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domingo, 22 de julio de 2012

Argentina: las huellas del Cóndor

Nuevos documentos sobre el crimen de Roger Julien

Brecha. 20 7 12


El acta de defunción de un nn muerto en la misma casa y fecha en que desapareció el matrimonio Julien Grisonas despeja dudas sobre la suerte corrida por Roger. Los responsables del secuestro de Victoria Grisonas son para el juez los asesinos de su esposo. Nuevos documentos aportan pruebas sobre la existencia de un gt 5 especializado en militantes extranjeros.


Juez Daniel Rafecas

La aparición en los archivos judiciales del acta de defunción de un nn muerto a balazos el 26 de setiembre de 1976 en la calle Mitre al 1050, en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, llevó al juez federal Daniel Rafecas a procesar por el homicidio de Mario Roger Julien a los comisarios retirados de la Policía Federal argentina Rolando Oscar Nerone y Oscar Roberto Gutiérrez, ambos ya procesados y detenidos por el secuestro de Victoria Grisonas, pareja de Roger, quien fue vista por última vez en el centro clandestino de detención Automotores Orletti en octubre de 1976. El magistrado descartó así la hipótesis del suicidio de Julien con la ingesta de una cápsula de cianuro, tal como lo señalaban algunos testigos.

La prueba. En un libro interno de la Policía Federal denominado “Fichas cadáver”, el juez encontró asentado el deceso de un nn con todas las características de Mario Roger Julien Cáceres. El libro cuenta con un listado de muertos nn en diferentes comisarías de la provincia de Buenos Aires. 

En el correspondiente a San Martín, con fecha 26 de setiembre de 1976, solamente aparece el hecho ocurrido en la dirección de la familia Julien Grisonas. La corroboración ante el cementerio local indicó que Roger Julien fue ingresado en esa fecha en el área de los sepultados, gratuitamente y como nn. 

El documento policial –hoy en custodia de la justicia federal– señala que fue imposible tomar las huellas dactilares, pero el informe forense elaborado por el médico Arturo Ernesto Coppola señala como causa del deceso “paro cardíaco traumático, hemorragia aguda y heridas de bala”. La descripción es de un hombre “de unos 30 años, 1,76 metros de estatura, cabello largo, negro, sin bigotes, tez mate, y vestía pantalón marrón”.

La investigación judicial permitió encontrar nuevas evidencias acerca de la coordinación represiva entre Argentina y Uruguay, y las vinculaciones entre fuerzas de inteligencia y seguridad argentinas especializadas en la persecución de militantes políticos extranjeros, especialmente uruguayos.

En el texto del procesamiento ordenado el pasado miércoles 11 se incluyen informes de inteligencia donde consta la existencia de un Grupo de Tareas 5 (gt 5) en el que confluían miembros del Departamento de Asuntos Extranjeros (dae) de la Policía Federal, de la Secretaría de Inteligencia del Estado (side) y del Ejército, todos bajo las órdenes del teniente coronel Juan Ramón Nieto Moreno, jefe de Contrainteligencia de la side.

Durante el operativo en casa de los Julien Grisonas, los policías Nerone y Gutiérrez participaron junto a su par –ya fallecido– Roberto Gómez Migenes, como miembros del dae “en comisión” en el gt 5. Tal como publicara Brecha (20-V-11), Nerone fue quien intentó ingresar a la casa y recibió desde allí un disparo en su pierna izquierda que lo obligó meses después al retiro forzoso de la actividad policial.

Según la resolución del juez Rafecas, “Nieto Moreno se habría desempeñado simultáneamente como jefe del Grupo de Tareas número 5 que funcionaba en el ámbito de la side, y en el cual Nerone y Gutiérrez se habrían encontrado en comisión”.

Pese a que sólo ahora queda probada para la justicia la existencia del gt 5, existen dos testimonios utilizados como antecedentes durante los juicios por delitos de lesa humanidad en los últimos años. 

El ex policía federal Peregrino Fernández, uno de los primeros arrepentidos aun antes de retornada la democracia en 1983, señaló ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu) en Madrid en 1980 que “los grupos de tareas son creados con motivo del golpe de 1976 (...) los distintos gt habían especializado su actuación por grupos políticos. 

Así, por ejemplo, el Ejército tenía a su cargo la represión del erp, la Armada a Montoneros, la Fuerza Aérea a organizaciones menores, fal, fap, etcétera; y la Policía Federal, a pesar de trabajar bajo jurisdicción del Ejército, también se encargaba de la represión a Montoneros. Cuando algunos de los gt secuestraban a alguna persona que por su participación interesara a otro gt, se trasladaba al prisionero”.

El otro testimonio es del represor Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”, muerto en abril de 2006 mientras esperaba su turno para ser juzgado por 160 crímenes. En la causa 450, caratulada “Suárez Mason, sobre delitos cometidos en área del Primer Cuerpo de Ejército”, Colores sostuvo que “cuando el Ejército toma el control de la lucha contra el terrorismo (marzo de 1976), se crea la Central de Reunión y distribuye en grupos de tareas y qué dependencia iba a tener asignado cada grupo; se determinó también qué grupo iba a investigar a cada organización terrorista”. 

Y completa para que no queden dudas: “el gt 5, con asiento en el side, trabajaba tupamaros, mir chileno y mir boliviano, controlando también elementos de la Junta Coordinadora Revolucionaria Latinoamericana”.

“COSA DE TODOS LOS DIAS.” 

Esos antecedentes vienen a corroborar el testimonio del imputado Oscar Gutiérrez cuando aseguró al juez Rafecas que él mismo, dentro del Departamento de Asuntos Extranjeros, estaba especializado en grupos políticos chilenos y que “era cosa de todos los días hacer operativos” donde “por una cosa u otra se detenía a diez o quince personas”. 

La locuacidad de Gutiérrez contrasta con la parquedad de Nerone, quien aseguró desconocer que perteneció a un grupo de tareas y que ni antes ni después de los hechos del 26 de setiembre de 1976 participó en otro operativo semejante. Gutiérrez, sin embargo, recuerda haber participado en un operativo a fines de 1975 donde “descubrimos el mayor arsenal de los tupamaros en Argentina, con 500 quilos de trotyl, en un operativo sobre la calle La Rioja al 765, a cargo del juez Sarmiento”. La tranquilidad de saber que en el procedimiento participó un juez se esfuma cuando se indaga sobre Rafael Sarmiento, juez federal en la capital argentina hasta 1979, experto en rechazar hábeas corpus de los familiares de detenidos y desaparecidos.

Entre los informes de inteligencia elaborados por otros oficiales de la Policía Federal en el dae, el juez Rafecas consigna el de un comisario inspector de apellido Obregón, quien con fecha 15 de setiembre de 1976 menciona los operativos contra miembros del mir chileno en Argentina gracias al intercambio de información con la Dina, órgano de inteligencia de la dictadura de Augusto Pinochet. 

Sin embargo la última parte del informe es la más extensa y se detiene precisamente en la opr 33, de Uruguay. Menciona la historia y ramificación de sus exiliados en Argentina y Chile, y se detiene en la conformación del grupo. Según Obregón, en la opr 33 confluyeron “elementos de la Columna 10 de los tupamaros, el frt y el fer”, con lo cual para el juez Rafecas queda probada la participación conjunta en el gt 5 de la side, el dae y el Ejército. El documento fue hallado, entre otras varias piezas valiosas, en una dependencia de la Policía Federal.

“Homicidio agravado por alevosía” es la calificación del crimen de Mario Roger Julien dada por el juez Rafecas, y tanto Nerone como Gutiérrez fueron hallados responsables del hecho como coautores. A esta imputación se le suma la del secuestro de Victoria Grisonas, delito por el cual están detenidos desde mayo de 2011. Con las nuevas imputaciones la justicia avanza por un lado en el esclarecimiento del crimen del matrimonio Julien Grisonas, y por otro en las nuevas pistas sobre el paso del Plan Cóndor por Buenos Aires. 

(N de R: En el texto del procesamiento de los autores del crimen de Mario Roger Julien se hace mención al trabajo periodístico (sobre todo de documentación gráfica del barrio que habitaba Julien) de Fabián Kovacic, corresponsal de Brecha en Buenos Aires. Su labor ha significado un aporte en varios casos de derechos humanos ya que, por ejemplo, integró junto a Samuel Blixen y Walter Pernas el equipo de este semanario que ubicó en Buenos Aires al miembro del escuadrón de la muerte Nelson Bardesio. Desde el Consejo de Redacción de Brecha, vaya el reconocimiento al trabajo de nuestro corresponsal.)

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