Brecha 29 7 12. Por SAMUEL BLIXEN
Parlamentarios, jueces, abogados y periodistas acordaron en Brasilia la instalación de un tribunal y un foro permanente de coordinación que impulse la investigación y el castigo de los crímenes de la Operación Cóndor.
La necesidad de incrementar las acciones contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado en todo el continente, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil empeñadas en la búsqueda de la verdad y acompañar los avances democráticos que procuran la reconciliación sin renunciar a la justicia impulsó a los participantes del Seminario Internacional Operación Cóndor a proponer la creación de un Foro Permanente sobre Justicia y Derechos Humanos y la instalación de un “Tribunal Russell para Sudamérica”.
El seminario tuvo lugar en Brasilia, entre el 4 y el 6 de julio, convocado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos-Brasil. Contó con la presencia de parlamentarios, magistrados, académicos, abogados y periodistas de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay.
Entre otros, participaron el juez federal argentino Daniel Rafecas, los diputados Remo Gerardo Carlotto, de Argentina, Luis Puig, de Uruguay, y Hugo Gutiérrez Gálvez, de Chile; el médico, profesor y escritor Alfredo Boccia Paz y el maestro Martín Almada, ambos paraguayos; los periodistas Luiz Cláudio Cunha, de Brasil, y Mónica González, de Chile; la profesora Patrice McSherry, de la Long Island University, de Nueva York; y el director del Archivo de Seguridad Nacional de la George Washington University, Carlos Osorio.
El encuentro, coordinado por la diputada Luiza Erundina, presidenta de la Comisión Parlamentaria de Memoria, Verdad y Justicia, y el abogado Jair Krischke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos, permitió confrontar los distintos procesos nacionales respecto del terrorismo de Estado implementado por la Operación Cóndor, la coordinación represiva de las dictaduras de América del Sur durante las décadas del 70 y del 80.
Las distintas exposiciones revelaron los diferentes “ritmos” de las estructuras judiciales para castigar los delitos contra la humanidad, en función de la vigencia de normas legales que facilitan la impunidad, o la remoción de las mismas.
En Chile, tras la prisión del dictador Augusto Pinochet en Londres a raíz de una orden del juez español Baltasar Garzón, la justicia superó debilidades intrínsecas, según el diputado Hugo Gutiérrez, de destacada participación como abogado de familiares en la querella por el desafuero de Pinochet.
El juez Rafecas, responsable de la investigación judicial sobre el plan Cóndor, detalló los criterios que se aplican en Argentina, en especial la definición del testimonio como elemento de prueba y el papel desempeñado por los “juicios de la verdad” en la compilación de elementos que facilitan los fallos contra los violadores de los derechos humanos. El abogado paraguayo Alfredo Boccia refirió la casi nula acción judicial contra los delitos revelados en el “archivo del terror”, descubierto por Martín Almada, salvo las prisiones decretadas contra los funcionarios policiales y militares en el momento del descubrimiento, que provocó una gran conmoción social.
El diputado uruguayo Luis Puig detalló las luces y sombras de la desactivación de la ley de caducidad y las dificultades que enfrentan algunos magistrados para aplicar en los procesos judiciales los principios de imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada. La diputada Luiza Erundina fustigó la falsa contradicción entre reconciliación y justicia, una oposición que emerge en Brasil, quizás el país de la región más atrasado en el combate a la impunidad de los crímenes de la dictadura militar, a medida que avanza el reclamo de verdad que, dijo, “incomoda, y por ello debe tornarse en un arma para desarticular la cultura de violencia que existe en nuestra sociedad”.
Erundina se refirió a la vigencia de la ley de amnistía como una “ley manca, un producto de la estrategia política de la dictadura”, que debe eliminarse porque confiere impunidad a los militares responsables de los delitos.
Por su parte, tanto Patrice McSherry como Carlos Osorio destacaron la importancia de descubrir los archivos de las dictaduras y señalaron la necesidad de exigir la desclasificación de documentos; el ocultamiento de dichos archivos, en opinión de varios de los participantes, constituye un problema, particularmente en Uruguay y Brasil, donde las autoridades militares han reiterado su destrucción o inexistencia, una afirmación que ciertos episodios han revelado que es falsa.
El análisis de situación en los diferentes países permitió concluir que “existen avances democráticos en la búsqueda de la verdad sobre la trama trasnacional de dictaduras cívico militares fundada en la doctrina de seguridad nacional”, pero que “la conciencia de la impunidad de estos crímenes es un generador de la delincuencia y de la corrupción sistémica”.
Los participantes coincidieron en que “se requiere una nueva interpretación de los instrumentos jurídicos que todas las dictaduras impusieron a los ordenamientos jurídicos nacionales, como autoamnistía y prescripción”, y se comprometieron, por tanto, a “enfrentar a cualquier ley, ordenanza o reglamento que pueda reducir, cancelar o restringir la protección de los derechos humanos”.
En un documento titulado “Carta de Brasilia”, firmado por todos los participantes pero en especial por los legisladores presentes, el Seminario Internacional se comprometió a “propugnar que los estados, en nuestras constituciones, permitan la investigación y la sanción de los crímenes contra la humanidad, como ya se ha establecido en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y así los agentes del Estado, así como sus cómplices civiles que violaron los derechos humanos, sean enjuiciados y castigados con penas proporcionales a sus crímenes”.
El documento enfatiza: “Creemos que ha llegado el momento para que los países afectados por la Operación Cóndor, en sus diferentes dimensiones, pongan a la disposición todos los archivos del Estado que conduzcan a la aclaración de los crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Esta actitud permitiría cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre los casos de Araguaia (Brasil) y Gelman (Argentina y Uruguay)”. Al respecto, el seminario asumió el compromiso de “iniciar desde ahora la recopilación de todos los archivos y documentos relacionados con la Operación Cóndor que están en manos de organismos oficiales, universidades, fundaciones privadas, periodistas e historiadores, para que se conviertan en una contribución activa y de uso masivo de la verdad y de la justicia”.
La “carta de Brasilia” introduce dos iniciativas innovadoras: la creación de un Foro Permanente sobre Justicia y Derechos Humanos, que buscará “la integración de nuestros parlamentos, con la participación fundamental de la sociedad civil”; y la instalación de una corte civil sudamericana al estilo del Tribunal Russell.
El objetivo del foro es “compartir y llevar, por la comprensión fraterna, hacia las legislaciones nacionales más retrasadas, los progresos institucionales ya alcanzados en el carácter supranacional de las convenciones y de los tratados internacionales a que nuestros estados se hayan sumado, asumiendo una jerarquía equivalente a la medida en que estas normas reciban el derecho de las personas y de los pueblos, y permitan la convivencia entre nuestras naciones”.
El seminario (que a su finalización aprobó también una moción de condena al “golpe blanco, como destello de un nefasto espíritu civil de la Operación Cóndor”, que destituyó a Fernando Lugo en Paraguay) resolvió iniciar los contactos para la coordinación tanto de las estructuras parlamentarias como de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de poner en marcha la recopilación de documentación que permitirá la instalación del foro y del tribunal.
---------------
