantienen la lógica de las causas comunes. Argentina, por el contrario, ha avanzado en una política estatal de derechos humanos que incluye la reparación integral a las víctimas no sólo indemnizatoria, así como en un protocolo de intervención para el acompañamiento a testigos y la valorización del testimonio judicial.

Finalmente, el gobierno promovería un proyecto de ley para la asistencia a testigos y denunciantes. Según explicó a Brecha el subsecretario del mec, Óscar Gómez, se está analizando un "marco normativo" para "proteger y colaborar con quienes deban testimoniar en Uruguay y Argentina en causas referidas a la violación de los derechos humanos"  aunque precisó que todavía no hay un "boceto afinado". 

El financiamiento del programa podría incluirse en la próxima rendición de cuentas. Entre las experiencias internacionales no sólo se apunta al modelo argentino sino también a los avances realizados en Brasil y Colombia. Todos los actores consultados, no obstante, evitaron adelantar definiciones concretas para no generar "falsas expectativas".

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